VIDEO. La resistencia de ‪Máxima Chaupe‬ frente a las presiones y amenazas de ‪#‎Yanacocha‬

Personal de Yanacocha se llevó ¨SE ROBARON¨ animales de familia Chaupe

FUENTE: Diario el Comercio

Fue durante intervención de ayer para derribar construcción. Funcionario dijo a El Comercio que devolverán a los animales

Personal de la minera Yanacocha no solo derribó ayer cimientos de una nueva construcción de la familia Chaupe en la zona de Tragadero Grande, en el distrito de Sorochuco, Cajamarca. También se llevaron varios cuyes encontrados en el lugar.

“Se les ha recogido, se les está cuidando y se está coordinando con las autoridades para ver cómo se les puede entregar estos animalitos a la familia”, indicó a El Comercio Raúl Farfán, jefe de Asuntos Externos de la minera Yanacocha. La acción se tomó para no dejar a los animales a la intemperie.

Farfán sostuvo que se actuó bajo lo que permite la ley, por ello decidieron intervenir dentro de los 15 días posteriores a la constatación de la nueva estructura.

#MáximaAcuña informa que trabaj. de Minera Yanacocha queman caseta ubicada frente a su casa y en presencia de policías

#MáximaAcuña informa que trabaj. de Minera Yanacocha queman caseta ubicada frente a su casa y en presencia de policías, sería inculpar a las personas que visitaron las lagunas de Conga, hoy día. VIA RADIO LIDER 
Foto referencial.

Minera Yanacocha destruyó nueva construcción de Maxima Acuña y también robaron sus cuyes

Ayer miércoles 29 de abril, la policía y trabajadores de Minera Yanacocha ingresaron nuevamente a los terrenos de Máxima Acuña y destruyeron una edificación que estaba construyendo, además se robaron 15 de sus cuyes que estaba criando. Foto referencial.

Máxima Acuña, en declaraciones a una emisora local, dijo que inexplicablemente, este hecho ocurrió cuando ella y su familia fueron citados a Cajamarca por representantes del Ministerio del Interior para dar una declaración; mientras tanto, los trabajadores de Minera Yanacocha y la policía ingresaron a su terreno, destruyeron su construcción y se llevaron sus cuyes. 

Este no es un hecho aislado, es un hecho sistemático que viene provocando Minera Yanacocha constantemente contra la familia Chaupe Acuña. Máxima reiteró que la construcción lo realizaba dentro del terreno que posee en una extensión de más de 24 hectáreas en su parcena de ¨Tragradero Grande¨, en el ámbito del proyecto Conga.

Máxima Acuña, también narró que hay policías ¨día y noche¨ que están apostados frente a su casa, vigilándola permanentemente.

DENUNCIARAN ESTE HECHO

Por su parte la Abog. Mirtha Vásquez, expresó: ¨El caso de la familia Chaupe es harto conocida, la empresa los acusó de invasores de un terreno y el Poder Judicial terminó absolviéndolos y convalidando así el derecho de posesión que la familia tiene en el predio Tragadero Grande. Post sentencia, cuando las cosas parecían que estarían entonces tranquilas para la familia, la empresa no deja de hostigarlos y agredirlos¨, manifestando también que denunciarán este hecho que afecta la propiedad, la economía y la salud emocional de Máxima Acuña y su familia.

Este hecho ocurre a pesar que la familia Chaupe Acuña cuenta con garantías brindadas por la Gobernación de Cajamarca y al estar protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, Minera Yanacocha se burla de todos.

Entrevista brindada a Radio Continente de Cajamarca.

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Territorio Yanacocha: relatos de impunidad

Publicado por GRAN ANGULAR

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales alrededor de conflictos mineros.

Perú es el cuarto país del mundo más mortal  para los defensores ambientales y de la tierra, según el estudio de la organización Global Witness. Al menos 57 activistas fueron asesinados entre 2002 y la actualidad,  la mayoría de estas muertes fue por conflictos relacionados con proyectos de minería. El 56% de los presuntos autores de las muertes fue a manos de los  policías, y el 17% fue esta fuerza de seguridad junto con las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada.

Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las “dádivas” de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Esta región minera alberga relatos de impunidad, de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido.

La lucha del campesino Isidro Llanos

Sus lágrimas caen a borbotones de sus ojos, y recorren los surcos del anciano rostro. Paula Llanos no puede contener ese llanto ahogado al comenzar a  hablar de su “hermanito”, Isidro. Sus manos, embrutecidas por llevar toda una vida trabajando en el campo, y deformadas, por la artrosis, tratan de secar sus lágrimas.

“La mina, lo mataron a mi hermanito, mi papacito. Él sólo por resguardar esas aguas. Esos delincuentes, esos arrastrados, lo mataron”, se lamenta. Isidro Llanos era un hombre de campo, 58 años dedicados a cultivar sus tierras, y a criar ganado. El 2 de agosto de 2006 lo mataron en Combayo.

El río Azufre parecía condenado a un destino de contaminación. La empresa Yanacocha se instaló en los años noventa en el cerro Carachugo, ahí  se fundió la primera barra doré. En 2006, las intenciones de la empresa de ampliar el proyecto minero  (Carachugo II), movilizaron a la población. “Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino”, relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. “No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso”, comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. En diciembre de 2010 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca decidió liberar de cargos a los tres policías supuestamente involucrados, aduciendo no tener pruebas suficientes que los incriminen.  “No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo”, relata Paula Llanos.

