29 de agosto de 2008

FALLECIÓ ALCALDE DE HUANCABAMBA


El alcalde de Huancabamba Valentín Quevedo Peralta murió ayer (27 Agosto) en la ciudad de Chiclayo víctima de un ataque cardiaco. El fallecido alcalde acudió a dicho nosocomio para iniciar un tratamiento médico contra el cáncer de Colon, enfermedad recientemente detectada.

Valentín Querevalú era integrante del frente de desarrollo sostenible de la frontera norte del Perú (FDSFNP) y legitimó la defensa del medio ambiente ante la amenaza que representa la instalación de la minería a través del proyecto rio Blanco Cooper (ex Majaz).

Por su parte el presidente del frente de desarrollo sostenible de la frontera norte del Perú (FDSFNP) Carlos Martínez Solano expresó sus condolencias a título personal y del pueblo de San Ignacio por la lamentable perdida.

Asimismo Martínez agregó que "deja un gran vacío en la organización del frente, porque compartía las preocupaciones de su pueblo, y aquella perdida es irreparable" aseguró el alcalde de San Ignacio.

RED REGIONAL AGUA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO – 29/08/2008

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS HACEN DESLINDE CON FRENTES


Sin embargo, entes regionales politizados insisten en medida de fuerza.


Preparan nuevo paro en la Amazonía. Frentes de Defensa de esa zona acordarán fecha de paralización durante Tercera Cumbre Amazónica, a realizarse en Yurimaguas a fines de septiembre. Sin embargo, no cuentan con el apoyo de organizaciones indígenas, a quienes no habrían invitado a participar de la Cumbre.

El presidente del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado, confirmó la realización de dicha cumbre y señaló que en ese evento se acordaría la realización de una próxima huelga en la Amazonía, exigiendo la derogatoria de los dispositivos pendientes, además del 1015 y 1073, que afectan a esa zona.

“Quedan los decretos de la medida extraordinaria de Cofopri, de la Ley Forestal, esos realmente son atentatorios contra la Amazonía”, afirmó.

Indicó que también se ha invitado a los gremios y organizaciones sindicales de países extranjeros como Brasil, Ecuador, Bolivia y de Venezuela, cuya situación es distinta a la del Perú. Justificó la presencia de estos grupos alegando que la problemática medioambiental y ecológica tiene trascendencia mundial.

El representante del Frente Patriótico del Datem-Marañón, Hugo Pérez, afirmó que insistirán en la derogatoria de los decretos pendientes que se han dado en contra de la Amazonía, e indicó que en la cumbre anterior se propuso la realización de una huelga, tema que será retomado en la tercera cumbre.

“En una reunión anterior se informó para una huelga indefinida de la región Amazónica. En esta cumbre se estaría acordando ya la fecha exacta del inicio del paro”, declaró.

El dirigente Nelson Kuji, representante de organizaciones indígenas de Iquitos, señaló que dicho paro se mueve por intereses políticos de Patria Roja y el Partido Nacionalista Peruano, que buscan protagonismo con miras al proceso electoral del 2011.

“Nosotros hemos tenido un solo objetivo, que es la derogatoria de los D.L. 1015 y 1073, esa reunión amazónica sirve al propio interés de los dirigentes, cada partido político quiere utilizar esa cumbre amazónica para tener protagonismo, se están reuniendo para el paro nacional que quieren realizar”, manifestó.

Sostuvo que esa huelga es parte del trabajo político que realiza Patria Roja, y de la cual ha excluido a las comunidades indígenas, que no han sido consideradas en las cumbres anteriores.


LA CLAVE


Saúl Puertas, dirigente indígena de Amazonas, manifestó que no participarán en un nuevo paro, ya que ese es el compromiso que tiene con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.

“Yo pienso que no vamos a participar, hemos dicho que nosotros ya no vamos a realizar movilizaciones ni paros, hemos logrado la atención del Estado y vamos a agotar la vía del diálogo”, subrayó.

Indicó que en Lima ya se han reunido con el titular del Parlamento y han acordado, tal como se acordó en el acta suscrita días atrás, la conformación de una comisión multipartidaria, que buscará dar solución a la problemática de las comunidades indígenas.


EL DATO


Puertas aclaró que la visita del presidente del Congreso al Amazonas es parte del cronograma de viajes que realiza a las diferentes regiones, y no para reunirse con dirigentes nativos.

Diario Expreso – Lima 29/08/2008







NO A LA MINA, NO REVIENTEN LAS MONTAÑAS’


Reunimos varios fragmentos de testimonios, análisis, documentos y crónicas de lo que significa la minería en varios países, y del rechazo y la resistencia que se levanta para impedir la explotación y la devastación que acompaña extraer minerales en gran escala.


Un grupo de activistas opositores a la Minera San Xavier (msx) participó el 17 de junio en la asamblea general de accionistas de Metallica Resources -propietaria de la mina- en Toronto, Canadá para denunciar ante sus inversionistas que su empresa ubicada en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí en México, es ilegal y peligrosa para el ambiente. Su presencia causó estupefacción en el potosino Jorge Mendizábal Acebo, empleado y vocero de los canadienses que nunca se imaginó reencontrar a sus rivales en esas latitudes. El hidrólogo Mario Martínez les preguntó a los accionistas si estaban enterados que su empresa tenía problemas legales para su operación, y les distribuyó un copia del reciente fallo del Juzgado xi de Distrito que coloca a la minera en su fase terminal. Desde octubre de 2005 la corte ordenaba la nulidad del permiso de funcionamiento que el Instituto Nacional de Ecología le otorgó a la transnacional en 1999. En ese fallo msx perdía su autorización para operar, pero tramposamente y en desacato a la resolución judicial se le concedió un nuevo permiso con menos condicionantes que el anterior, que les dio justificación para operar.


