31 de marzo de 2008




















Diario El Clarín - Cajamarca 31/03/2008

DENUNCIA CONTRA PROMOTORES DE CONSULTA VECINAL ES MANIOBRA DIGITADA


La denuncia por terrorismo presentada contra 35 personas que respaldaron y promovieron la consulta vecinal en Piura para determinar la presencia de la empresa minera Majaz, es una maniobra digitada basada sólo en recortes periodísticos, aseveró la congresista del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Marisol Espinoza.

“Aquí hay una persecución política contra los dirigentes ambientalistas, quienes osaron llevar a cabo la consulta vecinal; es una campaña digitada y la única prueba son 350 recortes periodísticos de un medio de comunicación, que crea sus propios fantasmas, sus propios terroristas”, expresó.

Desde los estudios de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la legisladora piurana aseguró que “en estos momentos, se debe dar la voz al pueblo (...) un gobierno que se autocalifica como democrático no puede estar persiguiendo a los pobladores y creando fantasmas donde no hay”.

Así mismo, la parlamentaria nacionalista indicó que la primera preocupación del gobierno “es ponerse en función de la población, de los que menos tienen”.

Espinoza Cruz recordó que existe una denuncia contra la empresa Majaz por usurpación de tierras; sin embargo, “lejos de ello, el gobierno enfrenta y persigue por diferentes cosas, a los productores de la zonas, a los ronderos, los comuneros y a todo aquel que opine en contra”.

Cabe recordar que la denuncia por terrorismo, fue presentada por la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC) y afirma que la mayoría de los implicados representan a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.

Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.

Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.

Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.

www.cnr.org.pe – Lima 31/03/2008


DENUNCIA CONTRA PROMOTORES DE CONSULTA VECINAL ES MANIOBRA DIGITADA


La denuncia por terrorismo presentada contra 35 personas que respaldaron y promovieron la consulta vecinal en Piura para determinar la presencia de la empresa minera Majaz, es una maniobra digitada basada sólo en recortes periodísticos, aseveró la congresista del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Marisol Espinoza.

“Aquí hay una persecución política contra los dirigentes ambientalistas, quienes osaron llevar a cabo la consulta vecinal; es una campaña digitada y la única prueba son 350 recortes periodísticos de un medio de comunicación, que crea sus propios fantasmas, sus propios terroristas”, expresó.

Desde los estudios de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la legisladora piurana aseguró que “en estos momentos, se debe dar la voz al pueblo (...) un gobierno que se autocalifica como democrático no puede estar persiguiendo a los pobladores y creando fantasmas donde no hay”.

Así mismo, la parlamentaria nacionalista indicó que la primera preocupación del gobierno “es ponerse en función de la población, de los que menos tienen”.

Espinoza Cruz recordó que existe una denuncia contra la empresa Majaz por usurpación de tierras; sin embargo, “lejos de ello, el gobierno enfrenta y persigue por diferentes cosas, a los productores de la zonas, a los ronderos, los comuneros y a todo aquel que opine en contra”.

Cabe recordar que la denuncia por terrorismo, fue presentada por la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC) y afirma que la mayoría de los implicados representan a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.

Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.

Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.

Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.

www.cnr.org.pe – Lima 31/03/2008

POBLACIÓN INSPECCIONA COLCHONES ACUÍFEROS DE PROVINCIA DE HUALGAYOC


BAMBAMARCA. Con el finalidad de verificar in situ los manantiales, lagunas y quebradas que son afluentes del río Tingo Maygasbamba, los que actualmente han sido solicitados ante el ATDR Cajamarca para fines mineros por parte de las empresas Gold Fields la Cima y Coimolache, mas de 200 dirigentes de organizaciones de base de San Miguel, Chugur y Hualgayoc se trasladaron hasta el lugar indicado para la verificación de las vertientes del agua.

Los pobladores se congregaron en la cabecera de operaciones de minera Gold Fields, donde escucharon atentamente las informaciones del proceso de operaciones por parte de representantes de la empresa Gold Fields la Cima, quienes manifestaron que toda actividad causa impacto, sin embargo, refirieron que en gran cantidad de agua utilizaran de la lluvia que será almacenada en represas.

En la reunión, estuvieron presentes líderes representativos de la provincia de Hualgayoc: Carlos Briceño, ex Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Bambamarca; Silverio Bautista, Presidente de la Jurtimay; Eloy Sánchez Leyva, Regidor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc; Raúl Rojas Anticona, Vicepresidente de la Jurtimay, Cesar Regalado; Director de la Agencia Agraria de Bambamarca; Víctor Pérez Solf, funcionario de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, entre otros.