“Nueve años después de la muerte de Isidro Llanos, no hay ningún culpable”

Vive en una herrumbrosa casa de adobe junto a su familia compuesta por mujeres. Cajamarca es la región más pobre del país, más de la mitad de sus habitantes (53.7%) viven en la pobreza y más del 20%  en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Enaho 2012.  Las dos niñas juegan animadamente con su hermanita de apenas dos años. Sus risotadas ignoran por un momento la pobreza extrema en la que viven, en la que el 36,1% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

María Tasilia se abre paso, entre las gallinas, para visitar la lápida de su tío. Camina descalza entre piedras, tierra y prado. Sus pies son gruesos y agrietados. Paula se arrodilla frente a la lápida y comienza a llorar. Cuando sus lágrimas comienzan a secarse,  y el vacío se apodera del estómago carcomiendo poco a poco, empieza a entonar una triste canción andina, para ella, para su consuelo,  como si de una nana se tratase, se calma. “Mi papacito, mi hermanito…” Poco a poco se apaga,  hundiéndose su cabeza coronada por el tradicional sombrero regional entre sus piernas.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

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Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque “declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos”. “Quienes toman la decisión política de que intervengan las fuerzas armadas, deben de saber medir  las consecuencias de dicho acto, porque éstas no están capacitadas para realizar funciones de índole policial”, explica. “Ese es el problema: porque cuando decides sacar a las fuerzas armadas salen con fusil, y si tú eres un muchacho de 18 años que está haciendo su servicio militar y se te viene una turba con palos, piedras. ¿Qué va a hacer? Reacciona y lamentablemente eso es lo que ha provocado varios muertos”, comenta.

El decreto establece que cuando la actuación de las fuerzas armadas en estado de emergencia se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo o elemento hostil, rigen las normas del derecho internacional humanitario. “El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado”, sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. “Cuando se produce una situación de conflicto armado entonces aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual rebaja el nivel de licitud del uso de la fuerza. En el contexto de un conflicto armado, el Derecho Internacional si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado”, comenta Bregaglio.

“Solo entre el 2011 y 2012 cinco personas fallecieron y 154 resultaron heridas”

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, “cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional”. No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de “sobrepasado”, considera que debe ser definido, para “no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder”. Para el Procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, en cambio, no ve necesidad de que esté definido. “Eso no puede estar tampoco en la ley, porque te da un marco general. Esos son hechos puntuales que competen a determinadas circunstancias que se tiene que valorar en su momento”.

Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del “orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable”, pues de lo contrario, “viviríamos en una anarquía”.  Añade además que “no hay una preocupación particular en el Congreso en el tema normativo, sino al contrario, hay una preocupación por el desorden social”.

“El agua es la vida”

El joven César Medina dedicaba su tiempo a defender algo tan lejano para los que viven en las ciudades: el agua. “El agua es la vida mamita. Tenemos que seguir luchando por ella”, le decía a su madre con convicción. Todos los pobladores de Celendín y de Bambamarca recuerdan cuando el presidente Ollanta Humala los visitó y les preguntó: “¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante el agua o el oro?”. El sentimiento de traición entre la población aflora en las conversaciones. “El presidente vendió a su pueblo a la minera, y nos mandó matar”, afirma Santos Huamán.

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces. Estos casos, a pesar de haber sucedido en Cajamarca,  la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, del Poder Judicial, (31 de mayo de 2012) ordena que los procesos judiciales sucedidos en Cajamarca sean de conocimiento por los órganos jurisdiccionales con sede en la región de Lambayeque.

“Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a losculpables”.

El 3 de julio, César Medina le dijo a su madre que iría a la Iglesia y después a una cabina de Internet  para poder terminar el trabajo que le habían mandado en la escuela, a pesar de que su madre Maximila Aguilar  le había recomendado que no saliera a  la calle porque habían protestas.  Tenía 17 años, le quedaban tres meses para terminar el último año de la secundaria, y además, estaba en el primer puesto. El joven  iba a formar parte de ese escaso 32% de  ciudadanos que termina sus estudios secundarios en la región. “Ya termino mi colegio, ya voy a trabajar mamita, ya no vas a sufrir”, le decía. “Porque yo trabajé mucho para educar a mis cuatro hijos”, comenta Aguilar. Celendín es la provincia que registra el mayor porcentaje de pobreza total de la región, con una tasa total de 75.1% y de 46.3% de pobreza extrema. Maximila Aguilar regresó del mercado a  su casa sobre  las 2 de la tarde, al ver que no retornaba su hijo, salió a buscarlo.  Las calles estaban llenas de policías, lo buscó en la Iglesia y en la posta, donde lo encontró  tumbado en una camilla.

Las vigilias de la población contra el proyecto minero Conga unieron voluntades, esfuerzos, impulsaron debates y motivaron paros. Pero también encendieron la alarma política que veía en esta participación popular una amenaza.  El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. Afirma que con esta intervención se quiere “poder prevenir los actos de violencia que pudieran producirse a raíz de las acciones a desplegar en razón del paro regional indefinido convocado a partir del 31 de mayo”. Como consecuencia se instaló una base militar en el Coliseo de la ciudad.

José Faustino Sánchez era peluquero, pero desde hacía un tiempo trabajaba en la construcción porque debido a la presencia constante de las fuerzas armadas, según relata su viuda Marisol Malqui, no dejaban abrir los locales. José era el sustento de su hogar porque su esposa además, está enferma del corazón. Ese día, el 3 de julio de 2012, regresó a su casa a almorzar junto a ella. “En las noticias escuchamos que había un incendio en la plaza de armas de Celendín, no sabíamos la razón”, explica Marisol.

Según informes policiales, a las 11 horas un grupo de manifestantes de 1500 personas se dirigieron desde la Casa del Maestro con dirección a la Plaza de Armas. Hacia las 12.40 comenzaron los manifestantes los disturbios porque supuestamente, “arrojan piedras en forma violenta al personal policial y propiedad privada”, provocando lesiones a dos miembros de la policía. Poco después, de acuerdo a estos documentos, los manifestantes incendian las instalaciones de la Municipalidad. A la 1 de la tarde, el comandante de la PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo solicitó apoyo militar con la finalidad de brindar protección a las instalaciones de la comisaría, porque según la carpeta fiscal del Ministerio Público  un grupo de 800 personas se dirigían con la finalidad de incendiarla. Los equipos que actuaron  en apoyo de la policía nacional contaban con escopetas con cartuchos de 12mm con balas de goma, cascos antimotines, escudos de protección y otros contaban con fusil tipo Galil cuya munición es de calibre 5.56 mm.

“Todas las calles de Celendín, estaban ocupadas por los militares y policías”.

