CERCA DEL 20 POR CIENTO DEL
TERRITORIO NACIONAL ESTÁ CONCESIONADO A LA MINERÍA
La región Apurímac se ha colocado
como nuevo centro de inversión minera, con el 57.7% de su territorio
concesionado. Según el XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el
Perú, el territorio concesionado a la minería representa el 19,15%, una cifra
que asciende a una inversión de US$ 53,423 millones de dólares.
Según décimo primer informe del
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
El informe se centra en el
análisis de los conflictos mineros que afectan al país con énfasis en la
situación de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde
se evidencian fuertes tensiones por el impacto en los recursos hídricos, el
riesgo que existe sobre ecosistemas frágiles y el crecimiento de las
concesiones mineras.
José de Echave, coordinador del
Observatorio de Conflictos Mineros, señaló que los avances en políticas
públicas como la implementación de la consulta previa y la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de
Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles
(SENACE), es un avance lento frente a la cantidad de inversión que se proyecta
en el país.
A noviembre de 2012, Arequipa
encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorio
concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra
el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas
concesionadas.
Cusco, donde dos personas
murieron en enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el
décima lugar con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con
1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de
las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas
concesionadas.
Apurímac, centro de la inversión
minera
Mientras Apurímac tiene
1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfila como el
principal destino de los nuevos proyectos mineros de inversión. La inversión
minera representa el 22.2% del total, es decir, US$ 11,860 millones de dólares.
Piura
Ana Leyva, en su exposición
enfocada en la región Piura, señaló que la empresa Zijin ha intentado
nuevamente retomar su proyecto minero en las alturas de las provincias de
Ayabaca y Huancabamba.
También hizo referencia a las
recientes resoluciones judiciales a favor de los 107 campesinos que fueron
injustamente procesados en el Caso Río Blanco y de la condena del ex Fiscal
Toledo Leyva quien a pesar de haber atestiguado la tortura de 28 personas
ocultó tal delito.
Asimismo, se refirió al
crecimiento de la minería informal en Piura y las salidas integrales a dicha
problemática. También subrayó los logros que esta región está obteniendo en
términos de desarrollo sostenible (agrícola, ganadero y pescadero) evidenciando
que sí existen alternativas exitosas para la población.
Comunidades
Casi la mita, el 49.63%, del
territorio de comunidades campesinas tienen concesiones mineras. En menor
proporción, sólo el 1.39% del territorio de comunidades nativas están
destinados a la minería.
Pasivos ambientales
Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional
existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los
cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.
En departamentos donde coinciden
grandes números de pasivos ambientales con la fuerte ocupación de concesiones
mineras son Cajamarca, Ancash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Apurímac,
Puno y Cusco.
Los departamentos con mayor
número de pasivos mineros son Cajamarca y Ancash. Los tipos de pasivos más
frecuentes en el país son aquellos dejados por las labores subterráneas
(chimeneas, piques, bocaminas, etc.) que ascienden a 2528, seguidos por los
botaderos de desmonte (1682) y diversos tipos de infraestructura de operación
(1496) como caminos, campamentos, plantas de procesamiento, etc.
A nivel nacional podemos observar
que existen 811 tajos abiertos, 317 depósitos de relaves, los depósitos de
escorias y las pilas de lixiviación son 14 y 7 respectivamente. Es importante
indicar que estas cifras son aproximadas, pues no existe información más
detallada sobre los pasivos mineros.
Encabeza la lista de los 15
titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012: BHP
Billiton World Exploration INC con 1 236 370 hectáreas
de superficie, que representa el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el
país. Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y
Buenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 %
respectivamente).
El Observatorio de Conflictos
Mineros en el Perú está conformado por las organizaciones Fedepaz, Cooperacción
y Grufides.
******************
A continuación el resumen
ejecutivo del informe:
Resumen Ejecutivo
XI Informe del Observatorio de
Conflictos Mineros en el Perú
El 2012 ha sido uno de los
años de mayor conflictividad social en el país. Casos como el de Conga,
Espinar, Madre de Dios, entre otros, así lo demuestran. El primer semestre se
vio marcado por hechos como el peritaje sobre el proyecto Conga, la marcha nacional
por el agua, las movilizaciones en la propia región Cajamarca, las acciones de
los guardianes de las lagunas. También ha sido un año marcado el anuncio del
presidente Ollanta Humala quien dijo que se iba a elaborar una propuesta para
definir "una nueva relación con la actividad minera”. En el segundo
semestre los estallidos sociales disminuyeron, sin embargo los conflictos
siguen latentes y en cualquier momento se pueden producir nuevos estallidos
especialmente en los departamentos de Piura, Junín, Apurímac, Cusco y Cajamarca
como veremos en este resumen.
