26 de noviembre de 2012

ENTENDER EL LENGUAJE DE LA NATURALEZA ES ENTENDER QUE SOMOS PARTE DE ELLA


Por Equipo Coordinador del Foro Nacional de Comunicación Indígena

Como principio fundamental, la comunicación indígena surge y se orienta desde la Ley de origen, se fortalece desde lo espiritual, trasciende a lo familiar comunitario y se evidencia en las prácticas de vida que orientan el camino de los pueblos.

En este sentido la comunicación indígena se basa en las prácticas propias de cada pueblo y en la transmisión de los conocimientos ancestrales que buscan mantener el diálogo permanente y el equilibrio armónico entre los seres espirituales, las personas y la naturaleza; en este caso para los pueblos indígenas la lengua materna es la principal forma de comunicación de lo que somos.

La comunicación propia nos permite recrear, compartir y transmitir nuestra memoria, realidades y nuestros sueños lo que somos como pueblos, a través de la palabra, la práctica, las señas, los sonidos y las diferentes formas de expresión de los seres espirituales, naturales y los seres humanos. Como el espiral que tiene un punto de inicio y se desenvuelve en el tiempo, así se va desenvolviendo el caminar y el crecimiento de nuestros pueblos.

Los espíritus nos indican el camino, entender el lenguaje de la naturaleza es entender que somos parte de la misma. Para los pueblos indígenas el primer espacio de comunicación y educación tiene origen en el fogón, en la familia, desde la tulpa se va mostrando el camino a través de los consejos que dan los abuelos a sus nietos, los padres a los hijos, también a través de las enseñanzas prácticas como los tejidos, la preparación de los alimentos, la utilización de las plantas tradicionales, el relato de los mitos, las historias, las vivencias diarias se convierten también en aprendizaje cuando se comparte alrededor del fogón.

La comunicación en los pueblos indígenas esta presente en todos los espacios de diferentes maneras, los espíritus nos orientan, el cosmos, la naturaleza y sus seres nos comunican, la familia nos orienta, la comunidad nos forma. La comunicación propia educa y transmite conocimientos, autoridad e identidad, la comunicación propia es sabiduría y enseñanza de vida, lo podemos ver en ejemplos sencillos y profundos, cuando en los territorios se acerca la época de lluvia las hormigas trasladan sus huevos y sus hijos a otros hormigueros para protegerlos, leer y entender los mensajes de la naturaleza es un principio de comunicación que permite la pervivencia de los pueblos.

En la actualidad los pueblos hemos adoptado herramientas técnicas de comunicación para la complementariedad de los procesos, estos medios nos permiten expresar a otros y en otros espacios nuestras realidades, pensamientos, acciones y propuestas de vida.

La complementariedad entre los espacios de comunicación propios y las herramientas apropiadas, permite fortalecer y mantener lo propio aprovechando lo que hemos acogido. Las herramientas apropiadas como la radio, los escritos, audiovisuales, fotografías, internet e imágenes complementan la comunicación de los procesos, visibilizando su relación con el territorio y la apuesta organizativa.

Servindi-Lima 26.11.2012




 
COMUNIDADES DE ECUADOR Y PERÚ RECHAZAN PROYECTO RÍO BLANCO Y PIDEN CONSULTA PREVIA



 Los pobladores de las provincias de Ayabaca y Huancabamba en la región de Piura, Perú, y de la parroquia de San Andrés de Ecuador rechazaron el proyecto minero Río Blanco en sus territorio y reafirmaron su deseo de convivir en “un ambiente de paz y armonía con la naturaleza”.

A través de un pronunciamiento, los pobladores propusieron “que se activen mecanismos de participación de las poblaciones, comunidades campesinas y nativas para que decidan su propio desarrollo de acuerdo a sus costumbres y armonía con el medio ambiente”.

Por ello, exigieron a los gobiernos de Perú y Ecuador que cumplan con su rol de garante de los derechos de las personas y prioricen los mecanismos de diálogo y de participación con las comunidades campesinas y nativas.

Para ello es preciso el respecto al derecho a la consulta previa y la participación ciudadana, y la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas, señalaron.

El proyecto Río Blanco se ubica en el rincón nor-este de la región de Piura, en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, a 50 metros de la frontera con el Ecuador.

A continuación el pronunciamiento:
Pronunciamiento bi-nacional Perú Ecuador de las comunidades y pueblos del ámbito de influencia del proyecto minero Río Blanco

Los pobladores hombres y mujeres de la Parroquia de San Andrés de la República del Ecuador y de las Provincias de Ayabaca y Huancabamba – Perú, reunidos en la Parroquia de San Andrés, ante la opinión pública manifiestan lo siguiente:

1. En la Parroquia de San Andrés en el Ecuador se vive un ambiente de paz, tranquilidad y en armonía con la naturaleza, las principales actividades que generan su desarrollo económico son la ganadería y la agricultura, no existe ninguna actividad extractiva como la minería.

2. En las Provincias de Huancabamba y Ayabaca en Perú sus principales actividades son también la ganadería y la agricultura, sin embargo la tranquilidad y paz social se ha resquebrajado por la presencia de las empresas extractivas de la minería.

3. Como producto de la intervención minera en el Perú esta es una ocupación ilegal del territorio propiedad de las comunidades de Yanta provincia de Ayabaca, Segunda y Cajas provincia de Huancabamba. En el caso del proyecto minero “Río Blanco” nuestras provincias han sufrido la muerte de 7 personas producto de una estrategia de intervención que atenta contra los derechos humanos, por ende la paz social.

4. Experiencias vertidas por los Comuneros y Ronderos de Perú manifiestan que existen indicios que dicha actividad minera contamina el ambiente (posible afectación de las aguas superficiales y subterráneas), crea discordias entre las familias, trae consigo corrupción de dirigentes, prostitución y otras actividades que crean condiciones que ponen en peligro dicha paz social y la vida de las personas.

5. Ambas poblaciones unidas por el bienestar común en un ambiente de paz y armonía con la naturaleza, rechaza cualquier tipo de actividad de mega minería, en su Parroquia, provincias y territorios de las comunidades residentes y proponen que se activen mecanismos de participación de las poblaciones, comunidades campesinas y nativas para que decidan su propio desarrollo de acuerdo sus costumbres y armonía con el medio ambiente.

Por todo ello exigimos a los gobiernos nacionales del Ecuador y Perú, que cumpla con su rol garante de los derechos de las personas, y priorice mecanismos de diálogo y participación en prevención de posibles conflictos sociales, con participación activa de las población, comunidades campesinas y nativas en las decisiones que los puedan afectar, respetando el derecho a la consulta previa y la participación ciudadana, y la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas, de los Gobiernos Locales, que sí son respetuosos de los derechos de los pueblos.

San Andrés, 16 de noviembre del 2012

Firman:

    Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca FREPROCCA.
    Comunidad Campesina de Segunda y Cajas.
    Comunidad Campesina de Yanta.
    Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba.
    Central Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca (Sede Hualcuy).
    Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba.
    Presidente de la Junta Parroquial de San Andrés.
    Representante de la Coordinadora en defensa de la vida del cantón el Pangui.
    Representante de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe.

Servindi-Lima 24.11.2012




23 de noviembre de 2012

BAMBAMARCA CONMEMORARÁ EL PRIMER AÑO DE RESISTENCIA CONTRA CONGA



Ante el anuncio de una marcha de protesta, la mayoría de comercios cerró sus puertas, al igual que el mercado central de Bambamarca.

