Minera Yanacocha suspende sus operaciones

La minera Yanacocha paralizará sus operaciones en las zonas de Carachugo y Chaquicolla, en el distrito de La Encañada, debido a la falta de garantías necesarias para llevar adelante sus labores de explotación de oro.
En conferencia de prensa, el gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Yanacocha, Ricardo Morel, señaló que la intransigencia de los comuneros del lugar no permite que la minera continúe trabajando, lo que afectará también a la población.
"Lamentamos tener que tomar una decisión que perjudica no sólo a Yanacocha sino a una serie de otros actores; en este caso particular, a la comunidad de Combayo. Estamos tomando la decisión de paralizar indefinidamente nuestras actividades en la zona, lo que implica que más de mil familias se queden sin ingresos”, declaró el representante de la minera.
Así mismo, indicó que ocho empresas de Cajamarca perderán sus contratos con la minera, además de los programas de apoyo social al centro poblado de Combayo, que tendrán que cancelarse.
Por su parte, el alcalde de dicha localidad, Luciano Llanos, manifestó que este anuncio debe oficializarse mediante un documento dirigido al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Además, informó que los comuneros se mantendrán en el kilómetro 4 de la carretera Cajamarca-Bambamarca, hasta que llegue la Comisión de Alto Nivel enviada desde Lima.
www.cnr.org.pe 25/08/2006 007dmurtbf.pdf





Ejecutivo encarga al padre Arana intermediar en conflicto Comuneros-Yanacocha

El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, anunció que el Poder Ejecutivo ha encargado al padre Marco Arana, la intermediación respectiva que contribuya a resolver el conflicto entre los comuneros de Combayo (Cajamarca) y la compañía minera transnacional Yanacocha. "Nosotros hemos tenido una reunión con el Padre (Marco) Arana... y le hemos pedido que intermedie en el conflicto, y converse con las instituciones, la sociedad civil, los comuneros y las autoridades, a fin de tener una reunión preliminar en la ciudad de Lima, el día martes, para llegar a algunos acuerdos. E ir después a Cajamarca y, en definitiva, resolver el problema", subrayó. En ese sentido, Valdivia Romero dijo que el Gobierno "está dispuesto" a conversar con los comuneros, "y después enviar a los funcionarios del más alto nivel del ministerio, para que lleguen a los acuerdos definitivos". En declaraciones al programa Pulso Empresarial de CPN RADIO, manifestó también que el reciente aporte voluntario social de las compañías mineras, debe ser "ejemplo" para que empresas de diversos sectores, como las petroleras, financieras, entre otras, colaboren con el país, y se resuelva el problema de la extrema pobreza. De otro lado, el ministro Valdivia precisó que las compañías mineras "no van a hacer aportes adicionales", a la propuesta gubernamental de extender a todos los trabajadores de la minería, el reparto de utilidades. "Ellos (las mineras) tienen que distribuir el 8% de sus utilidades a los trabajadores. Lo que pasa es que solamente reciben ese beneficio aquellos servidores que están en planillas de las empresas", enfatizó al advertir que los excedentes de dichas utilidades están siendo derivados a la construcción de carreteras, lo cuál -anotó- "es una confiscación".
http://www.cpnradio.com.pe/ 25/08/2006 007ibyogli.pdf






"Se está renunciando a tributos"

El coordinador de la ONG Grufides afirma que el Estado abdica de su papel recaudador y lo deja a la voluntad de los mineros.

Hace dos años el sacerdote Marco Arana, coordinador del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), lideró una de las movilizaciones más sonadas en el sector minero. A la cabeza de casi cuarenta mil cajamarquinos hizo desistir a la Minera Yanacocha de explotar el Cerro Quilish, considerado como una de las reservas acuíferas de la ciudad de Cajamarca. Ha pasado el tiempo y Arana considera que el Estado continúa favoreciendo a la minería en perjuicio de otras actividades, como la agrícola, que es la que sostiene a gran parte de la población andina. Esta situación y la desigualdad en las zonas donde operan las mineras, según el sacerdote, son el caldo de cultivo de los reclamos
sociales contra esta actividad donde el Estado sigue siendo un observador pasivo.