Desde que los canadienses empezaron a operar en esa localidad sabían del riesgo que representaba invertir en un área protegida, con un inmensurable valor histórico y cultural, defendida desde diferentes trincheras por un puñado de ambientalistas desdeñados y maltratados por los administradores de la empresa y los funcionarios gubernamentales. La prepotencia y el hecho de sentirse protegidos por los gobiernos panistas, les hizo creer a estos administradores que la minera trabajaría sobre lo que fuera, incluso gastando "millones de dólares" en su defensa jurídica, dinero del cual hay una enorme cantidad en sobornos para "ablandar" a corruptas autoridades y comprar espacios publicitarios. Los días de msx están contados. Notario Eduardo Martínez Benavente, junio de 2008


Hace unas semanas resucitó el permiso de la Mina Crucitas en Cutris de San Carlos, Costa Rica (anulado hace tres años por la Suprema Corte de Justicia) para instalarse a sólo 3 kilómetros del Río San Juan (limítrofe con Nicaragua), una zona ambiental y políticamente frágil. Será un desastre en esta zona y ocasionará conflictos de grandes proporciones (destruirá la capa vegetal, contaminará mantos acuíferos, desertificará los suelos, matará la biodiversidad por venenos o sedimentos, alterará la tierra y el paisaje, gastará y contaminará el agua, dañará la salud de las personas-problemas visuales, respiratorios, mortales a largo plazo- y afectará la sociedad -dividiendo a los pueblos y debilitando la pesca y el turismo.


Así ocurrió con Miramar (única mina de oro a cielo abierto en el país, desastrosa en todos sentidos y cuya empresa se declaró sin fondos para no reparar los daños que ha causado, por lo que el gobierno nicaragüense está por impulsar una demanda contra Costa Rica.


Proyecto tras proyecto, las compañías demuestran que su imagen corporativa de progreso no se concreta. Y el gobierno, defensor del desarrollo minero, no es competente en la supervisión: en el mismo permiso de Crucitas se consignó que sería la empresa la que va a capacitar al personal que les va a fiscalizar, ¿la empresa juez y parte? Y mientras nuestros campesinos sufren sequías, el gobierno, con dicha mina permite explotar más de 30 mil litros de agua por hora.


Los años nos concedieron la razón cuando a fines de los ochenta -¿será coincidencia que teníamos el mismo presidente?-, la población de San Carlos supimos defender nuestros recursos de Eurospec, que pretendía explotar el territorio que hoy conocemos como Parque del Agua Juan Castro Blanco. Y seguiremos. Heidy Murillo Quesada, presidenta de la Federación de Organizaciones Conservacionistas (Fecon)


Las perforaciones exploratorias de un grupo de geólogos argentinos, contratados por una empresa canadiense, revelaron que la Puna en la provincia de Salta sería un importante reservorio de agua. Ahora, pretenden exportar el agua a la minera La Escondida, en Chile, la mayor extractora de cobre del mundo.


La polémica no tardó en encender la zona. La gente de Tolar Grande, pueblo ubicado en el Altiplano salteño, a más de 3500 metros de altura, siente que le están extrayendo un recurso vital. El diario El Tribuno, de Salta, reveló que ya se estaría extrayendo agua para enviar a La Escondida, y habló de un negocio de 5700 millones de dólares.


"Se trata del primer estudio hidrogeológico para medir el potencial de la Puna", señaló el ingeniero Rubén Gianni, quien trabaja para Mines Argentina.


"El pueblo de la Puna no va a permitir el saqueo", indicó Leopoldo Salva, diputado por el departamento Los Andes, que abarca toda la Puna salteña. Las mineras necesitan mucha agua para funcionar y La Escondida se está quedando sin ella. "Los chilenos ya le han prohibido que saquen agua de su territorio", señaló Salva.


Según Gianni, "no se pretende secar la Puna. Estamos estudiando cuánta agua hay en esta zona y si luego de abastecer a la región queda un saldo para comercializar". Según el geólogo, no hay cuestionamientos éticos ni legales para vender agua, que puede ser tratada como cualquier otro mineral. "No es una herejía vender agua", aseguró.


Salva alertó: "quieren vender agua dulce a Chile. En ningún momento han venido a hablar con el pueblo ni con la comunidad. Recién ahora".


Según el estudio, uno de los pozos de exploración cerca del cerro Socompa, en el límite argentinochileno, bombeó 500 mil litros por hora, como las mejores cuencas argentinas. El objetivo de la empresa canadiense sería vender mil litros de agua por segundo. "El agua excedente que se encuentre ya pertenece a la empresa Mines Argentina", aseguró Gianni. Fundación Protegermiembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (uicn)


Datos líquidos. Las minas de carbón a cielo abierto que operaban en Escocia usaron en 1980 el equivalente de 13.2 toneladas de agua por tonelada de carbón producido. Podemos entender por qué la minera Intercor en Colombia le niega a las poblaciones rurales y wayuú de la Guajira acceso a la represa construida por la corporación después de cambiar el curso de los ríos.


Las operaciones de la Southern Peru Corporation (spc) en las minas Cuajone y Toquepala requieren de 1700 litros de agua por segundo, más 500 litros por segundo de aguas subterráneas. El efecto es que la laguna Suche, que abastece las actividades de la spc disminuye el nivel de sus aguas en 986 litros por segundo, mientras que la demanda de aguas subterráneas reduce 250 litros por segundo el nivel de las aguas de los ríos de la zona.


El periódico colombiano El Tiempo reportó (el 31de octubre de 1994) que en la región del Chocó las corporaciones mineras vertían 4 400 toneladas de deshechos tóxicos en los ríos. ¿A cuánto ascenderá esta cantidad en catorce años tomando en cuenta que la producción se ha disparado en todos los países de la región en respuesta a la demanda y los altos precios?


La mina Marlin (de Montana Exploradora) en Guatemala secó 6 pozos que utilizaban las comunidades. La mina usa 250 mil litros de agua por hora, mientras una familia campesina de San Miguel de Ixtahuacán usa 30 litros al día. Es decir, la mina utiliza en una hora el agua que una familia campesina utilizaría durante más de 22 años.


La mina de oro Summitville en el sur de Colorado, Estados Unidos, operada por una corporación canadiense, se anunció como modelo de lo que la minería moderna podía hacer, pero apenas comenzó a operar en 1986, arrojó cianuro, ácidos y metales pesados en el río Alamosa, envenenando un tramo de 27 kilómetros. La compañía se declaró en bancarrota en 1992, la Agencia de Protección Ambiental se hizo cargo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha logrado conseguir que los canadienses congelen los activos de la compañía para rembolsar los 100 millones de dólares que se han gastado tratando de reparar el daño. Defensora Pachamama, Ecuador, 3 de junio de 2008


Jethro Tulin, representante de la comunidad Ipili en Papouasie en Nueva Guinea expuso que la empresa Barrick Gold llegó hace 17 años a su pueblo prometiendo trabajo, escuelas y desarrollo. Ahora Barrick Gold explota la zona provocando contaminación y muerte a la comunidad que se encuentra a pocos metros de la mina. Antes de la llegada de Barrick Gold, su pueblo vivía de la agricultura y la minería tradicional, ahora sus cosechas están contaminadas y los niños juegan y beben el agua contaminada con cianuro, provocando enfermedad y muerte. Al paso de los años la comunidad se organizó y resiste los embates de Barrick, que la empresa ha respondido con asesinatos, pues cuenta con un cuerpo de seguridad (paramilitares) que, sin importar a qué costo, han asesinado a más de 32 personas entre hombres, mujeres y niños, sin que los gobiernos tomen algún tipo de represalia, "nuestros gobiernos son débiles y corruptos", comenta Tulin. Kolektivo Azul, Montreal, Canadá.


