El 1 de enero de 2013, tras recibir el año nuevo en la casa de la familia Chaupe-Acuña, ubicada muy cerca a la laguna Azul, directamente en la zona de influencia del megaproyecto minero Conga, Máxima junto a Jaime, su esposo, canta una estrofa de un Yaraví compuesto por ella en la que cuenta la historia de cómo la policía nacional del Perú trabajando para la minera entró en la propiedad de la familia de forma violenta y prepotente, golpeando a miembros de la familia, destruyendo su casa, matando a sus perros y robando parte de su ganado.
28 de febrero de 2013
Cajamarca: Anuncian que Saavedra se alejó solo de Comando de Lucha
A partir de las declaraciones de Wilfredo Saavedra en RPP Noticias, quien dijo que el Comando Unitario de Lucha, de Cajamarca, no sirve para nada, debido a que no convoca a acciones de lucha o movilizaciones contra Conga, y lo califico como un ente burocrático que lo usan para hacer propaganda a Marco Arana y Gregorio Santos.
Hoy el vocero de la mencionada organización social, Edy León Benavidez Ruiz, manifestó que con esas declaraciones Wilfredo Saavedra se ha apartado solo, y al parecer desde un inicio nunca estuvo de acuerdo con la conformación del Comando de Lucha, pues siempre renegaba.
“Él no pensó que faltando el respeto a los dirigentes del Comando, faltó el respeto a toda la población que lucha por el agua, y en las lagunas, este tema será uno de los puntos de agenda que se discutirá, entre otros”, puntualizó el dirigente.
http://www.rpp.com.pe 28.02.13
Conga: Cajamarquinos reinician protestas en defensa de las lagunas
Campesinos retomaron sus protestas tomando las lagunas en Conga con el objetivo de evitar que proyecto minero continúe.
Los campesinos de Cajamarca reinician hoy las protestas contra el proyecto minero Conga y para ello marcharon hacia las lagunas que se encuentran en la zona donde se desarrolla el mencionado proyecto.
La medida de fuerza se retoma luego que el Comando Unitario de Lucha (CUL) acordara que durante tres días se posicionen en las lagunas en Conga para hacer conocer su oposición al proyecto cuprífero.
Esta es la primera protesta que auspicia el CUL desde que el año pasado se replegaran, aunque intermitentemente el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra Marreros, convocara a tres movilizaciones que fracasaron debilitando la lucha y sea el dirigente muy criticado por sus colegas.
Diario La República 28.02.13
Los campesinos de Cajamarca reinician hoy las protestas contra el proyecto minero Conga y para ello marcharon hacia las lagunas que se encuentran en la zona donde se desarrolla el mencionado proyecto.
La medida de fuerza se retoma luego que el Comando Unitario de Lucha (CUL) acordara que durante tres días se posicionen en las lagunas en Conga para hacer conocer su oposición al proyecto cuprífero.
Esta es la primera protesta que auspicia el CUL desde que el año pasado se replegaran, aunque intermitentemente el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra Marreros, convocara a tres movilizaciones que fracasaron debilitando la lucha y sea el dirigente muy criticado por sus colegas.
Diario La República 28.02.13
26 de febrero de 2013
Pobladores de Kañaris reanudan protestas
Las protestas contra la actividad minera de la empresa Candente Copper fueron reanudadas por un grupo de pobladores del distrito de Kañaris, en Lambayeque, notificó el presidente de la comunidad San Juan Bautista, Cristóbal Ramos.
Según indicó, es un total de 250 manifestantes que, en esta oportunidad, se desplazan por los diferentes caseríos de la localidad para orientar a la población sobre las implicancias de los trabajos que ejecuta la minera e intenta conseguir una mayor adhesión a sus medidas de lucha.
Esta marcha, sin embargo, no bloqueará carreteras y se mantendrá de manera pacífica, sin enfrentamientos con la Policía de la zona, aseguró Ramos.
“Nuestra medida es totalmente pacífica y el compromiso es no bloquear las diferentes vías de comunicación”, expresó el dirigente.
Las movilizaciones también se ubicarán cerca al campamento del proyecto minero Cañariaco, al que la población se opone rotundamente.
La marcha permanecerá a la espera de la fecha límite para la instalación de la Mesa de Trabajo para el Desarrollo en Kañaris con el gobierno e impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Las medidas de protesta contra Cañariaco fueron levantadas el 12 de febrero, si embargo los comuneros aseguraron que podían realizar movilizaciones, siempre que no se paralice el proyecto minero.
El último miércoles, César Lucero Huamán, presidente del Frente de Defensa de Kañaris fue recibido por autoridades del Ejecutivo para expresar el rechazo de la población a las paralizaciones violentas contra el proyecto Cañariaco.
Diario La Primera 26.02.13
Noventa soles diarios a cada policía por cuidar proyecto Conga de minera Yanacocha
Mientras la inseguridad ciudadana en el pías sigue creciendo de manera alarmante, las empresas mineras tienen el privilegio de contar con los servicios de la “Policía Nacional del Perú”. La seguridad ciudadana, cada vez mas deja de ser un servicio público, para convertirse en privilegio de los grandes poderes económicos que dominan en el país.
23 de febrero de 2013
Comando Unitario de Lucha de Cajamarca anuncia marchas hacia Conga
En una conferencias de prensa, los voceros del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, junto al congresista Jorge Rimarachín y el exsacerdote Marco Arana, anunciaron marchas hacia las lagunas de Conga para ratificar la defensa de estas fuentes de aguas naturales.
Eddy Benavidez, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, sostuvo que las movilizaciones hacia las lagunas están programadas para este 28 de febrero y los dos primeros días del mes de marzo. Posteriormente, se realizará una reunión para programar las siguientes actividades.
En tanto el exsacerdote Marco Arana sostuvo que ir hasta las lagunas de Conga no es ninguna provocación, puesto que tales recursos naturales pertenecen a la población.
