Los errores de la política minera
Por José Carlos Orihuela

La política minera que ha venido siguiendo el Estado, la de promover oportunidades de
inversión para cobrar reducidos impuestos que gastamos en no-sabemos-qué, es incorrecta y cortoplacista. Y mantener el estado de las cosas y hacer un poco más grande y efectiva la bolsa de regalos no constituyen una estrategia de desarrollo deseable.
Un principio compartido en la literatura económica es que la extracción de los recursos
naturales no renovables favorece el crecimiento sostenible si la renta es invertida en la
formación de nuevo capital. Si tenemos un pozo de petróleo y utilizamos las utilidades solo en consumo, la bonanza terminará irremediablemente con la venta del último barril. Para que el crecimiento se sostenga acabado el pozo (salitre, guano, minerales), tendríamos que haber desarrollado una base productiva alternativa.
La riqueza económica de las naciones no está entonces en el PBI, sino en los activos que lo generan: el capital físico, natural, humano, social; en la capacidad de generar tecnología y conocimiento. Por ello, junto con la discusión fundamental de cómo distribuir mejor la renta de extracción con el inversionista y el establecimiento de una autoridad ambiental real, repensar el gasto de los ingresos fiscales mineros es central. Ingresos extraordinarios deben generar buenos gastos extraordinarios. Este principio debe ser conciliado con la respuesta a las urgencias de la pobreza rural que "hospeda" a la inversión minera, tarea nada sencilla:
En este sentido, la "privatización" del óbolo minero es un nuevo error. Los incentivos estarán en priorizar el gasto que mantenga "contenta y tranquila" a la población para poder extraer el mineral. La visión del empresario es, por la naturaleza del negocio, de corto plazo. La solución al Estado ausente, no solo lento e inefectivo, sino falto de visión, no son el clientelismo privado y el gasto pro cíclico.
Hoy la gran minería es ya el 'estado desarrollista' realmente existente en buena parte del Perú rural. Son las compañías mineras las que otorgan créditos, capacitación e infraestructura. La gran minería también oficia de 'estado populista', financiando fiestas locales y trofeos para campeonatos de fulbito. ¿Cómo reemplazaremos a 'papá empresa' cuando se acabe el banco de oro en el distrito olvidado del país?
La boyante minería convive con la pobreza extrema. Un país de tantas carencias no debería dejar pasar la oportunidad de utilizar esos recursos para financiar un digno programa de educación rural, por ejemplo. Además de caminos rurales, de impacto inmediato, si sumamos un fondo de inversión para la ciencia y tecnología, uno para la regulación ambiental y otro de extensión tecnológica y promoción económica, nos convenceríamos de que más importante que gastar rápido es pensar bien cómo distribuir los siempre escasos recursos.
El diagnóstico que parece guiar la privatización del óbolo minero es equivocado. Asume que los problemas de Yanacocha, Tintaya o La Oroya se resolverían con una veloz provisión de infraestructura. En realidad, cada caso corresponde a un conjunto de problemas distintos que requieren tratamientos distintos. Pero la solución de esos conflictos no tiene que ver necesariamente con la inversión social. Ni la desconfianza en la autoridad ambiental ni la reducción de fuentes de agua ni el plomo en la sangre de los niños se resuelven con caminos, empleo, educación rural o inversión en tecnología.
La minería necesitaría su CVR, pero sabemos que un ejercicio serio de ese tipo demanda madurez de todos. Carecemos de ella y privilegiamos los discursos radicales que nos mantienen absurda y peligrosamente congelados en la Guerra Fría. Los problemas endémicos Yanacocha-comunidades, por ejemplo, han sido siempre soslayados porque 'la minería moderna no contamina', de ahí que la protesta no pueda venir, dicen, sino por manipulación de extremistas. El argumento es falaz, y no por falta de violentistas.
Toda actividad económica genera impacto ambiental, voluntaria o involuntariamente, más una que requiere mover grandes extensiones de tierra y utilizar ingentes cantidades de agua. Se trata entonces de establecer cuánto impacto la sociedad está dispuesta a aceptar y qué medidas, preventivas y proactivas, se deben tomar para minimizar conflictos razonablemente esperables. Pero si no existen árbitros confiables, ni instituciones para el diálogo, si la participación ciudadana está solo en el papel, no existirán mecanismos que faciliten un desarrollo armonioso.
Con el fin de que la minería sea una herramienta para el desarrollo de todos, es necesario romper con históricas inercias y revisar críticamente aciertos y errores, particularmente en la negociación de contratos, el sistema del canon y la calidad del gasto, la participación ciudadana y la institucionalidad ambiental. Con un pie en el presente y el resto del cuerpo en el futuro, hay que tener voluntad política para trabajar y concertar, con suficiente distancia de los intereses económicos y políticos de corto plazo.
Va de la mano con la reforma tributaria, la provisión de justicia, la independencia de las
agencias de regulación relevantes (Sunat y ambiental) y el fundamental ejercicio del
planeamiento estratégico. Todos problemas de fondo en los que este gobierno, como el
anterior, parece no tener una agenda clara.
Diario El Comercio-Lima 01/10/2006