Bajo la Alumbrera es una de las diez grandes empresas de cobre del mundo y una de las quince mayores de oro. Es el principal yacimiento en explotación del país y una obra que remueve diario 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Son trece años de explotación minera, 680 millones de dólares de facturación anual, cuatro derrames tóxicos comprobados, unas diez denuncias penales por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir el bienestar regional prometido. Este yacimiento es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala, industria extractiva millonaria que avanza en Argentina a lo largo de la cordillera.


Pero el emblema de la minería nacional tuvo un pequeño freno: la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente de la empresa, Julián Patricio Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud.


Con el fallo, sorpresa en Andalgalá y Santa María (los pueblos más cercanos al yacimiento), Rooney se transformó en el primer alto directivo de una gran empresa en ser procesado por contaminación. También se le aplicará un embargo, aún no determinado.


"Es la primera vez que una empresa de esta magnitud tiene un revés de este tipo. Sabemos que es sólo un paso, con una gran burocracia judicial que no sabemos cómo terminará. Lo que sí sabemos es que cada día somos más en esta lucha", remarcó Javier Rodríguez Pardo, histórico militante ambiental y miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). (Darío Aranda, página 12, 31 de mayo de 2008)


La Minera Majaz sa tiene un largo historial de irregularidades y violaciones a los derechos de las comunidades en Perú. En el Tribunal Permanente de los Pueblos el caso de la empresa sirvió para cuestionar sus actividades de exploración y la proyectada explotación minera a cielo abierto que pretende realizar en el proyecto Río Blanco.


Éste afecta a la comunidad campesina en la región norteña de Piura. Contamina el agua, afecta la actividad agropecuaria y la salud de miles de pobladores, y desertifica por los enormes montos de agua utilizados. Hay un alto riesgo de destrucción e impacto irreversible a la biodiversidad de la región Páramo y el bosque de neblina. Este impacto de la minería se extiende a la vecina región de Cajamarca, y afectaría la cuenca del Río Amazonas.


Majaz opera ilegalmente en el territorio de las comunidades afectadas, ya que obtuvo su licencia con documentación incompleta y sin respetar el derecho a la consulta que por ley se garantiza a las comunidades. Ha reprimido con violencia las protestas populares provocando heridas a decenas de personas, y ocasionó la muerte de dos comuneros hasta la fecha.


Majaz también promovió la acusación falsa de terrorismo contra decenas de pobladores --con el apoyo del gobierno-, por oponerse a las actividades abusivas y contaminantes de la empresa.


El presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca y dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), Magdiel Carrión, dijo: "A pesar de la difamación que se nos hace, los pueblos que vivimos en la zona somos conscientes y seguimos en resistencia, y no permitiremos que el gobierno atropelle nuestros derechos comunales, nuestros derechos como personas y como peruanos".


Carrión indicó la falta de diálogo: "no hay respeto, porque si quieres hablar ya eres terrorista, ya eres narcotraficante, o estás en contra del desarrollo, eres el perro del hortelano como se nos llama, y nos da lástima que un gobierno peruano, que está para gobernar y proteger al Perú, tenga que acusar o difamar de esa manera a los pueblos que resisten una imposición de las empresas trasnacionales".


Pese a las múltiples intimidaciones de varios años, Carrión sentenció: "La lucha ya lleva cuatro años pero nosotros seguimos resistiendo. Y en nuestras comunidades, creo que es difícil que pasen. Pasarán los militares si les es posible, pero no pasarán las empresas mineras por voluntad


La minera Barrick Gold pregona tener la licencia social de Naciones Unidas porque ha certificado positivamente el uso del cianuro y cuenta con licencia de la unesco (que hasta hoy mantiene absoluto silencio) para destruir el ecosistema Pascua Lama en el corazón de la Reserva de Biosfera de San Guillermo en la provincia argentina de San Juan.


¿Quién le otorgó a Barrick el crédito del buen uso del cianuro? El Instituto Internacional del Manejo del Cianuro, esto es, una entidad creada por las propias transnacionales mineras a pedido de un comité que reúne a las partes involucradas en el marco del Programa Ambiental de Naciones Unidas, debido a los estragos que ocasiona el uso del cianuro en la minería, y así lavar la imagen de una actividad que registra impactos de contaminación desde el primer día. Su prioridad es ganarse la licencia social negada por las comunidades damnificadas o en vías de serlo, donde se explotan yacimientos a cielo abierto con cianuro. La entidad emite el Código Internacional de Manejo del Cianuro para la fabricación, trasporte y uso en la producción de oro. (Nada dice del ácido sulfúrico y del resto de la minería del cobre, uranio, etcétera. Sólo la del oro. Tampoco certifica que se destruya el cianuro después de la lixiviación del oro, con lo que no se garantiza el control de los drenajes ácidos posteriores.) Todos los miembros que componen el directorio y que firman las certificaciones están involucrados en el comercio de la minería.


¿Quién gestionó la creación del Código Internacional de Manejo del Cianuro y a pedido de quien se constituyó el directorio? Barrick Gold es la respuesta. La transnacional gigante de la minería a cielo abierto ya certificó con este sistema sus tres minas en Sudamérica y antes las de Perú y Australia. Javier Rodríguez Pardo, 16 de mayo de 2008, (machsepa21@yahoo.com.ar)


Diversas corporaciones policiacas del estado de Colima mantienen un asedio desde el 12 de diciembre de 2007 sobre los poblados nahuas El Platanar, en el Ejido Plan de Méndez, y Las Pesadas, en el Ejido Ayotitlán, ambos del municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde están asentadas las minas a cielo abierto Peña Colorada [que extrae 40% del hierro de todo México] y Minera del Norte (Minosa), subsidiarias de la corporación italoargentina Ternium Hylsa. Es el conflicto de límites más antiguo del país, entre Jalisco y Colima (van 88 años). Ha pasado por los poderes ejecutivo y judicial y actualmente se ventila en el Senado de la República. El litigio comenzó con la matanza de Timbillos, en 1920, en que 13 indígenas de Ayotitlán y Telcruz fueron asesinados y sus cadáveres colgados durante días en unas higueras por la familia colimense Arias de El Mamey. El conflicto minero y territorial se ha extendido gracias al desinterés y la complicidad de las autoridades jaliscienses, y a la ambición de las colimenses. Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).


