31 de enero de 2011

DERRAMES DE PETRÓLEO. AHORA EL RÍO CHAMBIRA, ¿MAÑANA?…


Por Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón*

31 de enero, 2011.- Otro derrame más: ¿16? de enero 2011. Para los comunicados oficiales basta la Pluspetrol. Emplean palabras parecidas a “sabotaje”. Seguro, si ellos lo dicen. ¿Ustedes saben en qué circunstancias está el oleoducto?, solo es una sospecha. Ya hay mucha dificultad para saber qué sucede en el Marañón, lo del Chambira es otra historia. En el Chambira habita el pueblo urarina, invitado de piedra en este asunto petrolero.

Las comunidades de San Juan del Chambira, Ollanta y Progreso se quejan. Para ellos el derrame se ha cristalizado en manchas de petróleo en el curso del río, disminución del pescado y enfermedades.

Nadie ha tenido la valentía de comunicarles el derrame para recoger agua del río antes de que llegaran las manchas. Se han enterado por las radiofonías, pero ningún comunicado oficial: ni del Estado, ni de Pluspetrol.

El doctor de Maypuco ha visitado el martes pasado la comunidad de San Juan del Chambira para atender a los pacientes. Eso es todo. La gente se queja. El Estado no responde y la petrolera sólo está pendiente de sus cuentas bancarias (con el aval del Estado), claro está.
¿Que hemos aprendido?

De momento nada:

1. No se avisa a las poblaciones para recoger agua. Parece que no es un derecho humano el agua potable (al menos en la Amazonía).

2. No se hacen presentes las autoridades. El aparato del Estado sólo se hace presente para proteger los intereses de las petroleras. (¿Para qué sirve un fiscal? ¿Y un juez? ¿Y un funcionario encargado del ministerio de Energía y Minas? Pregúntenselo a las petroleras).

3. No hay planes de contingencia. Si los hubiera, ¿por qué llegan, entonces, manchas de petróleo hasta la boca

Chambira? No hay noticias dada la lejanía de la ciudad y la incompetencia de muchos periodistas

que ni siquiera saben de qué lugar estamos hablando, tampoco les interesa aprende

Las comunidades esperan una reunión con la petrolera para poder negociar. No sabemos lo que pedirán pero será fácil adivinar: un poco de dinero, atención de sus enfermos, alimentación y agua por un tiempo. Una negociación tan asimétrica no da para más.

Pero nadie estará acompañando a las comunidades, nadie. Si alguien se pone de lado de las comunidades surgirán celos (muchas veces alimentados por las propias petroleras) para echar abajo cualquier tipo de negociación más equitativa.
¿Por qué ocurre?

Ahora no se puede hacer mucho porque difícilmente sabemos qué está pasando. Los territorios donde ocurren estos sucesos son territorios de exclusión. Hace 10 años un reconocido abogado nos estampó lo siguiente: “tampoco van a pedir ahora teléfonos, los problemas de exclusión no tienen nada que ver con el derrame”.

Siempre nos pareció una respuesta poco afortunada. Han pasado 10 años, ahora muchas comunidades tienen teléfono, algo se ha mejorado, pero los niveles de exclusión son los mismos, o peores porque la brecha es más grande aún, a pesar de los teléfonos.

Todo esto a cuento de qué. Ahora ya existen algunos teléfonos en el Chambira. Y qué. Saben a quién tienen que dirigirse. Sí, a la compañía petrolera. No hay Estado (los pobladores no lo perciben), ni medios de comunicación, ni nada. La exclusión provoca clientelismo, no saber defenderse y una espiral incómoda de pagar las facturas de otros.
Los mismos esquemas

Otra vez se ha formado una comisión bajo el nombre de “Frente de Defensa del Derrame de Petróleo en el río Chambira”. Otra vez negociación directa (eso en el caso de que se levante el tema, que no será nada sencillo dada la falta de imágenes). Otra vez la exclusión. ¿Pondrá el presidente regional de Loreto otra denuncia ridícula como en el Marañón? (Ahora ya no estamos en campaña política).

Algo más hay que hacer. Esto es como una persona que se ha quemado y le ponemos una curita. No sirve para nada. Ahí están las comunidades, ¿esperando a Godot?

Servindi-Lima 31/01/2011





DU 001-2011, PREOCUPANTE DEBILITAMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES


29 de enero, 2011.- Resulta preocupante la publicación del Decreto de Urgencia (DU) N° 001-2011, que dicta disposiciones extraordinarias a ser aplicadas durante el presente año con la finalidad de promover la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones público-privadas y en la concesión de obras públicas de infraestructura y servicios por parte del Gobierno Nacional. Mediante esta norma “las certificaciones ambientales no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”.

El DU plantea que

“es prioritario facilitar determinados proyectos de inversión que por su importancia se requiere adjudicar en el corto plazo, lo que impone una serie de importantes retos de política pública para los próximos años, exigiendo la adopción inmediata de medidas extraordinarias que deben involucrar incluso la disminución de costos innecesarios, sin que se afecte la transparencia en que esos proyectos deben ejecutarse”.

La pregunta inmediata que surge es si facilitar las inversiones privadas implica debilitar el espíritu de las certificaciones ambientales. El país indudablemente requiere de la inversión privada pero esta inversión tiene que ser de calidad por respeto propio y respeto a todos los involucrados, incluyendo al ambiente.

La medida va contracorriente a las tendencias globales de encontrar fórmulas orientadas a la sostenibilidad de cara a la crisis ambiental y el cambio climático. Así podemos apreciar búsquedas en el campo de la economía verde o economía sostenible que tratan de incorporar la dimensión ambiental y social en un marco de sostenibilidad. En ese mismo sentido la Responsabilidad Social Empresarial cobra cada vez mayor vigencia y ocupa un lugar expectante en el intento de reconocer el rol ciudadano de las empresas y su estrecha relación con el bienestar social y el respeto al ambiente.

Una de las tendencias mundiales refiere al mejoramiento de los sistemas oficiales y privados de certificación ambiental. Se destaca también una creciente tendencia hacia el consumo responsable. En este esquema las certificaciones ambientales cumplen no sólo un rol económico sino también de política ambiental orientada a la sostenibilidad.

El Decreto de Urgencia (DU) N° 001-2011 no se ajusta a nuestro marco normativo. La Constitución Política del Perú en su Artículo 67 especifica que el Estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. La política nacional del Ambiente al hablar de Minería y Energía considera como uno de sus lineamientos de política:

“Mejorar los estándares ambientales y sociales de las actividades minero-energéticas, con códigos y normas de conducta concertadas y transparentes, y verificar su cumplimiento”.

La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) considera que los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros. Se consideran entre estos instrumentos: la evaluación del impacto, los estándares nacionales de calidad ambiental y la certificación ambiental, entre otros. Estipula que el Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. Así mismo, la Ley señala que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, están sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según el Instituto de Estudios Ambientales de la PUCP (2009) la Evaluación de Impacto Ambiental no debe ser entendida sólo como una cuestión de exigencia legal, sino eminentemente a partir del rol que le corresponde como instrumento de gestión ambiental. En tal sentido, su capacidad para predecir impactos, así como de proponer la reducción y control de los mismos de acuerdo a criterios técnicos, productivos y socio ambientales, resulta vital para los procesos del desarrollo sostenible del país.

El objetivo principal de la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en reducir al mínimo la degradación ambiental Innecesaria (MINEM, S.f). Por su parte Espinoza (2001) señala que la EIA propugna un enfoque a largo plazo y supone y garantiza una visión más completa e integrada del significado de las acciones humanas sobre el medio ambiente. También implica una mayor creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad social en el diseño y la ejecución de las acciones y proyectos.

La promulgación del mencionado Decreto de Urgencia lanza un mensaje contradictorio con las consideraciones para implementar la consulta libre previa e informada en el marco del Convenio 169 de la OIT. Por ello es importante revisar esta norma y por el contrario fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental para guardar coherencia con la Política Nacional del Ambiente.

Bibliografía:

Espinoza, Guillermo. 2001. Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Banco Interamericano De Desarrollo – BID. Centro De Estudios Para El Desarrollo – CED. Santiago – Chile. 183 p.

Instituto de Estudios Ambientales de la PUCP (2009) Instituto de Estudios Ambientales de la PUCP. 2009. Evaluación de Impacto Ambiental. En: Boletín IDEA PUCP. Lima Año 6, N° 59 – setiembre 2009. 10 p.

MINAM, 2009. Política Nacional del Ambiente. Lima, 48 p.

MINEM. S.f. Guía para elaborar Estudios de Impacto Ambiental. Sub-Sector Hidrocarburos Dirección General de Asuntos Ambientales. Lima, 52 p.

Servindi-Lima 29/01/2011






28 de enero de 2011

USUARIOS DEL RÍO LLAUCANO DEFENDERÁN AGUAS DE LAGUNA TOTORACOCHA


Manifestación la hicieron durante segunda inspección de instituciones al lugar para recoger muestras

El caso de la presunta contaminación de la Laguna Totoracocha Chica, ubicada en el distrito de la encañada, sigue trayendo cola luego de que una segunda inspección confirmará que esta agua no es apta para el consumo ni para la agricultura

En una reciente visita realizada a este lugar, se comprobó que el nivel del pH de este líquido tenía un nivel de 9.4 siendo el rango mínimo y máximo permisible por las normas peruanas que este oscile entre los 6.5 y 8.5

En esta inspección acompañaron al gerente regional de Recursos Naturales Sergio Sánchez Ibáñez, Funcionarios de la Desa, Grufides, Autoridades del Caserío de Yanacancha, además de representantes de la junta de usuarios del Alto Jequetepeque y de los frentes de Defensa

Felipe Huamán Escobar, Presidente de la Junta de Usuarios del río Llaucano enfáticamente manifestó: “No debemos de consumir esta agua por que está alterada con un alto Ph y creo que estamos en el pleno derecho de defender nuestra agua”

Diario Panorama Cajamarquino 28/01/2011





NUEVO DERRAME DE PETRÓLEO EN REGIÓN LORETO


Los pobladores del caserío San José de Parinari, distrito de Parinari, en la región Loreto, informaron de un enésimo nuevo derrame de petróleo en la zona y que afectó las aguas del río Marañón. De acuerdo a los testigos, el combustible emergió al promediar las cuatro de la tarde de ayer y, desde ese momento, ninguna autoridad nacional ni regional se ha presentado al lugar para certificar la denuncia.