Marle Livaque, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de la provincia de Celendín, explica que hacia el 27 de junio algunos trabajadores de la Municipalidad les habían advertido que iba a ver un atentado en la Municipalidad, y que querían incendiar sus instalaciones para que echaran la culpa a los manifestantes ante lo cual, interpusieron una denuncia. Asimismo, Livaque afirma que hubo infiltrados que provocaron los disturbios.

José Faustino Sánchez hacia las 4 pm se marchó del trabajo a su casa por órdenes de su jefe, para que no los alcanzara una bala perdida. De camino, recibió un disparo. Paulino Leonterio regresó a Celendín el 2 de julio. Volvía a casa unos días para estar con su esposa Adelaida Amelia Tabaco y sus dos hijos, que tenían entonces 15 y 14 años. Paulino, de 43 años, estuvo trabajando un mes en Lima porque no encontró trabajo en su localidad. Este padre de familia, también defendía el agua, porque como repite Adelaida, ” el agua es la vida”. El 3 de julio, Paulino salió de su casa sobre las 11.30 de la mañana para visitar a su hermana. Todas las calles de Celendín “estaban ocupadas por los militares y policías”, relata Adelaida. Cuando retornaba a su casa y pasaba por  una calle cercana a la Plaza,  un impacto de bala le lesionó  el pulmón y tórax, causando su muerte.

Joselito Sánchez tenía 30 años y era albañil. Ese día estaba poniendo mayólica en una casa a unas cuadras de la Plaza de Armas. De camino a su trabajo se encontró con la protesta. Decidió sumarse a ella para “defender el agua”, relata su madre Santos Huamán. “Yo estaba en la plaza, pero no sabía que mi hijo también estaba. Un policía me habló feo y me tiró al suelo”. Al poco tiempo sobrevoló un helicóptero y fue entonces cuando comenzó la balacera, explica Santos quien añade que, según lo que la gente cuenta, su hijo empezó a filmar con su celular, y es en ese momento cuando recibe el disparo.

Las muertes de Conga 

Paseamos por la Plaza de Armas de Celendín, donde hay varios carteles promocionando que los jóvenes se apunten a la escuela de policía. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, considera que “no es casualidad. Es una estrategia para que luego repriman a su misma gente. Igual pasa con la proliferación de universidades como Alas Peruanas, la de San Pedro, ofrecen carreras como ingeniería de minas, donde después los jóvenes son captados por las mineras”.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al “traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego”. Marisol Malqui lo recuerda claro, no lo olvida porque estuvo presente mientras se realizaba la necropsia, “sin mi presencia, ustedes no lo van a hacer”, dijo Marisol, en un acto por velar y proteger a su marido José Faustino.

En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia recogido en la carpeta fiscal, se afirma que “es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín”.

En la descripción de los hechos, se señala que las fuerzas de orden desarrollaron acciones disuasivas (medios no letales). La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Advertía además sobre “los problemas educativos, logísticos y normativos de la PNP en materia de violencia en conflictos sociales y la naturaleza de este hecho social se evidencia en la operatividad. Si no se aborda dicha problemática, los operativos policiales seguirán produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”.

Desde la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, habla de la “falta de especialización de la policía nacional en conflictos sociales en  el país. A veces por falta de personal se recurre a una división como DINOES, y ésta fue creada para hacer uso de la máxima fuerza para enfrentar terrorismo y narcotráfico. Trasladar a la DINOES a escenarios de conflictividad social es de altísimo riesgo”.

“Mi sangre, mi vida. Todo por el agua, y mi pueblo desde el cielo. Les bendeciré para tener la victoria”, reza el epitafio de Joselito Vásquez, fallecido el 4 de julio a los 28 años. Su madre, María Alejandrina Jambo, pidió un préstamo para poder pagar el velorio.  Joselito murió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad durante la manifestación que hubo en la Plaza de Armas de Bambamarca en contra del proyecto Conga. Resultaron heridos  de gravedad además 8 civiles.   “Todo estaba lleno de policías. Vinieron de frente a matar a toda la gente. Mi hijo ese día estaba trabajando, dejó la camioneta, y le balearon. Ese día no estaba participando en la protesta”, explica su madre. Su hijo mantenía a su familia desde los 12 años como chofer. “¿Quién va a mantener a mi nietito de tres años?”, se pregunta.

“La PNP no cuenta con suficientes armas no letales para intervenir en conflictos sociales”

Ese día el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva en un informeexplican que el gobierno incurrió en la “argucia legal” de consignar como fecha del referido decreto el día anterior, el 3 de julio de 2012, con la intención de que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día siguiente como establece la Constitución, que en este caso sería el 5  de julio de 2012. Este cambio hizo  que la detención al  ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana el 4 de julio de 2012 fuera ilegal.

De acuerdo al pedido de queja realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacia las 9.30 horas  del 4 de julio en Bambamarca, aproximadamente unos 100 efectivos del ejército se presentaron para intervenir en el operativo contra los manifestantes, ocho de los cuales fueron heridos de gravedad. Participaron 42 suboficiales pertenecientes a la DITERPOL-Piura, destaca además que un contingente policial se desplazó hasta Bambamarca en dos vehículos de la empresa minera Yanacocha para prestar apoyo al comisario de la localidad.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

En el caso de Cajamarca y concretamente en actos de protesta en contra del proyecto minero Conga surge la pregunta, ¿Quiénes de esos efectivos policiales trabajan a su vez para la seguridad de la empresa Yanacocha? Existe un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP”. Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.

Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN. De acuerdo al convenio, “la policía nacional prestará el servicio policial de seguridad a empresa  minera en zonas de propiedad de la misma y zonas de influencia de acuerdo a las situaciones de riesgo que se prevean y en cualquier otro lugar que sea requerido dentro de la zona de operaciones”.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina elabogado Juan Carlos Ruíz. “Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo”, declara Luque.

Impunidad

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien”, comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  adolescente de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma “no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona”. “Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía”, cuenta.

Marisol Malqui dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera que habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. “Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.”. Marisol no tiene un trabajo estable,  limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  “¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Tras la muerte de los maridos e hijos de estas mujeres, la soledad las acompaña, y la pobreza se recrudece. Santos Huamán, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. “Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura”.