La Asociación Agrominera del Sur de Bolívar en Colombia (Asoagromisbol), se formó en 1993. Es una organización que impulsa sus exigencias por la defensa de la vida, de la pequeña minería, de garantías para la producción agropecuaria y la legalización de títulos, pero también mantiene la construcción del tejido social. Hoy es una Federación por lo que sus siglas son Fedeagromisbol.


Para finales de 1994 el Estado exigió que los mineros estuvieran asociados y así legalizarían hasta 96 hectáreas por cada asociación. Esto se informó a los mineros faltando tan sólo tres meses para el cierre de la convocatoria. Los mineros aceleraron los trámites y los presentaron a tiempo, pero el gobierno respondió que la mayoría de áreas no se podría legalizar porque se encontraban superpuestas por la familia Lleras Palacios que no era conocida en la región. Luisa Fernanda Landuros, accionista de Mineros San Lucas, pretendía comprarle a la familia Lleras Palacios y venderle a la Multinacional Conquistador Mine.


Ante tal situación y por la complicidad del Estado, en 1996 las comunidades iniciaron una lucha jurídica y de denuncia nacional. Se intensificaron los asesinatos selectivos de líderes y la violación de derechos humanos por parte del ejército. Las comunidades se movilizaron, denunciaron lo sucedido y se juntaron con las marchas efectuadas en el sur del país.


En 1998 los paramilitares afirmaron que defenderán a como de lugar la inversión de Conquistador Mine y Corona Golfi. Asesinaron a Andrés Molina, líder del SurSur, con lo que la gente se desplazó a Simiti y luego a la cabecera de San Pablo. Los mineros de la zona alta se solidarizaron movilizándose por Arenal, Miccoahumado y una delegación viajó a Bogotá, donde tomaron la embajada de Estados Unidos por 14 días, los desalojaron y se trasladaron a la Universidad Nacional, y desde allí realizaron acciones permanentes para visibilizar la movilización: había además 19 mil personas en Barrancabermeja, hasta que en octubre de 1998 se llegó unos acuerdos con el presidente Andrés Pastrana. Las comunidades firmaron directamente con el gobierno nacional sin intermediación de los poderes locales.


Al retornar las personas comenzó la arremetida más fuerte del paramilitarismo. La zona se encontraba militarizada por el ejército y al otro día aparecieron quemados los caseríos por los paramilitares, al igual que las alcaldías de Arenal y Tiquisio. Toda la región quedó bloqueada. A dos días de firmados los acuerdos en el camino de regreso a la zona alta de San Pablo, ocurrió una masacre y a finales de diciembre en el casco urbano otra. Frente a toda esta persecución, en 1999 las comunidades agromineras se declararon en resistencia. Fedeagromisbol, "Experiencias locales de manejo y control local del territorio", Semillas, núm 32/33


La huelga en Moquegua estalló cuando las autoridades de la región exigieron al gobierno central una mayor participación en los ingresos que deja la minera Southern Perú. Esta empresa explota dos minas de cobre, una en Moquegua y otra en la vecina Tacna, en la frontera con Chile, y opera una refinería en Moquegua. Con más de 2300 millones de dólares de utilidades en 2007, Southern es la principal empresa minera del país y una de las más grandes explotadoras de cobre del mundo.


La Federación Minera, con más de cien mil afiliados, exige un aumento de sueldos y la incorporación a las planillas de los trabajadores mineros, que en un 80% trabajan en negro, mientras aumentan las presiones al gobierno para que suba los impuestos a las millonarias ganancias de las empresas mineras, que como único aporte al Estado peruano pagan el 30% de sus utilidades. En 2007 la minería exportó más de 15 mil millones de dólares, 60% del total de las exportaciones del país. Carlos Noriega, "Una pueblada contra las minas", junio de 2008


La posible explotación minera profundizaría todavía más la crisis alimentaria, provocada por la escasez y los altos precios del maíz, el frijol y el arroz pues en los departamentos donde se ubican los 29 proyectos de exploración de metales preciosos se concentra un 50% de la producción agrícola salvadoreña.


Así lo indica un estudio del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom), realizado recientemente. "El gobierno ha concesionado 1 238.63 km² a empresas mineras, sobre todo canadienses y estadounidenses, en las zonas donde se produce una gran cantidad de cereales, lácteos, carnes, verduras y frutas, en unidades de producción campesina", señala la referida investigación.


El estudio Impactos en la producción agropecuaria de las zonas de exploración minera, en el marco de la crisis alimentaria demuestra que en los siete departamentos amenazados por la minería son Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, Cabañas, Morazán, San Miguel y La Unión donde se produce 46.6% de los granos básicos del país. El informe también revela ahí se ubica 56.7% del hato nacional de ganado bovino y 28% del hato nacional porcino.


Esta producción está amenazada especialmente por el uso intensivo de agua en la separación de los metales y por la contaminación del aire, agua y suelo que genera el cianuro, los metales pesados y el drenaje ácido. La mayoría de proyectos están sobre las cuencas de los ríos Lempa, Sumpul, Grande de San Miguel, Torola y Goascarán.


La investigación advierte que la minería afectaría a 60% de la producción alimentaria (cereales, carne, leche, huevos, frutas, verduras y miel), pues algunos departamentos sin proyectos mineros serían alcanzados por la contaminación. "Es previsible que se profundice la destrucción de las unidades de producción agrícola familiares y se configure un escenario de mayor desarticulación de la agricultura en la zona norte del país. Esto incrementaría los riesgos en nuestra seguridad y soberanía alimentaria". Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, El Salvador