Agregó que provocar es prohibir el ingreso y cercar con efectivos policiales y seguridad privada los terrenos que son de la comunidad.
http://www.rpp.com.pe 20.02.13
22 de febrero de 2013
Ministerio Público intervendrá si se realiza referéndum sobre Conga
Por: Jorge Paucar Albino
En caso se lleve a cabo el referéndum sobre la actividad minera en Cajamarca, el Ministerio Público intervendrá, ya que eso sería una ilegalidad, afirmó el fiscal de la Nación José Peláez Bardales.
“Allí habría comisión de hechos delictivos. No le compete al gobierno regional convocar a ningún plebiscito o referéndum; ya que eso es facultad del Poder Ejecutivo y del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo en declaraciones a Willax TV.
Como se recuerda, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, anunció una consulta popular sobre el proyecto Conga para el próximo mes de julio. Ante ello, la Defensoría del Pueblo envió una carta a Santos Guerrero afirmando que los gobiernos regionales y locales no pueden realizar referéndum sobre mediana y gran minería.
Sin embargo, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), rebatió la posición de la Defensoría del Pueblo porque dicha afirmación restringe inconstitucionalmente el derecho fundamental a la participación y la libertad de opinión de la población de Cajamarca.
20 de febrero de 2013
Perú: Reservorios no compensarán aguas de lagunas que afectará Conga
Servindi, 19 de febrero, 2012
Los reservorios proyectados para contener el agua que se pierda a raíz de la destrucción de lagunas y bofedales en el área donde se pretende ejecutar el proyecto minero Conga, en Cajamarca, jamás cumplirán las funciones ambientales y sociales que cumplen éstas y otros componentes del ecosistema actual.
Así lo sostiene el informe titulado Con mina arriba ¿más agua abajo? La verdad sobre los reservorios de Minas Conga del magister en gestión ambiental Wilder Sánchez Sánchez, el mismo que en el 2012 publicó un estudio que analiza los motivos por los que el proyecto minero Conga es inviable.
El documento fue elaborado a partir de estudios realizados en los últimos años en torno a la viabilidad del proyecto Conga. En el mismo, el autor lamenta que ministros de Estado y medios de comunicación parcializados informen que el proyecto está paralizado y que solo se están haciendo los reservorios.
El autor empieza su análisis comparando las capacidades de las lagunas que serán drenadas para dar paso a los trabajos de explotación del mineral, son el caso de las lagunas El Perol, Chica, Azul, Mala y Chailhuagón, con la capacidad de los reservorios, descubriendo así grandes sorpresas.
Explica en este sentido que hay factores que no se han tomado en cuenta como, por ejemplo, el llamado alamacenamiento muerto, es decir, el volumen del reservorio que será ocupado por sedimentos, y las zonas adyacentes a las lagunas donde también se puedan hallar áreas de almacenamiento de líquido.
Se puede destacar así el caso de la laguna El Perol que forma parte de la cabecera de cuenca del río Chirimayo, y del reservorio del mismo nombre, el cual no contendrá el liquido que se encuentre en una zona adyacente como es la Pampa de Bofedales Perol, área de inundación permanente de una extensión de 103 hectáreas que desaparecerá el proyecto minero.
“…es muy posible que toda el agua contenida en la Pampa Perol, desde su superficie hasta los 20 m de profundidad, sea, incluso, mayor que la existente en la Laguna El Perol. ¿Cuál será, pues, el destino de este volumen hídrico? No será transferido al Reservorio Perol sino que pasará a ser parte de las aguas de uso minero-industrial”, indica el documento.
Asimismo, este reservorio no va a contener el agua que se encuentra hoy en la laguna Empedrada, la misma que será destruida por el Tajo Perol, de 224 hectáreas, por no haber sido considerada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga, que elaboró Knight Piésold Consultores S.A. en el 2010.
Otro cuerpo de agua que será afectado, de acuerdo al estudio, será la Laguna Huashwas, ubicada a 300 metros del profundo tajo minero Chailhuagón. La mencionada laguna se secaría relativamente rápido debido a las fisuras que provocarían en su lecho las voladuras de ANFO usadas para abrir el tajo.
Entre las conclusiones, el autor advierte que habrá una “pérdida absoluta del recurso hídrico” en la cuenca del río Chirimayo para los usuarios aguas abajo de la zona de la laguna El Perol. A lo que se sumarían la destrucción de manantiales por la construcción del tajo y la disminución de caudales por efectos del bombeo de agua subterránea.
Por otra parte, el informe asegura que el proyecto Conga tendrá un “impacto catastrófico” en la cuenca alta del Río Jadibamba debido a las canchas de relaves de 700 hectáreas y al botadero de rocas, elementos que ocasionarían una “contaminación terrible y permanente”, agravada por las aguas ácidas provenientes del tajo.
“… la Planta de Tratamiento de Aguas Acidas y el Reservorio Inferior sólo servirán para mitigar en parte los gravísimos impactos en la calidad y cantidad del agua de la cuenca Jadibamba–La Llanga, pero jamás podrán compensarlos ni, mucho menos, revertirlos”, concluye el estudio.
Pero lo que vaya a ocurrir con la laguna El Perol y las demás que también desaparecerían es solo una parte de todo el perjuicio que provocará la minera en Cajamarca. Se debe sumar a ello el daño que se provocará en la vegetación y aquello que pueda ocurrir una vez concluida la fase de explotación.
En este sentido el estudio considera que una vez concluida la citada fase al corto o al largo plazo los reservorios, cuatro en total, en vez de constituir activos ambientales y sociales, como sostienen Yanacocha y como repiten algunos periodistas, se convertirán en pasivos ambientales y en una carga social.
Lo que queda claro del proyecto ubicado en los distritos de Huasmín y Sorochuco, en la provincia de Celendín, y La Encañada, en la provincia de Cajamarca, es que jamás se podrá reemplazar el sistema hídrico de ríos, riachuelos y manantiales asociados a las lagunas y bofedales.
Asimismo queda claro que el gobierno no está siendo claro respecto a la ejecución del proyecto ni tampoco lo está siendo en cuanto a la forma cómo se administrará el recurso hídrico.