La disposición fiscal del 7 de enero de 2014  por el que se archivó  el caso en un primer momento (La CNDDHH realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación) resultaba llamativa en cuanto sus conclusiones, que señala:  “Existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso (…) ya que las víctimas han recibido impactos de proyectiles de armas de fuego provenientes posiblemente de armas que portaban algunos de los miembros del Ejército Peruano”.  “No existen indicios que permitan establecer que los agraviados hayan tenido en su poder armas de fuego, con las que  hayan atacado a las fuerzas del orden”, determina el fiscal. Las razones por las que se archivó el caso era por la falta de individualización de los presuntos autores, entre otras cosas, porque el Ejército no ha proporcionado información requerida, como el plan de operaciones formulado para actuar ese día, la relación del personal de las patrullas, ni el registro de entrega de armamento y munición a los miembros del Ejército.

“Teniendo en cuenta las pericias y los protocolos de necropsia, no cabe duda que las órdenes de disparar no se limitaron a señalar que se efectuaran disparos disuasivos al aire, sino que directamente se ordenó disparar al cuerpo”, señala el pedido de queja presentado por la organización. “Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

“En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vía judicial”, declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. Mendoza añade: “No hay responsabilidad penal ni política, y ese es el peor mensaje que puede dar el Estado peruano frente a una población que lo único que reclama es que se respeten sus derechos”.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva”

¿Hasta qué punto el decreto 1095 puede impedir la debida investigación por justicia penal ordinaria de los sucesos acontecidos en este caso y en  otros? Este dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en aplicación de este Decreto Legislativo o en ejercicio de su función son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial”. Víctor Álvarez afirma que “ninguna afectación a los derechos de las personas en esta situación pueden ser materia de fuero militar, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional”. La organización Human Rights Watch explica que “los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles”.

Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de la organización Grufides, afirma que “estas leyes son útiles para los sectores empresariales contra los cuales se ha ejercido más el derecho a la protesta por los abusos y vulneraciones de derechos que están cometiendo”. La abogada destaca que en Cajamarca, hay más de 303 líderes procesados por temas de protesta social, y “se les asocia con delitos de disturbios, resistencia a la autoridad, rebelión, hay procesados por terrorismo. Además, en muchos casos se emplean estas normas para lograr la impunidad  para las fuerzas del orden en casos de violación de los derechos humanos”. Milton Sánchez acarrea 50 denuncias, además recibe llamadas telefónicas amenazantes. El presidente de esta organización además explica que han abierto dos centros policiales en las zonas de las lagunas, cada uno con capacidad para 300 efectivos de la DINOES.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales”, concluye el abogado del IDL. “Hay una consolidación del modelo económico neoliberal extractivista iniciado en los 90 con Fujimori, y en la medida en que este proceso se extiende y se consolida necesita ingresar a nuevos territorios, requiriendo de más energía, más agua. Esto hace que aumenten los conflictos. Lo que necesita este modelo entonces es limitar los derechos, y  un manejo cada vez más autoritario”, explica Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas de la población son estructurales; sí el Estado mantiene esta legislación y una posición pro inversión sin considerar a las poblaciones, el desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

Convenio de prestación de servicios entre Minera Yanacocha S.R.L. y PNP

Minera Yanacocha  afirma requerir contar con el apoyo de la policía nacional “a efectos de prevenir la comisión de delitos o atentados que puedan perpetrarse contra su personal y/o instalaciones, y asimismo desea contribuir con la seguridad de la ciudad de Cajamarca y otras localidades del ámbito de influencia de sus operaciones”.

La policía nacional prestará el servicio policial de seguridad sólo con el personal de vacaciones, franco o personal que haya participado en acciones meritorias en actos de servicio… (4.1.3).

Yanacocha se compromete a facilitar una asesoría legal, gratuita y permanente al personal policial que  con ocasión de brindar el servicio policial de seguridad, se vea involucrado en un proceso judicial derivado del cumplimiento de dicho servicio. (4.2.10)

Yanacocha se compromete a cubrir los gastos de mantenimiento o reparación del armamento, accesorios y/o reposición del uniforme de faena policial de propiedad del Estado, que como consecuencia del Servicio Policial de Seguridad se deteriore… (4.2.11) El servicio en la mina asciende a 38 soles diarios para cada oficial, y 18 soles diarios para cada suboficial…En circunstancias especiales, servicios en lugares sin facilidades de alojamiento y alimentación asciende  a 78 soles diarios. Asimismo, Yanacocha se compromete a contratar una póliza de seguro a favor de la policía que presta este servicio que cubre por fallecimiento (US$20,000 dólares), invalidez permanente (US$18,000 dólares) curaciones por lesiones graves (hasta US$10 mil dólares), por lesiones leves (hasta 3,500 US$), sepelio (3,500 US$) y el 100% del traslado para atención médica.

En la cláusula décima establece el convenio que cuando el “personal de la policía nacional realice un acto de servicio en función de su ejercicio policial (y por tanto no estén prestando el servicio policial de seguridad), no resultarán exigibles las obligaciones de minera Yanacocha referidas en la cláusula cuarta (condiciones en las que son prestados los servicios), a excepción de 4.2.2 y 4.2.4″, es decir, la póliza de seguro y la atención en centros de asistencia médica de la minera.

LA COMUNIDAD NATIVA AWAJÚN DE SUPAYACU, EXIGE LA PROTECCIÓN DE SU VIDA Y SUS DERECHOS

Publicado por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Como parte de sus actividades institucionales, Fedepaz (integrante del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú-OCM) realizó una nueva visita a la Comunidad de Supayacu el pasado 30 de marzo y hemos constatado que la tensión ha aumentado, a raíz de diversas señales intimidatorias que un sector de la Comunidad de Naranjos está emitiendo contra todas aquellas personas que no están de acuerdo con la renovación del convenio con Exploraciones Águila Dorada SAC, que algunos de sus dirigentes vienen negociando.

Señales que se traducen en amenazas y seguimiento a pobladores de la propia comunidad de Naranjos y de Supayacu, esta última por estar en contra de la minería y a favor de ser consultadas y de defender el territorio compartido por ambas comunidades. Algunas familias se han visto obligadas a desplazarse para protegerse.