Un grupo de periodistas e investigadores independientes denuncian que el ejército estadounidense estuvo implicado en una pesadilla africana que ha pasado muy desapercibida. Las guerras civiles y las invasiones que implicaron a la República Democrática del Congo (rdc) durante la última década, permitieron al vecino de la rdc, Ruanda, junto con su ejército, algunas milicias con apoyo ruandés y unas cuantas corporaciones multinacionales mineras, desplazarse a las regiones montañosas del este de la rdc y extraer oro, cobre, uranio, diamantes y coltan (para equipos electrónicos) mientras el caos irrumpía por todo el país. Según el periodista investigador Wayne Madsen, Fuerzas Especiales de Estados Unidos, algunos operativos de inteligencia y ciertas compañías militares privadas ayudaron al ejército ruandés y a sus milicias a invadir a la rdc. Para justificar la invasión se machacaba que Ruanda podía contrarrestar así a los hutus, que masacraron a cientos de miles de tutsis en Ruanda durante el genocidio de 1994 y que habían escapado al este de la rdc. Sin embargo, periodistas independientes como Madsen sugieren que el "problema hutu" fue solamente una artimaña. John Lasker "Guerras en pos de los recursos de África", Revista Pueblos, 11 de marzo de 2008


En la Ley ecuatoriana anterior se decía que la concesión minera "es un derecho real". En la "nueva" le aumentaron la palabra "limitado", para que creamos que limitarán a los concesionarios. Pero cómo los limitan si esta concesión dice que puede ser transferida a otros, vendida, hipotecada. Seguir en los negociados de las bolsas de valores donde por pasar de una mano a otra se ganan millones de dólares. ¿Cómo que este gobierno no iba a permitir la especulación con las concesiones, que ya significaron millonarias ganancias para las empresas y otros que se han enriquecido con este jugoso negocio, antes incluso de sacar los minerales?


Según esta ley no hay lugar donde la actividad minera no se pueda realizar, incluso en "lagos, lagunas y embalses o en sitio destinados a la captación de agua para las poblaciones y en distancias de hasta 200 metros medidos horizontalmente desde los mismos". Según la ley sólo se necesita autorización del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, y con ese permiso pueden operar en las fuentes de agua aunque sean para consumo humano. Coordinadora para la Defensa y Conservación del Noroccidente de Pichincha Codecono, 6 de junio


El grito de No a la Mina de la movilización en Esquel y el plebiscito del 23 de marzo del 2003 definieron el rechazo abrumador al proyecto minero de oro y plata de la minera Meridian Gold, en Esquel, Argentina. Ésta, al ver que no podía hacer las perforaciones introdujo la figura de El Desquite, su subsidiaria, que en realidad son ellos mismos. Apareció una nueva empresa, que se llama Patagonia Gold, que es la que aparentemente tiene hoy Cordón Esquel y otros yacimientos (el paquete que tenía la empresa en la cordillera y precordillera en las inmediaciones de Chubut). Ellos nunca perdieron la esperanza de hacer la explotación ya que el plebiscito ganado por nosotros por el 82% no es vinculante, pero obligó a que los diputados sancionaran una ley prohibiendo la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro de sodio. Eso fue inmediatamente posterior al plebiscito del 23 de marzo de 2003.


La minera de todas formas no se fue, sigue trabajando en varios lugares donde hizo previamente "manifestación minera", donde declaró zonas para la búsqueda de minerales polimetálicos. Una manera que hoy utilizan para revertir su situación negativa es metiendo querellas jurídicas infundadas a los habitantes ante la protesta. Entrevista con Javier Rodríguez Pardo, de Marcelo Maggio: "La Cordillera de los Andes está administrada por transnacionales: es un Tercer país ubicado entre Argentina y Chile"


En Sibanal, Guatemala, 34 comunidades expresaron su rechazo a la actividad minera el 18 de abril. En el proceso participaron autoridades municipales y departamentales, más representantes de organizaciones locales.


Otra consulta se realizó el 13 de mayo en las 53 comunidades del municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, en las asambleas comunitarias. Participaron como observadoras autoridades de los municipios vecinos, diputados, representantes de organizaciones y del cuerpo diplomático.


La gestión inició cuando la comuna de San Juan Ixcoy, Huehuetenango fue notificada de un derecho minero otorgado a Guatemala Copper sa, para explorar 10 minerales metálicos en un área de casi 78 km2, en ése y otros cinco municipios del departamento.


Para el proceso de consulta, las autoridades municipales convocaron a un cabildo abierto y se acordó establecer sesión permanente del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude). Se crearon 11 comisiones para atender comunicación, sensibilización, logística, alimentación transporte, redacción, documentación y sistematización. "La inversión fue compartida 60% la municipalidad y 40% las comunidades. Hubo dos comunidades en que la población decidió financiar sus asambleas", aseguró Andrés Escobar, de la Oficina Municipal de Planificación. El rechazo de la población fue masivo. En los municipios de Comitancillo y Tacaná, San Marcos, se programaron dos consultas los días 16 y 23 de mayo.


Otro rechazo ocurrió en Baja Verapaz, tras conocer que el Ministerio de Energía y Minas (mem) concedió un derecho minero a Procesadora de Minerales sa, para trabajar en la montaña de Chi Santiago, que colinda con Rabinal y Cubulco, Baja Verapaz, y Chicamán, Quiché. La licencia es para extraer barita. La minera cuenta con capital guatemalteco y tiene nexos con la empresa Pisos El Águila.


En la reunión del Consejo de Desarrollo Departamental (Codede), del 5 de mayo, y a solicitud de la sociedad civil, se decidió emitir un pronunciamiento contra las licencias otorgadas para actividades mineras en el departamento. Este pronunciamiento se presentará ante el mem y las Comisiones respectivas en el Congreso de la República. "Aún no se han realizado consultas en ninguno de los municipios de Baja Verapaz, pero ante la situación las autoridades locales podrían sentirse presionadas a convocarlas", afirmó Araceli González, secretaria del Codede.


Colom ha declarado que el gobierno respetará los procesos consultivos. Sin embargo, en el Ejecutivo no se ha designado a un equipo o entidad para que se encargue de analizar y dar seguimiento al tema. Infopress: Guatemala, oposición a minería sigue en aumento, 16 de mayo de 2008


Con la "eficiente" entrega oficial de concesiones de exploración, hoy simplemente "mineras", y la complicidad o anuencia de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las empresas y sus cómplices invaden territorios engañando a la población y corrompiendo a autoridades locales y estatales. Las falsas promesas de bienestar, carreteras, o miserables rentas por la tierra, son los anzuelos comunes -los nuevos espejos o cuentas de vidrio a cambio de los metales preciosos o industriales. Desde 2000, casi 10% del territorio nacional ha sido entregado a las transnacionales mediante concesiones de explotación minera. La amenaza sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra, propiedad en su mayoría de ejidatarios y comuneros campesinos e indígenas, crece por todo México donde hay identificados 23 depósitos minerales gigantes, lo que ubica al país entre los 12 mayores productores del mundo en por lo menos 18 minerales.