Genaro Carhuajulca, vicepresidente del Frente de Defensa de Bambamarca (capital de la provincia de Hualgayoc), anunció que hoy los bambamarquinos se movilizarán por las principales calles de esta ciudad, con la finalidad de expresar su rechazo al proyecto minero Conga, y también para conmemorar un año de resistencia.

El dirigente sostuvo que luego de pasear por las diferentes calles, se concentrarán en la plaza de armas de Bambamarca, donde se espera tomar algunos acuerdos y también se anunciará que mañana visitarán las lagunas de Conga.

En tanto, los comercios permanecen cerrados, al igual que el mercado central de la localidad; sin embargo, las labores educativas se desarrollan con normalidad.

Rpp Noticias-Lima 23.11.2012




 
PUEBLO KAKINTE RECHAZA A REPSOL Y EXIGE AL ESTADO CUMPLIR COMPROMISOS

  
Indígenas kakintes demandan al Estado que cumplan con sus responsabilidades y con los compromisos asumidos con su pueblo. En Lima, Moisés Sergio Salazar, presidente de la Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK), demandó que no sigan “mirando al costado” ante sus reclamos.

La demanda se refiere a que el pueblo kakinte, asentado en la provincia de Satipo, región Junín, rechaza de sus territorios a la empresa Repsol quien, junto a Petrobras, tiene la concesión del lote 57.

El proyecto se encuentra superpuesto en gran parte del territorio de sus comunidades, sin que se haya llevado a cabo la consulta libre, previa e informada que ellos reclaman y las normas nacionales e internacionales exigen.

Por ello es que el 18 de julio de este año, la organización representativa kakinte llegó a un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Repsol para llevar a cabo el Primer Encuentro entre el Estado y el Pueblo Kakinte.

Sin embargo, todo lo que han obtenido hasta el momento son “obstáculos, aplazamientos y derivaciones de oficina en oficina” según denuncian en una carta enviada al MEM y otras instituciones públicas.

Ello muestra “el escaso interés que tenemos para el Estado, pese a que en nuestros territorios se están realizando hallazgos de los que la empresa Repsol y el Estado peruano sacarán grandes beneficios económicos”, dice en su carta.

“Nuestro pueblo no pide nada que no sea obligatorio para el Estado peruano: que se nos consulte, que se nos informe, que no se nos imponga sin explicación alguna la presencia de una empresa que va a trabajar en nuestro territorio los próximos 40 años con grandes riesgos para nuestra vida”, expresaron.
El Pueblo kakinte

El pueblo kakinte pertenece a la familia etnolingüística Arawak y está conformado por aproximadamente mil personas, ubicadas en el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, región Junín.

Viven principalmente de las actividades de autosubsistencia como la caza, pesca y los cultivos de panllevar. Algunos se dedican a la siembra del café y el cacao, pero tienen dificultades de acceso para sacar su producción a otros mercados y comercializarlos.

Asimismo, este grupo indígena presenta una preocupante situación de pobreza y precariedad, debido al abandono por parte del Estado que invierte muy poco en los sectores educación, salud y vivienda.

Uno de los principales problemas del pueblo kakinte es la pérdida de su lengua materna e identidad cultural. Actualmente sólo cuentan con un docente bilingüe que domina la lengua kakinte y que es miembro de la misma comunidad.

Las seis comunidades cuentan con escuela primaria pero con profesores bilingües provenientes de otras comunidades y que estarían enseñando a los escolares en un idioma distinto: el machiguenga.

Servindi-Lima 22.11.2012




 
PUEBLO SHAWI DENUNCIA CONCESIÓN DE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES SIN CONSULTA


Ely Tangoa, dirigente Shawi, explicó como su territorio ancestral está desprotegido debido a la falta de titulación y a la amenaza que representan empresas como Ecoamérica.

Dirigentes shawis de la región San Martín estuvieron la semana pasada en Lima para denunciar la concesión de sus territorios por parte del Gobierno Regional de San Martín (Goresam), sin haber sido consultados.

Ely Tangoa, presidente de la Federación Regional Indígena Shawi (Ferisham), señaló que la empresa Ecoamérica S.A. solicitó 72,654 hectáreas, del llamado predio Yura, pagando 0.80 céntimos por hectárea al Estado por costo administrativo.

Hay tres comunidades nativas en la zona, donde habitan indígenas shawis y kechuas, las comunidades de  Santa Rosa (distrito de Papaplaya), San Manuel de Nashatauri y una comunidad recientemente creada como kechua.

Hace unos años el Goresam tituló a 29 comunidades nativas en la región, una de ellas shawi. En ese momento solo hicieron una georeferenciación de la comunidad shawi Santa Rosa. Ahora se enteraron de que el Gobierno Regional de Loreto había concesionado la zona a la empresa.
Caso Ecoamérica

Los hechos se remontan al año 2006, cuando Ecoamerica solicitó la titulación de 72,654 hectáreas al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), sin el consentimiento -ni conocimiento- de los pueblos shawis que viven en la zona.

Ante la falta de respuesta de Cofopri, en el 2010 la empresa coreana demandó al organismo y a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) de Loreto, apelando al silencio administrativo.

La petición tuvo el fallo favorable de un juez de Yurimaguas. Esta decisión fue apelada por el Procurador Público del Ministerio de Vivienda y Construcción, en representación de la SUNARP.

La Sala Mixta de Tarapoto emitió un fallo contra Ecoamerica. En tanto, Ecoamerica decidió apelar al Tribunal Constitucional, el cual declaró improcedente e infundada la demanda de Ecoamérica, y le demanda volver a hacer el trámite correspondiente para la titulación.
Impacto ambiental

Tangoa explicó que a pesar de que la maquinaria de Ecoamérica aún no ingresa efectivamente al territorio de la comunidad, los trabajos realizados fuera ya les afectan directamente puesto que los animales que les sirven de alimento han huido hacia otros lugares.

“Yo caminaba media hora o veinte minutos y hallaba a los animales: monos, majaz, venado, motelo. Me iba al monte a traer motelo. A casi un mes que he ido a la comunidad, he caminado dos horas, tres horas, y no había nada”.
Marginación

Tangoa señaló que el gobierno regional los está marginando puesto que posterga el tema de titulación. Señaló que ya habían conversado con el vicepresidente de Goresam y que este prometió titular su comunidad en el plazo de tres meses.

Sin embargo, pasaron los meses “y a espaldas de nosotros ya inmatricularon más de 280 mil hectáreas en la región”.
Amenaza de empresa turística

No solo el negocio de la tala representa una amenaza para las comunidades shawis, sino que la municipalidad de Papaplaya concesionó 10 mil hectáreas a la empresa turística Cumbasa, sin consultar a los indígenas.

“Nuestro territorio está en juego porque no sabemos si va a ser para nosotros o para la empresa”, señaló Tangoa.

Servindi-Lima 22.11.2012





CUESTIONAN LENTITUD EN INVESTIGACIONES POR CONTAMINACIÓN DEL PACAYA SAMIRIA



La forma como se desarrollan las diligencias respecto a la denuncia presentada por la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) contra Plupetrol por contaminación y alteración del ambiente en la Reserva Nacional Pacaya Samiria preocupa a la población.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía Ambiental de Nauta en Loreto el 6 de noviembre. Desde entonces por lo menos en una oportunidad no se llegó a concretar la inspección ocular que corresponde para dar constancia de contaminación en el Lote 8X, en el que opera desde el año 2000 la empresa argentina.