Las reformas anunciadas no solo
se han hecho esperar sino que todavía aparecen como esfuerzos parciales. La ley
que crea el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles
(SENACE), aprobada el pasado 22 de noviembre en el Congreso de la República todavía deja
algunos vacíos pues algunos proyectos pueden ser excluidos. Adscrito al
Ministerio del Ambiente y cuya función será revisar y aprobar los EIA, así el
SENACE deja abierta la posibilidad de que si un proyecto extractivo sea
considerado como "estratégico” sea debatido y aprobado en el Ministerio de
Energía y Minas. No hay que olvidar, además, que los EIA son hoy en día
insuficientes y se necesita instrumentos complementarios como los EAE para
medir los impactos acumulativos de varios proyectos en una determinada zona.
Por otro lado, los conflictos
sociales vinculados a la minería se han convertido además en conflictos
políticos de envergadura. Un informe de la agencia internacional de
calificación de grados de inversión Moody’s, señalaba: "Los recientes
cambios ministeriales son negativos para la calificación de crédito del Perú
pues son un reconocimiento implícito de que su estrategia para abordar el
conflicto de Conga no ha sido eficaz”.
Según el mapa de concesiones
mineras, tenemos el 19,15% del territorio nacional concesionado. A noviembre de
2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de
territorio concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el
conflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0
hectáreas concesionadas. Mientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas
destinadas a la actividad minera y se perfila como el principal destino de los
nuevos proyectos mineros de inversión. Cusco, donde dos personas murieron en
enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar
con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0
hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las
operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas
concesionadas.
El Informe señala además que el
47.11% del área total de la región hidrográfica del Pacífico tiene presencia de
concesiones mineras. La región hidrográfica del Amazonas se encuentra ocupada
en un 11.40%, ésta es más de 3 veces el tamaño de la del Pacífico y presenta
casi la misma extensión de concesiones mineras.
El 49.63% del territorio de
comunidades campesinas tienen concesiones mineras, en menor proporción, sólo el
1.39% del territorio de comunidades nativas están destinados a la minería.
Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional
existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los
cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.
Encabeza la lista de los 15
titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012, la BHP Billiton World
Exploration INC con 1
236 370 hectáreas de superficie, que representa el 4.8%
del total de concesiones otorgadas en el país. Otras empresas de importancia
son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y Buenaventura S.A.A. y abarcan un
porcentaje menor (2.4 y 2.2 % respectivamente).
El informe concluye que la
estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho:
la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los
conflictos, es la del complot es decir que todos los conflictos responderían a
las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias "antimineras”.
Caso Cusco:
El 15.3% de Cusco está
concesionado, el primer semestre del 2012 registró la cifra más alta de
concesiones. El informe concluye que hay una clara preocupación por los
impactos del mineroducto del mega proyecto Las Bambas que va a llegar a Espinar,
así mismo una gran expectativa sobre los resultados del monitoreo ambiental
realizado en el marco del proceso de diálogo. El proceso de reformulación del
convenio marco sigue vigente y genera expectativas en la población. El
desarrollo del proyecto Majes Siguas II también mantiene en vilo a las
Autoridades de Arequipa y Cusco. El escenario sigue siendo complejo y los
gobiernos regionales de Arequipa y Cusco se siguen distanciando. Al parecer los
cambios técnicos anunciados por el presidente regional de Arequipa, que ha
señalado cambios en las fuentes de agua para que le den sostenibilidad al
proyecto, no han marcado una solución definitiva el caso.
Los retos que plantea el espacio
de la Mesa de
Diálogo Colegiada de Espinar son grandes. Recordemos que a raíz del grave
conflicto suscitado en mayo de este año, se formó esta mesa que reúne a los
principales actores de la provincia con representantes del gobierno nacional. A
la fecha, se siguen dando los procesos de negociación entre el gobierno
nacional, la autoridad local y las organizaciones sociales de la provincia.