Aprovechando la obsoleta ley minera, la ausencia de fianzas, la ridícula política fiscal y la debilidad de las normas ambientales y de seguridad, la explotaciones mineras a gran escala, "a cielo abierto", remueven cerros, rellenan barrancas, destruyen sembradíos, desplazan pueblos, envenenan manantiales, ríos y cuencas. Y cuando abandonan sus fundos, sólo dejan en nuestros pueblos su rastro de destrucción, enormes tiraderos de desechos y residuos, tierras estériles, aguas contaminadas, enfermedad y desolación.


Ante las acciones comunitarias de organización y defensa para enfrentar los proyectos, la respuesta de las empresas y los gobiernos es el hostigamiento y la represión. La naturaleza insostenible de la minería a gran escala, y su irresponsable expansión y fomento vuelve a registrar etnocidio, migración forzada, envenenamientos masivos, ficticios conflictos de límites territoriales, grandes y trágicos accidentes, por la irresponsable violación de normas de seguridad y de manejo de explosivos, hidrocarburos y tóxicos.


Bajo esta situación intolerable y devastadora, las organizaciones reunidas en Temacapulín decidimos organizarnos en una red nacional de los afectados directos o indirectamente por la minería, que nos permita unir fuerzas y fortalecer la defensa de la autonomía y soberanía de los pueblos sobre nuestros territorios, comunidades, y recursos naturales, que a partir de hoy denominamos Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). Declaración de Temacapulín, Jalisco, México, junio de 2008

www.ardital.com – Lima 29/08/2008








¿Y SI LA CALLE BERLÍN QUEDARA EN LA SELVA?


Por: José De Echave


La calle Berlín del distrito de Miraflores se ha vuelto famosa. Casi cinco meses de trabajos que se asemejan a una exploración minera en pequeño, han provocado la justificada indignación de los vecinos de la ahora conocida arteria miraflorina.

Para los propietarios e inquilinos de la calle Berlín no ha sido difícil hacerse notar y manifestar su malestar. La importancia del distrito, su ubicación, la extracción de sus habitantes, el hecho de ser una zona urbana cercana a los centros de poder, ha permitido captar rápidamente la atención de los medios de comunicación y la opinión pública. El consenso es que es inaceptable la situación que se vive, al mismo tiempo que se critica la ineptitud de la alcaldía y de empresas contratistas improvisadas. Los vecinos señalan que no han sido consultados y tampoco han sido debidamente informados. En suma no hubo consentimiento previo, libre e informado y por eso y otras cosas más enjuiciarán al alcalde de Miraflores. Tienen toda la razón.

Pero como el Perú no es solamente Lima, ni Miraflores, uno se puede preguntar con todo derecho ¿qué pasaría si la calle Berlín quedase en medio de la Selva peruana? ¿Que pasaría si quedase en Bagua, Imacita o San Lorenzo de Marañón? O más adentro, en territorios asháninka, aguaruna, achuar, huambisa?

¿Las comunidades de la Selva pueden hacerse notar de la misma manera y con la misma facilidad que los vecinos de la calle Berlín? Por supuesto que no.

Por eso cuando los analistas de siempre, que ven el Perú desde Lima, critican las recientes movilizaciones de las comunidades amazónicas, nunca llegan a preguntarse sobre qué mecanismos alternativos tienen estos peruanos para hacerse oír. Lo cierto es que no tienen muchas alternativas.

Nadia está de acuerdo con la violencia pero ¿qué mecanismos les ofrece el país? ¿Qué institucionalidad se ha desarrollado para atender sus demandas? ¿Cómo y cuando se les consulta sobre proyectos y decretos que los conciernen directamente?

Y esto pasa en un país donde la principal fuente de conflictos sociales involucra a comunidades de la Sierra y la Selva que ven, por ejemplo, como se expanden industrias extractivas como la minería y los hidrocarburos, sin que existan mecanismos de fiscalización y control, procesos de verdadera participación ciudadana, oportuna e informada. En gran medida el centenar de decretos legislativos refuerza una situación de exclusión y asimetría en contra de las comunidades rurales del país.

Algunos han comparado la reciente movilización de la Selva y la consiguiente derogatoria de los ahora famosos decretos, con el “arequipazo” que le tocó vivir a Toledo a inicios de su gobierno. Lo cierto es que del “arequipazo” y de todos los conflictos sociales que se han producido en el país en los últimos años no se han sacado las debidas lecciones.

Nadie duda de la importancia económica de las industrias extractivas, pero más de diez años de conflictos sociales vinculados a actividades mineras y de hidrocarburos, debería ayudarnos a sacar lecciones y construir los procesos e instrumentos necesarios y desarrollar las capacidades que todavía están ausentes. Esta es en gran medida la tarea pendiente, si queremos en serio trabajar por salidas pacíficas y dialogadas.

www.cnr.org.pe – Lima 29/08/2008

28 de agosto de 2008


YANACOCHA CAUSA NUEVOS CONFLICTOS EN CAJAMARCA


Una de los cientos de formaciones rocosas del valle de piedra del Cerro La Shacsha en Baños del Inca, amenazado por Yanacocha.El 25 de marzo de 2008 la Municipalidad de Baños del Inca recibió la distinción del Diario El Comercio al haber sido considerada como una de las 7 Maravillas del Perú.





Entonces en Lima hubo gran fiesta: El alcalde de Baños del Inca, las demás autoridades cajamarquinas y hasta danzantes fueron invitados a las celebraciones en la capital. Todos los medios les dieron cobertura.






Cinco meses después, son pocos los medios de comunicación que quieren escuchar la voz del alcalde de Baños del Inca y sus pobladores en sus preocupaciones y reclamos sobre el grave daño que las operaciones de Minera Yanacocha están causando a sus principales fuentes de aguas, su patrimonio paisajístico, histórico y ambiental así como por el desconocimiento de la Ordenanza Municipal 051-2006-MDBI que creó el Area de Conservación Municipal de la Microcuenca de Río Quinuario, Mashcón y Grande”.

Efectivamente, el día 07 de Agosto, el Concejo Municipal de Baños del Inca tomó el acuerdo Nº 232-2008-MDBI en el cual se resuelve: “Primero.- Notificar a Minera Yanacocha SRL que en el término de 72 horas retire todo tipo de maquinaria que está realizando trabajos en el lugar denominado Chaquicocha jurisdicción del Distrito de Baños del Inca, esto con el propósito de proteger la intangibilidad del Cerro La Shacsha y hacer prevalecer el contenido de la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente. Segundo.- Hacer llegar la total disconformidad del Concejo Municipal y la población en general sobre el faltamiento (sic.) a su palabra, (el de no avanzar más hacia el Cerro La Shacsha promesa expresada el año próximo pasado).”