En la visita de inspección, los gerentes de: Asuntos Corporativos, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Gold Fields, proporcionaron información de cómo Gold Fields La Cima S.A. viene realizando un adecuado manejo de los recursos hídricos y la planificación del represamiento del agua de lluvia en la zona de las quebradas Las Gordas, Quebrada La Águilas y el Tajo, para ser posteriormente utilizadas con fines mineros. Además se proporcionó información acerca de la tecnología que se viene utilizando para no afectar la calidad y la cantidad del agua del río Tingo – Maygasbamba, y de los proyectos a ejecutar para compensar todo tipo de alteración ambiental que pueda suceder por el trabajo que se realiza en el proyecto Cerro Corona.

Diario Panorama – Cajamarca 31/03/2008








MINERA GOLDFIELDS PRESENTÓ GESTION DEL AGUA EN EL PROYECTO CERRO CORONA


HUALGAYOC. Minera Gold Fields La Cima S.A., con la finalidad de disminuir el temor y susceptibilidad de la población bambamarquina hacia el proyecto Cerro Corona, realizó una presentación sobre la gestión del agua.

El evento informativo se realizó el martes 25 de febrero, en las instalaciones del Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, con la presencia del Alcalde Provincial Esteban Campos, Regidores, Funcionarios de la Comuna Local, Representantes del ATDR, Ministerio de Energía y Minas, Junta de Usuarios del Río Tingo – Maygasbamba, Instituciones Públicas y población en general.

Por parte de Gold Fields La Cima S.A., estuvieron: Richard Graeme, Vicepresidente, Diego Ortega, Gerente de Asuntos Corporativos, Luis Alberto Sánchez, Gerente de Medio Ambiente, Jorge Tovar, Gerente de Recursos Hídricos, Jorge León, Jefe del Área de Comunicaciones y Relaciones Publicas y Mark Stenning, Gerente de Desarrollo Sostenible.

Los asistentes escucharon la explicación que brindó el Ing Luis Alberto Sánchez, donde informó detalladamente sobre la gestión del agua (modo de almacenamiento, cantidad de agua a utilizar, recirculación del agua para la planta procesadora, compensación de los recursos hídricos, medidas adoptadas para no alterar la calidad y cantidad del agua e impactos ambientales), además informó sobre todo el proceso del proyecto (operaciones – Cierre de Mina).

Por su parte, Wilson Salazar, funcionario de la Agencia Agraria de Bambamarca indicó: “Es importante que la población comience a enterarse, nosotros como pobladores debemos ir aprendiendo sobre estos temas, para poder tener más objetividad; resalto la participación, que es la democracia actual, es importante buscar lo mecanismos, como es la oficina que vamos a tener en Bambamarca”.

Diario Panorama – Cajamarca 31/03/2008


EL PADRE ARANA ES UN ANTIMINERO RECALCITRANTE”


Sus críticas contra el Ministerio del Ambiente son equivocadas, afirma.


Juan Valdivia, ministro de Energía y Minas, tildó de “equivocadas” las críticas del padre Marco Arana, integrante de la ONG ambientalista Grufides, contra el nuevo Ministerio del Medio Ambiente, y añadió que Arana estaría actuando como un “antiminero recalcitrante”.

“He leído al señor Arana, el sacerdote de Cajamarca, que dice que el Ministerio del Medio Ambiente no controlará el medio ambiente en el sector minero. Es un ‘antiminero recalcitrante’, pero qué vamos a hacer”, dijo el titular del MEM.

Como se recuerda, Arana dijo que “el nuevo Ministerio del Medio Ambiente sería una especie de Consejo Nacional del Medio Ambiente ‘maquillado’, porque no tendría capacidad de controlar y fiscalizar a las industrias extractivas, entre ellas la minería”.

Por el contrario, Valdivia precisó que “el nuevo ministerio sí va a contribuir a la paz social que se necesita para las inversiones en el sector energético y minero, debido a que independientemente del tema ambiental, existe un asunto social que el portafolio de Energía y Minas está trabajando activamente”.

“Creo que esas instituciones ambientalistas nunca van a estar conformes con lo que se hace”, dijo el ministro, al ser consultado por la presión que ejercerán los movimientos ambientalistas a dicha dependencia.

Pese a las críticas, Valdivia dijo que “el gobierno debe continuar con la elaboración del proyecto del referido ministerio, que debe convertirse en una dependencia fuerte, que cuide el medio ambiente sin obstaculizar la inversión nacional”.