Sobre los temas ambientales ha
habido algunos avances como la identificación de algunos puntos de monitoreo de
mansera consensuada. Sin embargo, aún hay sectores de la población que se
muestran escéptico como el FUDIE que ha señalado que los monitoreos no han
contado con una participación adecuada de la población, porque no se han
incluido algunos puntos de monitoreo considerados críticos.
La publicación de los resultados
del monitoreo va a ser un momento clave: es muy poco probable que los
resultados puedan colmar las expectativas de todos los actores, el gobierno
nacional debe tener una estrategia muy ordenada y clara sobre el proceso de difusión
de los resultados y sobre las medidas a implementar en caso los resultados
evidencien contaminación en la provincia. La situación sigue estando bastante
polarizada en la provincia. Una clara muestra de ello son las pintas que han
aparecido contra miembros de algunas organizaciones y miembros del equipo
técnico del municipio.
Caso Junín:
En La Oroya, Junín, aún hay
incertidumbre respecto al reinicio de las operaciones del circuito plomo del
Complejo Metalúrgico (antes en administración de Doe Run Perú) y los impactos
que pueda generar en el ambiente. Existe la necesidad de establecer mecanismos
exhaustivos de control ambiental al nuevo administrador del complejo
metalúrgico y las condiciones para que cuando el nuevo operador asuma el
control del complejo se cumplan elevados estándares ambientales. No hay
claridad sobre monitoreo de las emisiones fugitivas hasta la fecha.
Se desaprobó nuevamente el plan
de reestructuración presentado por Doe Run Perú (DRP) ante la junta de
acreedores, Right Business, actual administrador del complejo metalúrgico de La Oroya, quienes vienen
asumiendo el reto técnico de poner en marcha los circuitos de zinc y plomo.
Durante este semestre, han continuado los intentos de DRP por retomar el
control del complejo metalúrgico.
DRP planteó la demanda ante el
Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo buscando invalidar la
resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), que reconoce al Estado como acreedor. Si se resuelve a favor de
DRP, el MINEM perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo
ocuparía Doe Run Cayman.
Actualmente, es la empresa Right
Business la encargada de operar el complejo, y la puesta en marcha del circuito
de zinc ha generado algunos impactos ambientales que han sido reportados por la DIGESA que indicó tres
situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se
reanudaron las operaciones.
Asimismo, aún hay un clima de
tensión entre los pobladores de Morococha y el proceso de reasentamiento por el
proyecto Chinalco. Hasta la fecha no queda claro cómo se van a resolver algunas
de las observaciones técnicas planteadas por el Ministerio de Vivienda sobre el
caso. Resultan además preocupantes las informaciones que indican que los 800
mil pobladores de la región beben agua no apta para el consumo humano, pues hay
presencia de metales pesados.
Caso Cajamarca:
Las aguas aún no se han calmado
en Cajamarca, luego del punto más álgido del conflicto por el agua en la región
Cajamarca, durante el segundo semestre del 2012, el 78% de los cajamarquinos se
oponen al proyecto minero Conga (Ipsos Apoyo, setiembre 2012). La población
espera una solución definitiva, siguen preocupaciones por construcción de reservorios,
pues para la población evidencia que el proyecto no está suspendido.
Las manifestaciones sociales de
protesta contra el proyecto minero continúan, con menor intensidad, en
distintas partes de la región. De esta manera a mediados del mes de noviembre,
delegaciones de ronderos de las provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín,
se apostaron en los alrededores de las lagunas a ser impactadas por el proyecto
minero. Asimismo una delegación de ronderos viajó a la ciudad de Lima para
realizar un plantón frente a las instalaciones de la empresa minera Newmont en
el distrito de Miraflores.
La población exige al gobierno de
la paralización "oficial” del proyecto y el retiro definitivo de la
maquinaria de Yanacocha de la zona de las lagunas. Si bien, hasta la fecha, se
ha hablado de una postergación del proyecto Conga, no se ha dado la suspensión
oficial del proyecto. Yanacocha, por un lado, ha optado por dar "cambios
significativos para crear un entorno que permita la viabilidad del proyecto
minero Conga”, optando por esperar para la construcción de la mina hasta
finales del 2014. No obstante, nunca se emitió algún comunicado oficial al
respecto. La empresa, por el contrario, continuaría en la construcción de los
reservorios adicionales, del campamento, la ingeniería, y la adquisición de los
equipos principales. Esta situación ha contribuido a mantener el clima de
desconfianza y rechazo al proyecto en la región.