La organización indígena teme que el caso sea archivado tal como pasó con otras dos denuncias presentadas también contra Pluspetrol por contaminación del río Marañón en los años 2000 y 2010. Ambos hechos ocurrieron en territorio ancestral kukama.

Ayer no se presentó uno de los gerentes de Pluspetrol a una citación. Se espera que hoy se presenten otros más que también han sido citados para que den su versión de los hechos.
El modo como se lleva adelante el caso

El 12 de noviembre se programó la primera diligencia para la constatación de los hechos en el Lote 8X que se ubica dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Para esto hizo las correspondientes coordinaciones el fiscal provincial especialista en materia ambiental, Vladimir Rojas.

Sin embargo, pese a haberse comprometido a ser parte de la inspección, nunca se hicieron presentes los representantes de de la Autoridad Local del Agua (ALA), el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Para Alfonso López, presidente de la Acodecospat, las ausencias respondieron a lo que denominó una colusión entre la empresa petrolera y las instituciones para dejar en total impunidad el desastre ambiental y social en la zona.
La poca voluntad de la empresa

Según Omar Carhuatocto, asesor legal de la Acodecospat, a la poca voluntad demostrada hasta el momento por algunas instituciones se suma la ausencia de la logística adecuada para llevar a cabo las investigaciones de campo.

Lamentó que no se cuente con deslizadores o transporte aéreo, más aún tratándose de áreas de difícil acceso. El Lote 8X se ubica aproximadamente a 17 kilómetros del río Marañón, frente al centro poblado San José de Saramuro, en territorio ancestral kukama.

Todas estas carencias obliga a que se deba recurrir muchas veces a los medios que ofrece la empresa y que solo estará disponible cuando ellos lo crean conveniente.

En otros temas indicó que la fecha de la próxima diligencia aún no se ha definido y que por el momento se mantendrá en reserva las coordenadas exactas donde se ubican, según informaron las comunidades, las áreas contaminadas por la actividad petrolera.

El asesor legal de la Acodecospat informó en otro momento que para ayer miércoles estaba citado un gerente de Pluspetrol. Lamentablemente éste no acudió para emitir su declaración ante los representantes del Ministerio Público en Nauta.

Pese a ello se mostró optimista debido a que se ha dado a conocer el programa de citaciones que culminará el 28 de noviembre y de las que forman parte los representantes de Pluspetrol.

Servindi-Lima 22.11.2012




21 de noviembre de 2012

SOCIEDAD CIVIL ENTREGA RECOMENDACIONES A DELEGACIÓN PERUANA QUE PARTICIPARÁ EN COP18



Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil entregó el lunes un documento con recomendaciones a la delegación oficial de Perú que participará en la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático Nº 18 (COP18), durante el conversatorio “Perú hacia la COP18: Avances y Desafíos”, realizado en el Congreso de la República.

Entre las recomendaciones que llevará la delegación peruana a la COP 18, que se inicia este fin de mes en Doha, Qatar, está la de instar a que sean públicos los resultados de los porcentajes de reducción de CO2 del primer periodo de compromisos del protocolo realizados por los países pertenecientes al Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Asimismo, las organizaciones apoyaron la suscripción de un segundo periodo de compromiso del protocolo de Kyoto del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020.

Por ello solicitan no prorrogar por más tiempo la suscripción e implementación de un nuevo acuerdo vinculante.

Asimismo, recomendaron promover mecanismos de seguimiento y sanción para los países que no cumplan con el porcentaje de reducciones asumidas para el segundo periodo de compromiso de Kyoto, así como incentivos para los países que sí cumplen.

Respecto al tema de adaptación al cambio climático, las organizaciones instaron a que la delegación peruana inste a los países desarrollados a cumplir con los compromisos asumidos en Copenhague y Cancún.

Respecto a la mitigación del cambio climático, recomendaron instar al Grupo de Trabajo Especial sobre la plataforma de Durban para preparar un acuerdo global jurídicamente vinculante a la mayor brevedad y nivel de ambición posible.

El financiamiento de proyectos “debe contar con salvaguardas de derechos humanos y colectivos, respetar los conocimientos y prácticas tradicionales de gestión de los ecosistemas (bosques, glaciares, etc.) y promover las formas económicas propias de las localidades donde se implementen dichos proyectos”, dice el documento.

La CAOI aportó a las Recomendaciones la necesidad de que la delegación peruana tome en cuenta que “la Región Andina es una de las zonas de mayor diversidad biológica y cultural del planeta, y concentra el 95% de los glaciares tropicales a nivel mundial, amenazados por el cambio climático”.

Como se sabe, el Protocolo de Kyoto culmina su primer período el 31 de diciembre de 2012 y los países desarrollados no han cumplido con reducir sus emisiones de acuerdo a los compromisos contraídos.

Asimismo, el Panel Intergubernamental de Científicos sobre Cambio Climático (IPCC) ha planteado la urgencia de reducir al menos de 40% a 50% las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2015.

Etas recomendaciones fueron leídas durante el conversatorio por Rocío Valdeavellano, coordinadora del MOCICC.

La legisladoraVerónika Mendoza se mostró de acuerdo con las propuestas dadas para establecer mecanismos de adaptación, mitigación y financiamiento relacionados con el cambio climático, así como los compromisos adoptados en materia de preservación, cuidado y protección de la biodiversidad.

“Como Estado podemos plantear sanciones para los que no cumplan con el protocolo (de Kyoto) y generar incentivos para los que cuidan el medio ambiente”, puntualizó.

Eduardo Durand, director general de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, y Gonzalo Guillén, director de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, expusieron acerca del estado internacional de las negociaciones y la posición del Estado peruano hacia la COP18.

El documento fue preparado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC); Proética; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); y el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco-región Andina (CONDESAN).

Servindi-Lima 21.11.2012




13 de noviembre de 2012

GUARDIANES DE LAS LAGUNAS FRENTE A LAS OFICINAS DE NEWMONT

Guardianxs de las lagunas, se trasladan a Lima para exigir la paralización del proyecto Minero Conga.
 

Observatorio de Conflictos 
GRUFIDES-Cajamarca 13.10.2012 




12 de noviembre de 2012

CHOTANOS RESPALDAN ACCIONES DE PROTESTAS EN CONGA


Desde la tarde de ayer más de ciento cincuenta pobladores de Chota, se encuentran en Conga, apoyando las acciones de protesta de los denominados guardianes de las lagunas.
El profesor, Miguel Delgado Saldaña, Presidente del Frente Defensa y de los Intereses de Chota, reportó que, les corresponde permanecer en las lagunas Cocodrilo que abarca unas 20 hectáreas y la laguna Mamococha con una extensión de 16 hectáreas.
Los moradores han instalado carpas de plástico para permanecer en la zona, mientras que, la Policía Nacional resguarda las instalaciones de la minera y recorre permanentemente el terreno que fue concesionado a la minera.
Delgado Saldaña, además dio a conocer que en la jornada de protesta existen pobladores de Bambamarca y Celendín. 