¿Cuál es su opinión respecto de lo que será el aporte voluntario de las mineras?
Esta es una expresión de un Estado mínimo, que deja librado los temas económicos del país
a la buena voluntad de los agentes y renuncia a su capacidad de recaudar tributos que permitan una redistribución adecuada de las riquezas. Este gobierno en su campaña electoral prometió aplicar un impuesto a las sobreganancias y no lo ha hecho. Parte de los conflictos ambientales tienen que ver con que la gente siente que se extrae recursos naturales y no todos se benefician de esta riqueza.

¿Usted insistiría en la aplicación de impuesto a las sobreganancias?
En las sobreganancias y las regalías.

Sí, pero en el caso de regalías muchas empresas están protegidas por contratos de estabilidad jurídica y tributaria.
Sí pero hay que revisarlos. ¿Cómo cuando las mineras han pedido renegociar los contratos, el Estado ha aceptado y ahora, cuando el Estado tiene la necesidad de revisarlos, no puede hacerlo?
El presidente García ha señalado que esto implicaría alterar las reglas de juego, de ahí
que haya propuesto un aporte voluntario como alternativa. ¿Cómo ve usted esta
negociación?
De ir adelante con esto, yo recomendaría que no lo hagan a puertas cerradas, sino con la
participación de los gobiernos locales, regionales y de la sociedad civil. La actividad minera no está en Lima sino en provincias, hay que ser coherente con el discurso de la regionalización y descentralización que últimamente se está tratando de dar, incluido el debate de cómo mejorar los ingresos de las regiones con las actividades mineras.

¿Cómo se ve el tema del aporte voluntario en Cajamarca?
Creo que en general en las provincias el aporte voluntario se está viendo como algo lejano, no es un tema de debate público.

¿A qué aspectos debería orientarse este aporte voluntario minero?
Debería orientarse a la posibilidad de invertir en fiscalización ambiental eficiente. Gran parte de los conflictos se origina en la contaminación y escasez de aguas, y cuando se le pide al Gobierno que vea el tema no tiene recursos. Un segundo tema, es encontrar un mecanismo de inversión pública que evite lo que está pasando con el canon, en el cual no se gasta el dinero o si se gasta se hace en obras inútiles. Hay que ver un mecanismo para canalizar esos fondos, diseñar los proyectos y supervisarlos, orientándolos en invertir en las comunidades afectadas en salud, educación o en infraestructura vial que es básica.

¿Por qué la minería tiene que hacerse responsable de las carencias del Estado?
Porque si bien la minería no es la que crea pobreza, sí es un factor. Lo podemos explicar. El
principal problema que tienen las comunidades andinas es el relegamiento del agro, no tiene desarrollo tecnológico, no tiene acceso a créditos, títulos de propiedad, etc. Todo el impulso al agro que se ha dado se ha concentrado en los valles costeños y se deja al ande como un dispensador de agua. Cuando llega la minería este modelo se profundiza, porque se percibe al ande como un lugar donde hay que extraer recursos minerales. En ese sentido, las leyes y el Estado se han puesto al servicio de promover la actividad minera. Si uno privilegia la minería en lugares donde el 72% de la población depende de actividades agrícolas y pecuarias no hay que hacer nada para pronunciar la palabra pobreza. Simplemente ignorarla.

Pero se culpa a las mineras de esta situación.
No es que a causa de los mineros seamos pobres, es por el tipo de prioridad política que el
Estado ha dado en estos últimos años. No ha generado mecanismos de redistribución más
eficientes, prioriza la minería, no protege el ambiente y sigue centralizando la economía, esto último recién se está tratando de corregir hace un par de años con la distribución de los
recursos del canon a las regiones.

¿Por qué la mayoría de protestas se centra en el tema ambiental?
Porque estudios ambientales de las Naciones Unidas y del Banco Mundial muestran que, a
mayor daño ambiental mayor es la pobreza, ya que a mayor pobreza habrá mayor
vulnerabilidad de la población frente a los daños ambientales. Y la minería, quiéralo o no,
genera impactos ambientales.

¿No es que las ONG, como la suya, están llegando a una posición antiminera per se?
No creo. La polarización creada por la ausencia del Estado y la prepotencia de algunas
empresas ha provocado esta aparente confrontación. Si hubieran posiciones antimineras,
Yanacocha no existiría, estaríamos hablando de escenarios como Tambogrande o Majaz. Y eso no ha ocurrido, al menos no en Cajamarca.
Diario El Comercio – Lima 25/08/2006 007oytepqx.pdf