El Cerro La Shacsha tiene el principal bosque de piedras de la provincia de Cajamarca (mayor en dimensión y belleza que el Cumbe Mayo, uno de los principales atractivos turísticos de Cajamarca) y además en él se ubican varias lagunas que abastecen los principales ríos que irrigan el valle de Baños del Inca.


La municipalidad de Baños del Inca, el Comité Municipal de Gestión del Recurso Hídrico del Distrito de Baños del Inca y sus pobladores han buscado por todos los medios (pacíficos, hasta ahora) proteger sus fuentes naturales de agua. Memoriales, cartas, una ordenanza municipal, decenas de reuniones en Cajamarca y viajes a Lima de autoridades y campesinos han transcurrido desde hace cuatro años para evitar el conflicto con Minera Yanacocha. Pero nadie está escuchando a los pobladores y autoridades bañosinos.


La respuesta de la minera ha sido denunciar a la Municipalidad de Baños del Inca en Lima por haber emitido la ordenanza 051-2006-MDBI, mientras que sus maquinarias siguen avanzando en el Cerro La Shacsha, y en un área vecina a la zona han destruido recientemente las lagunas Pato y Corazón, lo que está motivando nuevo malestar entre los campesinos de Combayo, y algunos de sus líderes anuncian nuevas medidas de protesta.


Yanacocha no ha aprendido nada del conflicto del Cerro Quilish, que el próximo mes cumple cuatro años de ocurrido; tampoco del conflicto de Combayo (2006) acaso porque su funcionarios se hallan cegados por el manto de impunidad otorgad por el Ministerio Público y el Poder Judicial al archivar las denuncias por el operativo de espionaje de Forza y exculpar a los asesinos del líder campesino Isidro Llanos Chevarría.


Imbuida de la misma soberbia presidencial que la apoya, Minera Yanacocha no solo ha denunciado en Lima a la Municipalidad de Baños del Inca, sino también a la Municipalidad Provincial de San Pablo y a la Distrital de Matara por oponerse a la realización de actividades mineras en sus zonas de abastecimiento de agua. La empresa minera no ha querido actuar su defensa legal en los juzgados de Cajamarca, y en forma similar a la utilizada por la familia Sánchez Paredes que busca jueces a su favor en zonas remotas a su propia jurisdicción, pretende utilizar la administración de justicia capitalina para doblegar a estas tres municipalidades (obligándolas a contratar abogados, haciendo que se distraigan importantes recursos económicos para la defensa legal en Lima).


No se diga luego que las poblaciones no creen en el estado de derecho, el desarrollo y la paz social. El acuerdo de Concejo Municipal de Baños del Inca Nº 232-MDBI del 07 de agosto y el oficio Nº 205-2008-MDBI/A enviado a Yanacocha el 08 de agosto reciente da un plazo de 72 horas para que Yanacocha retire sus maquinarias del Cerro La Shacsha. El plazo se halla ampliamente vencido y las preocupaciones por el reinicio de actividades en el Cerro Quilish, en momentos en que se está ampliando la cancha de lixiviación de La Quinua y que en numerosos espacios públicos los principales voceros de la minera declaran que entre sus próximos proyectos se halla la explotación del Quilish, solo pueden anunciar un nuevo escenario de conflictos en la pacífica y bella Cajamarca. El bombardeo de publicidad de Yanacocha cada 15 minutos a través de la TV y “Nueva” CPN y RPP en Cajamarca dice que todo es una maravilla. Las voces auspiciosas del gobierno sobre las bondades de este tipo de minería irresponsable, por lo visto en el acuerdo del Concejo Distrital de Baños del Inca no serán suficientes para acallar las voces de todo un pueblo que exige respeto a su dignidad y a su derecho a vivir en un medio ambiente saludable.

¡La expansión minera en Cajamarca debe ser regulada! ¡Si Yanacocha quiere continuar con sus operaciones debe mitigar sus graves impactos! ¡No hay minería socialmente responsable sin respeto a las autoridades locales y sus pueblos! ¡No hay minería ambientalmente responsable si se destruyen las fuentes naturales de agua! ¡Evitemos nuevos conflictos sociales por malas prácticas de empresas como Yanacocha!

GRUFIDES

Observatorio de Conflictos - Cajamarca 28/08/2008

ESTABLECEN ULTIMÁTUM A YANACOCHA


El Concejo Municipal de Baños del Inca tomó el acuerdo 232 - 2008-MDBI en el cual estableció notificar a Minera Yanacocha SRL que en el término de 72 horas retire todo tipo de maquinaria que está realizando trabajos en el lugar denominado Chaquicocha.


Esto a fin de proteger la intangibilidad del acuífero La Shacsha y hacer prevalecer el contenido de la Ley 28611 Ley General del Ambiente.

Además el Concejo hizo llegar de manera oficial y escrita su disconformidad por la falta de compromiso y su palabra de no avanzar más hacia el acuífero La Shacsha; compromiso asumido el año 2007.

Son pocos los medios de comunicación que quieren escuchar la voz de los pobladores de Baños del Inca, sus preocupaciones y reclamos sobre el grave daño que las operaciones de Minera Yanacocha están causando a sus principales fuentes de aguas, su patrimonio paisajístico, histórico y ambiental así como por el desconocimiento de la Ordenanza Municipal 051-2006-MDBI que creó el Área de Conservación Municipal de la microcuenca de los ríos Quinuario, Mashcón y Grande.

Diario Panorama – Cajamarca 28/0/2008








APRUEBAN PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA REGIÓN CAJAMARCA


Escrito por GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA


Ministerio de Vivienda aprobó etapa de preinversión


Once ciudades de región serán beneficiadas


Cajamarca. El Gobierno Regional Cajamarca consiguió la aprobación de la fase de preinversión del programa de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las principales ciudades del departamento de Cajamarca, I etapa, el mismo que comprende once proyectos ubicados en igual número de ciudades de la región Cajamarca, otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Según informe técnico Nº 177-2008/VIVIENDA-OGPP-UI, se aprobó la preinversión del mencionado programa, el mismo que significará la renovación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las once principales ciudades del departamento de Cajamarca, cuyo costo de inversión asciende a S/. 307.167.152,12.