En comunicación telefónica con radio La Voz de la Selva, Mario Púa, dirigente de las comunidades, dijo que tienen conocimiento que el derrame ocurrió el 16 de enero y la empresa Pluspetrol envió a especialistas que arrojaron químicos para que el petróleo se hunda. Pero hoy se puede ver manchas de petróleo en el río, por eso han tomado fotos para acreditar la denuncia ante las autoridades.

Sobre el tema, el director regional de energía y Minas, Víctor Montreuil, aseveró que las investigaciones preliminares reconocen que el derrame se debe a cortes del oleoducto Nor – Peruano hechas por terceras personas que al parecer están intentando algún tipo de retribución de la Pluspetrol.

Diario La Primera -Lima 28/01/2011





DECRETO DE URGENCIA 001-2011: ¿EL PERÚ EN SUBASTA?


El 17 de enero pasado, se publicó el Decreto de Urgencia 001-2011, el cual “facilita” la promoción de la inversión privada en 33 grandes proyectos de infraestructura y de servicios públicos. ¿Qué se entiende por facilitar? El decreto en cuestión plantea lo siguiente:

* La viabilidad de los proyectos podrá ser otorgada con estudios a nivel de pre-factibilidad, esto es, se acortan los plazos para poner en ejecución los mencionados proyectos.
* Las certificaciones ambientales dejan de ser requisito para la obtención de autorizaciones administrativas para la ejecución del proyecto adjudicado.
* Los terrenos, edificaciones y/o empresas de propiedad directa o indirecta del Estado requeridas para la concesión serán transferidos automáticamente y a título gratuito, para lo cual solo se necesita obtener un Decreto Supremo (DS) del sector correspondiente.
* El Estado queda obligado a indemnizar el perjuicio que esto cause y el pago de una indemnización por el uso del bien gravado, la cual será fijado por acuerdo de partes o en caso contrario, conforme lo establezca el DS antes mencionado. Es decir, se agilizan los trámites compensatorios.

Como se observa, estamos ante un decreto que afecta nuestra soberanía nacional porque toca grandes proyectos de infraestructura estratégica que necesitan ser, para su ejecución, debidamente planificados, fiscalizados y contar con el apoyo de la población beneficiaria. Sin embargo, esta norma concentra todo el poder en Proinversión y en el MEF, dejando fuera de juego a todas las instancias de fiscalización y otorgando a algunas solo un mero papel consultivo. Por esto, en opinión del analista Nelson Manrique, el descalabro que vive el partido aprista estaría llevando al Presidente Alan García a forzar negociados que involucran miles de millones de dólares y donde se prevé enormes comisiones.

En contra de dicho decreto se ha pronunciado la agrupación Gana Perú. A través de un comunicado sostienen que el DU 001-2011 no tiene sustento constitucional, porque no hay emergencia que lo justifique. Asimismo, la Bancada Nacionalista en el Congreso ha presentado el Proyecto de Ley 4617/2010-CR, con el cual se busca derogar la cuestionada norma. Al respecto también se ha pronunciado el diario El Comercio en su editorial del miércoles 26 de enero, donde afirman que este decreto “establece un absurdo y abusivo privilegio a favor de un determinado grupo de inversores, eximiéndolos de cumplir con las obligaciones ambientales normadas en nuestro país y que son práctica usual en el ámbito global”.

Finalmente, a sabiendas que la mayoría de conflictos sociales en el país son de naturaleza socio-ambiental, ¿cómo es posible que el gobierno emita este tipo de normas? En estricto, este decreto atenta contra el marco institucional que rige en los procesos de concesión y de inversión público-privadas del país, bajo el pretexto de “acelerar” los trámites correspondientes para los 33 proyectos de la norma. Pero, ¿por qué han sido elegidos justamente estos proyectos?, ¿cuáles son las razones o estudios técnicos que sustentan la elección de estos proyectos respecto al resto?, ¿qué se esconde bajo la mesa? Estas son interrogantes que nos quedan luego de analizar este falaz decreto.

Servindi-Lima 28/01/2011





NOTA DE PRENSA
EMPRESA MINERA SOUTHER PERU COOPER CORPORATION UTILIZA A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PARA ARREMETER CONTRA EL PUEBLO, POR DEFENDER EL AGUA.


La CGTP SECCION PROVINCIAL ISLAY, el día de ayer 25 de Enero del 2011, en la localidad de la Punta de BomBom, se llevo a cabo Taller Informativo por parte de la Empresa Minera Souther Perú Coper Corporation del Grupo México(léase minas cananea).

Rechazamos, Que las fuerzas represivas que sirven a los PODEROSOS, A LOS GRANDES CAPITALES ANTI PATRIOTAS y ANTI NACIONALES; Reprimieron a la Población, trabajadores del campo y agricultores, Aplicando Medidas Anticonstitucionales como a la LIBERTAD DEL LIBRE TRANSITO, Impidiendo que los mismos lugareños puedan caminar y/o transitar en su propio terruño; Inclusive la movilización de fuertes contingentes policiales para proteger a la Empresa que Quiere Eliminar la Agricultura, la Pesca Artesanal, y sobre todo Envenenar EL AGUA, POR QUE EL AGUA ES VIDA, SIN AGUA NO HAY VIDA.

El Taller Informativo INFORMAL, que quiere IMPONER LA EMPRESA MINERA SOUTHER PERU COPER CORPORATION EN LA PROVINCIA DE ISLAY, no reúnen las condiciones y IMPIDEN la participación de los pobladores del lugar por no TENER INVITACION ESPECIAL POR PARTE DE LA MINERIA.

Nos Ratificamos, que la Democracia es el mecanismo hacia una Sociedad con PAZ, Y CON JUSTICIA SOCIAL, y el 27 de Setiembre del año 2009 la Provincia de Islay LE DIJO NO A LA ACTIVIDAD MINERA; Por lo tanto la minería debe retirarse de la Provincia de Islay; DENUNCIAMOS QUE EL GOBIERNO APRISTA ESTA REMATANDO EL PAIS, Y VENDIENDO NUESTROS RECURSOS NATUARLES.

¡VIVA LA UNIDAD DE LA PROVINCIA DE ISLAY!
¡SIN LUCHAS, NO HAY VICTORIAS!


Se agradece la difusión y/o publicación


LA JUNTA DIRECTIVA

http://cgtpislay.org/indice.htm
Confedaración General de Trabajadores del Perú
Sección Provincial de Islay-Mollendo 26/01/2011







27 de enero de 2011

MINAM APOYA CUESTIONADOS DECRETOS DE URGENCIA


El Ministerio de Ambiente (Minam) publicó hoy un comunicado anunciado su apoyo a los Decretos de Urgencia (DU) 001-2011 y su modificatoria, el DU 002-2011, decretos creados con la finalidad de facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas.

El comunicado señala que dichos decretos son concordantes con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446), que señala que “el titular del proyecto puede, bajo su cuenta y riesgo, iniciar trámites administrativos que tengan como requisito la certificación ambiental, lo cual en ningún caso implicará la posibilidad de ejecutar parcial o totalmente el proyecto”.

Además, el Minam afirma que en el artículo 68º de la Ley del SEIA dispone que la participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, “el cual podrá avanzar a la par de los otros trámites administrativos relacionados a los proyectos de inversión”.

En un comunicado reciente –que firman instituciones como WWF, ProNaturaleza, la SPDA, entre otras- se asegura que la eliminación de las certificaciones ambientales para la obtención de autorizaciones administrativas es un grave retroceso en materia ambiental.

Señala que “se desvirtúa el rol de la evaluación de impacto ambiental (EIA) como herramienta de política pública en la toma de decisiones sobre los proyectos. Según el procedimiento establecido en los DU, con las autorizaciones otorgadas, la EIA se convierte en un instrumento ineficaz y postergado”.

Además, agrega el comunicado “la Constitución Política del Perú establece que los DU sólo pueden emitirse para materias económicas y financieras. Un DU no puede modificar regulaciones ambientales, por lo que el artículo 5.3 del DU es inconstitucional”.

Diario La República-Lima 27/01/2011





¡NO! A MINERÍA AMENAZA COMUNIDAD NATIVA


El 5 de febrero realizarán reunión multisectorial para que empresa abandone pacíficamente la zona.

Establecer estrategias para que la empresa Águila Dorada abandone pacíficamente esta zona, es el tema de agenda de la reunión multisectorial que autoridades, organizaciones e instituciones celebrarán en la comunidad nativa Naranjos de San José de Lourdes.

Los nativos, bajo sus costumbres que ampara para ellos el derecho consuetudinario, el año pasado reiteraron convenio con esta empresa por el tiempo de diez años, con el objetivo de que realice trabajos de exploración minera en este distrito.

La información señala que por este permiso de exploración, los pobladores Awajún recibieron cien mil soles que fueron repartidos equitativamente, entre los nativos.

Sin embargo, enterados de este acto mutuo entre los Apus (jefes nativos) y la empresa, las autoridades municipales y rondas campesinas distritales, vienen ejerciendo oposición frontal por considerar que si algún día se da la explotación de minerales, corren el riesgo de contaminar las aguas de varias vertientes que irrigan a este distrito y al de Huarango, pertenecientes a San Ignacio.

El regidor distrital Luis Mena Obregón, dijo que efectuarán otra visita hasta el lugar donde está ubicado el campamento minero, intentando dialogar con sus representantes en busca de que entiendan la decisión de la población, que apuesta por el desarrollo agropecuario y nada con la minería.

La convocatoria es para el sábado 5 de febrero en la comunidad nativa Naranjos, porque es en esa jurisdicción donde está operando la minera Águila Dorada.

Diario Panorama Cajamarquino 27/01/2011





26 de enero de 2011

ESPECIALISTA DE RENAMA RATIFICA CONTAMINACIÓN DE LAGUNA TOTORACOCHA


Ante descalificativos dados por funcionarios de empresa minera denunciada.