Para acceder al documento elaborado por el experto en gestión ambiental dar clic en el siguiente enlace:
Con mina arriba ¿más agua abajo? La verdad sobre los reservorios de Minas Conga.
18 de febrero de 2013
Cajamarca: Moradores de Combayo se oponen a ejecución de presa el Chonta
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Fuente: RPP | Créditos: Judith Cruzado
Afirman que lo que sería una solución para Cajamarca se convertiría en un problema para los moradores del lugar.
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Un grupo de pobladores se movilizaron la mañana de este lunes a las
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para pedirle
una respuesta al alcalde Ramio Bardales Vigo sobre el pedido de
socialización que hicieron a las autoridades antes de iniciar la
construcción de la presa el Chonta.
El ciudadano Javier Días
Tacilla dijo que la ejecución de dicho proyecto afecta la cantidad de
agua de la zona y no se conoce hasta la fecha por donde pasaría la
carretera porque también resultaría afectada.
Pidió que se
pronuncie de inmediato la Autoridad Local del Agua (ALA) y la
Municipalidad Provincial de Cajamarca antes que se agudicen las
protestas sociales.
http://www.rpp.com.pe 18.02.13
8 de febrero de 2013
La Ramada se queda sin agua
Acusan a la empresa extractiva de aniquilar sus fuentes de agua; su canal se encuentra, literalmente, seco. Señalan que las operaciones mineras en Cerro Negro (lugar de nacientes de agua) es centro de operaciones de minera Yanacocha.
Emilio Yopla Chilón, dirigente de La Ramada señaló que desde hace años vienen protestando por la escases de agua, si antes de la instalación de la empresa minera se contaba con 14 litros de agua por segundo en sus canales, ahora solo se tiene dos, y a veces solo un litro de agua por segundo. Son más de cien familias las que dependen del agua del canal La Ramada, son agricultores. El agua escasea incluso en época de lluvia, mientras más avanza la actividad minera en Cerro Negro menos agua tenemos, señaló Yopla Chilón.
Yopla también dijo ante los medios de prensa que se encuentra procesado ante la justicia por supuestos actos de alteración del orden.
“Si la población de La Ramada salió a la carretera y protestó fue porque no tenemos a quien recurrir, todas las puertas se nos cierran, mientras tanto, menos agua en nuestro canal. Queremos que la Autoridad Nacional del Agua intervenga y nos emita un documento en el cual se nos garantice la utilización de las aguas del canal La Ramada para nuestras actividades”, explicó. Los campesinos anunciaron que continuarán con sus reclamos, pues no permitirán que la empresa minera les arrebate sus aguas.
Diario El Mercurio 08.02.13
Tesoro escondido
En diciembre pasado, el prestigioso periodista estadounidense George Black publicó un extenso reportaje sobre el conflicto minero en Cajamarca, en la revista OnEarth que el propio Black dirige.
El reportaje, escrito para el público estadounidense, tiene sin embargo información de mucho interés para los lectores peruanos, además de brindar una perspectiva diferente a la de la polarizada y frecuentemente desinformadora cobertura periodística nacional.
Al haber sido traducido recientemente al español, IDL-R pone a disposición de sus lectores el reportaje.
http://idl-reporteros.pe
6 de febrero de 2013
Fiscalía archiva denuncia contra Gregorio Santos y seis dirigentes
El presidente regional de Cajamarca era investigado por las protestas de junio del 2012 en la provincia de Santa Cruz.
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo dispuso no formalizar y archivar la investigación preliminar contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, y seis dirigentes acusados por la comisión de los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y contra la libertad, en la modalidad de coacción en agravio del Estado.
Gregorio Santos era investigado por participar en las protestas contra el proyecto minero Conga, en junio del 2012, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), en donde se le acusaba de bloquear la carretera.
El abogado de Santos, Wilfredo Chero, refirió que el procurador del Ministerio del Interior fue quien interpuso la acción penal ante el Ministerio Público de Chiclayo. Sin embargo, luego de siete meses, la fiscal Giovana del Río Carreño dispuso el archivamiento de la denuncia.
Tampoco serán investigados los dirigentes Wilfredo Saavedra Marreros, Marco Arana Saavedra, Idelso Hernández Llamo, Segundo Vásquez Gonzáles, Alejandro Izquierdo Torres y Clever Ramos García.
Diario La República 06.02.13
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo dispuso no formalizar y archivar la investigación preliminar contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, y seis dirigentes acusados por la comisión de los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y contra la libertad, en la modalidad de coacción en agravio del Estado.
Gregorio Santos era investigado por participar en las protestas contra el proyecto minero Conga, en junio del 2012, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), en donde se le acusaba de bloquear la carretera.
El abogado de Santos, Wilfredo Chero, refirió que el procurador del Ministerio del Interior fue quien interpuso la acción penal ante el Ministerio Público de Chiclayo. Sin embargo, luego de siete meses, la fiscal Giovana del Río Carreño dispuso el archivamiento de la denuncia.
Tampoco serán investigados los dirigentes Wilfredo Saavedra Marreros, Marco Arana Saavedra, Idelso Hernández Llamo, Segundo Vásquez Gonzáles, Alejandro Izquierdo Torres y Clever Ramos García.
Diario La República 06.02.13
5 de febrero de 2013
Los señores de la mina
Por: Rocio Silva Santisteban
“Los señores de la mina/ ya nos quieren engañar/ dicen que las truchas mueren/ porque no saben nadar…” es una de la tonadas de carnaval cajamarquino que se escucha y se seguirá escuchando en Celendín, Bambamarca y Hualgayoc entero, pero que definitivamente, también se baila en La Shacsha, Baños del Inca, donde la Empresa Yanacocha ha infringido una ordenanza municipal invadiendo terrenos dentro de un área de conservación.
La sierra norte se ha calentado más de la cuenta este verano de carnavales, sobre todo en Cañaris, donde la semana pasada se llevó a cabo una “mesa de desarrollo” con la presencia de un Vladimiro Huaroc sin muñeca para manejar una sesión cuya acta no fue firmada por Cristóbal Barrios, presidente de la comunidad, porque no se consignaron los pedidos que se habían solicitado. Sin embargo, los campesinos cajamarquinos, liberteños o los indígenas de Amazonas saben perfectamente que la mejor manera de luchar es también con ironía y alegría, pues esto le desespera a los dueños del Perú. ¿Y qué mejor que cantando en carnaval?