EL DATO


Espero que esta semana quede listo el proyecto de la creación del ministerio mencionado con los aportes sugeridos de su despacho, para que sea aprobado en la próxima sesión del Consejo de Ministros”, subrayó el ministro Valdivia.

Diario Expreso – Lima 31/03/2008









MINISTRO. TITULAR DEL MEM

VALDIVIA CENSURA AL PADRE ARANA


El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, consideró equivocadas las críticas del padre Marco Arana, de la ONG Grufides, contra el nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Opinó que el religioso estaría actuando como un “antiminero recalcitrante”.

“He leído al señor Arana, el sacerdote de Cajamarca, que dice que el Ministerio del Medio Ambiente no controlará el ambiente en el sector minero. Él es un ‘antiminero recalcitrante’, pero qué vamos hacer”, comentó.

Valdivia sostuvo, por el contrario, que el nuevo ministerio sí contribuirá a la paz social que se necesita para las inversiones en el sector energético y minero, debido a que independientemente del tema ambiental, existe un asunto social que Energía y Minas trabaja activamente.

Diario El Peruano – Lima 31/03/2008












GOBIERNO SE PARCIALIZA CON MAJAZ


Denuncia Nicanor Alvarado, coordinador de vicaria de Jaén.

Piuranos opuestos a minera Majaz.


El gobierno y las empresas mineras quieren desacreditar a todo aquel que se les oponga, denunció el coordinador de la Oficina del Medio Ambiente del Vicariato San Francisco de Jaén, Nicanor Alvarado, responsabilizándolos de estar detrás de la denuncia por terrorismo contra los organizadores de la consulta vecinal sobre el proyecto Río Blanco de la minera Majaz, en Huancabamba, Piura.

Advirtió que no es coincidencia que se haya presentado la denuncia contra 28 promotores de la consulta, justo cuando el presidente Alan García visitó China, donde se reunió con representantes de la minera Zijin Mining Group, principal accionista de Majaz.

"El gobierno y las empresas mineras internacionales han decidido acabar con todo el tejido social que no vaya de acuerdo con sus intereses, porque le somos muy incómodos", aseguró Alvarado, quien es uno de los denunciados.

Diario La República – Lima 31/03/2008

29 de marzo de 2008

VALDIVIA INSTA A SUPERAR EL PREJUICIO IDEOLÓGICO CONTRARIO A LA INVERSIÓN MINERA


Escrito por Carlos Alayza Ch.


Un llamado a superar el prejuicio ideológico contrario a la inversión minera, formuló esta mañana el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, al referirse a algunas autoridades y sectores del interior del país que se han opuesto a la puesta en marcha de proyectos de esa naturaleza.

Sostuvo que dicha actitud contraria a la minería corresponde más a ideologías de izquierda, que aún persisten pese a que el comunismo ha fracasado”, y no a la realidad de un mundo globalizado donde las inversiones son necesarias para superar la pobreza.

“Espero que se deje atrás un esquema ideológico que ha sido superado en el mundo, ya que el comunismo ha desaparecido, el socialismo ha sido un fracaso”, señaló.

Algunas inversiones mineras, como en el caso de la minera Majaz, en la región norteña en Piura, han sido cuestionadas por sectores de políticos y sociales, bajo el argumento de que la explotación podría generar contaminación y perjudicar la agricultura.

Sin embargo, la inversión minera en el país es creciente y según estimaciones del Ministerio de Energía hasta el 2011 esta llegaría a 11 mil millones de dólares y se calcula que al 2015, esta inversión sobrepasaría los 13 mil millones de dólares.

Valdivia consideró que el Perú tiene una gran posibilidad de crecimiento sí mantiene políticas coherente de respeto a las inversiones, entre ellas las vinculadas al sector minero, y al mismo tiempo se trabaja activamente en la superación de la extrema pobreza.

Indicó que los prejuicios contra la inversión minera está vinculados a “algunas dictaduras y gobernantes equivocados de viejas tesis”, cuyos resultados son inflaciones galopantes, aumento de extrema pobreza e inversiones que se corren ocasionado al final perjuicio a la población.

Valdivia comentó, de otro lado, que se están dando mayores transferencias desde el Gobierno central para las Fuerzas Armadas en la medida lo permita la caja fiscal.

“En medida va aumentando la producción del gas se va ir aumentando la participación de las Fuerzas Armadas en estos recursos y ahora, por ejemplo, si recibía 100, ahora a partir de junio julio recibirá 200. Se va duplicar su participación en la distribución del canon en la Fuerzas Armadas”, aseveró.

www.cajamarcaopina.com – Cajamarca 29/03/2008









FRACASA MESA DE DIÁLOGO SOBRE MINERA MAJAZ

Escrito por Carlos Alayza Ch.