Luego de escuchar afirmaciones vertidas en un medio de comunicación descalificándolo profesionalmente, Segundo Sánchez Tello quiso salir al frente y reafirmar su posición respecto a la contaminación que estaría padeciendo la laguna Totoracocha.

El integrante del equipo de trabajo de la gerencia regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Renama) y quien monitoreó este hecho enfatizó que la turbidez del agua se originó por material suelto (rocas fragmentadas, arcillas además por fracturamiento de terreno).

“Nosotros no queremos alarmar a la población ni generar protagonismo, sino lo hacemos con el ánimo que se cumpla con los estándares ambientales que están establecidos en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, agregó.

Explicó que esta contaminación se dio debido a que la Calera Chinalinda está ubicada a aproximadamente 3950 msnm y la laguna Totoracocha a 3820 msnm “provocando que las lluvias trasladen y arrastren el material suelto a la laguna”.

Objetó que en el EIA que se maneja está prevista la existencia de canales de derivación y zanjas para evitar la contaminación con el arrastre de las aguas “pero no existen”, en un caso que está siendo visto por la fiscalía de Prevención de Delitos Ambientales y la OEFA.

Sánchez Tello recalcó finalmente que todo lo dicho está tipificado en el Decreto Supremo 002-2008 del Ministerio del Ambiente denominado ‘Aprueban estándares nacionales de calidad ambiental para el agua’.

Diario Panorama Cajamarquino 26/01/2011





Presidente regional de Cajamarca responsabiliza a minera Yanacocha por contaminación de laguna de Totoracocha.
DAÑO ECOLÓGICO ES IRREPARABLE


La actividad minera ha provocado desde hace muchos años, daños irreversibles en el medio ambiente. Ahí está la experiencia de La Oroya y Cerro de Pasco, con relaves volcados sobre las aguas del río Mantaro en el caso de Junín y los daños a la salud de los pobladores por contaminación con metales pesados en la sangre. Ahora le toca a Cajamarca, donde se ubica la mayor explotación comercial de oro.

El agua de la laguna de Totoracocha Chica ubicada en el distrito de Encañada no es apta para el consumo humano, ni para su uso en actividades agrícolas, fue la conclusión a la que llegaron los especialistas de la Dirección de salud Ambiental del Gobierno Regional de Cajamarca (Diresa) y de la gerencia regional de Recursos Naturales y Medioambientales (Renama) tras efectuar una inspección y monitoreo en sus aguas.

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, responsabilizó de este hecho a la minera Yanacocha, ya que en la parte alta de la laguna se realiza la extracción de piedra caliza, cantera que provee del insumo principal para la elaboración de cal que la empresa requiere para las operaciones mineras y tratamiento de aguas ácidas.

“Se han realizado muestras de agua en tres puntos; dos de ellos en los manantiales que alimentan la laguna (agua de entrada) y 1 muestra en el punto de salida de agua de la laguna encontrándose que el agua contiene altos índices de residuos minerales que la ponen fuera de los Límites Máximos Permisibles para consumo humano y para el riego agrícola”, señaló Gregorio Santos Guerrero, presidente regional de Cajamarca.

Sergio Sánchez, gerente regional de la Renama, dijo que se notificará a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Fiscalía de Prevención del Delito, así como a la dirección de energía y Minas y la empresa minera involucrada para que se tomen las medidas del caso.

Diario La Primera -Lima 26/01/2011





AUTORIDADES DEL DISTRITO DE CHOLÓN (HUÁNUCO) DENUNCIAN MINERÍA INFORMAL EN LA EXTRACCIÓN DE ORO


Desde el distrito de Cholón, provincia de Marañón (Huánuco), autoridades denuncian y reiteran pedido para el cese de la actividad minera informal en la extracción de oro, que se desarrolla en el Alto Huallaga y que contó con la venia de las autoridades salientes del lugar.

Durante 8 meses han venido manteniendo esta práctica informal y el pasado 10 de diciembre las autoridades decidieron notificar a los involucrados para que concluyan con este tipo de actividades, que contaminan el ambiente de los diversos caseríos por el uso del mercurio y otros insumos, pedido que no han acatado, pretendiendo además sobornar a las nuevas autoridades.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/01/2011





25 de enero de 2011

BUSCAN REFORZAR INTANGIBILIDAD DE LAS LAGUNAS DE ALTO PERÚ


Con el fin de reforzar la declaratoria de intangibilidad por parte del ministerio del ambiente de las 286 lagunas de alto Perú que se ubican en la provincia de san pablo, este lugar esta siendo presentando como un sitio RAMSAR

¿Pero que significa? Es una convención de humedales de importancia internacional, llamada convención de RAMSAR, siendo un tratado intergubernamental que sirve de marco en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos

La misión de la convención RAMSAR es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Para la gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA), este hermoso lugar “fácilmente califica como un lugar importante a nivel mundial que debe ser protegido para la protección del recurso hídrico”.

Por otra parte, esta instancia regional indicó que el proceso que se ha elevado ante el Ministerio del Ambiente para declarar su intangibilidad estuvo paralizado por dos semanas por que lo que se está haciendo un seguimiento e ingrese al Servicio Nacional de Áreas protegidas (Sernanp)

“Tenemos la firme idea que esta zona es importante para la conservación del recurso hídrico debido a la carencia del recurso hídrico que habrá en los próximos años por lo que esperamos acelerar la intangibilidad de este lugar”, precisó

Diario Panorama Cajamarquino 25/01/2011





HORA DE LIQUIDAR AL ÓBOLO MINERO


Como en otras ocasiones, nuevamente las sobreganancias mineras han aparecido en la agenda pública; y, como en una trama bien ensayada, ya han surgido las voces que se pronuncian en contra de su establecimiento, alegando que no es necesario gravar las sobreganancias pues ya contamos con el Aporte Minero Voluntario (“óbolo minero”) y que, más bien, hay que extender la vigencia de dicho óbolo.

Lo que olvidan los promotores del óbolo es que existe una multitud de razones para estar en contra de su continuidad, por motivos de su ineficiencia, poca transparencia e inequidad tributaria. Aquí, algunas de las razones más evidentes para pedir su liquidación:
–Porque en 4 años de vigencia el óbolo ha recaudado sólo US$ 595 millones de dólares, que equivalen apenas al 8% de lo recaudado en igual periodo por el impuesto a la renta del sector minero (US$ 7,287 millones) y el 2.5% de sus utilidades declaradas. Así, el óbolo se ha ganado bien su nombre pues es –literalmente– una propina, un capillo, una “yapita”. Gracias, taita.

–Porque, por toda la eficiencia y dinamismo que se prometió al dejar en manos privadas su manejo, en la práctica el óbolo se mueve con igual pachocha que la satanizada inversión pública, pues –a noviembre del 2010– apenas había ejecutado el 58% de sus recursos disponibles. Considerando que es un programa con 4 años de existencia, resulta cuestionable que en todo este tiempo apenas haya utilizado la mitad de sus fondos.

–Porque ni siquiera hay reglas claras sobre quién aporta y quién no, ya que –como su nombre lo indica– es “voluntario”, siendo solo 39 las mineras participantes pero existiendo una cantidad nada despreciable de empresas que han zafado cuerpo.
–Porque, como algún empresario minero ha reclamado, lo que el Perú necesita es un Estado fuerte y eficiente, que tenga presencia efectiva en todo nuestro territorio, pero eso no sucederá mientras persistamos en privatizar a rajatabla las funciones y deberes del Estado, inventando engendros como el Forsur o el óbolo.

–Porque, lógicamente, las mineras orientan las inversiones del óbolo a sus zonas de operación, a fin de ganar legitimidad social. Es decir, seguimos concentrando recursos en localidades que ya reciben canon, regalías, fondos privados de la minería, etc., cuando la idea de gravar las sobreganancias es destinar lo recaudado a un fin especial, de alcance nacional; por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología.

–Porque nos pone al nivel de una republiqueta bananera, un Estado fallido e incapaz de regular soberanamente la distribución de la renta de sus recursos naturales, no quedándole otra que mendigar un billetito extra. El Perú no puede aceptar esa clase de tratamiento: si queremos ser un país desarrollado, empecemos a exigir el respeto debido.

-Y, finalmente, porque ya es hora de establecer un régimen tributario minero como Dios manda, con reglas claras y equitativas para todos, que regule el tratamiento de las sobreganancias, tal como se hace en otros países.

Así que por estas y otras razones lo que deberíamos estar discutiendo y acordando en relación con el óbolo es su liquidación, no su extensión. Así de claro.

Diario La República-Lima 25/01/2011





24 de enero de 2011

LAGUNA TOTORACOCHA ESTA CONTAMINADA


RENAMA y los especialistas de la DESA manifestaron que las aguas no es recomendable para riego ni para el consumo de ganado y de las personas.

El agua de la laguna de Totoracocha Chica ubicada en el distrito de Encañada no es apta para el consumo humano, fue una primera conclusión a la que llegaron los especialistas de la DESA y Renama tras efectuar una inspección y monitoreo en sus aguas.

La laguna ha cambiado de color desde hace aproximadamente dos semanas atrás, mostrando un color verdoso azulado que no es normal señalaron los pobladores de la zona lo cual fue corroborado por los especialistas.

Sergio Sánchez gerente regional de la Renama señaló que se notificará a la Oficina Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Fiscalía de Prevención del Delito, así como la dirección de Energía y Minas y la empresa minera involucrada para que se tomen las medidas del caso.

La Bióloga, Elina López, realizó la toma de muestras del agua en tres puntos; dos de ellos en los manantiales que alimentan la laguna (agua de entrada) y 01 muestra en el punto de salida de agua de la laguna encontrándose que: El PH de 8.78 se encuentra fuera de los Límites Máximos Permisibles para el uso del agua, de esta laguna según el D.S. Nº 002-2008-MINAM. Que establece: Para Riego de vegetales y consumo de animales el Ph debe estar entre 6.5 - 8.5 así como para la conservación del ambiente acuático el Ph debe estar entre 6.5

Ante ello se alertará a la población del caserío San Antonio de Pachachaca y al comité de Riego de este caserío, que el agua de la laguna esta con un PH de 8.78 por encima de los límites máximos permisibles del agua para uso de riego y consumo de animales y para que tengan cuidado de no usar esta agua para consumo humano.