El pueblo awajún de Supayacu ha dado diversas muestras de exhortación al diálogo y de su oposición a la actividad extractiva por las vías legales establecidas, pero sigue sin ser atendido en sus demandas y hoy se encuentra expuesto a una creciente agresividad que los mantiene en estado de alerta.

Desde el 2011, Supayacu viene exigiendo que se respete su derecho al territorio, al desarrollo en un ambiente saludable y sostenible, y que se le consulte sobre decisiones que afecten sus derechos, en estricto cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Ley No. 29785 (Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios) y su Reglamento (D.S. 001-2012-MC), por encontrarse dentro del área de influencia del proyecto minero “Yaku Entsa” (en fase de exploración por Águila Dorada SAC en Naranjos). Las actividades de exploración, autorizadas por el MINEM[1], generaron contaminación en las aguas del Río Chirinos que abastece a ambas comunidades, un hecho denunciado y probado[2].

Con la asesoría legal de Fedepaz, la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca-ORFAC y la Comunidad de Supayacu interpusieron una demanda de amparo que fue admitida a trámite mediante Resolución 02 de fecha 20 de octubre de 2014, por el Quinto Juzgado Constitucional, con sede en Lima.

Una vez más, desde el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú-OCM, ALERTAMOS sobre esta situación que puede derivar en enfrentamientos violentos o la violación directa de derechos fundamentales de los referidos pobladores y DEMANDAMOS URGENTE ATENCIÓN por parte del gobierno local, regional y central a esta situación de conflictividad.

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[1] Ministerio de Energía y Minas.

[2] https://grufides.lamula.pe/2015/03/02/estudio-confirma-sustancias-toxicas-en-el-rio-chirinos-cajamarca/grufides/

El nuevo contrato social de Humala

Publicado en la Revista Ideele Nº 249

Por Gerardo Saravia Editor de la Revista Ideele

y Patricia Wiesse Directora de la Revista Ideele

En su campaña electoral, Ollanta Humala ofreció que cuando llegase al gobierno iba a establecer un nuevo contrato social. Promesa cumplida. Las últimas medidas destinadas a reactivar la economía, implican una verdadera transformación en la relación estado-sociedad.

Los presidentes que le sucedieron a Alberto Fujimori -luego de su caída el año 2,000- no dejaron de prometer cambios en la política económica. Pero una vez en el gobierno continuaron la ruta establecida por el inquilino de la Dinoes. Desde la “¡maldita Sunat!” de Alejandro Toledo, pasando por el “revisar página por página el TLC con EE.UU” de Alan García, hasta llegar a la “Gran Transformación” de Ollanta Humala. Paradójicamente éste es el que más lejos ha llegado en la profundización del modelo.

El nuevo contrato social termina siendo la desregulación sin precedentes de la economía peruana. En un contexto de desaceleración del crecimiento, el Gobierno no tuvo mejor idea que poner al Estado de perfil. Se mutiló los brazos y los reemplazó por la “mano invisible” del mercado.

El desmantelamiento del rol regulador del Estado se ha realizado a través de cuatro paquetes de medidas, en los que a la par en que se debilita a la autoridad ambiental, se exonera de una serie de requisitos a los grandes inversionistas privados.

De todas las opciones, el presidente Humala ha optado por la peor: medidas de reactivación forzada que colisionan con derechos fundamentales. El Gobierno ha retrocedido en todo lo avanzado en normatividad ambiental y protección de las comunidades indígenas.

Javier Jancke, de la Red Muqui, explica: “En los estudio de impacto ambiental hay una reducción en los plazos para que las autoridades competentes emitan una opinión. Antes los resultados demoraban un año o año y medio, ahora tiene que salir antes de 150 días. Si no hay opinión se aplica el silencio administrativo, es decir, se considera que es favorable al solicitante, además de establecer sanción penal a los funcionarios”.

Precisamente, una de las causas de los conflictos sociales es la falta de credibilidad de los estudios de impacto ambiental. La misma institución que promueve las inversiones - el Ministerio de Energía y Minas (Minem) - es la que se encarga de aprobar el expediente que determina los pasivos de los proyectos extractivos. Para evitar esto, en noviembre del 2012, se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), como órgano independiente.

Pero han pasado dos años y medio y la transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas al Senace “continúa” y, más bien, se ha emitido una norma en la que se señala que mientras no esté en funcionamiento, todo va a continuar tal cual.

El Gobierno ha condenado casi a la extinción a sus organismos reguladores. La rebaja en las sanciones establecidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le resta su único sustento. No solo se le brinda a la gran inversión condiciones excepcionales, como la simplificación administrativa, sino que se reduce a su mínima expresión a los organismos que la fiscalizan.

Las consecuencias ya se han empezado a sentir. La Red Muqui ha detectado el despido del 60% de profesionales del OEFA dedicados a la fiscalización. Se ha condonado intereses a las empresas por 20 mil millones. Los convenios de estabilidad tributaria solo están beneficiando a seis empresas, entre ellas a Yanacocha. Aún no se sabe cuántas hectáreas de territorio cambiaran de mano, y cuál será el impacto medioambiental de esta reconfiguración del aparato estatal.

Todas estas medidas están concatenadas. Ninguna de ellas tendría sentido si es que la gran inversión no cuenta con las concesiones expeditas para desarrollar sus proyectos. Es por eso que los paquetes preparados afectan el territorio de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el decreto 001del 2015, trastoca las reglas de acceso a las tierras de las comunidades. Mientras la ley vigente establece que cualquier cambio debe darse con el voto de al menos los dos tercios de todos los miembros de la comunidad, la nueva normativa le da mayor peso a la junta directiva. Es más fácil convencer a ocho que a 100, y las denuncias de corrupción están a la orden del día.

En esa misma lógica, la ley 3941 facilita el acceso de tierras a proyectos de gran inversión en territorios en los que no está claro quién es el propietario. Miles y miles de hectáreas están en dicho limbo porque la titulación de las comunidades campesinas y nativas está rezagada. Silvana Baldovino, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sostiene: “En una comunidad campesina que no está titulada se impone la servidumbre (derecho de paso). En la legislación peruana, cuando no hay un área otorgada, se supone que es del Estado. En cambio si se prioriza la titulación, se sabe quiénes son los actores a quienes se está vulnerando y con los que hay que negociar”.