De otro lado, Yanacocha podría
hacer uso de los mecanismos de protección al inversionista que establece el
capítulo de inversiones del TLC y entablar una millonaria demanda contra el
Estado Peruano en un arbitraje internacional. El Tribunal Latinoamericano del
Agua recomendó la suspensión del proyecto Conga. Otro conflicto social entorno
al agua en suspenso en la región podría generarse en torno a la explotación de
la empresa minera canadiense Shell en la cuenca del Río Grande.
Caso Piura:
En Piura, la empresa china Zijin
pretende retomar el proyecto Río Blanco y buscar la aprobación del EIA, lo que ha
generado preocupación en las comunidades de Huancabamba y Ayabaca. Tras
reuniones con varios representantes del Estado, entre ellos la Vice Presidenta de
la República
y Congresista por Piura, Marisol Espinoza, los dirigentes y líderes de
organizaciones sociales expresaron su preocupación por la reactivación del
proyecto minero y plantearon la necesidad de brindar protección a los bosques
de neblina y páramos. Se reiteró también la voluntad de establecer canales de
diálogo.
Es necesario tener presente que,
desde los casos Tambogrande y Rio Blanco se ha planteado la necesidad de
ordenar el territorio con objetivos que respondan a las aspiraciones de las
poblaciones locales y regionales. Hoy dicha necesidad se ha convertido en una
prioridad y ello exige, previamente, que se apruebe una Ley de Ordenamiento
Territorial (OT). Deben establecerse previamente la creación de Áreas Naturales
Protegidas (ANP) y la formulación de sus planes maestros, las tierras agrícolas
de importancia para la seguridad alimentaria y las tierras de comunidades
campesinas y nativas, en cuyo caso debe exigirse la consulta previa, por ser
consideradas pueblos indígenas según lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, y la propia Ley de
Consulta Previa.
Por otro lado, el programa de
formalización de la actividad minera informal del gobierno regional ha tenido
mucha acogida, pero ahora ha llegado el momento en que debe definir en qué
lugares permitirá dicha actividad, bajo qué condiciones y qué mecanismos llevará
adelante para una adecuada fiscalización. Recordemos que el 98% de la minería
informal está concentrada en Piura y Ayabaca.
Caso Apurímac
Apurímac se ha colocado como
nuevo centro de inversión minera. Tiene el 57.7% de su territorio concesionado.
La problemática de la minería informal sigue creciendo en la región. Esta vez
las comunidades protestan por priorizar solo a algunas comunidades de su zona
de influencia directa. Las Comunidades de Tambulla, Choccoyo, Patario,
Huaraccoy, Lahuani y Chuntahuillque, han desarrollado un paro por 48 horas en
reclamo de la empresa Antares, por un trato desigual a las comunidades, pues
consideran que la empresa está dando preferencias a algunas comunidades y
relegando a otras.
En caso de empresas como Xstrata,
las comunidades de la zona de influencia se han sentido excluidas en los
procesos de implementación de proyectos de desarrollo. Pese a que la empresa
Xstrata ya ha conseguido acuerdos respecto a la compra de terrenos comunales,
principalmente para lo que será el mineroducto, la comunidad Ccocha ha
reclamado a la empresa un fondo económico que pueda servir ante los posibles
impactos. En el territorio de esta comunidad (distrito de Haquira) se
construirá la tercera estación de bombeo para el mineroducto. Al respecto, la
empresa ha respondido que va evaluar la posibilidad de generar un fondo ante
emergencias.
Los procesos de formalización
vienen generando muchas expectativas en los mineros artesanales, pero la
realidad muestra que son muy pocas las asociaciones que a la fecha cumplen con
los requisitos para finalizar el proceso. La provincia de Cotabambas registró
la mayor cantidad de declaraciones de compromiso de los mineros artesanales
(Decreto Legislativo N° 1105) sumando un total de 1422. Las preocupaciones por
el nivel de otorgamiento de concesiones se mantienen, sobre todo por la
protección de las cabeceras de cuenca.