Cabe señalar que en la parte alta de la laguna se realiza la extracción de piedra caliza de la cantera Chinalinda que se ubica dentro del proyecto Minero de Yanacocha, cantera que provee del insumo principal para la elaboración de cal que la empresa requiere para las operaciones mineras y tratamiento de aguas ácidas se generan producto de la actividad minera.

En esta zona se pudo determinar la existencia de gran cantidad de material removido en la cantera, producto de minado y uso de explosivos, que los pobladores manifiestan se ha realizado a fines de diciembre del pasado año.

En la cantera de Chinalinda aparte del material removido se pudo apreciar rajaduras en los suelos y hundimientos producto de las explosiones. El material suelto en la cantera Chinalinda, por deslizamiento natural y mucho mas ayudado por las lluvias es posible que llegue hasta la laguna, causando una contaminación por sedimentos, ello, si se tiene en cuenta que la distancia entre la laguna y los materiales removidos en la cantera es de solamente 300 m. l. y hasta el lugar de las explosiones es de menos de 500 m. l.

El informe del especialista de Renama, Segundo Sánchez Tello, refiere que no existe ninguna medida de contingencia en el tramo existente entre la laguna y la cantera que ayude a detener sedimentos y evite la contaminación y colmatación de esta laguna por arrastre de sedimentos.

Sánchez Ibáñez informó que se solicitará a Minera Yanacocha el estudio de impacto Ambiental de la Cantera China Linda y se coordinará con la Dirección Regional de Energía y Minas a fin de corroborar el cumpliendo de las medidas de mitigación y de contingencia que debe establecer el EIA.

Informaremos de esta situación a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA Cajamarca, para que puedan desarrollar, según sus competencias, la supervisión respectiva asimismo a la Fiscalía del Medio Ambiente, en aras de preservar la salud de las plantas animales y de la población del área de influencia del uso del agua de la laguna Totoracocha Chica” aseveró.

http://www.regioncajamarca.gob.pe/?op=notas&idnota=1647
Gobierno Regional-Cajamarca 24.01.2011





NO HABRÁ MINERÍA EN HUANGAMARCA


Priorizarán obras mediante la ejecución de proyectos sostenibles, advierte alcalde Hernán Vásquez.

Con la presencia de miles de comuneros de las 16 bases ronderas del centro poblado de Huangamarca, el último fin de semana en el sector denominado Sexe, se llevó a cabo la primera Asamblea Pública de Lucha en Defensa del Ambiente.
La finalidad de esta reunión fue comprometer a las flamantes autoridades regionales y provinciales para defender el medioambiente.

El burgomaestre bambamarquino, Hernán Vásquez Saavedra, en tono enfático dijo: “No habrá minería en Huangamarca”; por el contrario, manifestó que se priorizarán las obras en esta zona mediante la ejecución de proyectos sostenibles como cosecha de agua, forestación y reforestación, mejoramiento de pastos para mejorar la ganadería y trabajar el Ordenamiento Territorial.

“Nosotros como Gobierno seremos respetuosos de la decisión de ustedes, trabajaremos en forma conjunta demostrándole al pueblo un gobierno honesto, porque nosotros no debemos favores políticos a nadie”, enfatizó.

En tanto, el alcalde del centro poblado de Huangamarca, profesor Juan Justo Marlo Cortez, instó a la población a trabajar en unidad, mirando un solo horizonte que es el desarrollo de Huangamarca.

Asimismo, la autoridad edil recordó que esta lucha inició el 6 de noviembre de 2006, debido a que ciertas empresas tuvieron pretensiones mineras en la zona; agregó que a causa de esta lucha más de 20 dirigentes y comuneros están procesados.

A la cita asistió el alcalde provincial Hernán Vásquez y el regidor Gilberto Regalado, de igual forma, los consejeros regionales Guillermo Yopla Murrugarra y Hugo Fuentes Estela, de Hualgayoc y Chota, respectivamente. Asimismo, autoridades educativas, políticas y representantes de la Agencia Agraria Bambamarca.

Diario Panorama Cajamarquino 24/01/2011





EN PROCESO ZEE SE DETERMINÓ 151 ZONAS ECOLÓGICAS A NIVEL REGIONAL


Tras haber concluido el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la región Cajamarca, la Coordinadora de dicho proceso, Alicia Quispe Mogollón, sostuvo que la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional está a la espera de que el Ministerio del Ambiente remita el documento a través del cual comunique la conformidad de la revisión de observaciones para afianzar el proceso de zonificación y proceder a la publicación definitiva de la información obtenida.

Cabe recordar que actualmente existen 151 zonas ecológicas y económicas, divididas en zonas productivas, de conservación, recuperación, uso industrial, entre otras; de cuyo trabajo existe información pormenorizada del territorio regional, la cual explica todas las posibilidades económicas de nuestra región Cajamarca.

La gestión actual tiene la voluntad de capacitar a cada uno de los equipos técnicos de provincias para su adecuada utilización de la información del ZEE.

Quispe Mogollón, señaló que una vez que se cuente con el documento, se procederá a implementar el proceso de Ordenamiento Territorial (OT) donde deben participar los actores sociales y políticos en función al modelo de desarrollo y la visión de la región Cajamarca. Al mismo tiempo afirmó que se está encaminando un trabajo fuerte con las nuevas autoridades provinciales y distritales para difundir y socializar la información del ZEE a nivel regional.

“El proceso de ZEE es un instrumento netamente técnico y si la tendencia a mediano y largo plazo en determinadas zonas ecológicas es la disminución del caudal de agua, entonces el gobierno regional diseñará políticas concertadas con los gobiernos locales para proteger las cuencas hídricas”, dijo.

Cabe recordar que actualmente existen 151 zonas ecológicas y económicas, divididas en zonas productivas, de conservación, recuperación, uso industrial, entre otras; de cuyo trabajo existe información pormenorizada del territorio regional, la cual explica todas las posibilidades económicas de nuestra región Cajamarca.

La gestión actual tiene la voluntad de capacitar a cada uno de los equipos técnicos de provincias para su adecuada utilización de la información del ZEE.

Diario El Mercurio-Cajamarca 24/01/2011





Minerales como hierro y manganeso abundan en el agua, según informe técnico.
INVESTIGAN CAUSAS DE CONTAMINACIÓN DE RÍO


En la cuenca El Chuyuhual en Sánchez Carrión, se ha monitoreados puntos que están dentro del área de operaciones de minera Barrik como el río Chuyuhual y Quebrada Negra, encontrando sulfatos, nitratos, nitrógeno amoniacal, arsénico y mercurio en elevadas concentraciones vulnerando la legislación ambiental vigente.

El representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, William León Huertas, informó que el Ministerio Público investiga las causas de la contaminación que presenta el río Moche con minerales como hierro y manganeso, tal como se halló según un informe que realizó a su solicitud la Gerencia Regional de salud.

El informe indica que en algunas muestras tomadas las concentraciones de hierro llegan hasta 13,66 miligramos por litro (mg/L) cuando lo permitido, según los estándares de calidad ambiental, es de 1 mg/L. Los índices del manganeso llegan a 3,57 mg/L. cuando no deberían sobrepasar los de 0,2 mg/L, en zona de riego de vegetales y bebida de animales.

La Defensoría informó del caso al Ministerio Público que inició una investigación de indagación preventiva disponiendo que las instancias competentes, Ministerio del Ambiente, Gerencia Regional de energía y Minas, y la Gerencia Regional de salud, determinen el origen de la contaminación de este río que nace en Quiruvilca atravesando la sierra y costa liberteña donde es afluente del Proyecto Especial de Irrigación Chavimochic, hasta verter sus aguas en el Océano Pacífico.

Según Guillermo Luna, jefe de la Administración Local del Agua Moche-Virú-Chao, esta cuenca, desde su naciente hasta su desembocadura, sufre una serie de atentados ambientales, ya que sobre él vierten basura, minerales y desechos industriales a lo largo de su recorrido.

La Defensoría del Pueblo solicitó en setiembre de 2010 el análisis de muestras de agua a la altura de la bocatoma de Buenos Aires debido a que el pescador Abel Abanto, dio la voz de alerta sobre la aparición de peces muertos.

Son tres cuencas las que están siendo afectadas, el Perejil en Otuzco, Chuyugal en Sánchez Carrión y Caballo Moro en Santiago de Chuco.

Estas tres cuencas se encuentran dentro del ámbito de explotación de Minera Barrick Misquichilca, que forma parte de Barrick Gold, la mayor empresa minera aurífera del mundo. Esta empresa está asentada en la región La Libertad operando la mina Lagunas Norte desde el año 2005.

En la cuenca El Perejil, en el río que lleva su nombre y el río Negro, ubicado en San Pedro, distrito de Quiruvilca en Santiago de Chuco, el nivel de PH (Potencial de iones hidrógeno) del agua ha descendido de manera alarmante de 8.5 a 4.8, además se ha encontrado metales como cadmio, hierro y níquel. Lo que está causando un peligro para la flora y fauna de la zona, y sobre todo para la vida humana.

En la comunidad de Coina, distrito de Usquil en Otuzco y San Benito del distrito de Quiruvilca en Santiago de Chuco, no se explica la presencia de hierro y níquel ya que esta zona es eminentemente agrícola

Diario La Primera-Lima 24/01/2011





FISCALÍA INVESTIGA CONTAMINACIÓN EN EL RÍO MOCHE


William León Huertas, representante del Defensor del Pueblo en La Libertad, informó que el Ministerio Público investiga las causas de la contaminación que presenta el Río Moche con minerales como hierro y manganeso, tal como se halló según un informe que realizó a su solicitud la Gerencia Regional de Salud.

El informe indica que en algunas muestras tomadas las concentraciones de hierro llegan hasta 13,66 miligramos por litro (mg/L) cuando lo permitido según los estándares de calidad ambiental es de 1 mg/L. Los índices del manganeso llegan a 3,57 mg/L. cuando no deberían sobrepasar los de 0,2 mg/L, en zona de riego de vegetales y bebida de animales.