Todo por nada
La crisis económica es seria. Crecer menos implica descenso del empleo y mayor pobreza. Los esfuerzos por revertir la caída son necesarios, y se convierten en argumentos de peso a la hora de sopesar los pasivos ambientales. Pero, ¿qué pasa cuando el sacrificio no guarda relación con los resultados?

Desde hace dos años el Perú está creciendo por debajo de sus pronósticos. El 2013 se había previsto una expansión por encima del 6% y a las justas llegamos al 5.2%. Pero fue en el 2014 que las expectativas se desmoronaron cual castillo de naipes. El Gobierno nuevamente había imaginado que se crecería por encima del 6% y no se llegó ni a la mitad: solo alcanzamos el 2,35%. Imaginar es un verbo atípico en las ciencias económicas, pero es el que mejor expresa la capacidad de proyección de nuestro Ministerio de Economía.

Pero no es que se quedaran de brazos cruzados. El equipo económico de Humala ha trabajado de manera denodada desde hace dos años, generando leyes que favorezcan la inversión, tal como hemos visto. Que hasta ahora no le resulte, es otro tema.

Según el economista German Alarco, no le puede resultar. Tal como está diseñada nuestra economía, dependemos de los precios de afuera: “El gobierno, los poderes económicos y mediáticos siguen soñando que se puede reactivar el crecimiento de la minería. En realidad ésta, al igual que los hidrocarburos, depende de las expectativas de los precios externos para el mediano plazo. Todas las previsiones, a excepción del plomo y zinc, son de precios constantes hasta 2018 y 2021. Con los buenos precios anteriores hubo sobreinversión, que ante la menor demanda, genera ahora precios menores o constantes. La inversión extranjera opera con base a estos ciclos. Ahora estamos en una fase depresiva. La minería sigue siendo rentable, pero a menores niveles que en 2010-2011. Desafortunadamente están acostumbrados a ganar mucho dinero".

El Gobierno no tuvo capacidad de reacción cuando se empezó a sentir la crisis externa a finales del 2012. En vez de actuar inyectando mayor gasto público y reducir las tasas de interés para avivar los créditos, tal como aconsejan los manuales keynesianos para cuando la economía pinta fea, se dedicaron a exonerar de requisitos a unos empresarios cada vez más renuentes a invertir porque prefieren esperar que los precios internacionales suban.

Para el economista Pedro Francke, el gobierno persiste en solucionar el problema ahondando en la economía extractivista: “La apuesta es seguir enganchándonos con minería, que es donde la rentabilidad ha caído. Es el camino más difícil, porque tiene una serie de trabas a nivel internacional”.

Mejor tarde que nunca, el Gobierno ha optado en los últimos meses por un mayor gasto fiscal, aunque moderado. También ha reducido una parte de los impuestos. El objetivo es que la gente tenga más plata en el bolsillo para poder gastar. Sin embargo, esta medida solo ayudaría de manera parcial, debido al desnivel de nuestra balanza comercial (aquella que mide las exportaciones e importaciones). Lo que compramos como país es mucho más de lo que vendemos.

“Hace un tiempo no había problema: exportábamos bastante porque los precios estaban muy bien. Teníamos un montón de dólares e importar no era ningún problema. Pero los precios han caído y tenemos un déficit externo de más de 4 puntos del PBI. Si pones más plata en el bolsillo de la gente, una parte va a ir a comprar productos nacionales, lo que generará una reactivación. Pero otra parte irá a la importación y esto aumentará el déficit externo”, señala Francke. Para el economista, la medida que se podría adoptar para nivelar la balanza comercial, sería subir un poco los aranceles, ya que en muchos casos estamos por debajo del máximo que establecen los TLC. Más papistas que el Papa.

No existen fórmulas mágicas. Las medidas adecuadas están relacionados con el momento preciso. Mientras pase más tiempo, sin que se adopten, el resultado será menos favorable. Alarco considera que aún hay un margen de manejo en la inversión pública y que incluso debería aumentarse el salario mínimo vital. “Desde abril de 2014 debió elevarse. Ahora se puede hacer, pero sus efectos serían menores. El año pasado un aumento del 10% hubiera aumentado el PBI en 0.7%.”, señala. Aunque también advierte que no se debe caer en catastrofismos. “Si bien la rentabilidad es menor que antes, hay muchas actividades en las que se puede invertir con rendimientos por encima de los internacionales (7%)”.

Francke piensa que la reorientación de la economía es fundamental y que para eso debe impulsarse otros sectores que no han tenido en los últimos años mayor apoyo del Estado como la agricultura, el turismo, la industria y los servicios. Precisa: “Los datos de la industria son especialmente decepcionantes. En febrero hemos estado en - 4.2% y ya tenemos como 10 meses en negativo. La agricultura está en cero. Se pueden implementar diversos mecanismos como facilitarles el crédito, nuevas tecnologías u organizar cadenas productivas en favor de estos sectores”.

De todas las opciones, el presidente Humala ha optado por la peor: medidas que colisionan con derechos fundamentales. Ha retrocedido en todo lo avanzado en normatividad ambiental y protección de las comunidades indígenas

Un ejemplo en la palma de nuestra mano
Aterricemos. Veamos qué está ocurriendo en tres regiones de la Amazonía. ¿Qué pasa cuando se combinan los paquetazos, los vacíos legales y la ambición desmedida por lucrar con los recursos de todos los peruanos?

Los paquetazos ambientales se han sucedido uno tras otro durante los cinco años de este gobierno. Estas normas tienen como blanco las tierras indígenas y los bosques que ya vienen siendo golpeados por leyes contradictorias, indefiniciones e inmensos vacíos. Así como en la Amazonía hay superposición de tierras, en los ministerios y en los gobiernos regionales se superponen las normas, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades de los sectores involucrados.

Estos agujeros negros legislativos son aprovechados por vivos y peces gordos. Según Julia Urrunaga, de Environmental Investigation Agency (EIA): “Hay fisuras en la cadena de toma de decisiones de los agentes del Estado. La autoridad aparece fragmentada, entre autoridades nacionales y regionales, que dictan resoluciones inconsistentes y contradictorias entre sí”.