Andinaradio.net 12.11.12




11 de noviembre de 2012

FAMILIA CHAUPE DENUNCIA AGRESIONES COMETIDAS POR PNP Y REPRESENTANTES DE YANACOCHA



La familia Chapue  fue denunciada por la empresa minera Yanacocha por una supuesta usurpación de terreno. La familia posee este terreno desde 1994 teniendo sus títulos de posesión otorgados por la Comunidad campesina de Sorochuco.

Cabe señalar que los ataques hacia la familia Chaupe Acuña el día 09 de agosto de 2011, en la propiedad de la familia, dejaron como consecuencia graves secuelas en la salud de todos sus integrantes, llegando incluso a dejar postrado en cama a uno de sus hijos hasta la actualidad. Así también, el día lunes 29 de octubre, ocho días después de que Máxima Acuña permitiera que los ronderos de Celendín se alojen en su propiedad para resguardar la Laguna Azul (zona en conflicto con la minera Yanacocha), el Juzgado de Celendín condenó a la familia Chaupe Acuña a tres años de prisión y a una reparación de 200 soles, a favor de la minera.

La versión de la familia Chaupe es que la Fiscalía no consideró las pruebas que presentaron, alegando que se habían perdido en la Mesa de Partes.


Gato Encerrado 11.11.2012




9 de noviembre de 2012

TRIUNFO ANTE  EL TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA EN CONTRA DEL PROYECTO CONGA


Hoy 09 de noviembre se dio lectura de veredictos en la sexta audiencia publica 2012 en el aula magna de la facultad de derecho, en la universidad de Buenos Aires.


El Tribunal Latinoamericano del Agua, exhorta al Estado peruano a la Suspensión definitiva del proyecto minero Conga. La Sentencia denuncia las irregularidades en la aprobación del proyecto; cuestiona el desempeño de las instituciones como el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el caso; condenan la represión del movimiento social (criminalización) de la protesta y la violación de los derechos humanos; en función a los tratados internacionales firmados por el Perú garantizar los derechos humanos en Cajamarca y el acceso al agua.

El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia internacional de justicia ético-ambiental. El Jurado de su Sexta Audiencia Pública estuvo integrado por Philippe Texier, miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Alexandre Camanho de Assis, Magistrado Público la República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero; la Dra. En derecho Silvia Nonna, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Giselle Boza Solano, abogada y periodista, directora del Sistema Radiofónico UCR de Costa Rica.

Observatorio de Conflictos 
GRUFIDES-Cajamarca 09.11.2012



TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA SE PRONUNCIARÁ HOY SOBRE CASO CONGA


Hoy viernes a las 15:30 horas de Argentina se conocerá el veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua en torno al caso del proyecto minero Conga. El mismo fue sustentado en una nueva ronda de audiencias el pasado miércoles.

La denuncia elaborada por el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) fue presentada contra el Estado Peruano y la minera Yanacocha S.R.L. por amenazar el medio ambiente y el derecho humano al agua.

Las organizaciones solicitan al Tribunal que declare fundada la demanda por violación al derecho al agua y al derecho al medio ambiente sano y equilibrado de los habitantes de las provincias de Cajamarca y Celendín y requiera la suspensión definitiva del proyecto minero.

La denuncia no deja de lado el tema de la criminalización de la protesta y las trabas jurídicas que se han encontrado en las instituciones de justicia peruana a la hora de presentar sus alegatos.

Desde el 5 de noviembre el Tribunal celebra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, su VI Audiencia Pública de Juzgamiento, en la que se vienen escuchando cinco de las demandas hídrico-ambientales más significativas del Cono Sur y México.
Lo que está en juego

Durante la presentación los demandantes sostuvieron que el proyecto minero tiene previsto la pérdida inminente de lagunas naturales así como la afectación de más de 680 manantiales y la modificación negativa de ecosistemas como bofedales, entre otros.

Precisaron de este modo que la zona prevista para la explotación se encuentra en la cabecera de cinco microcuencas, entre las que están la del río Jaribamba y la del río Chailhuagón y diversas lagunas como El Perol, Azul, Mamacocha, Chica, entre otras.

En total serán seis las lagunas que serán afectadas, cuatro de ellas serán vaciadas para la extracción de minerales y los planes que se mitigación emprendidas para su reemplazo, explican, romperá drásticamente el ecosistema hídrico andino.

A esto se suma que el recurso hídrico contenido pasará ser propiedad de la empresa.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue otro de los aspectos cuestionados ya que solo contempla a 32 comunidades afectadas cuando se debería hablar de cerca de 210 comunidades.

Para hacer evidente el miedo de la gente al proyecto citaron algunos antecedentes de la empresa a cargo del proyecto: Yanacocha, que la conforman Buenaventura, Newmont Mining Corporation y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.
Mientras tanto en Perú

Ayer jueves el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la multa impuesta a la minera Yanacocha ascendente a 127,75 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/.466,287.50.

Esto debido al incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Minas Conga, en Cajamarca, entre los distritos de La Encañada y Sorochuco.

Entre los compromisos incumplidos está la instalación de una plataforma de exploración a una distancia menor de 50 metros de un bofedal* (humedal de altura) y un curso de agua estacional, afectando el hábitat de especies de flora y fauna.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General del Ambiente y al Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, las actividades de exploración minera no pueden implicar el cruce o colocación de materiales o sustancias sobre bofedales o humedales.

Estos son considerados ecosistemas frágiles sometidos a protección especial por parte del Estado.

Componen el Jurado de su VI Audiencia Pública, Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia; Alexandre Camanho de Assis, procurador de Brasil y el muralista mexicano Ariosto Otero.

También la Dra. Silvia Nonna, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Giselle Boza Solano, abogada y periodista costarricense.

Las resoluciones del Tribunal no son vinculantes para las partes ya que se trata de un tribunal de Ética en el manejo del recurso hidrico. Sin embargo, sus veredictos son muy importante porque pone en la mira a los gobiernos y empresas que no hacen correcto uso del recurso.

 Servindi-Lima 09.11.2012




ESTRENARÁN HOY DOCUMENTAL SOBRE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DE REPRESAS EN SUDAMÉRICA


La Conferencia Nacional Sobre el Desarrollo Social (CONADES) presentará hoy a las 7 p.m. el documental “Defensores de los Ríos” que recoge historias de Perú y Sudamérica en torno a los impactos socioambientales de la construcción de represas en ríos.

El audiovisual pretende ser una herramienta para las comunidades del Perú que se movilizan contra la construcción de la proyectada hidroeléctrica de Inambari y otras represas “que amenazan a miles de peruanos y ecosistemas críticos”, señala el video.

El documental ha sido producido por International Accountability Project e International Rivers, con la contribución de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia (CSA-UPCH), Forum Solidaridad Perú, ProNaturaleza, la Central Asháninka del río Ene (Care) y Flow Fund.

La cita es hoy a las 7:00 pm, en el Colegio de los Sagrados Corazones Belén, ubicado en la Av. Alvarez Calderón 761, San Isidro.

El ingreso es libre.