La Defensoría informó del caso al Ministerio Público que inició una investigación de indagación preventiva disponiendo que las instancias competentes, Ministerio del Ambiente, Gerencia Regional de Energía y Minas, y la Gerencia Regional de Salud, determinen el origen de la contaminación de este río que nace en Quiruvilca atravesando la sierra y costa liberteña donde es afluente del Proyecto Especial de Irrigación Chavimochic, hasta vertir sus aguas en el océano pacífico.

Este río, según Guillermo Luna, jefe de la Administración Local del Agua Moche-Virú-Chao, desde su naciente hasta su desembocadura sufre una serie de atentados ambientales, ya que sobre él vierten basura, minerales y desechos industriales a lo largo de su recorrido.

La Defensoría del Pueblo solicitó en setiembre del 2010 el análisis de muestras de agua a la altura de la bocatoma de Buenos Aires debido a que el pescador Abel Abanto, dio la voz de alerta sobre la aparición de peces muertos.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 22/01/2011





20 de enero de 2011

POBLADORES DE SANTIAGO DE CHUCO EXIGEN A MINERA BARRICK EXPLICACIONES SOBRE PROYECTO DE AMPLIACIÓN


La Federación de Rondas Campesinas de la Provincia de Santiago de Chuco exigen a la empresa minera Barrick Lagunas Norte informe adecuadamente sobre el proyecto de ampliación que se ubicaría en la cabecera de las tres cuencas de agua que alimentan la región y responda a un informe de AMAS que denunció que la contaminación de agua supera los límites permisibles.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/01/2011





19 de enero de 2011

PASIVOS MINEROS CONTAMINAN LAS AGUAS DEL RÍO TINGO EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC


Cuando inicia la temporada de lluvia los relaves de las empresas mineras ingresan en mayor cantidad a los afluentes que dan origen al río Tingo. Esta contaminación ha alertó a los directivos de la Junta de Regantes del Río Tingo – Maygasbamba, que han organizado una vigilia para identificar a las empresas que estarían arrojando sus relaves a las quebradas que dan origen al río.

En la naciente del río realizan sus operaciones mineras las siguientes empresas: Minera San Nicolás, Minera el Sinchao, Minera Corona.

Por lo pronto una comisión de regantes ya hizo presente la denuncian ante la Fiscalía del Medio Ambiente de Cajamarca, donde habrían acordado realizar una inspección no avisada a las empresas mineras. Lamentablemente las mineras no tienen planes de cierre, menos sistemas de tratamiento de aguas residuales y las aguas del río Tingo – Maygasbamba, abastece a 23 canales de sistemas de riego.

Según el presidente de la Junta de Regantes del Río Tingo – Maygasbamba, Raúl Rojas Anticona, mantienen en estricta reserva las acciones que la Fiscalía del Medio Ambiente va a tomar contra las empresas que sean sorprendidas arrojando sus relaves al río. Recomendó a los regantes tener mucho cuidado al usar las aguas para riego, porque tienen un color rojizo que evidencia un alto porcentaje de sustancias tóxicas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/01/2011





18 de enero de 2011

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS SOBRE CLAVOS E IMPACTO ECONÓMICO


Aunque es indudable que las industrias extractivas (notoriamente la minería y los hidrocarburos) han tenido y tienen un impacto económico considerable, no solo a nivel nacional, sino también regional y local, la realidad es que existen preguntas pendientes en relación con las reales dimensiones de dicho impacto, dado que frecuentemente las cifras que se presentan resaltando dicha contribución solo dicen parte de la historia.

Ejemplo de lo anterior es el caso de las compras de la minería: acorde a fuentes oficiales, en el año 2008 el volumen total de compras de dicho sector ascendió a unos 19,600 millones de soles; suma enorme de la cual –oficialmente– solo el 15% correspondió a compras efectuadas en el extranjero. Igual de importante es que de dichas compras, un 20% (casi 4,000 millones de soles) calificaron como locales y regionales (véase gráfico).

El problema es que al examinar esas cifras surge la cuestión de cuántas de dichas compras corresponden realmente a bienes producidos en el país, con valor agregado domésticamente, y cuántas compras son de bienes foráneos, pero que al adquirirse a intermediarios nacionales (por ejemplo, un importador) sufren una alquimia maravillosa, pues clavos “made in China” pasan a considerarse como si fueran “made in Perú”.

Igual sucede al nivel local y regional: una compra “local” no implica que el bien adquirido haya sido producido localmente, con lo que en la práctica el nivel de encadenamiento y articulación entre una industria extractiva y su entorno podría ser más limitado de lo que las cifras y etiquetas oficiales sugieren.

Lo anterior refleja los problemas existentes para evaluar el impacto de la minería y otras actividades extractivas, y su vinculación con las economías regionales y locales; en particular en rubros claves tales como la generación de empleo o el desarrollo productivo; y, en ese sentido, a menudo la propaganda y el publicherry le ganan al sentido crítico, alimentando expectativas injustificadas que luego no se cristalizan, convirtiéndose en fuentes de conflictos.

Por otro lado, es innegable que el encadenamiento entre las industrias extractivas y las economías regionales y locales exige una diversidad de requisitos y condiciones, como mano de obra capacitada que en algunas zonas no es posible satisfacer. Así, es necesario evaluar críticamente las oportunidades que las industrias extractivas pueden generar para los agentes locales con una visión realista de qué oferta local podría razonablemente desarrollarse y qué no.

Ciertamente, no siempre es posible hacer un análisis desapasionado, pues las demandas y expectativas alrededor de los proyectos mineros, petrolíferos, etc., con frecuencia se desbandan (en ocasiones, por culpa de las mismas empresas) en una mezcolanza de intereses económicos, sociales y políticos. Sin embargo, es una tarea que vale la pena emprender como parte de un proceso de desarrollo hacia “adentro” para que (¿quién sabe?) quizás algún día los clavos dejen de ser “made in China! o “made in Lima”, y sean “made in Cotabambas”.

Diario La República-Lima 18/01/2011





17 de enero de 2011

CAMPAÑA DEBE TOCAR IMPUESTO A SOBREGANANCIA


Pérdida estatal. Recursos naturales se agotan y no hay compensación. Ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi afirma que debate sobre gravar ganancias extraordinarias de mineras es “crucial”.

Un tibio amague de debate surgió hace algunas semanas entre los candidatos presidenciales sobre la posibilidad de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras. Desde orillas antagónicas, los candidatos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski coincidieron en este punto, ante las ingentes cantidades de ingresos que en los últimos años han reportado estas empresas.

Así, los expertos consultados por La República indicaron que este es un tema que debe ser incorporado como prioritario en el debate de la campaña presidencial, dado los altos precios de los metales, cuya tendencia se mantendrían este año.

Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, consideró “crucial” que se aborde este tema en la campaña presidencial. Indicó que en la actualidad el Perú no está recibiendo una compensación por la “descapitalización que sufre de sus recursos naturales” a manos de las mineras.

Agregó que en el 2011, debido a la demanda China, pero también los próximos años, la tendencia del precio internacional de los metales se mantendrá estable, con algunos picos hacia el alza.

Un escenario similar ocurrió durante el 2010. El año pasado, los precios de los metales alcanzaron cifras récords. Por ejemplo, la onza de oro llegó a costar US$ 1 390; la de plata, US$ 29 la onza, y la libra de zinc se cotizó en US$ 412.

Empresas egoístas
Pese a ello, un ejemplo de la inequitativa distribución de los ingresos de las empresas mineras es la situación que se vive en la Sociedad Minera Cerro Verde.

La rentabilidad de esta empresa de enero del 2005 a setiembre del año pasado trepó de US$ 240 millones a US$ 1 585 millones (ingresos por ventas). Sin embargo, sus trabajadores se encuentran en huelga desde el pasado viernes debido a la negativa de la empresa de aumentar sus sueldos.

Es decir, no comparten sus extraordinarias ganancias ni con el Estado ni con sus trabajadores como señala Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La palabra la tienen los candidatos presidenciales y sus respectivos equipos técnicos.

Rentabilidad por las nubes
En los últimos años la rentabilidad neta de Cerro Verde, es decir, la utilidad neta entre los ingresos, ha sido en promedio a un equivalente de US$ 50 netos por cada US$ 100 de ingreso, señala Jorge Manco Zaconetti, investigador de la universidad San Marcos.

Manco indica que “sea cual fuese el nuevo gobierno, debiera replantearse una mayor participación del Estado en la renta minera, sea a través de un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias o del abono estricto de las regalías mineras, ley vigente desde el 2004”. Además aconsejó que el impuesto a las sobreganancias sea incluido en las plataformas de reclamos de los gremios sindicales.

Diario La República-Lima 17/01/2011





APARECEN MILES DE PECES MUERTOS EN COLOMBIA Y CIENTOS EN EL PERÚ


Cerca de treinta 30,000 mil truchas aparecieron muertas en una piscifactoría de Socotá, una localidad minera a orillas del río Comeza, Colombia, según informaron las autoridades regionales de Boyacá.

Imelda Ubayán, dueña del criadero reportó la pérdida a las autoridades, y aseguró que la muerte de los peces se debía al agua contaminada que una de las mineras de la región vierte al río.

Ubayán consideró el incidente “inaceptable” ya que son 150 vecinos los que utilizan las aguas del río para consumo humano, ganadero y de regadío; mientras que según la dueña de la piscigranja, las autoridades no toman cartas en el asunto.

William Correa, alcalde de Socotá, manifestó que aún no se puede concluir quién es el culpable, mientras no se tengan los resultados de la investigación.

Por lo pronto, anunció que ya ordenó el cierre preventivo de una de las minas de la región, y que será la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, autoridad ambiental competente, quien decidirá el cierre definitivo del yacimiento.
En Perú: Aparecen peces muertos en playas de Máncora y Paita

La semana pasada, las playas de Máncora amanecieron pobladas por centenares de peces muertos. El hecho fue confirmado por la directora regional de la producción, Cecilia Vilela, quien informó que este mismo fenómeno se ha producido en toda la franja costera de Piura, desde Máncora hasta Negritos, y algunas playas de Paita.