Premier del Castillo abandona reunión


En Jaén y San Ignacio temen contaminación ambiental


Sin consensos y con un ambiente de tensión, culminó la mesa de diálogo celebrada ayer entre el premier Jorge Del Castillo y las autoridades de El Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipama para analizar la problemática surgida a raíz de la presencia de la minera Majaz en dichas localidades piuranas.

Del Castillo Gálvez optó por abandonar la sesión, desarrollada en la provincia de Ayabaca, ante la insistencia de los burgomaestres de los referidos distritos, para que el Ejecutivo respete los resultados de la consulta vecinal realizada el 16 de setiembre pasado.

En dicha oportunidad, la mayoría de la población se declaró en contra de la actividad minera. Sin embargo, el primer ministro insistió en que la consulta carece de carácter vinculante y no debía ser incluida en la agenda de temas de la sesión.

Entre los varios puntos que quedaron pendientes de debate destacaron la designación del facilitador para las próximas mesas de dialogo y el estudio sobre los recursos hídricos de la zona de influencia del proyecto Río Blanco, a cargo de Majaz.

Por su parte, el alcalde del distrito de Paicapampa (Ayabaca), Juan Manuel García Carhuapoma, consideró la intempestiva salida del premier como un acto de evidente desprecio e intolerancia hacia las autoridades y los campesinos de la zona, quienes -recalcó- están dispuestos a concertar a través del diálogo.

“Es un desprecio para nuestras autoridades y los miles de campesinos (…) ha abandonado y ha roto el diálogo que muy alturadamente hemos estado llevando; acabó, simplemente, por el hecho de pedirle que incluya los resultados de la consulta vecinal”, sostuvo.

Luego que Del Castillo Gálvez saliera precipitadamente de la reunión, se dirigió hacia el estadio municipal Pampa del Lobo, donde lo esperaba una aeronave para trasladarlo a la ciudad de Lima.

Cabe recordar que la población de los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera rechazó mayoritariamente la actividad minera en sus respectivos distritos, a través de una consulta vecinal celebrada el 16 de setiembre sobre la presencia de la empresa minera Majaz S.A.

Dicha compañía pretende efectuar trabajos de explotación en Ayabaca y Huancabamba avalándose en documentos que no cuentan con el voto de los dos tercios de los miembros de dichas comunidades, tal como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada (LPIP), y que fueron suscritos con su antecesora, la empresa Coripacha.

En un informe del 2006, la Defensoría del Pueblo corroboró que los documentos que firmaron parte de los comuneros de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), poseen carácter contractual sólo con Coripacha, mas no con la minera Majaz.

Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.

www.cajamarcaopina.com – Cajamarca 29/03/2008









AHORA LOS ACUSAN DE ‘‘TERRORISTAS" ANTE FISCAL


A los promotores de la pasada consulta sobre minera Majaz. Dirigentes y activistas de DDHH señalan que seguirán defendiendo el medio ambiente.

Por María Elena Castillo.


Con mineros. Activistas de defensa del medio ambiente, y que apoyaron la consulta en Majaz, son acusados de vinculaciones con Sendero y el MRTA.

Autoridades y ambientalistas que en setiembre pasado impulsaron una consulta vecinal sobre las actividades de la Minera Majaz en Piura, denunciaron una nueva campaña en su contra al haber sido acusados por terrorismo ante la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura.

La autodenominada "Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, que estaría formada por ex trabajadores de la Minera Majaz, acusó a 28 dirigentes, autoridades y representantes de organismos no gubernamentales de estar relacionados con grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso y el MRTA, así como con el Movimiento Bolivariano.

El abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Víctor Álvarez, advirtió que esta entidad los ha denunciado sin ningún fundamento. "Los acusan de extorsión, secuestro y terrorismo en base a 330 fotocopias de notas periodísticas y de opinión publicadas en medios de comunicación, en las que se expone los conflictos sociales que se originaron desde hace 3 o 4 años, a raíz de la intención de la minera de explorar la zona".


PERSECUCIÓN POLÍTICA


El abogado de Fedepaz, Javier Jahncke –integrante de la red Muqui que promovió la consulta vecinal–, uno de los denunciados, sostuvo que esta acusación obedece a un deseo de perseguir a todas las personas y autoridades que están preocupadas por las actividades que afectan al medio ambiente.

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, aseguró que no se amilanarán y continuarán exigiendo el respeto a la decisión de los pueblos de no querer a la minería.