CERCA DEL 20 POR CIENTO DEL
TERRITORIO NACIONAL ESTÁ CONCESIONADO A LA MINERÍA
La región Apurímac se ha colocado
como nuevo centro de inversión minera, con el 57.7% de su territorio
concesionado. Según el XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el
Perú, el territorio concesionado a la minería representa el 19,15%, una cifra
que asciende a una inversión de US$ 53,423 millones de dólares.
Según décimo primer informe del
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
El informe se centra en el
análisis de los conflictos mineros que afectan al país con énfasis en la
situación de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde
se evidencian fuertes tensiones por el impacto en los recursos hídricos, el
riesgo que existe sobre ecosistemas frágiles y el crecimiento de las
concesiones mineras.
José de Echave, coordinador del
Observatorio de Conflictos Mineros, señaló que los avances en políticas
públicas como la implementación de la consulta previa y la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de
Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles
(SENACE), es un avance lento frente a la cantidad de inversión que se proyecta
en el país.
A noviembre de 2012, Arequipa
encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorio
concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra
el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas
concesionadas.
Cusco, donde dos personas
murieron en enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el
décima lugar con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con
1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de
las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas
concesionadas.
Apurímac, centro de la inversión
minera
Mientras Apurímac tiene
1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfila como el
principal destino de los nuevos proyectos mineros de inversión. La inversión
minera representa el 22.2% del total, es decir, US$ 11,860 millones de dólares.
Piura
Ana Leyva, en su exposición
enfocada en la región Piura, señaló que la empresa Zijin ha intentado
nuevamente retomar su proyecto minero en las alturas de las provincias de
Ayabaca y Huancabamba.
También hizo referencia a las
recientes resoluciones judiciales a favor de los 107 campesinos que fueron
injustamente procesados en el Caso Río Blanco y de la condena del ex Fiscal
Toledo Leyva quien a pesar de haber atestiguado la tortura de 28 personas
ocultó tal delito.
Asimismo, se refirió al
crecimiento de la minería informal en Piura y las salidas integrales a dicha
problemática. También subrayó los logros que esta región está obteniendo en
términos de desarrollo sostenible (agrícola, ganadero y pescadero) evidenciando
que sí existen alternativas exitosas para la población.
Comunidades
Casi la mita, el 49.63%, del
territorio de comunidades campesinas tienen concesiones mineras. En menor
proporción, sólo el 1.39% del territorio de comunidades nativas están
destinados a la minería.
Pasivos ambientales
Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional
existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los
cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.
En departamentos donde coinciden
grandes números de pasivos ambientales con la fuerte ocupación de concesiones
mineras son Cajamarca, Ancash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Apurímac,
Puno y Cusco.
Los departamentos con mayor
número de pasivos mineros son Cajamarca y Ancash. Los tipos de pasivos más
frecuentes en el país son aquellos dejados por las labores subterráneas
(chimeneas, piques, bocaminas, etc.) que ascienden a 2528, seguidos por los
botaderos de desmonte (1682) y diversos tipos de infraestructura de operación
(1496) como caminos, campamentos, plantas de procesamiento, etc.
A nivel nacional podemos observar
que existen 811 tajos abiertos, 317 depósitos de relaves, los depósitos de
escorias y las pilas de lixiviación son 14 y 7 respectivamente. Es importante
indicar que estas cifras son aproximadas, pues no existe información más
detallada sobre los pasivos mineros.
Encabeza la lista de los 15
titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012: BHP
Billiton World Exploration INC con 1 236 370 hectáreas
de superficie, que representa el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el
país. Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y
Buenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 %
respectivamente).
El Observatorio de Conflictos
Mineros en el Perú está conformado por las organizaciones Fedepaz, Cooperacción
y Grufides.
******************
A continuación el resumen
ejecutivo del informe:
Resumen Ejecutivo
XI Informe del Observatorio de
Conflictos Mineros en el Perú
El 2012 ha sido uno de los
años de mayor conflictividad social en el país. Casos como el de Conga,
Espinar, Madre de Dios, entre otros, así lo demuestran. El primer semestre se
vio marcado por hechos como el peritaje sobre el proyecto Conga, la marcha nacional
por el agua, las movilizaciones en la propia región Cajamarca, las acciones de
los guardianes de las lagunas. También ha sido un año marcado el anuncio del
presidente Ollanta Humala quien dijo que se iba a elaborar una propuesta para
definir "una nueva relación con la actividad minera”. En el segundo
semestre los estallidos sociales disminuyeron, sin embargo los conflictos
siguen latentes y en cualquier momento se pueden producir nuevos estallidos
especialmente en los departamentos de Piura, Junín, Apurímac, Cusco y Cajamarca
como veremos en este resumen.