La derecha sin Aldo Mariátegui exacerbado en Correo ahora se desespera. Acusa al gobierno de no poder imponer el “principio de autoridad” ante un gobierno regional presidido por un “agitador profesional” que “declara sin desparpajo” (sic) sobre la inviabilidad de Conga luego de la entrevista con el Premier Jiménez. El diario El Comercio también se rasga las vestiduras, repitiendo una a una las razones de los señores de la mina (como esa de que el agua “se desperdicia en Cajamarca porque va a dar al mar”) y señala a Gregorio Santos como el “mañoso que miente con desparpajo” y pretende ridiculizarlo con el melifluo título “Gregorio y los frejoles mágicos”.
La derecha refinada y la bruta y achorada, una citando mal y la otra citando con corrección y furia varias veces la palabra “desparpajo”, no soportan que un insumiso que tiene el poder del gobierno regional pueda dialogar sin subalternizarse. Al parecer lo único que los calmaría sería tener a Gregorio Santos tras las rejas y por eso mismo, extrañan el premierato de Valdés, que tenía a los fiscales de prevención del delito dejando regadas por todas las jurisdicciones sendas denuncias contra todos los dirigentes, muchos de los cuales se han ido archivando por falta de pruebas. “Desparpajo”, esa palabra repetida en ambos diarios, posiciona a los que la usan como sorprendidos e indignados por un campesino que gobierna y no cede ante los intereses de los señores de la mina.
No nos olvidemos tan pronto del pánico a la izquierda que desató el pase a la segunda vuelta de Ollanta Humala y las increíbles “investigaciones” de Perú21, que ahora se han abocado en la estrategia de persecución a Gregorio Santos y a todo dirigente cajamarquino o cañarí que discrepe del discurso hegemónico de las bondades de la minería. Por lo visto están terriblemente asustados y en esa clave habría que interpretar también el despido a Aldo Mariátegui y el apoyo obsecuente a la revocatoria. Bueno, pues, ¡tiemblen! No todos los candidatos a presidente son domesticables.
Diario La República 05.02.12
La Consulta Previa: una fuente de conflictos dentro y fuera del gobierno
Cuando Ollanta Humala prometió y luego promulgó la Ley de Consulta Previa no tenía ni idea del tremendo lío en que se estaba metiendo. A casi un mes de la primera consulta y con conflictos como el de Cañaris asomándose por la ventana, el gobierno debería decidir qué peruanos pertenecen a una comunidad indígena y cuáles no. La que se viene.
Marco Sifuentes. INFOS.
Para este año se han programado cinco Consultas Previas, pero la única que afecta a la industria extractiva es la del lote petrolero 1AB, en marzo. Sin embargo, eso podría cambiar radicalmente.
La semana pasada se supo que la Defensoría del Pueblo le pidió a la PCM que se realice una Consulta Previa en Cañaris, Lambayeque. Por su lado, los ronderos cajamarquinos de Conga reclaman, interpretando la Ley de Rondas, tener derecho a una. Algunas organizaciones indígenas dicen que la reciente destitución del jefe de Indepa afecta sus derechos y, por tanto, debió haber sido sometida a Consulta Previa. Y la interpretación más extrema viene del Instituto de Defensa Legal, que sostiene que todas las concesiones mineras y petroleras desde 1995 debieron haber pasado por una Consulta Previa y, por tanto, deberían declararse nulas si no lo hicieran. Así como lo lee.
¿Quiénes tienen razón y quiénes no? Las respuestas son sorprendentes y la clave para desentrañar esta situación es la Base de Datos de Pueblos Indígenas, el verdadero santo grial de este asunto.
—La Base de Datos está lista desde junio —nos dice un alto exfuncionario—. Pero no sé cómo la van a publicar. El que la saca se quema.
Efectivamente, esa Base de Datos es probablemente una de las papas más calientes del gobierno de Humala, si no la más. Consiste en la definición de cuáles son los territorios indígenas en el Perú. Deténgase un momento y lea de nuevo la oración anterior. Se trata de una definición histórica.
—Estamos hablando de la identidad del Perú, de la visión del país que quieres tener —dice un funcionario vinculado al sector energético—. Las comunidades que no aparezcan, ¿se van a quedar tranquilas? Va a ser una bola de nieve.
La Base de Datos no define quién es un indígena en el Perú, sino dónde viven. Para que una comunidad aparezca en la Base de Datos tiene que descender de pueblos originarios, conservar todas o parte de sus costumbres y su territorio tiene que ser crucial para la perpetuación de esa cultura.
El viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, es el encargado de cocinar esta papa. Y la tiene a fuego lento. Bien lento. Un blog indígena ha llevado la cuenta de todas las fechas en las que, según declaraciones de Lanegra a la prensa, la Base de Datos sería publicada en: enero, mayo, julio, diciembre y, finalmente, en una reciente entrevista con Gestión, dijo que el cruce de información era complejo y no se animó a dar una fecha.
—Esto va más allá de Lanegra —dice una persona altamente informada—. Al Ministerio de Energía no le gusta la idea de que se sepa cuántos proyectos mineros están superpuestos a población indígena.
TEMPESTAD EN LOS ANDES
Todas las personas consultadas off the record para la elaboración de este informe, sin excepción, coinciden en que la Base de Datos ya está lista. Algunas difieren en la fecha. Unos dicen que está lista desde junio; otras, desde agosto.
El problema está en que Lanegra no es el único cocinero de la papa. Interculturalidad elabora la Base de Datos, pero los otros sectores del gobierno también pueden meter su cuchara: Energía tira para su lado, Ambiente para el otro, Agricultura tiene su propia agenda, Economía pone peros y así.
Dentro del viceministerio dicen sentirse “en medio de dos barras bravas”. Y siguen trabajando en la Base, agregando datos y criterios que vienen de una barra y de otra.