Mientras que Julia Cuadros, de la ONG Cooperacción y del equipo técnico del frente que convocó la consulta, dijo que acudirán a instancias internacionales para denunciar la campaña de desprestigio, promovida por una entidad vinculada a la minera.


DATOS


DIRIGENTES. Entre los denunciados están el presidente de la comunidad de Yanta, Sinesio Jiménez; el de Segunda y Cajas, Servando Aponte; y el ex presidente de la central de rondas campesinas de Ayabaca Pascual Rosales.

AUTORIDADES. También los alcaldes de San Ignacio, Carlos Martínez; de Ayabaca, Humberto Marchena, entre otros.

Diario La República – Lima 29/03/2008

AFIRMAN QUE EJECUTIVO SÓLO RESPONDE A INTERESES DE MINERAS


La cúpula del poder político peruano está subordinada a la presión de los intereses económicos que el neoliberalismo impone para ejecutar el proyecto de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.), afirmó el director de Radio Marañón de Jaén (Cajamarca), Francisco Muguiro.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Muguiro Ibarra repudió la denuncia por terrorismo en contra de quienes apoyaron la consulta vecinal del 16 de setiembre en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, cuya población rechazó mayoritariamente las operaciones mineras.

En ese contexto, Muguiro Ibarra señaló que el desarrollo minero no se puede edificar sobre la base de calumnias contra sus críticos; por el contrario, destacó la necesidad de mantener un diálogo permanente, sin exacerbar, ni polarizar los ánimos de la población.

Recordó además, que la compañía Majaz pretende explotar los recursos minerales, invadiendo los terrenos de las comunidades campesinas y

sin tener los correspondientes estudios de impacto ambiental.

Finalmente, el director de Radio Marañón refirió que la consulta del año pasado fue plenamente legal; por ende, no merece los ataques de aquellos que pretenden descalificar la voluntad popular.

El 24 de marzo, la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.), denunció a 28 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura y los sindican como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.

Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.

Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.

Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.

www.cnr.org.pe – Lima 29/03/2008







REMURPE CONDENA DENUNCIA POR TERRORISMO A ORGANIZADORES DE CONSULTA VECINAL EN PIURA


A través de un pronunciamiento, la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE) expresó su indignación y total rechazo a la denuncia penal por terrorismo que pesa en contra de los alcaldes y ambientalistas que organizaron la consulta vecinal celebrada en setiembre pasado en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, sobre las operaciones mineras.

Wilbert Rozas Beltrán, alcalde de Anta y Coordinador Nacional de la REMURPE calificó de “absurda” la denuncia, y de ser un acto de “prepotencia y abuso” de parte de los grupos económicos mineros.

“Además de ser absurda esta denuncia, lo que deja en claro es que se trata de una respuesta prepotente y descarada de los grupos mineros, quienes hacen y deshacen en nuestro país, gracias al apoyo que les brinda el gobierno”, manifestó.

Rozas Beltrán señaló que esta denuncia atenta contra el derecho principal de todo ciudadano, que es el de expresar sus opiniones. “No todo aquel que no piense igual o siga la línea de gobierno quiere decir que sea un terrorista, eso es muy grave y dañino para el país”, agregó.

De otro lado, Raúl Cardoza Gutiérrez, presidente de la Red de Municipalidades Rurales de Piura (REMURPI) y alcalde del distrito Salitral, provincia de Morropón, expresó también su rechazo y garantizó el total respaldo de su entidad no sólo para condenar esta denuncia, sino para sacar a la luz los intereses que estarían detrás de ella.

“Esta denuncia es inconcebible, qué delito puede ser el hecho de haber realizado una consulta vecinal, que además, dejó en claro que la población rechazaba la actividad minera de Majaz, allí están los resultados oficiales, o van a decir que toda la población que dijo ‘No’ es terrorista. Esto es un absurdo, un abuso de autoridad”, remarcó.

El 24 de marzo, la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.), denunció a 28 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura y los sindican como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.

Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.

Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.

Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.

www.cnr.org.pe – Lima 29/03/2008








ADVIERTEN ALIANZA ENTRE GOBIERNO Y MINERAS PARA DESACREDITAR A ORGANIZACIONES SOCIALES


La denuncia por terrorismo presentada contra 28 personas que respaldaron la consulta vecinal en Piura para determinar la presencia de la empresa minera Majaz, se ha dado coincidentemente en el marco de la visita del presidente de la República, Alan García, a China donde se reunió con representantes de la empresa minera Zijin Mining Group, accionista mayoritario de la ahora denominda Rio Blanco Copper.