Las reformas anunciadas no solo
se han hecho esperar sino que todavía aparecen como esfuerzos parciales. La ley
que crea el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles
(SENACE), aprobada el pasado 22 de noviembre en el Congreso de la República todavía deja
algunos vacíos pues algunos proyectos pueden ser excluidos. Adscrito al
Ministerio del Ambiente y cuya función será revisar y aprobar los EIA, así el
SENACE deja abierta la posibilidad de que si un proyecto extractivo sea
considerado como "estratégico” sea debatido y aprobado en el Ministerio de
Energía y Minas. No hay que olvidar, además, que los EIA son hoy en día
insuficientes y se necesita instrumentos complementarios como los EAE para
medir los impactos acumulativos de varios proyectos en una determinada zona.
Por otro lado, los conflictos
sociales vinculados a la minería se han convertido además en conflictos
políticos de envergadura. Un informe de la agencia internacional de
calificación de grados de inversión Moody’s, señalaba: "Los recientes
cambios ministeriales son negativos para la calificación de crédito del Perú
pues son un reconocimiento implícito de que su estrategia para abordar el
conflicto de Conga no ha sido eficaz”.
Según el mapa de concesiones
mineras, tenemos el 19,15% del territorio nacional concesionado. A noviembre de
2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de
territorio concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el
conflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0
hectáreas concesionadas. Mientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas
destinadas a la actividad minera y se perfila como el principal destino de los
nuevos proyectos mineros de inversión. Cusco, donde dos personas murieron en
enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar
con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0
hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las
operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas
concesionadas.
El Informe señala además que el
47.11% del área total de la región hidrográfica del Pacífico tiene presencia de
concesiones mineras. La región hidrográfica del Amazonas se encuentra ocupada
en un 11.40%, ésta es más de 3 veces el tamaño de la del Pacífico y presenta
casi la misma extensión de concesiones mineras.
El 49.63% del territorio de
comunidades campesinas tienen concesiones mineras, en menor proporción, sólo el
1.39% del territorio de comunidades nativas están destinados a la minería.
Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional
existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los
cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.
Encabeza la lista de los 15
titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012, la BHP Billiton World
Exploration INC con 1
236 370 hectáreas de superficie, que representa el 4.8%
del total de concesiones otorgadas en el país. Otras empresas de importancia
son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y Buenaventura S.A.A. y abarcan un
porcentaje menor (2.4 y 2.2 % respectivamente).
El informe concluye que la
estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho:
la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los
conflictos, es la del complot es decir que todos los conflictos responderían a
las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias "antimineras”.
Caso Cusco:
El 15.3% de Cusco está
concesionado, el primer semestre del 2012 registró la cifra más alta de
concesiones. El informe concluye que hay una clara preocupación por los
impactos del mineroducto del mega proyecto Las Bambas que va a llegar a Espinar,
así mismo una gran expectativa sobre los resultados del monitoreo ambiental
realizado en el marco del proceso de diálogo. El proceso de reformulación del
convenio marco sigue vigente y genera expectativas en la población. El
desarrollo del proyecto Majes Siguas II también mantiene en vilo a las
Autoridades de Arequipa y Cusco. El escenario sigue siendo complejo y los
gobiernos regionales de Arequipa y Cusco se siguen distanciando. Al parecer los
cambios técnicos anunciados por el presidente regional de Arequipa, que ha
señalado cambios en las fuentes de agua para que le den sostenibilidad al
proyecto, no han marcado una solución definitiva el caso.
Los retos que plantea el espacio
de la Mesa de
Diálogo Colegiada de Espinar son grandes. Recordemos que a raíz del grave
conflicto suscitado en mayo de este año, se formó esta mesa que reúne a los
principales actores de la provincia con representantes del gobierno nacional. A
la fecha, se siguen dando los procesos de negociación entre el gobierno
nacional, la autoridad local y las organizaciones sociales de la provincia.