El principal escollo no está, contra lo que podría creerse, en definir a la población amazónica. Al contrario, es fácil reconocer a esas comunidades indígenas: conservan sus lenguas y muchas de sus costumbres; además, están organizadas en distintas federaciones, regionales y nacionales, que las representan.
Interculturalidad ha reconocido, oficialmente, 48 culturas amazónicas. Ellas no son el problema central.
—¿Una comunidad indígena quechua en Apurímac? ¡No me jodas! —le habría espetado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, a Lanegra en diciembre del año pasado.
Efectivamente, el problema está en los Andes.
Interculturalidad ha reconocido, también oficialmente, cuatro culturas andinas: los jaqaru, en la sierra de Lima; los uros, en las islas flotantes del Titicaca; los aymara y los quechua. El problema está en la gran población aymara y quechua del Perú. ¿Qué comunidades aymaras y quechuas califican para la Base de Datos y cuáles no?
Según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la comunidad quechua de San Juan de Cañaris es indígena. El 64% de su población tiene al quechua como primer idioma y el proyecto Cañariaco, catalizador de un conflicto que estalló con violencia esta semana, abarca más de la mitad del territorio de la comunidad.
De esta manera, cualquier medida administrativa que vaya a tomar el gobierno respecto de este proyecto, según la Defensoría, debería pasar por una Consulta Previa.
Funcionarios del Ejecutivo consultados, admiten que la Defensoría, legalmente, tiene razón, pero lo consideran políticamente inviable. Ya hay un precedente, por decir lo menos, curioso.
LA CONSULTA CERO
Contra lo que todo el mundo creía, la primera consulta previa no se iba a realizar con las comunidades amazónicas del Lote 1AB, en Loreto, sino mucho más al sur, en las alturas andinas de Mollepiña, Apurímac.
Allí, muy cerca a Las Bambas, se encuentra Angostura, un megaproyecto aurífero en Apurímac. Esta era la preocupación del ministro Merino cuando conversó con Lanegra.
El viceministro intentó explicarle a Merino que la comunidad de Nueva Esperanza de Mollepiña es mayoritariamente quechuahablante y que le correspondía pasar por Consulta Previa.
—El presidente Humala me ha dicho personalmente que la minería es el motor de la inclusión social —habría replicado el ministro de Energía—. Qué importa el Convenio 169 si hay que combatir la pobreza.
Lo del Proyecto Angostura es una muestra de lo caótico que está resultando decidir dónde y cómo se realizan las Consultas Previas.
INFOS tiene en su poder el “Plan de Consulta Previa para el inicio de la actividad de exploración del Proyecto Angostura”.
El documento contemplaba una ceremonia de entrega de información a la comunidad de Mollepiña el 5 de diciembre de 2012. Luego, se informaría por radio y otros medios a toda la región hasta el 3 de enero de este año. La comunidad haría una evaluación interna entre el 4 y el 13 de enero. Finalmente, el 12 de febrero se llegaría a un acuerdo.
Nada de esto ha sucedido. El Plan desapareció misteriosamente de la web del Ministerio. Consultado el nuevo presidente de la comunidad, Manuel Huilca Condori , dijo que no había escuchado nada de ninguna consulta. Tampoco el gobernador del distrito de Curpahuasi, Nicolás Castro .
Al cierre de este informe, el Ministerio de Energía no había explicado qué pasó con el Plan de Consulta Previa del Proyecto Angostura. Sin embargo, tampoco existe una Base de Datos que oficialice el derecho de Mollepiña a la Consulta Previa.
Y esa ausencia es un arma de doble filo.
ADIÓS A LA GOBERNABILIDAD
En enero del año pasado, durante una de las rondas macrorregionales para la elaboración del reglamento de Consulta Previa, en Chiclayo, apareció Wilfredo Saavedra. El ex emerretista y líder del movimiento anti Conga había sido invitado por Conacami, la omnipresente organización antiminera.
—Los ronderos tenemos derecho a Consulta Previa —exclamó en medio de sus arengas.
No es cierto. La Ley de Rondas les da estatus de comunidad indígena pero solo "en lo que les corresponde". Por tanto, las rondas —que en el caso de Saavedra, además, son urbanas— están fuera de juego.
Este es un buen ejemplo de cómo algunos líderes sociales intentan aprovechar el desconocimiento generalizado de los mecanismos de la ley.
Lo mismo ha ocurrido con los que reclaman tener ingerencia en los asuntos internos de Indepa, la entidad ejecutiva de representación indígena, que no ha desaparecido pero cuyas funciones, en la práctica, ha asumido el Viceministerio de Interculturalidad. La ley no contempla que nadie intervenga en la estructura interna del Estado. Al contrario, le da la última palabra.
Pero a quien no le falta razón, alarmantemente, es a Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal. El uso de "alarmantemente" no es en vano.
—Lo que se va a consultar es la chauchilla —dice Ruiz—. El 80% de la selva ya está concesionado. La pregunta real es cuál es la validez de las concesiones mineras y petroleras posteriores al 95, es decir, luego de la firma del Convenio 169.
Ruiz sostiene que las comunidades indígenas, luego de 1995, tenían automáticamente derecho a que se les consulte sobre las concesiones que abarcaran sus territorios. Que no se haya promulgado una ley hasta el 2011 no quiere decir que el derecho no existiera antes.
Esto es algo que incluso funcionarios del Ejecutivo admiten, no sin cierta expresión de terror.
Desde 1995, el Perú ha otorgado un promedio de 90 mil concesiones extractivas que son el sustento y la razón de su crecimiento. Someterlas, aunque sea a un mínimo porcentaje de ellas, a procesos de consulta, suena delirante.
—Bueno, pero se ha cometido una sistemática violación del derecho de consulta —sostiene Ruiz—. ¿Acaso es culpa de los indígenas?
El abogado de IDL incluso ha ido hasta Washington, a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para plantear su caso.
Y este es, quizás, el motivo por el cual la Base de Datos jamás verá la luz.
LA SOLUCIÓN FINAL
Como es de imaginar, en las más altas esferas del poder todo esto es un dolor de cabeza, cuando no motivo de insomnios.