Los resquicios siempre son aprovechados por interesados que están agazapados detrás de las ramas, esperando la oportunidad. Y el momento llegó cuando el gobierno estableció la sibilina definición de bosques. “Las autoridades peruanas están interpretando de manera equivocada la definición que se encuentra en la ley forestal. Solo toman en cuenta las características del suelo y privilegian el uso agrícola en la Amazonía”, añade Urrunaga. La consecuencia de ello es que se está permitiendo la deforestación de miles de hectáreas de bosques primarios.

La posibilidad de interpretar la ley de varias maneras se complementa perfectamente y le cae como anillo al dedo al decreto 30230 o cuarto paquetazo “reactivador”. Éste establece que ni la zonificación ni el ordenamiento territorial son vinculantes. Se ha creado un sistema acelerado de otorgamiento de tierras para proyectos de inversión en zonas rurales y se han flexibilizado los estudios de impacto ambiental, tanto que, de acuerdo a Vladimir Pinto, de Oxfam, “se permite que un mismo estudio de impacto ambiental sirva de referencia para varios proyectos de inversión”.
Esta situación vuelve peligrosos a ciertos proyectos agroindustriales en zonas vulnerables como, por ejemplo, los de plantaciones de palma aceitera a gran escala.

La expansión de ese cultivo ha sido acelerada y ahora es un fenómeno mundial. Actualmente existen unas 60 mil hectáreas sembradas en los departamentos de San Martín, Loreto y Ucayali, y existe el peligro real de que esa superficie se triplique. “El discurso oficial del Estado es que se promueve el cultivo en áreas deforestadas y degradadas. El problema es que la palma para grandes negocios necesita extensiones amplias y una expansión permanente”, afirma Pinto. Según los técnicos, se requieren seis mil hectáreas de producción continua para que una planta extractora pueda funcionar. El principal impacto ambiental es el reemplazo de los bosques naturales por unos artificiales de palmeras.

Entre las lianas, aprovechando todos los resquicios, rendijas, agujeros, filtraciones y fisuras, está el Grupo Romero que ya tiene 22,500 hectáreas de plantaciones y hace un buen tiempo ha puesto la puntería en el bosque primario. Y no solo están ellos, sino que, ante la escasez de tierras en el sudeste asiático, han llegado de Malasia nuevos inversionistas congregados en el Grupo Melka. Environmental Investigation Agency fue alertada en Ucayali y empezó una intensa búsqueda en los catastros de las municipalidades, en Registros Públicos y en la Sunat. Descubrieron que, en un par de años, habían formado 25 empresas con testaferros peruanos. El apoderado de todas ellas es Denis Melka, originalmente estadounidense, pero que ahora presenta un pasaporte checo. Melka era el vínculo con una empresa malaya llamada Asia Plantations, que tiene tierras adquiridas a precio de regalo en Sarawak, una región de Malasia en la que prima la corrupción y la estafa. Finalmente, cruzando información, llegaron a establecer que este personaje es experto en lavar dinero, lavarles la cara a las empresas y en crear empresas en paraísos fiscales. Ese es el Grupo que está solicitando al Estado que le adjudique otras 96 mil hectáreas.

Perú se encamina hacia un boom de la palma aceitera en la Amazonía, pero no está preparado institucionalmente para enfrentarlo

Tala Rasa
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Ambiente y la nueva ley forestal, el bosque virgen, de producción permanente o primario, no puede utilizarse para fines agropecuarios. Según el Ministerio de Agricultura, que se basa en la ley anterior, aprovechando que la nueva todavía no está reglamentada, se apoya en criterios agrícolas y en una definición técnica conocida como “Capacidad de uso mayor de tierras” , que considera solo las características de los suelos y el clima e ignora la presencia de árboles en pie. Se trata de una interpretación distorsionada de la definición de bosques establecida en la ley. “Si un inversionista privado presenta un estudio de capacidad de uso mayor de tierras que sostiene que la tierra bajo el bosque tiene capacidad agrícola, los árboles pueden ser eliminados y el gobierno no lo considera deforestación”, precisa Undurraga.

Determinar que la tierra ya no servirá para sostener a los árboles de un bosque, sino que se usará en agricultura es una decisión que pone a los funcionarios del ministerio en la categoría de dioses: creadores de un nuevo hábitat, un nuevo paisaje, una nueva flora y fauna. Para Vladimir Pinto esta definición entra en conflicto con las protecciones legales nacionales para los bosques y permite que el gobierno, con una lógica productiva, apruebe proyectos agroindustriales sobre bosques.

Esta situación de incertidumbre se ha agravado después del cuarto paquetazo. “Perú se encamina hacia un boom de la palma aceitera en la Amazonía, pero no está preparado institucionalmente para enfrentarlo”, afirma Julia Urrunaga.

Se supone que la promoción de la palma aceitera solo se da en las áreas que ya están deforestadas. Pero hecha la aclaración, hecha la trampa. La nueva modalidad que utilizan estos poderosos grupos es comprar tierras a los agricultores que tienen certificados de posesión e incentivarlos a que deforesten previamente. Les ofrecen 1000 soles por una hectárea desboscada y 600 por una que está con árboles.

Como ahora se puede mapear la deforestación por medio de imágenes satelitales, ya nadie puede objetar malintención o manipulación. Los resultados son contundentes y demuestran que el proyecto de palma siempre extiende la deforestación más allá del área designada. Eso ha hecho la empresa Cacao del Perú Norte SAC, del grupo Melka en Tamshiyacu, Loreto. Ésta compró 45 propiedades en el año 2013. Dos años más tarde, había comprado 35 propiedades más en la región. Lo mismo ha ocurrido en Nueva Requena. La empresa del mismo grupo, Plantaciones Ucayali SAC, le compró al gobierno regional un poco más de 4,700 hectáreas. Los resultados de las inspecciones del gobierno regional de Ucayali documentaron que Plantaciones de Ucayali SAC, del mismo grupo, deforestó por lo menos 827 hectáreas fuera de los límites legales de su proyecto.