Servindi-Lima 08.11.2012




8 de noviembre de 2012

OEFA SANCIONA A YANACOCHA POR INCUMPLIMIENTOS AMBIENTALES EN PROYECTO CONGA



El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), confirmó la multa impuesta a Minera Yanacocha por el incumplimiento de cinco compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Exploración Minera Conga, ubicado entre los distritos de La Encañada y Sorochuco, provincias de Cajamarca y Celendín (Cajamarca).
La multa, ascendiente a 127,75 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/. 466 287,50, fue confirmada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del OEFA a través de la Resolución N° 214-2012-OEFA/TFA.
Entre los compromisos incumplidos se encuentra la instalación de una plataforma de exploración a una distancia menor de 50 metros de un bofedal (humedal de altura) y un curso de agua estacional, afectando el hábitat de especies de flora y fauna.
De acuerdo a la Ley General del Ambiente y al Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, las actividades de exploración minera no pueden implicar el cruce o colocación de materiales o sustancias sobre bofedales o humedales, pues estos son considerados ecosistemas frágiles sometidos a protección especial por parte del Estado.
Con la emisión de este pronunciamiento del TFA —instancia revisora de las resoluciones de sanción de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA— se ha agotado la vía administrativa.

http://www.actualidadambiental.pe
SPDA 08.11.2012





TACNA: AUTORIDADES SE OPONEN A MINERA MINSUR



Representantes tacneños señalan que el proyecto Pucamarca pone en grave riesgo la salud de la población

En una mesa de trabajo convocada por el alcalde provincial de Tacna, Fidel Carita, en la que participaron alcaldes distritales de la provincia, representantes del consejo regional, los colegios profesionales, las instituciones patrióticas, la junta de usuarios de agua y la sociedad civil, se acordó por unanimidad oponerse al proyecto minero Pucamarca.

“En las condiciones en que viene operando la empresa minera Minsur, el proyecto no puede continuar desarrollándose porque pone en grave riesgo la salud de la población de Tacna”, expresaron mediante un comunicado.

La reacción se dio al enterarse de que Minsur ha explotado desde agosto más de 800 mil toneladas de mineral en el cerro Checocollo, y que ese inicio de operaciones no fue comunicado oportunamente a las autoridades locales.

Carita acusó a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de que, después de una visita hecha al proyecto la semana pasada, habrían malinformado a la autoridad edilicia: “Nos expresaron que Minsur aún no tenía los permisos para iniciar operaciones”. Natalie Condori, congresista oficialista, dijo que gestionará en la Comisión de Energía y Minas del Congreso una reunión con el MEM y Minsur.

Frontera con chile
Minsur acordó con el Gobierno de Chile para que, dada la proximidad de Pucamarca con la línea de frontera, el proyecto sea monitoreado por una empresa chilena. Inicialmente la minera informó que harían las detonaciones cuando el viento sople en dirección opuesta al canal, es decir, hacia Chile.

El Comercio-Lima 08.11.2012




MINERA NEVADA, DE BARRICK GOLD, DENUNCIADA POR HABITANTES DEL VALLE DEL HUASCO ANTE TLA



La Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de la canadiense Barrick Gold, es demandada durante la segunda sesión de la Audiencia 2012 del Tribunal Latinoamericano del Agua, por los daños socio-ambientales generados con el megaproyecto minero Pascua Lama, en la región fronteriza de Chile y Argentina.

La Compañía Minera Nevada Ltda. ha sido demandada esta mañana por los presuntos daños socio-ambientales y la supuesta crisis de legalidad generada desde que, en el año 2000- que comenzó definitivamente a operar en 2009- empezara a proyectar una gran mina a cielo abierto en la Comuna de Alto del Carmen, valle del Huasco, región de Atacama, cuyos efectos podrían ser transfronterizos afectando a Argentina.

La demanda ha sido presentada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y organizaciones del Alto Carmen (la Pastoral Salvaguarda de la Creación y el Comité Esperanza de Vida).

Los demandantes, representados por Lucio Cuenca, representante de OLCA; Jorge Guerrero, del Consejo de Defensa del valle del Huasco; por Rodrigo Villablanca del Comité Esperanza de Vida del Alto Carmen y por Valesca Urqueta han señalado que “la instalación del proyecto Pascua-Lama amenaza a los glaciares cordilleranos aledaños (Toro I, Toro II y Esperanza) ya han sido significativamente destruidos, según han reconocido el propio Ministerio de Obras Públicas chileno”.

“Esta amenaza -han señalado- proviene tanto por la cantidad de agua empleada por la mina (370 litros/segundo) como por el uso de la técnica de lixiviación con cianuro de sodio, la ubicación de desecho desechos sobre el lecho de los ríos, por la apertura de brechas y por el tránsito de camiones con materiales explosivos, combustibles y químicos”. Los demandantes señalan también que los ríos que son tributarios de los glaciares, como El Tránsito y El Carmen, también están sufriendo gran contaminación, razón por la que los habitantes de la comunidad del Alto Carmen tienen que ser sumistrados a través de la municipalidad para poder beber agua.

“Esta situación -han puntualizado- amenaza la biodiversidad de la región y los derechos humanos, culturales y al modo de vida agrícola de los pobladores de la comuna de Alto del Carmen –que incluye la comunidad indígena Diaguita Huacoaltina, cuyo caso ya compareció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, los denunciantes han hecho hincapié en “la profunda fractura social que esta situación ha causado en la comunidad” y en que la empresa “no ha enmendado su actitud después de sanciones impuestas por las instituciones de vigilancia ambiental chilenas”.

En su exposición, Lucio Cuenca, también ha remarcado que “hay una herencia institucional del manejo de la minería y el agua de tiempos de dictadura por la Ley Minera Vigente. Se entrega en propiedad privada los derechos de subsuelo a las compañías y convierte el agua en una mercancía. Solo el 28% de la minería chilena la desarrolla el estado y un 72% empresas mineras. Además -ha recalcado- esta actividad apenas genera el 1% del empleo nacional”.

Por todas estas situaciones, los denunciantes ha demandado a la subsidiaria de Barrick Gold por los presuntos hechos de “promoción del debilitamiento de la institución ambiental chilena- al presentar informes de impacto ambiental fraccionados-; por corrupción y conflictos de interés tanto a nivel regional como nacional; y por incumplimiento de la Legislación Ambiental Chilena, que ha sancionado en múltiples ocasiones a la empresa por su manejo de residuos en el valle".

En este marco, los denunciantes han solicitado al Jurado del Tribunal que decrete la urgencia de una moratoria a la megaminería química en la naciente de las cuencas chilenas y argentinas, que respalde la exigencia comunitaria de retiro del proyecto binacional Pascua Lama; que interpele al gobierno de Canadá para que cese de respaldar este tipo de actividades, que solicite la revisión y derogación del Tratado Binacional Minero

El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado por Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero y Dra. Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, destacada abogada y periodista costarricense, resolverá los casos y emitirá veredictos al término de las sesiones de la Audiencia Pública el día 9 de noviembre de 2012.

Mañana miércoles 7 de noviembre, a las 10.30, se escuchará el contradictorio entre los Vecinos Autoconvocados de González Catán y la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por la posible afectación de los mantos acuíferos en González Catán, Matanza, Buenos Aires. En este caso, ambas partes se personarán a declarar.

Por la tarde, a las 14.00, se escuchará el contradictorio entre el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) contra el Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha S.R.L. por ejecución del proyecto minero Conga, que amenaza al medio-ambiente y el derecho al agua en la región de Cajamarca, Perú, y ha provocado una importante crisis de gobernabilidad en todo el país andino.