Como siguiente fase, se ha solicitado a la Dirección General de Programación Multianual del sector Público la declaración de su viabilidad respectiva. Dicho programa mejorará la calidad de vida de la población, contribuyendo, directamente, a disminuir los índices de morbilidad; aumentar la cobertura y calidad del servicio de agua potable, y evitar la contaminación de ríos, a través de sistemas de tratamiento de agua residual.

El financiamiento del programa regional de agua y saneamiento se ha conseguido a través de un convenio suscrito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC) y se ejecutará por medio del Programa Especial de Saneamiento Regional (PRESAC) del Gobierno Regional Cajamarca.

Posterior a esta etapa, se estima que hasta el mes de noviembre se debe culminar el expediente técnico del referido programa, luego del mismo, se convocará a una licitación pública internacional, previendo que el inicio de obras se realizará en los primeros meses del próximo año.

El presidente regional, economista Jesús Coronel Salirrosas se mostró satisfecho con la aprobación del mencionado programa y reafirmó su política de mejoramiento de la calidad de vida de la población cajamarquina.

www.cajamarcaopina.com – Cajamarca 28/08/2008









REGIONES: PROBLEMA DE MAÑANA, DESAFÍO DE HOY


Mirko Lauer.


Como van las cosas, una de las próximas líneas de creciente confrontación gobierno-protesta va a ser el espacio político de los gobiernos regionales. En la medida en que se han ido perfilando las notorias diferencias entre estos, se va trazando también una suerte de geopolítica de fronteras para adentro. Confundir unas regiones con otras se ha vuelto contraproducente, y peligroso.

El 2009 será el año para ganar y afianzar regiones. No solo porque al año siguiente serán las elecciones regionales y municipales, antesala del 2011, sino porque esos gobiernos se están volviendo claves en la guerra de posiciones entre el gobierno central y la oposición-protesta más radical.

Desde hace buen tiempo la política rebota en Lima, pero no está realmente en Lima.

Los recursos y las limitaciones están desigualmente repartidos por el país. La división entre regiones hoy es variada: las que tienen canon y regalías (i.e. inversiones extractivas) y las que no, las que alojan poblaciones radicalmente opositoras (i.e. altos índices de pobreza) y las que no, las que participan del boom económico y las que no, las que tienen una mínima densidad institucional, y las que no.

En otras palabras, es cada vez más difícil tratar a los espacios regionales como si todos fueran lo mismo. Por razones de eficiencia administrativa y de interés político es importante para todos reconocer lo necesario que es, y lo crucial que se va a ir volviendo en el futuro, la especificidad de las regiones.

No es igual la realidad de Lambayeque, con una gestión eficiente, pro-gobierno, casi sin canon o regalías, pero con una fuerte base agroindustrial en alza, que la realidad de otras regiones con más recursos económicos, más dificultades políticas y más rabia contra el gobierno de lo que pueden administrar.

La Asociación Nacional de Gobiernos Regionales fue una creación útil para aumentar el peso político de sus socios frente a Lima. La fórmula de actuar solo en temas del interés común de todos sus socios ha mantenido a la ANGR bastante al margen de las confrontaciones, y le ha permitido sobrevivir hasta la fecha.

Pero estos buenos modales cívicos no le han servido mucho a la ANGR. Las regiones en momentos de conflicto la ven como un observador indiferente. El Ejecutivo y el Legislativo en Lima la ven como competencia a secas. Los inversionistas tienen sentimientos mixtos frente a autoridades que pueden crear problemas, pero rara vez solucionarlos.

Sin embargo no hay mejor instrumento en el mercado para trabajar en el espacio regional, y le servirá bien a quien le dé la importancia que merece. Lo cual a su vez será el complemento ideal para una aproximación regional caso por caso. Esto vale por igual para el gobierno y para las diversas posiciones opositoras.

Diario La República – Lima 28/08/2008







CAJAMARCA PIDE AL GOBIERNO DISCUTIR DL 028


El presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Jesús Coronel, informó que ha solicitado al Ejecutivo la realización de un gabinete ministerial descentralizado para el 12 de setiembre y discutir la derogatoria del decreto 028 que establece nuevas directivas para la redistribución del canon minero, que ha producido un recorte en la entrega de estos recursos.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Coronel Salirrosas afirmó que “el decreto 028 establece nuevas directivas para la redistribución del canon que han generado una confusión entre las autoridades locales y regionales por lo cual estamos pidiendo que se derogue este decreto o que en todo caso sus alternativas se planteen para el año 2009”.

La autoridad regional confirmó que para este semestre la cifra del canon ha disminuido de 52 millones a 45 millones de soles, 7 millones menos de lo programado para este semestre “disminución que golpea a los gobiernos locales”.

Según Coronel Salirrosas, el ministro de Economía, Luis Valdiviezo, le informó que el recorte en los fondos del canon se debió a “una disminución de la producción de la empresa minera (Yanacocha) y la confusión que se produjo por el decreto 028”.

El presidente cajamarquino, señaló que si se realiza el gabinete descentralizado será “mucho mejor que estar enfrentando protestas, bloqueos de carreteras o estar apagando incendios sociales”.

www.cnr.org.pe- Lima 28/08/2008







NUEVA OLA DE PROTESTAS CONTRA DECRETOS



Antolín Huáscar.


El presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, sostuvo ayer que se viene una segunda ola de protestas en el interior del país, pero, esta vez, tendrá como protagonistas a las comunidades de la sierra y no de la selva, tal como lo han previsto en reuniones con los amazónicos.

“Según lo acordado con los dirigentes de los amazónicos, ellos iniciaban las marchas por la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073. Ahora nosotros (los de la sierra) vamos a exigir la derogatoria de tres decretos legislativos lesivos más, de las 36 leyes que están contra los pueblos indígenas y que forman parte de las 102 que emitió el gobierno con el pretexto del TLC con Estados Unidos”, advirtió.

Asimismo, Huáscar señaló que el 20 y 21 de setiembre se reunirán, en Puno, las organizaciones campesinas y agrícolas, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectados por la Minería (Conacami), los ronderos y las organizaciones regionales de la región Macro Sur, para adoptar las próximas medidas de resistencia por la derogatoria de estas tres leyes que atropellan al pueblo.


REUNIONES


El 12 de octubre se realizará una reunión de organizaciones que participaron en la Cumbre de los Pueblos de las Comunidades Nativas y Campesinas. El 28 de octubre se reúne la Macro Región Centro, incluida la sierra de Piura que también es víctima del atropello que ocasionan estas leyes en beneficio del sector privado.

Diario La Primera – Lima 28/08/2008