El presidente Humala ha dejado muy claro que no quiere agitar las aguas. La papa caliente se barrerá debajo de la alfombra.
La solución encontrada por un sector del gobierno es bastante simple: seguir trabajando y cruzando la Base de Datos.
Mientras tanto, las Consultas Previas se ejecutarán en donde haya organizaciones más o menos formales que representen a las comunidades. Las federaciones indígenas reemplazarán, en la práctica, a la Base de Datos.
Este gobierno, a diferencia del anterior, tiene una relación bastante fluida con Aidesep y Conap, las dos federaciones amazónicas nacionales más grandes. Con ellas se coordinarán las Consultas Previas en la Amazonía.
En los Andes, la historia será diferente. Sin una Base de Datos pública y oficial, comunidades como las de Cañaris o Mollepiña no sabrán nunca si les corresponde el derecho a consulta.
A menos que demanden al Estado.
—En algún momento el Poder Judicial tendrá que reaccionar ante una situación concreta, por ejemplo, una demanda —dice un alto funcionario—. Allí el gobierno se verá obligado a definir estándares.
Lo mismo pasará con las comunidades que sientan que sus derechos fueron vulnerados desde 1995. El gobierno jamás aceptará que las concesiones de los últimos 17 años son revisables bajo ningún aspecto. Sería suicida. Pero las comunidades podrían recurrir al Poder Judicial para ver si les corresponde.
—Tarde o temprano la realidad va a imponerse —dice el alto funcionario.
Diario La República 05.02.13
Marco Sifuentes. INFOS.
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| Campesinos de Cañaris, en Lambayeque, se oponen a las actividades de la empresa minera Candente Cooper. Les asiste el derecho a la consulta previa. |
Para este año se han programado cinco Consultas Previas, pero la única que afecta a la industria extractiva es la del lote petrolero 1AB, en marzo. Sin embargo, eso podría cambiar radicalmente.
La semana pasada se supo que la Defensoría del Pueblo le pidió a la PCM que se realice una Consulta Previa en Cañaris, Lambayeque. Por su lado, los ronderos cajamarquinos de Conga reclaman, interpretando la Ley de Rondas, tener derecho a una. Algunas organizaciones indígenas dicen que la reciente destitución del jefe de Indepa afecta sus derechos y, por tanto, debió haber sido sometida a Consulta Previa. Y la interpretación más extrema viene del Instituto de Defensa Legal, que sostiene que todas las concesiones mineras y petroleras desde 1995 debieron haber pasado por una Consulta Previa y, por tanto, deberían declararse nulas si no lo hicieran. Así como lo lee.
¿Quiénes tienen razón y quiénes no? Las respuestas son sorprendentes y la clave para desentrañar esta situación es la Base de Datos de Pueblos Indígenas, el verdadero santo grial de este asunto.
—La Base de Datos está lista desde junio —nos dice un alto exfuncionario—. Pero no sé cómo la van a publicar. El que la saca se quema.
Efectivamente, esa Base de Datos es probablemente una de las papas más calientes del gobierno de Humala, si no la más. Consiste en la definición de cuáles son los territorios indígenas en el Perú. Deténgase un momento y lea de nuevo la oración anterior. Se trata de una definición histórica.
—Estamos hablando de la identidad del Perú, de la visión del país que quieres tener —dice un funcionario vinculado al sector energético—. Las comunidades que no aparezcan, ¿se van a quedar tranquilas? Va a ser una bola de nieve.
La Base de Datos no define quién es un indígena en el Perú, sino dónde viven. Para que una comunidad aparezca en la Base de Datos tiene que descender de pueblos originarios, conservar todas o parte de sus costumbres y su territorio tiene que ser crucial para la perpetuación de esa cultura.
El viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, es el encargado de cocinar esta papa. Y la tiene a fuego lento. Bien lento. Un blog indígena ha llevado la cuenta de todas las fechas en las que, según declaraciones de Lanegra a la prensa, la Base de Datos sería publicada en: enero, mayo, julio, diciembre y, finalmente, en una reciente entrevista con Gestión, dijo que el cruce de información era complejo y no se animó a dar una fecha.
—Esto va más allá de Lanegra —dice una persona altamente informada—. Al Ministerio de Energía no le gusta la idea de que se sepa cuántos proyectos mineros están superpuestos a población indígena.
TEMPESTAD EN LOS ANDES
Todas las personas consultadas off the record para la elaboración de este informe, sin excepción, coinciden en que la Base de Datos ya está lista. Algunas difieren en la fecha. Unos dicen que está lista desde junio; otras, desde agosto.
El problema está en que Lanegra no es el único cocinero de la papa. Interculturalidad elabora la Base de Datos, pero los otros sectores del gobierno también pueden meter su cuchara: Energía tira para su lado, Ambiente para el otro, Agricultura tiene su propia agenda, Economía pone peros y así.
Dentro del viceministerio dicen sentirse “en medio de dos barras bravas”. Y siguen trabajando en la Base, agregando datos y criterios que vienen de una barra y de otra.
El principal escollo no está, contra lo que podría creerse, en definir a la población amazónica. Al contrario, es fácil reconocer a esas comunidades indígenas: conservan sus lenguas y muchas de sus costumbres; además, están organizadas en distintas federaciones, regionales y nacionales, que las representan.
Interculturalidad ha reconocido, oficialmente, 48 culturas amazónicas. Ellas no son el problema central.
—¿Una comunidad indígena quechua en Apurímac? ¡No me jodas! —le habría espetado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, a Lanegra en diciembre del año pasado.
Efectivamente, el problema está en los Andes.
Interculturalidad ha reconocido, también oficialmente, cuatro culturas andinas: los jaqaru, en la sierra de Lima; los uros, en las islas flotantes del Titicaca; los aymara y los quechua. El problema está en la gran población aymara y quechua del Perú. ¿Qué comunidades aymaras y quechuas califican para la Base de Datos y cuáles no?