Mapuexpress-Informativo Mapuche 
08.11.2012





7 de noviembre de 2012

PROYECTO MINERO CONGA ANTE EL TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA-BUENOS AIRES 

 
El Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha S.R.L han sido denunciados ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en su Sexta Audiencia Pública de Buenos Aires, Argentina por el proyecto minero Conga.
El caso fue presentado hoy 07 de Noviembre por GRUFIDES y otras organizaciones sociales como la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) ante el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado por Philippe Texier, miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero, la Dra. Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, abogada y periodista costarricense.
Los demandantes sostuvieron que la explotación del proyecto Minero Conga amenaza al medio ambiente y el derecho humano al agua de los habitantes de Cajamarca solicitando la suspensión definitiva del proyecto minero.
El jurado resolverá el caso y emitirá veredicto el viernes 09 de noviembre del 2012. 


Observatorio de Conflictos
GRUFIDES-Cajamarca 07.11.2012


DEPARTAMENTOS MINEROS LIDERAN TASA DE POBREZA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL

 
Los departamentos mineros que ocupan los primeros lugares de las inversiones como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, son los departamentos más pobres y con mayor desnutrición infantil, según advierte un estudio de CooperAcción.

El Ministerio de energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería, informó que la inversión minera sumó un total de US$ 4,329 millones entre enero y julio del 2012. Dicha inversión se viene incrementando en los últimos años.

Contrariamente a lo que algunos anuncian como la disminución de la inversión por los conflictos sociales, como el de Conga, el panorama se aclara: la inversión minera continúa creciendo. En el 2010, la minería aportó el 5,25 del PBI nacional, a diciembre del 2011 representa 24% de la inversión extranjero y el 60% de las exportaciones, en el 2011 su participación respecto al total de tributos es de 17,5%, y si nos focalizamos en el Impuesto a la Renta, fue de 33,3%.

El total de trabajadores ocupados en minería, tanto de los titulares mineros, como contratistas, representa aproximadamente el 1% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional.

“Algunos ven la promoción de la minería responsable como un «atajo» para obtener recursos a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en Educación e infraestructura, y por lo tanto «romper el círculo vicioso»”, dice Calisto.

MINERÍA Y POBREZA
Sin embargo, el economista señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado ser beneficiosa para impulsar el desarrollo en los departamentos con mayor presencia de esta actividad como Cajamarca, Ancash, Junín.

Según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» las regiones mineras encabezan ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, siendo las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %). Huancavelica tiene casi el 50% de su territorio concesionado a la minería (40.34%) y es uno de los departamentos con la tasa de pobreza más alta con el 77.2%y donde la cobertura al seguro de salud, según el INEI, no alcanza ni a la mitad de la población (47.6%).

Le sigue Cajamarca con el 44.37% de su territorio concesionado y donde aún el 17,1% de su población es analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas está conectado a una red pública de agua dentro de la vivienda. El 36.1% de Ancash está concesionado, tiene una tasa de analfabetismo del 17,9%.

En Apurímac, que tiene el 54.44% de su territorio concesionado, el 70.3% de la población es pobre. Ayacucho tiene el 16,8% de su población sin ningún nivel educativo y la tasa de analfabetismo es de 17,9%, el porcentaje del territorio concesionado alcanza el 26.2%

“El argumento más usado para justificar esta realidad es la ineficiencia de los gobiernos locales. Sin embargo, hasta el 31 de octubre de este año, el gobierno nacional ejecutó sólo el 66.9%, los gobiernos locales, el 56.1% y los gobiernos regionales, el 66.7%. Al 26 de octubre de este año el Ministerio de la Producción ha ejecutado el 52.97% de su presupuesto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el 63.71%.

El Ministerio del Interior espera para fin de año ejecutar tan solo el 55% del presupuesto de inversión. Vemos entonces que la ineficiencia es un problema nacional, y que empieza por el gobierno central”, agrega Calisto.

Reformas pendientes
Y dado que el debate en torno a las industrias extractivas se suele dar alrededor de indicadores económicos, es necesario considerar los costos que ocasionan las actividades mineras en el ambiente. En el estudio de Herrera y Millones (2011), se calculó el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos, que reporta US$ 814,7 millones en el 2008, y US$448,8 millones en el 2009.

“El Estado debe encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan un control eficiente sobre las actividades extractivas, de modo que se proteja el ambiente y se vele por la calidad de vida de las personas. Los gobiernos regionales y locales, por su parte, deben de gestionar sus recursos, promoviendo el desarrollo con una estrategia integral, que aborde Educación –básica y superior–, desarrollo productivo, salud y ejercicio de derechos”, dice Calisto.

Si vemos el porcentaje de población que emplea la minería, este nos remite a un 1% de la PEA. Y por otro lado, no ha demostrado promover el desarrollo humano en los departamentos donde opera –los resultados indican lo contrario–, y no suele considerar el costo económico de la contaminación ambiental, que no es nada despreciable.

La Primera-Lima 07.11.2012




 
DONDE HAY MÁS MINERÍA TAMBIÉN HAY MÁS POBREZA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL



 - Departamentos con más inversión minera como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, son los más pobres y con mayor desnutrición infantil.

El economista Juan Diego Calisto de la asociación CooperAcción con cifras en mano desnudó el mito de que mayor inversión minera es igual a desarrollo.

Sin embargo, el economista señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado beneficiosa para impulsar el desarrollo en los departamentos con mayor presencia de esta actividad como Cajamarca, Ancash, Junín.

“Algunos ven la promoción de la minería responsable como un «atajo» para obtener recursos a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en educación e infraestructura, y por lo tanto «romper el círculo vicioso» de la pobreza”, dice Calisto.

Según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» las regiones mineras encabezan ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, siendo las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).

La inversión minera sigue creciendo

El ministerio de Energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería, informó que la inversión minera sumó un total de US$ 4,329 millones entre enero y julio del 2012.

Dicha inversión se viene incrementando en los últimos años. Contrariamente a lo que algunos anuncian como la disminución de la inversión por los conflictos sociales, como el de Conga, el panorama se aclara: la inversión minera continúa creciendo.

En el 2010, la minería aportó el 5,25 del PBI nacional, a diciembre del 2011 representa 24% de la inversión extranjero y el 60% de las exportaciones, en el 2011 su participación respecto al total de tributos es de 17,5%, y si nos focalizamos en el Impuesto a la Renta, fue de 33,3%.

El total de trabajadores ocupados en minería, tanto de los titulares mineros, como contratistas, representa aproximadamente el 1% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional.

La condena de la minería

Huancavelica tiene casi el 50% de su territorio concesionado a la minería (40.34%) y es uno de los departamentos con la tasa de pobreza más alta con el 77.2% y donde la cobertura al seguro de salud, según el INEI, no alcanza ni a la mitad de la población (47.6%).

Le sigue Cajamarca con el 44.37% de su territorio concesionado y donde aún el 17,1% de su población es analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas está conectado a una red pública de agua dentro de la vivienda.

El 36.1% de Ancash está concesionado, tiene una tasa de analfabetismo del 17,9%. En Apurímac, que tiene el 54.44% de su territorio concesionado, el 70.3% de la población es pobre.