Sobre los temas ambientales ha
habido algunos avances como la identificación de algunos puntos de monitoreo de
mansera consensuada. Sin embargo, aún hay sectores de la población que se
muestran escéptico como el FUDIE que ha señalado que los monitoreos no han
contado con una participación adecuada de la población, porque no se han
incluido algunos puntos de monitoreo considerados críticos.
La publicación de los resultados
del monitoreo va a ser un momento clave: es muy poco probable que los
resultados puedan colmar las expectativas de todos los actores, el gobierno
nacional debe tener una estrategia muy ordenada y clara sobre el proceso de difusión
de los resultados y sobre las medidas a implementar en caso los resultados
evidencien contaminación en la provincia. La situación sigue estando bastante
polarizada en la provincia. Una clara muestra de ello son las pintas que han
aparecido contra miembros de algunas organizaciones y miembros del equipo
técnico del municipio.
Caso Junín:
En La Oroya, Junín, aún hay
incertidumbre respecto al reinicio de las operaciones del circuito plomo del
Complejo Metalúrgico (antes en administración de Doe Run Perú) y los impactos
que pueda generar en el ambiente. Existe la necesidad de establecer mecanismos
exhaustivos de control ambiental al nuevo administrador del complejo
metalúrgico y las condiciones para que cuando el nuevo operador asuma el
control del complejo se cumplan elevados estándares ambientales. No hay
claridad sobre monitoreo de las emisiones fugitivas hasta la fecha.
Se desaprobó nuevamente el plan
de reestructuración presentado por Doe Run Perú (DRP) ante la junta de
acreedores, Right Business, actual administrador del complejo metalúrgico de La Oroya, quienes vienen
asumiendo el reto técnico de poner en marcha los circuitos de zinc y plomo.
Durante este semestre, han continuado los intentos de DRP por retomar el
control del complejo metalúrgico.
DRP planteó la demanda ante el
Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo buscando invalidar la
resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), que reconoce al Estado como acreedor. Si se resuelve a favor de
DRP, el MINEM perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo
ocuparía Doe Run Cayman.
Actualmente, es la empresa Right
Business la encargada de operar el complejo, y la puesta en marcha del circuito
de zinc ha generado algunos impactos ambientales que han sido reportados por la DIGESA que indicó tres
situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se
reanudaron las operaciones.
Asimismo, aún hay un clima de
tensión entre los pobladores de Morococha y el proceso de reasentamiento por el
proyecto Chinalco. Hasta la fecha no queda claro cómo se van a resolver algunas
de las observaciones técnicas planteadas por el Ministerio de Vivienda sobre el
caso. Resultan además preocupantes las informaciones que indican que los 800
mil pobladores de la región beben agua no apta para el consumo humano, pues hay
presencia de metales pesados.
Caso Cajamarca:
Las aguas aún no se han calmado
en Cajamarca, luego del punto más álgido del conflicto por el agua en la región
Cajamarca, durante el segundo semestre del 2012, el 78% de los cajamarquinos se
oponen al proyecto minero Conga (Ipsos Apoyo, setiembre 2012). La población
espera una solución definitiva, siguen preocupaciones por construcción de reservorios,
pues para la población evidencia que el proyecto no está suspendido.
Las manifestaciones sociales de
protesta contra el proyecto minero continúan, con menor intensidad, en
distintas partes de la región. De esta manera a mediados del mes de noviembre,
delegaciones de ronderos de las provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín,
se apostaron en los alrededores de las lagunas a ser impactadas por el proyecto
minero. Asimismo una delegación de ronderos viajó a la ciudad de Lima para
realizar un plantón frente a las instalaciones de la empresa minera Newmont en
el distrito de Miraflores.
La población exige al gobierno de
la paralización "oficial” del proyecto y el retiro definitivo de la
maquinaria de Yanacocha de la zona de las lagunas. Si bien, hasta la fecha, se
ha hablado de una postergación del proyecto Conga, no se ha dado la suspensión
oficial del proyecto. Yanacocha, por un lado, ha optado por dar "cambios
significativos para crear un entorno que permita la viabilidad del proyecto
minero Conga”, optando por esperar para la construcción de la mina hasta
finales del 2014. No obstante, nunca se emitió algún comunicado oficial al
respecto. La empresa, por el contrario, continuaría en la construcción de los
reservorios adicionales, del campamento, la ingeniería, y la adquisición de los
equipos principales. Esta situación ha contribuido a mantener el clima de
desconfianza y rechazo al proyecto en la región.