Así lo consideró el Coordinador de la Oficina del Medio Ambiente del Vicariato San Francisco Javier de Jaén (Cajamarca) Nicanor Alvarado, quien a través del programa “Análisis Nacional” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) aseguró que el gobierno y las empresas mineras “intentan desacreditar y terminar con todo tejido social que se les oponga”.

“El gobierno y las empresas mineras internacionales, han decidido acabar con todo lo que es el tejido social (...) hay una paranoia que intenta desacreditar a todo organismo social; el objetivo es detenernos, terminar con nosotros”, aseguró.

Alvarado Carrasco responsabilizó directamente al gobierno y a las empresas mineras de lo que pueda ocurrir tras la denuncia formulada en su contra como impulsor de la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007.

Finalmente, el representante de la Oficina de Medio Ambiente del Vicariato de Jaén, anunció que presentarán una querella judicial contra el diario "Correo" de Piura, por difamación.

Cabe recordar que la denuncia por terrorismo, fue presentada por la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC) y afirma que la mayoría de los implicados representan a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.

www.cnr.org.pe – Lima 29/03/2008

28 de marzo de 2008

GRUFIDES: NUNCA COMO AHORA SE HABÍA VISTO UN GOBIERNO TAN REPRESIVO


El régimen aprista ha emprendido una política de persecución contra las instituciones y personas que defienden el medio ambiente, denunció la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Mirtha Vásquez.

Fue al comentar la denuncia por el delito de terrorismo sentada contra 28 personas que respaldaron la consulta vecinal en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, celebrada el 16 de setiembre del año pasado.

A través del programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Vásquez Chuquilín cuestionó la celeridad con que la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura tramitó la denuncia a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE).

“En este momento se está evidenciando una política de persecución contra las entidades y personas que defendemos el medio ambiente; no en contra de mineras sino de una política donde las empresas están abusando del derecho de la población”, refirió.

Así mismo, indicó que la denuncia en sí expresa una situación extrema. “Nunca como ahora se había visto un gobierno tan represivo, que está tratando de efectuar una persecución abierta, con el único objetivo de acallar las voces de las personas que están por la defensa del medio ambiente y dar todos los beneficios a las mineras”, recalcó.

Sostuvo que la consulta vecinal constituye un derecho de la población reconocido plenamente por la Carta Magna y, por ende, no se configura el delito de terrorismo, tal como pretende hacerlo ver la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC).

En tal sentido, la titular de GRUFIDES instó a la ciudadanía a condenar y mantenerse vigilantes ante estas acciones, que atentan contra el ordenamiento democrático. “No podemos permitir en un país, que se dice democrático, que empiecen este tipo de persecuciones tan severas. Esto es un pésimo precedente para el país”, acotó.

Como se recuerda, la ACFUCCSC - entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.)- denunció ante la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a 28 personas, entre ambientalistas y autoridades, que contribuyeron a concretar la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007 en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, referida a las operaciones mineras, por representar supuestamente a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.

La denuncia, derivada en tiempo récord a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y cajas y Yanta, entre otros.

Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.

Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.
www.cnr.org.pe – Lima 28/03/2008














AMBIENTALISTAS Y AUTORIDADES DE CAJAMARCA PREPARAN DEFENSA LEGAL



Las autoridades y ambientalistas de Cajamarca que en setiembre pasado impulsaron la consulta vecinal en Piura -sobre las operaciones mineras- emprenderán acciones legales contra aquellos medios de comunicación que los sindican como terroristas.

Así lo informó el coordinador de la Oficina del Medio Ambiente del Vicariato San Francisco Javier de Jaén (Cajamarca), Nicanor Alvarado, quien denunció la existencia de una campaña de desprestigio contra aquellos que apoyaron la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007.

Alvarado Carrasco manifestó su preocupación por la denuncia penal por terrorismo presentada en su contra junto a otras 27 personas más -entre las que figuran alcaldes y ambientalistas- que fue remitida en tiempo récord por la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE).

La denuncia, presentada por la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC) afirma que la mayoría de los implicados representan a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.

Alvarado indicó que se trata de una "cacería de brujas" emprendida por el régimen aprista, cuyo único objetivo es desestabilizar a las organizaciones campesinas que defienden su medio ambiente.

Detalló que entre las víctimas de esta iniciativa se encuentran el alcalde de la provincia de San Ignacio y coordinador del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFN), Carlos Martínez Solano; el ex candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero; y el antropólogo, Euler Jave Díaz, entre otros líderes de base.

“Están buscando apresarnos, están buscando asesinarnos o están buscando desaparecernos. Yo aquí responsabilizo al gobierno central y a las mineras”, subrayó.

Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.
www.cnr.org.pe – Lima 28/03/2008










APRODEH EXIGE FRENAR PERSECUCIÓN CONTRA DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EN AYABACA



A través de un pronunciamiento, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) condenó la denuncia por terrorismo formulada contra 28 personas que organizaron la consulta vecinal celebrada en setiembre pasado en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, sobre las operaciones mineras.

"La persecución judicial y las acusaciones sin fundamento que pretenden tildar de terroristas a los dirigentes comunales y de las rondas campesinas que sólo defienden su justo derecho al agua y a la tierra, frente a la presencia de la minera Majaz en Ayabaca, Piura, en nada contribuirá a buscar consensos y soluciones, y por el contrario, puede generar un clima de mayor malestar en la región norte del país", señala el documento.

Por ello, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, exige poner fin a estas acciones emprendidas por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.).

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y cajas y Yanta, entre otros.

Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.

Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.

Para APRODEH, "estos hechos evidencian indicios de una persecución contra dirigentes, activistas y defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como contra autoridades locales, que lo único que se hacen es ejercer sus derechos ciudadanos, económicos, sociales y culturales, frente a una actividad que pone en riesgo los recursos naturales que permiten su sobrevivencia".

Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.
www.cnr.org.pe – Lima 28/03/2008

¿OBSERVACIÓN DE EXPERIENCIAS MINERAS O PERIPLO DE PERSUASIÓN?


Mónica Chuji, Asambleísta, a nombre personal escribe:


Me ha costado asimilarlo. Vísperas de la partida de algunos colegas asambleístas de la Mesa 5 de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Asamblea Constituyente, quienes atienden una invitación -en mi opinión, impertinente- de empresas transnacionales, para supuestamente conocer "proyectos limpios" de extracción minera de gran escala en algunos países, no solo deseo llamar la atención en torno a este tipo de injerencia nefasta en el proceso constituyente, sino en general, en la vida de nuestro Estado y de regiones enteras de nuestro país.

Hace pocas semanas, los asambleístas de la Mesa Constituyente 5 tuvimos la oportunidad de visitar en la provincia de Sucumbíos, las zonas devastadas por las operaciones petroleras de la compañía Texaco y donde hoy siguen operando Petroecuador y otras empresas privadas. Lo hicimos como parte de nuestra obligación de conocer de primera mano, el testimonio de decenas de compatriotas afectados y violados en sus derechos más elementales a una vida digna y a un ambiente sano y libre de contaminación.

Lo hicimos también como una demostración plena de nuestra voluntad de construir una Carta Magna con participación activa de las organizaciones sociales y la ciudadanía. Conocimos cómo con dignidad y esfuerzo muchas de estas organizaciones se han unido para enfrentar en un juicio histórico a una de las transnacionales más poderosas del planeta. Por eso debo decir que en Sucumbíos se escribe una de las páginas más importantes de la historia de la dignidad de quienes vivimos en este país.

Aspiraba a que aquellas experiencias vividas junto a mis colegas asambleístas genera una actitud más comprometida y desinteresada por el cambio radical que demanda nuestro pueblo, en defensa de las víctimas de los atropellos, de los engaños, de la arbitrariedad. Anhelaba a que luego de escuchar a los Secoya, a los Waorani, a los campesinos colonos de Shushufindi y Joya de los Sachas, entendiesen de una vez por todas por qué y para qué estamos aquí en Montecristi en esta Asamblea Constituyente.

Me cuesta admitir que a las pocas semanas de la experiencia del /"toxic tour"/ en los campos petroleros contaminados, el cabildeo y las persuasiones a las que las transnacionales del saqueo están acostumbradas en su trato con las comunidades en las zonas de sus proyectos de explotación, esta vez haya llegado al seno mismo de la Asamblea y de nuestra mesa.

Vienen a mi memoria, las amargas vivencias en la Amazonía de los excluidos y las víctimas de siempre. Donde las empresas como parte de sus estrategias para despejar de obstáculos la ejecución de sus proyectos, han establecido como hábito la generación de desconfianza entre las comunidades y las organizaciones. Entre las bases y sus líderes. Desconfianza unida a las promesas de empleo, bienestar, progreso, mayor desarrollo y hasta respeto al medio ambiente y a los derechos de la gente. Los encargados de ejecutar esas tareas de control de la población han sido los llamados "relacionadores comunitarios".

Cuando la generosidad inicial de estas empresas se agota, sobrevienen los incumplimientos, las promesas fallidas, las frustraciones, los sobresaltos y los conflictos. Y cuando éstos estallan, las estrategias para tratarlos han sido una sutil combinación de persuasión, soborno a dirigentes unidos a la represión, la criminalización de la protesta, y nuevas estrategias para neutralizar la reacción legítima de quienes son engañados al tiempo que son afectados.