Ayacucho tiene el 16,8% de su población sin ningún nivel educativo y la tasa de analfabetismo es de 17,9%, el porcentaje del territorio concesionado alcanza el 26.2%
Ineficiencia pública local, central y nacional

“El argumento más usado para justificar esta realidad es la ineficiencia de los gobiernos locales. Sin embargo, hasta el 31 de octubre de este año, el gobierno nacional ejecutó sólo el 66.9%, los gobiernos locales, el 56.1% y los gobiernos regionales, el 66.7%” señaló Calisto.

Al 26 de octubre de este año el Ministerio de la Producción ha ejecutado el 52.97% de su presupuesto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el 63.71%. El Ministerio del Interior espera para fin de año ejecutar tan solo el 55% del presupuesto de inversión. Vemos entonces que la ineficiencia es un problema nacional, y que empieza por el gobierno central”, concluye el economista.

La economía mundial y no los conflictos provocan caída de la inversión

Otro tema abordado por Juan Diego Calisto es la fácil acusación que se hace a los conflictos socioambientales de provocar el alejamiento de la inversión privada. Con este manido argumento se pretenden desvirtuar las verdaderas causas, entre éstas la caída en el precio de los minerales.

“Si bien los conflictos sociales pueden influir, no son la principal razón. Es necesario considerar las diversas causas, y no reducirlas a una sola”, indicó.

Para el 2013 se prevé que la minería invertirá USD$ 2000 millones menos de lo proyectado, lo que representa una contracción del 33% de lo proyectado.

Entre las razones de fondo de esta reducción se encuentra la caída en los precios de los metales de los últimos meses (con excepción del oro) y el contexto incierto y de crisis que se vive en grandes economías, como la china, estadounidense o la Zona Euro.

“El ejemplo australiano nos puede servir de guía para considerar al mencionado retraso de las inversiones como un efecto que se origina por varias causas: la caída de los precios de los metales, la desaceleración de China, el alto desempleo de EEUU (más de 8%), la crisis de la Zona Euro” señaló el especialista.

Australia se encuentra entre los cinco más grandes productores mineros del mundo. En este país las postergaciones o cancelaciones de proyectos mineros han aplazado importantes proyectos como la expansión de la mina de cobre Olympic Dam, que pertenece a BHP Billiton.

Esta empresa reportó una caída de un 35% en sus ganancias de la segunda mitad del año fiscal, explicada en gran parte por la desaceleración del crecimiento en la economía china. BHP reportó su primera caída anual de ganancias en tres años debido a crecientes costos, y a un declive en los precios de las materias primas.
¿Cuánto cuesta la contaminación minera y quién la paga?

Y dado que el debate en torno a las industrias extractivas se suele dar alrededor de indicadores económicos, es necesario considerar los costos que ocasionan las actividades mineras en el ambiente, señaló el economista Calisto.

En el estudio de Herrera y Millones (2011), se calculó el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos, que reporta US$ 814,7 millones en el 2008, y US$448,8 millones en el 2009, unos montos económicos nada despreciables.

El asunto se torna grave si se considera que la minería apenas emplea un 1% de la población económicamente activa (PEA) y no demuestra promover el desarrollo humano en los departamentos donde opera.

El Estado debe encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan un control eficiente sobre las actividades extractivas, de modo que se proteja el ambiente y se vele por la calidad de vida de las personas.

Los gobiernos regionales y locales, por su parte, deben de gestionar sus recursos, promoviendo el desarrollo con una estrategia integral, que aborde educación –básica y superior–, desarrollo productivo, salud y ejercicio de derechos”, concluyó Calisto.

Servindi-Lima 06.11.2012




NASCA: 20 PLANTAS PROCESAN MINERALES SIN LICENCIA



Cerca de la zona arqueológica se asentaron centros de relave que botan sus desechos al agua sin ningún tipo de tratamiento

JOSÉ ROSALES

Luego de sobrevolar los 130 kilómetros cuadrados del valle Las Trancas y Pajonal, al sur de la provincia de Nasca, en Ica, se puede observar la devastación de este territorio, los daños ecológicos que están causando en el ambiente 20 plantas sin licencia de procesamiento de mineral.

Estas plantas, a pesar de no contar con autorización para operar, procesan gran parte del mineral que se extrae artesanalmente en el Perú. El permiso que tienen es solo para el uso de agua.

Esta zona se ha convertido desde hace casi tres años –según cuentan los propios mineros– en el principal eje de procesamiento minero artesanal del Perú. Existen en el lugar pozas y vertederos donde estas plantas mineras arrojan, sin tratamiento alguno, los grandes volúmenes de relaves que generan en el procesamiento de mineral.

“Por primera vez, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ica realizó una inspección a las plantas del valle Las Trancas y en el sector de Pajonal, así como otras ubicadas al norte de Nasca– cerca de la zona arqueológica– y confirmaron que todas funcionan sin la autorización para operar, no tienen normas de protección ambiental, sus pozos de relave están mal diseñados y no tienen capas de protección”, reconoció el director de esta dependencia, Armando García Pérez.

En su mayoría –confirmó–son plantas de procesamiento de cobre, algunas de plata y oro pero casi todas han solicitado al Ministerio de Energía y Minas el cambio de uso a plantas polimetálicas para procesar, como ya lo hacen en su mayoría, todo tipo de mineral que se extrae artesanalmente en el Perú.

Aseguró que la DREM-Ica ha emprendido acciones correctivas para evitar mayores impactos en el medio ambiente. “Se coordina con una empresa acreditada ante Indecopi para que proceda con el recojo de muestras de agua subterránea, del polvillo que generan en sus procesos, así como de los relaves que arrojan a fin de determinar el grado de contaminación ambiental y poder cuantificar los daños para iniciar los procesos sancionadores”, aseguró.

El Comercio-Lima 06.11.2012





6 de noviembre de 2012

EL 20% DEL TERRITORIO NACIONAL YA ESTÁ CONCESIONADO



Para los próximos 10 años, América Latina recibirá una inversión de US$ 320,000 millones solo en minería y el especialista César Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, advierte que la cifra es 20 veces mayor a lo invertido en la última década, a la vez que se pregunta si estamos preparados para que nuestro ecosistema soporte tanta minería y si estamos preparados para enfrentar los conflictos sociales que se avecinan. La actividad minera es importante pero debe ser regulada.

El costo social y ambiental de la minería"
Pese a la “suspensión” de proyectos mineros como Tía María en Arequipa o el proyecto Conga en Cajamarca, el Perú recibió US$ 5.440 millones de inversión extranjera directa en el primer semestre de este año, registrando un incremento de 31% en comparación al mismo periodo del 2011, reveló un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Países como Costa Rica no viven de la actividad minera y en algunas provincias en Argentina se prohibió la minería a cielo abierto. Hay un creciente proceso de tratar de hacer frente a esta actividad que cada vez ha demostrado más claramente que no significa ni desarrollo, ni crecimiento, ni empleo.

Nuestro país tiene una cartera de proyectos de US$ 60,000 millones en actividades extractivas para los próximos cinco años; sin embargo es necesario ampliar la mirada y no solo centrarse en el dinero que se pueda recaudar a través de éstas, sino también hacia la degradación que la extracción ocasionaría a nuestro territorio en materia de cuidado ambiental.

El exviceministro del Ambiente, José de Echave, indica que, según el Banco mundial, el índice de degradación ambiental en el país equivale a casi el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) lo cual representa un aproximado de S/. 16,000 millones.