De otro lado, Yanacocha podría
hacer uso de los mecanismos de protección al inversionista que establece el
capítulo de inversiones del TLC y entablar una millonaria demanda contra el
Estado Peruano en un arbitraje internacional. El Tribunal Latinoamericano del
Agua recomendó la suspensión del proyecto Conga. Otro conflicto social entorno
al agua en suspenso en la región podría generarse en torno a la explotación de
la empresa minera canadiense Shell en la cuenca del Río Grande.
Caso Piura:
En Piura, la empresa china Zijin
pretende retomar el proyecto Río Blanco y buscar la aprobación del EIA, lo que ha
generado preocupación en las comunidades de Huancabamba y Ayabaca. Tras
reuniones con varios representantes del Estado, entre ellos la Vice Presidenta de
la República
y Congresista por Piura, Marisol Espinoza, los dirigentes y líderes de
organizaciones sociales expresaron su preocupación por la reactivación del
proyecto minero y plantearon la necesidad de brindar protección a los bosques
de neblina y páramos. Se reiteró también la voluntad de establecer canales de
diálogo.
Es necesario tener presente que,
desde los casos Tambogrande y Rio Blanco se ha planteado la necesidad de
ordenar el territorio con objetivos que respondan a las aspiraciones de las
poblaciones locales y regionales. Hoy dicha necesidad se ha convertido en una
prioridad y ello exige, previamente, que se apruebe una Ley de Ordenamiento
Territorial (OT). Deben establecerse previamente la creación de Áreas Naturales
Protegidas (ANP) y la formulación de sus planes maestros, las tierras agrícolas
de importancia para la seguridad alimentaria y las tierras de comunidades
campesinas y nativas, en cuyo caso debe exigirse la consulta previa, por ser
consideradas pueblos indígenas según lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, y la propia Ley de
Consulta Previa.
Por otro lado, el programa de
formalización de la actividad minera informal del gobierno regional ha tenido
mucha acogida, pero ahora ha llegado el momento en que debe definir en qué
lugares permitirá dicha actividad, bajo qué condiciones y qué mecanismos llevará
adelante para una adecuada fiscalización. Recordemos que el 98% de la minería
informal está concentrada en Piura y Ayabaca.
Caso Apurímac
Apurímac se ha colocado como
nuevo centro de inversión minera. Tiene el 57.7% de su territorio concesionado.
La problemática de la minería informal sigue creciendo en la región. Esta vez
las comunidades protestan por priorizar solo a algunas comunidades de su zona
de influencia directa. Las Comunidades de Tambulla, Choccoyo, Patario,
Huaraccoy, Lahuani y Chuntahuillque, han desarrollado un paro por 48 horas en
reclamo de la empresa Antares, por un trato desigual a las comunidades, pues
consideran que la empresa está dando preferencias a algunas comunidades y
relegando a otras.
En caso de empresas como Xstrata,
las comunidades de la zona de influencia se han sentido excluidas en los
procesos de implementación de proyectos de desarrollo. Pese a que la empresa
Xstrata ya ha conseguido acuerdos respecto a la compra de terrenos comunales,
principalmente para lo que será el mineroducto, la comunidad Ccocha ha
reclamado a la empresa un fondo económico que pueda servir ante los posibles
impactos. En el territorio de esta comunidad (distrito de Haquira) se
construirá la tercera estación de bombeo para el mineroducto. Al respecto, la
empresa ha respondido que va evaluar la posibilidad de generar un fondo ante
emergencias.
Los procesos de formalización
vienen generando muchas expectativas en los mineros artesanales, pero la
realidad muestra que son muy pocas las asociaciones que a la fecha cumplen con
los requisitos para finalizar el proceso. La provincia de Cotabambas registró
la mayor cantidad de declaraciones de compromiso de los mineros artesanales
(Decreto Legislativo N° 1105) sumando un total de 1422. Las preocupaciones por
el nivel de otorgamiento de concesiones se mantienen, sobre todo por la
protección de las cabeceras de cuenca.
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=72934
Adital 19.12.2012