El éxito de las empresas extractivas en sus proyectos en buena parte radica en esta oficinas de relaciones comunitarias, y en su manera eficiente de manejar los conflictos: promoviendo corrupción,generando divisiones y enemistades, amedrentando a quienes no aceptan sus ofertas, desinformando, y sobre todo, identificando a quienes localmente les son útiles y funcionales a sus intereses. Tan eficientes son estas empresas, que en muchos casos, encuentran la manera perfecta de mimetizarse.

En la actualidad tenemos petroleras o mineras transnacionales que hablan y plantean sus propuestas con rostros y voces campesinas mestizas, o con apariencia Kichwa, Waorani o Shuar. Incluso han llegado a nuestra mesa bajo esa apariencia.

Son personajes que se abandonan y pierden en la codicia, en el interés personal, olvidando sus principios, sus promesas y traicionando a sus pueblos, a sus antepasados y a sus hijos. Son víctimas del egoísmo y del gusano del capital que los corroe por dentro. Luego son irreconocibles y ya no hablan ni actúan por sí mismos. Simplemente han prestado su rostro y su voz.

Hace unas semanas me preguntaba si las mineras transnacionales, celebraban la aparente luz verde a sus megaproyectos. Parece que no están seguras y han organizado un "tour minero", para intentar convencer de una vez por todas a quienes dudan de las bondades de la minería a gran escala. La receta de moda para el futuro del país, según algunos.

Me permito recomendarles que en su agenda en el caso de Perú, no olviden visitar el yacimiento polimetálico de Tambogrande en Piura (donde han operado las compañías Phelps Dodge o Britton) y a sus víctimas de Las Lomas o Chulucanas. Sería interesante que aprovechen para ir a la tumba de uno de los caídos en la defensa de sus tierras: Godofredo García Baca y le rindan un homenaje a nombre de todos quienes nos quedamos acá.

Cerca pueden visitar un lugar histórico, donde fue asesinado el mismísimo Atahualpa, pese a ofertar a los conquistadores una habitación llena de oro. Si, el lugar es Cajamarca y los cerros La Quinua, San Cirilo o Quilish, pueden resultar muy pedagógicos, donde opera la minera Yanacocha, subsidiaria de la canadiense Newmont. También pueden ir al cementerio y buscar el nicho de Isidro Llano Echevarría, otro loco opuesto al progreso del Perú, o hablar con alguien todavía vivo como el sacerdote Marco Arana, y preguntarle lo que ha pasado ahí en estos años.

O para ampliar su visión del tema minero, puede ser interesante ir a Chile, donde los últimos 12 años, las multinacionales del cobre se llevaron 23 millones de toneladas de ese material, por un valor de 43 mil millones de dólares, sin pagar impuesto alguno. Y a cambio, el país de la presidenta Bachelet le debe a esas empresas, más de 2 mil millones de dólares en crédito fiscal.

Además en el país de Allende o Víctor Jara, pueden visitar el valle del Huasco, a unos 150 km. de la ciudad de Vallenar, en la III Región, donde está el proyecto minero "Pascua Lama", a cargo de la Compañía Minera Nevada, filial de Barrica Gold Corporation (BGCo) de Canadá. Aprovechen para conversar con las comunidades huasqueñas y visiten la capilla del Alto del Carmen, donde el Padre Enrique les pondrá en contacto con las personas del lugar, para que ellos les expliquen cómo se pretende eliminar los glaciares de la zona y dejarlos sin fuentes de agua, en una de las zonas más áridas del mundo.

O si les queda tiempo, pueden ir al sur de ese país, al Lago Lleu Lleu, en territorio Mapuche cerca de Concepción y visitar a las comunidades de Rucañanco y sus experiencias con la extracción del cobre y molibdeno, y comprender cómo a nombre de la soberanía y del interés nacional también se violan los derechos de los pueblos ancestrales. Pero también les sugeriría visitar Indonesia donde se registra uno de los desastres ecológicos más grandes del mundo.

En fin colegas asambleístas, sin olvidar que la dignidad y los derechos no se negocian, tengan un buen viaje y recuerden la frase de Denis Diderot: "engullimos de un sorbo la mentira que nos adula, y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga".

Los derechos humanos y colectivos, la vida en toda su dimensión y la soberanía no son negociables.

Atentamente,

Mónica Chuji
Asambleísta

Ciudad Alfaro, Montecristi
jueves 27 de marzo de 2008