Según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la comunidad quechua de San Juan de Cañaris es indígena. El 64% de su población tiene al quechua como primer idioma y el proyecto Cañariaco, catalizador de un conflicto que estalló con violencia esta semana, abarca más de la mitad del territorio de la comunidad.
De esta manera, cualquier medida administrativa que vaya a tomar el gobierno respecto de este proyecto, según la Defensoría, debería pasar por una Consulta Previa.
Funcionarios del Ejecutivo consultados, admiten que la Defensoría, legalmente, tiene razón, pero lo consideran políticamente inviable. Ya hay un precedente, por decir lo menos, curioso.
LA CONSULTA CERO
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| Diferencias. Ministros Manuel Pulgar Vidal y Jorge Merino: cada uno tira para su lado. |
Contra lo que todo el mundo creía, la primera consulta previa no se iba a realizar con las comunidades amazónicas del Lote 1AB, en Loreto, sino mucho más al sur, en las alturas andinas de Mollepiña, Apurímac.
Allí, muy cerca a Las Bambas, se encuentra Angostura, un megaproyecto aurífero en Apurímac. Esta era la preocupación del ministro Merino cuando conversó con Lanegra.
El viceministro intentó explicarle a Merino que la comunidad de Nueva Esperanza de Mollepiña es mayoritariamente quechuahablante y que le correspondía pasar por Consulta Previa.
—El presidente Humala me ha dicho personalmente que la minería es el motor de la inclusión social —habría replicado el ministro de Energía—. Qué importa el Convenio 169 si hay que combatir la pobreza.
Lo del Proyecto Angostura es una muestra de lo caótico que está resultando decidir dónde y cómo se realizan las Consultas Previas.
INFOS tiene en su poder el “Plan de Consulta Previa para el inicio de la actividad de exploración del Proyecto Angostura”.
El documento contemplaba una ceremonia de entrega de información a la comunidad de Mollepiña el 5 de diciembre de 2012. Luego, se informaría por radio y otros medios a toda la región hasta el 3 de enero de este año. La comunidad haría una evaluación interna entre el 4 y el 13 de enero. Finalmente, el 12 de febrero se llegaría a un acuerdo.
Nada de esto ha sucedido. El Plan desapareció misteriosamente de la web del Ministerio. Consultado el nuevo presidente de la comunidad, Manuel Huilca Condori , dijo que no había escuchado nada de ninguna consulta. Tampoco el gobernador del distrito de Curpahuasi, Nicolás Castro .
Al cierre de este informe, el Ministerio de Energía no había explicado qué pasó con el Plan de Consulta Previa del Proyecto Angostura. Sin embargo, tampoco existe una Base de Datos que oficialice el derecho de Mollepiña a la Consulta Previa.
Y esa ausencia es un arma de doble filo.
ADIÓS A LA GOBERNABILIDAD
En enero del año pasado, durante una de las rondas macrorregionales para la elaboración del reglamento de Consulta Previa, en Chiclayo, apareció Wilfredo Saavedra. El ex emerretista y líder del movimiento anti Conga había sido invitado por Conacami, la omnipresente organización antiminera.
—Los ronderos tenemos derecho a Consulta Previa —exclamó en medio de sus arengas.
No es cierto. La Ley de Rondas les da estatus de comunidad indígena pero solo "en lo que les corresponde". Por tanto, las rondas —que en el caso de Saavedra, además, son urbanas— están fuera de juego.
Este es un buen ejemplo de cómo algunos líderes sociales intentan aprovechar el desconocimiento generalizado de los mecanismos de la ley.
Lo mismo ha ocurrido con los que reclaman tener ingerencia en los asuntos internos de Indepa, la entidad ejecutiva de representación indígena, que no ha desaparecido pero cuyas funciones, en la práctica, ha asumido el Viceministerio de Interculturalidad. La ley no contempla que nadie intervenga en la estructura interna del Estado. Al contrario, le da la última palabra.
Pero a quien no le falta razón, alarmantemente, es a Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal. El uso de "alarmantemente" no es en vano.
—Lo que se va a consultar es la chauchilla —dice Ruiz—. El 80% de la selva ya está concesionado. La pregunta real es cuál es la validez de las concesiones mineras y petroleras posteriores al 95, es decir, luego de la firma del Convenio 169.
Ruiz sostiene que las comunidades indígenas, luego de 1995, tenían automáticamente derecho a que se les consulte sobre las concesiones que abarcaran sus territorios. Que no se haya promulgado una ley hasta el 2011 no quiere decir que el derecho no existiera antes.
Esto es algo que incluso funcionarios del Ejecutivo admiten, no sin cierta expresión de terror.
Desde 1995, el Perú ha otorgado un promedio de 90 mil concesiones extractivas que son el sustento y la razón de su crecimiento. Someterlas, aunque sea a un mínimo porcentaje de ellas, a procesos de consulta, suena delirante.
—Bueno, pero se ha cometido una sistemática violación del derecho de consulta —sostiene Ruiz—. ¿Acaso es culpa de los indígenas?
El abogado de IDL incluso ha ido hasta Washington, a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para plantear su caso.
Y este es, quizás, el motivo por el cual la Base de Datos jamás verá la luz.
LA SOLUCIÓN FINAL
Como es de imaginar, en las más altas esferas del poder todo esto es un dolor de cabeza, cuando no motivo de insomnios.
El presidente Humala ha dejado muy claro que no quiere agitar las aguas. La papa caliente se barrerá debajo de la alfombra.
La solución encontrada por un sector del gobierno es bastante simple: seguir trabajando y cruzando la Base de Datos.
Mientras tanto, las Consultas Previas se ejecutarán en donde haya organizaciones más o menos formales que representen a las comunidades. Las federaciones indígenas reemplazarán, en la práctica, a la Base de Datos.
Este gobierno, a diferencia del anterior, tiene una relación bastante fluida con Aidesep y Conap, las dos federaciones amazónicas nacionales más grandes. Con ellas se coordinarán las Consultas Previas en la Amazonía.
En los Andes, la historia será diferente. Sin una Base de Datos pública y oficial, comunidades como las de Cañaris o Mollepiña no sabrán nunca si les corresponde el derecho a consulta.