En agosto del 2014 el Ministerio del Ambiente solicitó medidas cautelares para suspender las operaciones del grupo Melka en Tamshiyacu y Nueva Requena. “Pero ninguna acción ha logrado paralizar las acciones de sus empresas o asegurar que éstas remedien de forma efectiva la devastación que han causado”, precisa Urrunaga. A principios de este año el Poder Judicial ha emitido una medida cautelar contra el Grupo Romero, que suspende uno de los cuatro estudios de impacto ambiental que ha presentado, pero se trata de resoluciones que son temporales.

Otro caso que está siendo investigado por la fiscalía especializada en asuntos medioambientales de San Martín, y que involucra al mismo grupo, es el de la empresa Palmas de Shanusi, con tres procesos en curso por deforestación. La Fiscalía estima que son 600 hectáreas extra que han sido deforestadas. (La clásica yapa.)

Ely Tangoa, presidente de la Federación Regional Indígena Shawi de San Martín (FERISHAM), corrobora que han crecido las plantaciones de palma aceitera en la región. Sostiene que las grandes empresas se están aprovechando porque los pueblos no tienen seguridad jurídica. “En la región San Martín la titulación está estancada. Este año solo han titulado a dos comunidades indígenas”.
Tangoa acaba de estar en la comunidad shawi San José, en el distrito Pongo de Canarachi, provincia de Lamas, donde el año pasado se produjo la deforestación de 29 hectáreas del bosque que está dentro del territorio comunal. Él denunció este hecho a la fiscalía de delitos ambientales y se organizó una inspección a la que se unió la autoridad ambiental del gobierno regional de San Martín.

“Era bosque virgen, no era área degradada. Hay familias que han vendido sus predios a la empresa del grupo Romero. Hay una señora que le ha vendido a 800 soles la hectárea, aprovechando que la comunidad no está titulada”, manifiesta el dirigente. (La titulación de una comunidad indígena demora tres años. En una zona de colonos el proceso demora la tercera parte.)
¿Posesionarios propietarios?

Hay dos formas de acceder a la tierra e instalar una plantación: Pedir la adjudicación de tierras públicas o comprar tierras privadas.

Si descontamos a las comunidades que tienen territorios ancestrales comunitarios, los dueños de tierras privadas en la Amazonía se cuentan con los dedos. Los que abundan son los posesionarios, que son colonos que tienen parcelas chicas, de máximo cuatro o cinco hectáreas. Muchos de ellos obtuvieron certificados de posesión al final de la guerra interna, por medio del decreto 838, que se promulgó para beneficiar a los retornantes. (Otra de las situaciones insólitas que son tan frecuentes en el país: beneficiar a los pobladores de una zona en la que el conflicto armado ni se sintió.) Se conoce otro caso de un grupo de pobladores en San Martín que solicitó tierras para desarrollar un proyecto de cría de búfalos que fracasó. Sin embargo, ellos se quedaron con los certificados de posesión de esas tierras que les otorgaban 50 hectáreas a cada uno.

Environmental Investigation Agency encontró que la autoridad regional entregó certificados de posesión de hasta 700 hectáreas. En las regiones de Loreto y Ucayali están siendo investigados los ex presidentes regionales Yván Vásquez y Jorge Velásquez, respectivamente, por otorgar derechos de forma ilegal.

Cuando se les increpa a los abogados del Grupo Romero que comprar certificados de posesión es ilegal, responden que “eso lo decidirá el Poder Judicial”. ¿Pero se puede negociar una propiedad si el vendedor no es su legítimo dueño?

La adjudicación de tierras públicas se inicia con una solicitud y la presentación de un proyecto agroindustrial. En teoría debería tratarse solo de tierras deforestadas, pero esto no está especificado de manera explícita en las leyes. Más bien, las empresas solicitan bosques porque la tierra es de mejor calidad. Los gobiernos regionales son los que aprueban los proyectos agroindustriales, y el Ministerio de Agricultura aprueba los estudios de impacto ambiental y hace el seguimiento de los proyectos, con nula eficacia si se revisa la situación en Loreto, San Martín y Ucayali.

Actualmente la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios no cuenta con un mapa de tierras clasificadas por su capacidad de uso mayor. Cuando se pregunta en ese ministerio y en los gobiernos regionales cuáles son los pasos para que le asignen tierras a un particular, sacan 20 resoluciones diferentes. Los informes legales del ministerio se contradicen: unos sostiene que la venta de certificados de posesión es válida y otros dicen que no lo es.

Las contradicciones entre la nueva ley forestal y la “ley cuarto paquetazo” son flagrantes. De acuerdo a la primera, solo se puede hacer el cambio de uso si coincide con la zonificación económica-ecológica, pero la segunda establece que ni la zonificación ni el ordenamiento territorial son vinculantes.

Según el Grupo Romero, ellos no deforestan; ellos desboscan. Otro eufemismo que viene a ser más de lo mismo: sacar los árboles del suelo. El procurador público del Ministerio del Ambiente está demandando una reparación de 10 millones de nuevos soles en los casos penales por deforestación relacionados a las plantaciones de palma aceitera. Según el informe de EIA, Deforestación por definición, ninguna madera talada, transportada, procesada, vendida o comprada en violación de las leyes nacionales del país de origen es bienvenida en los mercados internacionales. Sus estimados son que los bosques removidos en tala rasa por el Grupo Melka en Nueva Requena y Tamshiyacu suman casi 7 mil hectáreas, y según el Ministerio de Agricultura, ninguna de las compañías tenía autorización legal para deforestar esas áreas; por lo tanto, no pueden haber tenido autorización para comercializar legalmente la madera extraída ilegalmente.

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Mientras éste es el estado de la cuestión, los grandes grupos empresariales - los Romero son sus representantes mayores - han tenido la habilidad de convertir la crisis en oportunidad. Si de algo les ha servido la desaceleración económica es para allanar ese camino incómodo de exigencias ambientales (y laborales). En algún momento, los precios internacionales retornarán a su nivel y las ganancias se maximizarán. Los derechos, no. La crisis y las oportunidades van por la misma senda. La crisis es de todos, las oportunidades son ajenas.