En el caso de Paita se trató de anchovetas y anguilas muertas, en La Tortuga y en San Sebastián; mientras que en Máncora y Negritos se trató de peces espejo muertos esparcidos en la arena.

Vilela manifestó que hasta el momento se manejan dos hipótesis. La primera, dada por los pescadores de la Paita, se refiere a las bolicheras que habrían lanzado al mar sus excedentes.

En el caso de Negritos y Máncora la mortandad se debería a la marea roja y microalgas nocivas. “Los técnicos de Imarpe vienen tomando muestras del agua. Entre hoy y mañana se emitirá un informe”, afirmó Vilela.

Sin embargo, aún no se descarta la hipótesis referida a los efectos de los desagües de Máncora, donde la mayoría de hoteles y restaurantes sólo cuentan con silos, que habrían colapsado debido al flujo de 15 000 visitantes durante año nuevo.

Se espera que las autoridades se pronuncien en los próximos días.

Servindi-Lima 17/01/2011





LA DESNUTRICIÓN TIENE ROSTRO INDÍGENA


La desnutrición crónica todavía afecta con intensidad y persistencia a niños y niñas indígenas menores de cinco años que habitan en las regiones andinas de Perú, pese a que las autoridades locales de dichas zonas han recibido millonarios ingresos por canon minero entre 2006 y 2010.

Dos estudios de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Lima, titulados “Estado de la Niñez Indígena en el Perú” (2010) y “Estado de la Niñez en el Perú”, que se presentará en las próximas semanas, revelan que la desnutrición crónica ha retrocedido en el área rural de manera significativa entre 2005 y 2009, de 40 a 33 por ciento.

Sin embargo, al desmenuzar estas cifras globales, queda en evidencia que la reducción de la desnutrición es mucho menor en el caso de los niños indígenas, prioridad de las políticas gubernamentales.

El 56 por ciento de los niños menores de cinco años de la región surandina de Huancavelica son indígenas y, de ese total, 43 por ciento sufren desnutrición crónica. La vecina región de Apurímac cuenta con 61 por ciento de niños indígenas, 29 por ciento de los cuales presentan el mismo problema, que deja secuelas físicas e intelectuales irreversibles.

Huancavelica y Apurímac obtuvieron pocos recursos del canon minero entre 2006 y 2010 –29,5 y 17 millones de dólares, respectivamente, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas–, lo que podría explicar los limitados avances.

Pero resulta incomprensible que en la región del Cusco, que obtuvo 212,5 millones de dólares por concepto de tributación minera en el mismo periodo, los niveles de desnutrición crónica sigan siendo altos. El 45 por ciento de los niños menores de cinco años son indígenas, de los cuales 32 por ciento afrontan desnutrición crónica, según Unicef. Cusco no es el único caso.

La región norandina de Ancash y la altiplánica de Puno consiguieron 1.281 y 238,6 millones de dólares respectivamente, de acuerdo con el Ministerio de Economía. Pero el impacto de esos fondos en los niños indígenas ha sido escaso.

El 29 por ciento de los niños de Ancash son indígenas, de los cuales 23 por ciento están aquejados por la desnutrición crónica (peso y talla inferiores a los normales para la edad). Y en Puno, 49 por ciento de los niños son indígenas y el 20 por ciento de ellos están sumido en la desnutrición.

El promedio nacional es 18 por ciento.

“La desnutrición crónica rural ha disminuido en un porcentaje considerable en la Sierra (poblaciones andinas), de 30 por ciento en 2000 a 39 por ciento en 2009, y en la Selva, de 30 a 22 por ciento”, explicó a IPS Lena Arias, asistente técnica de Unicef en Perú.

“Pero si nos fijamos en las seis regiones donde está concentrada 25 por ciento de la niñez indígena, la tasa de desnutrición crónica que afecta a menores de cinco años está por encima del promedio nacional de 18 por ciento”, acotó.

“Hay un evidente retroceso de la desnutrición, sin embargo, las brechas entre urbanos y rurales, entre pobres y menos pobres, entre no indígenas e indígenas, todavía son muy amplias. Los niños indígenas rurales siguen siendo los más afectados”, apuntó Arias, una de las investigadoras del informe “Estado de la Niñez Indígena en el Perú” de 2010.

En algunas semanas, Unicef publicará un nuevo reporte sobre la situación de la infancia en Perú, donde se resaltarán los avances más importantes en materia de salud, en particular lo relacionado con la drástica disminución de la mortalidad infantil y materna.

Pero hay cuentas pendientes.

“Las brechas son importantes, especialmente en relación a lo que ocurre en poblaciones indígenas. Las brechas en este caso se han ampliado”, dijo a IPS Mario Tavera, oficial de Salud de Unicef en Lima y uno de los autores de ese informe.

“Han ocurrido progresos en la prevención de la desnutrición crónica, pero limitadamente. Todavía uno de cada siete niños menores de cinco años en Perú son desnutridos crónicos. Sin embargo, en las comunidades indígenas uno de cada dos niños son desnutridos crónicos”, dijo.

Consultado respecto a cómo se explica que regiones ricas que se benefician con millonarios fondos del canon minero no son capaces de reducir considerablemente los niveles de desnutrición crónica en niños indígenas, Tavera expresó que la cuestión no se reduce a si hay o no recursos sino a otro problema de fondo: políticas públicas específicas.

“Los recursos económicos son una buena base para mejorar la situación social de la población, especialmente de los niños y niñas, pero la disponibilidad económica o la mejora de los ingresos no garantiza impacto en los indicadores sociales”, sostuvo.

El investigador Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de 11 organizaciones no gubernamentales, explicó que el problema no es solo atribuible al gobierno central sino a los gobiernos regionales y locales.

“No están cumpliendo con las funciones ni con el trabajo que les corresponde, en muchos casos no obstante contar con los recursos necesarios”, dijo Baca a IPS. “Las autoridades regionales y municipales enfatizan la inversión en infraestructura, que tiene impacto en la reducción de la desnutrición crónica, pero también es muy importante destinar fondos a programas que, por ejemplo, buscan que la población indígena cambie algunas prácticas alimenticias y de higiene que influyen en la desnutrición crónica”, comentó.

Baca destacó que en las regiones con millonarios ingresos por canon minero, 33 compañías explotadoras de minerales se comprometieron conceder a partir de 2007 y durante cinco años un “aporte voluntario” de 178,5 millones de dólares anuales para inversión social.

“Es un problema muy complejo que no solo involucra al Estado. Por ejemplo, empresas mineras como Xstrata Tintaya, Barrick y Cerro Verde, que ofrecen importantes aportes voluntarios, ni siquiera informan del impacto que ha tenido ese dinero en las comunidades. Parece que no tienen interés”, concluyó Baca.

Servindi-Lima 17/01/2011





14 de enero de 2011

Trabajadores de Arequipa anuncian movilización en defensa de proyecto y autoridades regionales aseguran que nada impedirá ejecución.
EN MARRZO INICIAN PRIMERA ETAPA DE PROYECTO MAJES II


Nada impedirá que se ejecute el proyecto de irrigación más importante para Arequipa y el sur peruano: Majes Siguas II. Así de tajantes fueron los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa ante los recursos legales iniciados por los cusqueños.

El gerente general de la Autoridad Autónoma de Majes, Ronald Arenas Córdova, dijo que esta primera fase se realiza dentro del territorio de Arequipa, sin que ello signifique ir contra la última disposición del juez de Espinar, Prudencio Aymituma, quien dispuso paralizar el proyecto.

Esta primera fase, indicó Arenas Córdova, se denomina Construcción de Zonas Preliminares, y comprende la ubicación de canteras, instalación de campamentos y la habilitación de vías y carreteras a la zona donde se construirá la represa de Angostura.

“Las obras específicas de la represa no las tocaremos, sólo lo competente a las zonas preliminares que iniciarán en marzo próximo. Nadie nos puede prohibir que lo ejecutemos, toda vez que se ubica en Arequipa y aquí no necesitamos permiso. Sin desacatar la sentencia podemos empezar esta parte”, aclaró tras indicar que el trabajo pertinente una vez iniciado tomará un año y recién desde el segundo se iniciarían las obras específicas de la presa Angostura y para entonces todos los problemas judiciales en torno a Majes II ya estarían resueltos.

Pero también los trabajadores y la sociedad civil de Arequipa, anunciaron una movilización masiva para el 27 de enero. Así lo precisó el presidente de la Coordinadora Político Social de Arequipa, Gerónimo López Sevillano, al indicar que fueron convocados a participar de una reunión los dirigentes de los diferentes gremios de la región, a fin de ratificar la medida de lucha en defensa de la megaobra que generará miles de empleos.

Diario La Primera-Lima 14/01/2011





13 de enero de 2011

PIDEN INDEMNIZACIÓN A PLUSPETROL POR CINCO DERRAMES DE PETRÓLEO


A cinco millones de soles asciende el pedido de indemnización de la comunidad de Copal, en el río Corrientes, a la empresa Pluspetrol, por la afectación al ambiente sufrida tras cinco derrames de petróleo.

Este viernes 14 de enero se espera una decisiva reunión con el gerente de Pluspetrol para saber la respuesta a este pedido.

De no haber acuerdo, retomarían nuevamente sus medidas de lucha, indicó Ramón Bardales Sandy, teniente gobernador de la comunidad nativa.

Como se recuerda, a fin de año bloquearon el paso de las embarcaciones que transitaban por el lugar, medida que fue levantada el 3 de enero de 2011 a raíz de un acuerdo con la empresa.

En dicha reunión estuvieron presentes funcionarios del Gobierno Regional de Loreto, el fiscal de Nauta, entre otros.

Una de las zonas más afectadas por los derrames de petróleo es la quebrada “Puricho Cocha”.

Servindi-Lima 12/01/2011





12 de enero de 2011

DENUNCIARÁN CONTAMINACIÓN DEL RÍO TINGO MAYGASBAMBA


Presentarán pruebas a la Fiscalía, así como a los ministerios de Energía y Minas, y del Ambiente, y al Congreso de la República.