A menos que demanden al Estado.
—En algún momento el Poder Judicial tendrá que reaccionar ante una situación concreta, por ejemplo, una demanda —dice un alto funcionario—. Allí el gobierno se verá obligado a definir estándares.
Lo mismo pasará con las comunidades que sientan que sus derechos fueron vulnerados desde 1995. El gobierno jamás aceptará que las concesiones de los últimos 17 años son revisables bajo ningún aspecto. Sería suicida. Pero las comunidades podrían recurrir al Poder Judicial para ver si les corresponde.
—Tarde o temprano la realidad va a imponerse —dice el alto funcionario.
Diario La República 05.02.13
4 de febrero de 2013
El tajo junto al río
Por Milagros Salazar.-
De ser permitidas, tales operaciones a gran escala permitirían a la compañía remover más de 85 millones de toneladas de mineral aurífero que luego serían procesados en las pozas de cianuro. La venta del oro producido podría representar unos 3 mil 500 millones de dólares [1].
Los proyectos están etiquetados en la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem) como la “Segunda modificación del EIA Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste” y “Tercera Modificación Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este”.
Las nuevas operaciones generarían importantes utilidades para la empresa y, por ende, una interesante recaudación de impuestos para el Estado. Pero a la vez suponen un potencial peligro tóxico para los cajamarquinos, de acuerdo con informes técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del ministerio de Agricultura.
[1] El cálculo se realizó considerado un gramo de oro por tonelada de mineral, con una recuperación promedio de 80% y un precio promedio de oro de mil 500 dólares la onza.
[1] El cálculo se realizó considerado un gramo de oro por tonelada de mineral, con una recuperación promedio de 80% y un precio promedio de oro de mil 500 dólares la onza.
Fuente: http://idl-reporteros.pe
El conflicto en Cañaris
Por: Antonio Zapata Velasco
El primer conflicto social del año viene desarrollándose en una zona del país cuyo nombre puede sonar exótico: Cañaris e Incawasi. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo así están en Lambayeque?
Los cañaris son un grupo étnico prehispánico cuyo asentamiento principal quedaba en el actual Ecuador. Fueron incorporados al Tawantinsuyu por Huaina Cápac, que apreció sus dotes guerreras; lo acompañaron a la conquista de Quito y luego les dio una responsabilidad crucial: les encargó custodiar los puestos de vigilancia militar en el imperio. El soberano los distribuyó en sus fortalezas como mitimaes de privilegio. Así, los cañaris disponían de la llave del Tawantinsuyu.
Cuando estalló la guerra entre Huáscar y Atahualpa, los cañaris se ubicaron del lado de Huáscar.
En una de las primeras batallas, los cañaris atraparon a Atahualpa. Pero, celebraron su éxito excesivamente y Atahualpa se escapó. A partir de ese momento, la suerte de la guerra se invirtió. Atahualpa sostuvo que había huido de sus captores transformándose en el amaru, el dios serpiente. Su imagen divinizada lo ayudó a remontar la guerra.
Luego, Atahualpa obtuvo una victoria tras otra, no volvió a perder. En todas estas ocasiones, los cañaris fueron la vanguardia de las derrotadas tropas de Huáscar. En cierto momento, decidieron cambiar de bando y enviaron una delegación compuesta por niños de la nobleza cañari a solicitar el perdón del soberano. Pero, Atahualpa no aceptó y degolló a los infantes; no podía olvidar que, cuando estuvo preso, le habían roto su gran oreja de aristócrata inca y el rencor por esta afrenta lo hizo cometer un error fatal.
Atahualpa odiaba a los cañaris y los había condenado a desaparecer cuando él asumiera la mascaipacha en una fastuosa ceremonia que se preparaba en el Cusco. Por ello, este grupo estaba en Cajamarca el fatídico día cuando Pizarro apresó a Atahualpa. Esa tarde, la caballería española saqueó el campamento real del inca, que estaba en Baños, y luego se recogió. Durmieron con un ojo en vela, temiendo que el ejército del inca intentara rescatarlo.
Al amanecer pareció que llegaba el momento, puesto que los vigías divisaron un grupo humano que caminaba hacia ellos. Se aprestaron para el combate hasta que descubrieron que venía en paz. Eran los cañaris que se estaban pasando a su lado con todos sus bagajes. Así, desde el primer día, Pizarro dispuso de las fortalezas incas, dominando caminos y rutas del imperio. El control estratégico del Tawantinsuyu pasó a manos españolas con esta defección. La represión de Atahualpa había empujado a los cañaris a tomar el único camino alternativo en esa circunstancia.
Luego, los cañaris acompañaron a Pizarro a lo largo de toda la conquista. Fueron cruciales como ayudantes de los españoles cuando el cerco de Manco Inca al Cusco. No fueron el único grupo indígena que tomó esa opción. Como es bien conocido, fueron acompañados por huancas, huaylas y chachapoyas, entre otros. Pero, los cañaris siempre fueron especiales para los españoles.
Estaban desde el comienzo, fueron los primeros y se portaron durante toda la guerra. Al final fueron premiados y un curaca cañari se quedó con Yucay, una de las joyas del incario.
Pero, no todo el grupo étnico participó de la conquista, algunos permanecieron en sus lugares. Se quedaron donde el inca los había colocado. A lo largo de los siglos, se fundieron con las poblaciones locales, pero conservaron ciertos elementos culturales que los distinguen. Por ejemplo, la vestimenta y los apellidos, que vemos aparecer en los medios con ocasión del conflicto actual con la mina.
En la situación que vivimos hoy día, bien valdría escuchar a los cañaris. La vez pasada que aparecieron en la historia, Atahualpa ignoró su oferta de negociación y como consecuencia indeseada perdió un imperio. Es cierto que ahora no controlan la llave del Perú moderno, ni mucho menos. Pero, poseen una historia que advierte contra la falsa seguridad que invade al poderoso cuando quiere imponer sin escuchar. En vez de reprimir con la policía, se impone dialogar hasta obtener la licencia social para la inversión minera.
Diario La República 30.01.13