“La degradación ambiental le cuesta al país, los conflictos sociales le cuestan al país. Cuando se habla de minería se suma todo y olvidan restar lo que debe restarse y creo que dentro de lo que se debe restar están los costos ambientales y sociales”, señala el exviceministro del Ambiente en el foro “15 años de extractivismo en el Perú y América Latina”.

Según Julia Cuadros, presidenta de CooperAcción, el 20.3 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería y en los últimos 15 años se pasó de tener concesionadas 15 millones de hectáreas a 25.8 millones de hectáreas en el 2011.

Para los próximos 10 años se invertirán US$ 320,000 millones en proyectos mineros en América Latina, cifra 20 veces mayor que lo invertido en la última década y solo el Perú recibirá alrededor de US$ 60 mil millones, mientras que Chile recibirá US$ 100 mil millones por el mismo concepto, así lo señala César Padilla coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL).

Frente a esta nueva realidad ¿qué tanto estamos preparados para enfrentar? ¿Cuántos Conga, cuántos Pascua Lama (proyecto de la minera Barrick Gold de fuerte oposición en Chile) nos espera? Nos espera una conflictividad multiplicada por veinte. ¿Cómo actuarán los Estado? ¿Con más estigmatizaciones, uso desmedido de fuerza, más muertes?”, se pregunta Padilla.

“Lo que nos planteamos desde el Observatorio es qué tanto estamos preparados para recibir estas inversiones. Cómo vamos a tratar la creciente protesta social multiplicada por 20 y quiénes serán los aliados”, agrega Padilla.

Al mismo tiempo nos recuerda que las jubilaciones de los ciudadanos canadienses dependen de la actividad minera, la pregunta es ¿cuán solidarios van a ser? Y finalmente advierte sobre un último escenario: El aterrizaje de la industria minera China en LatinoAmérica.

La minería como promesa incumplida
Hace más de 15 años se instalaron en el Perú las empresas mineras que hoy son las principales protagonistas de las decenas de conflictos sociales.

La situación actual es que ya no es posible que un proyecto minero entregue las garantías que entregaba hace 10 o 15 años, sostiene César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)

“Hoy ya nadie cree cuando alguien dice ‘les vamos a vaciar las lagunas pero les vamos a crear otras’ -refiriéndose a la minera Yanacocha-. Esto es parte del pasado (…) Ahora las mineras están buscando la certificación de ‘minería sin conflicto’, para poder hacerles creer a sus accionistas, legitimando su actividad porque con nosotros ya no necesitan hacerlo, nosotros ya no les creemos”, enfatiza Padilla.

El coordinador del OCMAL nos recuerda que países como Costa Rica no viven de la actividad minera y en algunas provincias en Argentina se prohibió la minería a cielo abierto. “Hay un creciente proceso de tratar de hacer frente a esta actividad que cada vez ha demostrado más claramente que no significa ni desarrollo, ni crecimiento, ni empleo”, subraya.

Por su parte, Eduardo Gudynas del Centro Latinoamericano de Ecología Social considera que las políticas públicas en referencia al extractivismo merecen una reflexión, teniendo en cuenta los escenarios cada vez más complicados para la extracción: el crecimiento de la protesta social y las pérdidas humanas que se generaron tanto por represión de los gobiernos de turno como por daños al ambiente.

“El extractivismo de hoy es depredador, tiene un alto impacto social y ambiental. Es un extractivismo violento con muerte de personas y daños graves al ambiente. El rol de las políticas públicas es cada vez más complicado y necesita una reflexión desde lo social”, declara Gudynas.

Conga no está Suspendido
La minera Yanacocha ha iniciado la construcción de los reservorios de agua que forman parte del plan para continuar con la ejecución del polémico proyecto minero Conga. Marco Arana, líder del partido Tierra y Libertad y actor en el conflicto por Conga, advierte que el proyecto no está suspendido como quieren hacer parecer el gobierno y la empresa y que la construcción de los reservorios está dentro del calendario previsto para que Conga se ejecute en el 2016.

Arana sostiene que el fuerte conflicto pudo evitarse, ya que se inició en el año 2002 y que a partir del año 2004 diversas oposiciones, movilizaciones, documentos se cursaron al gobierno central y que en el 2011 el nuevo gobierno regional (con Gregorio Santos a la cabeza) entró y se encontró con que Conga tenía ya un estudio de impacto ambiental aprobado.

Ese mismo año se aprueba la ordenanza regional 036 que declara intangible la zona, donde se ubica el proyecto Conga, para actividad minera y el Tribunal Constitucional desecha la decisión del gobierno regional y decide favorecer a la empresa minera Yanacocha.

“Siguiendo la doctrina del perro del hortelano desconocen el instrumento del gobierno regional e imponen el proyecto minero”, agrega Arana.

El conflicto por Conga se inició en el 2002 y estalló en el 2011, la violencia cobró la vida de 5 personas. Conga tiene que ser visto como un conjunto de los impactos acumulados que han generado los 20 años de minería, con malas prácticas, de Yanacocha, considera Marco Arana.

El líder del partido Tierra y Libertad nos recuerda que Cajamarca es la tercera productora de lácteos del país, LA PRIMERA de carnes, de arvejas y lentejas y tiene una población mayoritariamente vinculada a las actividades agropecuarias. El 60% de su población es rural.

“La desgracia de Cajamarca -dice Arana- es que las concesiones mineras se ubiquen sobre los páramos, zona de importancia hídrica de la región y que conforman un 23.6% del territorio”.

Hay que precisar que el proyecto Conga, nos cuenta Arana, solo representa la punta del iceberg, con él vienen otras seis concesiones mineras: La Zanja, Tantahuatay, Shahuindo, Michiquillay, Galeno y Cerro Corona que también amenazan el recurso hídrico de la región.

A la espera de apoyo internacional
Los grupos que lideran la protesta social en contra del proyecto minero Conga en Cajamarca, están llevando a cabo distintas acciones en pos del apoyo internacional ante su justo reclamo.

Es así que el líder ambientalista Marco Arana nos adelanta que hay acciones que están en curso, una de ellas en la Corte Interamericana de derechos humanos (CIDDHH) que tiene que ver con la violación del derecho de consulta.

Además, hay una mesa de trabajo en Washington sobre Conga y a fines de noviembre y en los próximos días en Buenos Aires se reúne el Tribunal Latinoamericano del Agua que en el caso de la violación del derecho al agua en el proyecto Conga se espera una sentencia de dicho tribunal para el 9 de noviembre.

Marco Arana confía en que el pronunciamiento de entes internacionales acerca de la problemática alrededor de Conga tenga una significación ética muy importante a nivel continental y que también tenga algún tipo de efectos y repercusión a nivel internacional.

A su turno, el exviceministro del Ambiente, José de Echave, analiza y advierte que “Sinceramente yo creo que ese proyecto no tiene viabilidad social y si se insiste en llevar adelante el proyecto en el corto plazo lo que va a generar es mayor conflicto social como el que está pasando en las lagunas. Hay una movilización de ronderos, guardianes de las lagunas y la presencia policial se ha reforzado y hay una fuerte tensión”.

Al mismo tiempo, De Echave aclara que “nosotros (CooperAcción) no estamos en la posición de que no debería haber minería pero sí creemos que la actividad minera debe ser regulada”.

La Primera-Lima 06.11.2012