Víctor Rojas Anticona, presidente de la Junta de Usuarios de la Cuenca del Tingo Maygasbamba, confirmó que en el transcurso de los días hará entrega personalmente de las fotos y videos de la contaminación del río Tingo Maygasbamba.

Este afluente viene siendo constantemente contaminado por el arrojo de aguas servidas de las compañías mineras que operan en el distrito de Hualgayoc, parte alta, refiriéndose a las empresas Gold Fields y San Nicolás.

Esta decisión de la entrega de las pruebas contundentes al fiscal provincial de Cajamarca, es por acuerdo de los más de 50 presidentes de canales de irrigación que representan a más de cinco mil usuarios que se venían beneficiando con las aguas del río Tingo Maygasbamba.

Señaló que ahora el río Tingo Maygasbamba no es utilizable, porque los 365 días del año sus aguas están contaminadas, y en tiempo de invierno las compañías mineras abren sus lagunas de oxidación.

El dirigente anunció que las mismas pruebas las harán llegar a los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, así como a la Comisión del Medio Ambiente del Congreso de la República,

“Vamos a ser insensivos y perseverantes para que las autoridades y los responsables de las compañías mineras emprendan una agresivo trabajo de remediación de los pasivos ambientales que existen en la provincia de Hualgayoc hace más de dos siglos”, enfatizo Rojas Anticona.

Diario Panorama Cajamarquino 12/01/2011





ABSUELVEN A PADRE MARIO BARTOLINI POR CASO BAGUA


El padre italiano Mario Bartollini Palombi –conocido como padre Bartolini en Perú, donde lleva 35 años como misionero-, fue absuelto del delito de rebelión y otros presuntos delitos, en una causa interpuesta por el congresista Aurelio Pastor y una empresa deforestadora de un amplio terreno en la Amazonía peruana, el 20 de diciembre pasado, por el juez del Primer Juzgado Mayor Alto Amazonas. La causa acusaba al religioso pasionista y otros líderes eclesiales y pobladores de la Amazonía peruana.

También fueron absueltos Eduardo Geovanni Acate Coronel, director de Radio Oriente, Gorki Vásquez Silva, Adilia Tapullima Torres, Elías Sánchez Días, Javier Álava Floríndez, y Vladimiro Tapayuri Murayari, que fueron procesados por una serie de presuntos delitos, el más grave el de rebelión, imputado también al padre Bartolini.

El misionero pasionista fue absuelto de todos los cargos, reconociendo la sentencia su actividad misionera, y que su actuación en la huelga obedeció a los mandatos de la Doctrina Social de la Iglesia. La sentencia, en uno de sus fundamentos, sostiene que el padre Bartolini actuó cumpliendo su misión de religioso. Un precedente muy importante para la labor de la Iglesia en su misión evangelizadora y humanizadora.

El padre Mario Bartollini Palombi, originario de la región de Las Marcas italiana, lleva 35 años como misionero en Perú. Desde su llegada al país iberoamericano, realizó su trabajo en la selva peruana. Primero, en el río Marañón, y luego en San Martín-Barranquita, jurisdicción eclesiástica del Vicariato de Yurimaguas, cuyo obispo es José Luis Aztigarraga.

El 21 de diciembre de 2010, el párroco Jonny Martínez, párroco de la catedral de Yurimaguas, escribió una carta al padre pasionista Jesús María Aristín, de la Comisión Pasionista Internacional de Solidaridad, para comunicarle la lectura de la sentencia de los procesados (ver: http://www.passiochristi.org/ES/ES.htm).

Comunica que el padre Mario y Geovanni Acate fueron absueltos de todos los delitos imputados. A los demás dirigentes les condenaron por uno o más delitos a cuatro años de pena privativa de libertad no efectiva, y al pago de diez mil nuevos soles.

Las reacciones ante esta lectura, dice el padre Martínez, fueron diversas. El procurador del Poder Judicial anunció a los medios que habría apelación a segunda instancia.

Los imputados -señala en su carta el párroco- “opinan que para ellos es el premio que da un gobierno injusto a los dirigentes o líderes que buscaron en todo momento la justicia, pero que seguirán en pie de lucha”.

El padre Mario dijo en Radio Oriente que “su alegría hubiera sido mayor si todos hubieran sido absueltos de este proceso injusto”. Además, dijo que “es una lección para la sociedad, no hay que temer a los poderosos, ni a la corrupción debemos afrontarlo con la verdad y la justicia”.

Monseñor José Luis Astigarraga obispo del Vicariato donde sucedieron los hechos, afirmó que “el mensaje de todo este proceso es muy positivo para nuestros pueblos de la Amazonía. La toma de conciencia de nuestros pueblos: defender los derechos y hacerlos respetar. Necesitamos mayor unión y que las nuevas generaciones aprendan de estos hechos y acontecimientos que marcan la historia peruana. La gente muestra su descontento por dicha sentencia. No ha sido justa. Y eso significa que el problema como tal, sigue pendiente. Nuestra Amazonía está siendo amenazada y nuestros hermanos indígenas y ribereños igualmente”.

Cinco días antes, medios vaticanos anunciaron la lectura de la sentencia. La noticia la dio Franco Pignotti, presidente de la asociación Aloe, que inició una campaña de apoyo al pasionista. El padre Bartolini podría haber sido condenado hasta a once años de cárcel por los sucesos de Bagua.

Estos medios informaron también que el caso llegó al Ministerio de Exteriores italiano, en respuesta a una solicitud de Maurizio Blasi, consejero de la Federación Nacional de la Prensa Italiana, alineada a favor del padre Bartolini.

El Ministerio declaró seguir “con la máxima atención y asiduidad el asunto del padre Bartolini” y haber procedido a “sensibilizar al embajador peruano en Roma, acerca de la creciente atención con la que el caso es seguido en nuestro país, manifestándole el auspicio, y al mismo tiempo, la convicción de que la magistratura peruana, en su autonomía, actuará en el pleno respeto de los procedimientos de ley de los derechos humanos”.

La absolución, según afirman medios pasionistas, crea un precedente, al reconocer que la Iglesia, fiel a su labor de evangelización, acompaña a los indígenas, tal como dice el documento de Aparecida: “Como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio, una educación intercultural bilingüe y la defensa de sus derechos” (Aparecida, 529-530).

Los acusados recurrieron en apelación la sentencia, que examinará la sala superior. Uno de los motivos de la nueva causa es que no tuvieron abogado defensor desde el inicio del proceso. En el caso de Vladimiro Tapayuri, hubo además un error del juzgado, que debe ser rectificado en sala.

En Barranquita, el padre Bartolini ejerció su misión pastoral entre los campesinos ribereños y algunas comunidades nativas. Visitaba de modo itinerante pueblo por pueblo y a las poblaciones que viven de los ríos. Son testigos de esta ardua labor del pasionista, los Misioneros de Jesús y muchas congregaciones del Vicariato, que conocen y comparten su trabajo. Le tocó vivir la etapa terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la década de los años 80 y 90, ya que una de las bases del grupo guerrillero, estuvo en el Piñal.

Desde la radio, sus homilías y su presencia personal en aquellos pueblos dejaron profundos recuerdos en los habitantes de la zona. Combatió al MRTA, que llegó amenazarle y conminarle a que abandonara el pueblo. El misionero italiano se enfrentó a ellos directamente, y logró que el grupo guerrillero se fuera de la zona. La población apoyaba al misionero y lo defendía. Lo saben las autoridades militares de la época.

Pasado este periodo de violencia, se hizo mediador para apoyar a muchas familias afectadas por la violencia, y se logró una relativa paz en la comunidad. Hasta que el milenio trajo a la Amazonía nuevos conflictos: el problema de la posesión de la tierra.

¿Qué pasó en Barranquita?
Según relata el diario peruano La Nación, en las extensiones de bosque primario, en San Martín, cerca de la frontera con Loreto, hay propietarios que fueron ignorados en la toma de decisiones gubernamentales. De manera irregular, y sin los requisitos técnicos, le fueron adjudicadas al Grupo Romero tres mil hectáreas de bosque primario, mediante la resolución ministerial 255-2007-AG, al precio de cuatrocientos mil nuevos soles.

Las irregularidades fueron expuestas en la acción administrativa de nulidad de resolución que, hasta la fecha, no se ha resuelto en el Ministerio de Agricultura de Perú.

Para el diario La Nación, tales disposiciones tienen claro motivo político porque, en primer lugar, “no se contó con un estudio de impacto ambiental sobre el bosque”. Este fue aprobado el año pasado, y también fue cuestionado, porque debió ser previo a la resolución ministerial, lo que “demuestra la ilegalidad de dicha resolución”, dice este medio.

Además, “no cuenta con la resolución o acuerdo del gobierno regional que esta actividad sea de interés regional, como es de requisito para estos casos, tan sólo una carta de posibilidad del anterior gobierno regional”.

“No se ha tenido en cuenta –añade el diario peruano- que los bosques primarios son patrimonio de la nación, en consecuencia, no podían ser enajenados, para ello con una simple resolución de Agricultura, de la región se redimensiona el bosque, sobrepasándose sobre la norma emitida por el ministro Quijandria, sobre las áreas de bosque de producción permanente que tenía San Martín”.

Por último, concluye este medio, “no ha tenido en cuenta, a las poblaciones ribereñas y nativas, que se encuentran en dichas áreas, lo que ha originado un conflicto social, que el Estado y la empresa no quieren ver”.

El papel de la Iglesia en el diálogo
Ante la posibilidad que los nativos y campesinos ribereños perdieran sus tierras, la Iglesia asumió un compromiso mediador, para acompañar a los que sufren las consecuencias de aquellas decisiones políticas. El sacerdote Bartolini, párroco de Barranquita, y la misionera de Jesús Lucero Guillén Cornejo, asumieron esta defensa, por lo que fueron perseguidos y amenazados con procesos judiciales, campañas de desprestigio, y amenazas.

En 2007, cuando el Grupo Romero pretendió apoderarse de manera irregular de las tierras de Barranquita, la población organizada lo impidió, con la expulsión de algunos funcionarios del PETT SAN MARTIN (Programa Especial de Titulación de Tierras), que entraron en los bosques para demarcarla y titular a favor del citado grupo empresarial.

La expulsión de los funcionarios fue fruto de una asamblea del pueblo y todas sus autoridades, entre las que se encontraban el alcalde, el párroco, y la representante de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, hermana Lucero Guillén. Todos ellos fueron acusados de coacción y secuestro, ante el juzgado penal de Lamas, que los absolvió.

En 2009, el fiscal apeló ante la instancia superior, la misma que anuló la primera sentencia, y la envió a otro juzgado, a pesar de observar que no existía prueba objetiva de la comisión de dichos delitos. El caso se derivó al Segundo Juzgado Liquidador de San Martín, Expediente 2049-2007, el mismo que fue declarado prescrito, por el tiempo transcurrido.

Posteriormente, los nativos solicitaron al padre Bartolini que los asistiera pastoralmente durante la huelga amazónica en defensa de su tierras y, en 2009, para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona del Yurimaguas. El acompañamiento duró el tiempo de la huelga, lo que provocó la ira del actual Gobierno y la de algunos parlamentarios, que denunciaron al misionero por el delito de rebelión, con el presunto objetivo de expulsarlo del país. El promotor de esta acción fue el congresista Aurelio Pastor, representante de San Martín.

El nuevo proceso fue interpuesto tras los sucesos de Bagua, y a raíz de una homilía del padre Bartolini, en la misa celebrada en memoria de las víctimas de la violencia en Bagua. (Ver: http://www.zenit.org/article-31472?l=spanish; http://www.zenit.org/article-4815?l=spanish).

El fundador de los pasionistas, san Pablo de la Cruz, recibió el carisma de “dedicarse a promover en los fieles la devoción a la Pasión de Cristo”. En 1741, fueron aprobadas las constituciones de la Orden por Benedicto XIV. Los religiosos pasionistas anunciarían el misterio de la Cruz y Pasión de Cristo a lo cual se obligarían por el voto específico. Hoy su acción misionera se concreta en: pasión por la vida y por los crucificados de este mundo.

Servindi-Lima 12/01/2011





MINERÍA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL: CONFLICTO DE INTERESES


Hace unos meses el viceministro de Minas, Fernando Gala, dijo que “los proyectos que deben arrancar el 2012 suman inversiones de US$ 14,000 millones, todos los cuales ya tienen audiencia pública efectuada –con excepción de Tía María–”. El viceministro dijo que el principal proyecto es Las Bambas, con una inversión de US$ 4,200 millones.

También están, dijo, “Antamina, cuya ampliación significa una inversión de US$ 1,000 millones; Toromocho, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será aprobado en los próximos meses y debe arrancar el 2012 con US$ 2,200 millones; Antapaccay, que es otra mina de Xstrata y debe arrancar el 2012, con US$ 1,300 millones; Minas Conga, oro, con US$ 2,800 millones; Quellaveco con US$ 2,500 millones y Tía María, proyecto que se espera sea aceptado por la población de Arequipa”.

Como se aprecia, el viceministro Gala está muy satisfecho por la puesta en marcha de estas inversiones y transpira optimismo por todos lados, a tal punto que nos dice, por ejemplo, “que el EIA de Toromocho será aprobado en los próximos meses”.

¿Quién aprueba los EIA del sector minero? Los aprueba la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas, que está subordinado funcionalmente al… viceministro de Minas. Todos queremos creer que la DGAAM cumple con los requerimientos de la ley y que toma sus decisiones de manera independiente a lo que piensa el viceministro.

Pero también podemos pensar que existe una fortísima presión para “lograr las metas de inversión” de US$ 14,000 millones, que son un objetivo explícito del Ministerio. Así, este es un típico caso de conflicto de intereses: de un lado, los intereses del ministerio; de otro, los intereses de la sociedad, que desea que exista una adecuada fiscalización ambiental.

Por eso, en Chile, Brasil y Colombia los EIA de Minería (y los de hidrocarburos) los analiza y aprueba (o desaprueba) una institución independiente. En Chile es el Ministerio del Ambiente, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En Brasil es el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA, adscrito al Ministerio del Ambiente) y en Colombia es el Ministerio del Ambiente (Decreto 1220 del 2005).

¿Y por qué en el Perú los EIA no son evaluados y aprobados por el Ministerio del Ambiente, que se creó en mayo del 2008? Porque lo impidió la fuerza de los “lobbies” mineros. Se argumentó que el nuevo Ministerio del Ambiente “no tenía las capacidades ni el personal idóneo” para hacerlo. Y ya está, porque “el que puede, puede”.

No sucedió lo mismo, sin embargo, con los mecanismos de fiscalización de las inversiones mineras, que le fueron retiradas al Osinergmin a principios del 2010 y se transfirieron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente. Se sabe que Osinergmin venía realizando las labores con capacidad y había dictaminado sanciones importantes a los incumplimientos (www.cristaldemira.com, 25/01/2010).

Dicho esto, estamos de acuerdo en que esas funciones las asuma la OEFA y esperamos que en estos meses de funcionamiento ya esté cumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades. Si esto es así, ¿por qué la DGAAM del Ministerio de Energía y Minas no se puede también trasladar al Ministerio del Ambiente?

Así ya no habría conflicto de intereses porque las declaraciones del viceministro Gala serían las de un funcionario del gobierno que no tiene ingerencia directa sobre los técnicos del Ministerio del Ambiente. Si esa transferencia se diera, estamos seguros de que mejoraría la “licencia ambiental” y, con ello, disminuirían buena parte de los conflictos ambientales y sociales. Salvo peor parecer.

Servindi-Lima 11/01/2011





EN DICIEMBRE SE REGISTRARON 246 CONFLICTOS SOCIALES


Se reportan cinco nuevos, se resolvieron tres y seis fueron retirados del reporte de la Defensoría del Pueblo.

En el último mes del 2010 se registraron 246 conflictos sociales, de los cuales 164 se encuentran activos (67%) y 82 en estado latente (33%), señala el documento elaborado por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo , que además da cuenta de ocho acciones de violencia subversiva.

El reporte indica que dos conflictos socioambientales fueron resueltos en diciembre. “En ambos casos, las empresas y comunidades involucradas han suscrito acuerdos para atender las demandas de la población”, destaca la Defensoría.

También precisa que se resolvió un conflicto electoral en el distrito de Supe, provincia de Barranca (Lima), luego de que el Jurado Nacional de Elecciones ratificara la validez del proceso electoral, y la población que pedía su nulidad aceptara la decisión.

Con relación a los tipos de conflicto, el Reporte de Conflictos Sociales Nº 82 puntualiza que del total de conflictos registrados hasta diciembre, 117 (el 48%) son socioambientales, 26 corresponden a asuntos de gobierno local (11%), entre otros.

Para encontrar información más detallada, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad invita a todas las personas interesadas a visitar la página del Reporte de Conflictos Sociales (www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales).

Gestión-Lima 11/01/2011





11 de enero de 2011

ESPINAR SE ALISTA PARA PROTESTAS


Las organizaciones sociales, colegios profesionales, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), el Frente de Defensa, el Comité de Lucha y la Municipalidad de Espinar, en coordinación con el Gobierno Regional del Cusco, discutieron detalles de la plataforma que presentarán el próximo lunes 17 de enero, fecha en que iniciarán su huelga regional indefinida.

Néstor Cuti Huallpa, presidente del Comité de Lucha de Espinar, informó que diversas organizaciones sociales a nivel de toda la provincia reiniciarán su medida de fuerza, con el fin de defender los recursos hídricos y rechazar el Proyecto Majes Siguas II.

Por otro lado, el Juez Mixto de la Provincia de Espinar (Cusco), Prudencio Aymituna determinó paralizar el inicio del proyecto Majes-Sihuas II, según se dio a conocer en la reunión multisectorial que se realizó en el Gobierno Regional del Cusco.

Diario La Primera-Lima 11/01/2011





OTRA VEZ DOE RUN CONTRA EL PERÚ


Las últimas maniobras de Doe Run son tan desconcertantes como indignantes. Ahora, a pesar del reiterado incumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales y ambientales en nuestro país, pretende forzar al Estado Peruano a aceptar un proceso de arbitraje en el marco del TLC con Estados Unidos. Es decir, pasaríamos de víctimas a victimarios, lo que es realmente absurdo e injusto, tratándose de una empresa que ha incumplido una y otra vez sus obligaciones con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y ha incrementado de modo exponencialmente peligroso la contaminación en toda la zona de La Oroya. Ahora, tratando de sacar provecho de los instrumentos del TLC con Estados Unidos, Doe Run quiere obligar al Perú a que asuma responsabilidades por el daño ambiental causado en La Oroya desde 1997, cuando asumió las operaciones del complejo metalúrgico.

Según los especialistas, difícilmente la empresa logrará su cometido en cualquiera de las vías arbitrales: el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Cnudmi). Entonces, involucrando a su empresa matriz en Estados Unidos, el grupo Renco, Doe Run solo buscaría, con estas maniobras desesperadas e inescrupulosas, ganar algo de tiempo y presionar al Gobierno Peruano para que le permita flexibilizar sus compromisos ambientales, refinanciar su millonaria deuda o, en última instancia, tentar una millonaria indemnización ante un tribunal internacional.

Se calcula que las obligaciones de Doe Run ya superarían los US$800 millones, de los cuales unos US$600 millones corresponden al Estado (por impuestos, incumplimiento del PAMA y multas) y el resto por deudas a sus proveedores. A ese total habría que añadir las posibles indemnizaciones a raíz de las 11 denuncias por daño ambiental admitidas por un juez de Missouri, en Estados Unidos.

En tal escenario, el Estado Peruano tiene que responder con firmeza haciendo uso de todos los instrumentos legales a su alcance, mientras continúa el proceso concursal de la junta de acreedores ante el Indecopi en torno a una empresa como Doe Run, cuyas prácticas irresponsables han causado gravísimo daño al medio ambiente y la salud de miles de personas, lo que no puede quedar impune.

Diario El Comercio-Lima 10/01/2011