Escrito por Marcos Valdez Cadenillas
La semana pasada se conoció la noticia de que en abril, una patrulla de seguridad de la empresa FORZA habría intervenido un grupo de personas con actitud sospechosa en las inmediaciones de la propiedad de la compañía Yanacocha. Se trató de una intervención de rutina probablemente motivada por la serie de atentados ambientales perpetrados desde hace algún tiempo para dañar a la empresa minera.
Efectivamente, en octubre pasado, terroristas ambientales quemaron quince metros de una tubería especial de la mina derramando su contenido de productos químicos entre los terrenos vecinos, con el único fin de perjudicar a los humildes campesinos y enfrentarlos con la compañía minera. El caso aún esta en investigación por la autoridad oficial.
Ese cobarde atentado, sumado a las inexplicables muertes de truchas en eventos que no corresponden a Yanacocha, la siembra de mercurio en distintas partes de la ciudad, los incendios forestales provocados por extraños en propiedad de la empresa minera, entre otros sucesos misteriosos, deben tener en alerta a la compañía de seguridad y, por supuesto, nada más natural que indagar quiénes son y qué andan haciendo las personas que se detienen en los alrededores del complejo minero. Más aún si la actitud es sospechosa y si por allí alguno de los involucrados tiene una cara de malo inocultable.
Los sospechosos intervenidos en los predios de la mina, en abril –sorpresa-, resultaron ser el representante de la Ong GRUFIDES Marco Arana y un grupo de camarógrafos no identificados. Sin embargo, y aunque nadie puede negar que los hechos ocurrieron en propiedad privada, Arana pretende convertir esa intervención de seguridad legítima, en un acto de “acoso y seguimiento indebido”, según sus propias palabras. Y en una nueva y terrible agresión de las fuerzas represivas, supuestamente contratadas por la empresa minera para hacerle daño.
Ahora bien, si el hecho no fue más que un incidente de seguridad provocado por un grupo de sospechosos en inmediaciones de una propiedad privada que ya ha sufrido varios atentados ambientales ¿Por qué Arana denunció el hecho con tan mala leche? Fácil, porque la gente como Arana y ciertos “ecologistas” tienen una extraña facultad que muy poca gente posee: el ojo político.
El ojo político, decía un escritor, consiste en ver los sucesos de otra manera. Una manera helada, carente de emociones, como de forense desvelado. Marco Arana lo tiene. Ante cualquier suceso importante ese ojo se pone en movimiento y espontáneamente le ofrece una lectura diferente, servicial, útil para el que parece ser su único propósito en la vida: enfrentar a la empresa minera con la población cajamarquina.
Arana acaba de demostrarlo una vez más. Lo que todo el mundo observó fue la diligencia con la que actuó una patrulla de agentes de seguridad que en cumplimiento de su misión investigó qué hacía un grupo de extraños sospechosos en los alrededores del centro minero. Arana, en cambio, le levantó la falda al asunto, examinó la cosa fríamente y vio una oportunidad. ¿Para qué? Para crear una crisis a Yanacocha y dañar su imagen ante la comunidad. La jugada fue cínica y reiterada: convertirse en víctima. Auto-victimizarse. Hostigar a todos y presentarse a si mismo como hostigado. Ese estilo hipócrita de hacer política debe ser desenmascarado sin atenuantes de ninguna especie.
Esta no es la primera vez que ocurre. Lo mismo ha sucedido con la muerte de las truchas envenenadas con arsénico, el mercurio volador que salió por un caño de agua potable y el incendio de una porción de bosque en Porcón que –otra vez-, manos extrañas, iniciaron justo el día que un grupo de “ecologistas” encabezados precisamente por Arana estaban de paseo por los alrededores de la propiedad de Yanacocha, le tomaran una foto al incongruente incendio y cínicamente denunciaron a la empresa minera por incendiaria.
Pero el juego de auto-victimización y de propaganda con que Arana manipula a la población de Cajamarca desde hace varios años, se está agotando. Cada vez son menos numerosas las personas que creen en la dramática y reiterada historia del pobre sacerdote perseguido y hostilizado por una criminal compañía minera... “tanto va el cántaro al agua que al fin vuelve sin asa”, dice el refranero local.
Por eso la población ha recibido con la más olímpica indiferencia la rocambolesca noticia de que, una misteriosa madrugada de abril, tres encapuchados armados con ametralladoras irrumpieron en las oficinas de GRUFIDES, preguntaron por Arana y anunciaron, con la más absoluta sinceridad, su intención de asesinarlo.
¿Quién difundió esa noticia? Marco Arana. ¿Cuándo? A mediados de mayo. ¿Existe denuncia policial sobre este atentado? No, ninguna. ¿Han sido denunciados los hechos ante la Fiscalía? No, por cierto. ¿Publicó acaso GRUFIDES, tan listo a victimizarse, esa noticia en su página web, por lo menos? Tampoco.
¿Quién le cree entonces a Marco Arana? Los intelectuales de la capital seguramente y también los ingenuos activistas de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Por supuesto, el hecho de que la población de Cajamarca ya no le cree, no le preocupa en mayor medida, lo que realmente le interesa es que los donantes y patrocinadores internacionales, los proveedores de fondos suculentos, sigan creyendo en la historia del humilde sacerdote hostilizado en Cajamarca... y que paguen la cuenta.
www.cajamarcaopina.com 22/05/2007
EMPRESAS Y EL ESTADO DEBEN INFORMAR LAS VENTAJAS Y PERJUICIOS DE LA MINERÍA
Habitualmente parco con la prensa, monseñor José Carmelo Martínez Lázaro, Obispo de Cajamarca, accedió a confesarse ante La República para abordar el tema minero. Sostuvo que las empresas y el propio Estado deberían informar con la verdad las ventajas y perjuicios de la actividad extractiva de amplia presencia en la región.
En el diálogo fue inevitable mencionar al padre Marco Arana Zegarra mentor de la ONG ambientalista Grufides. Monseñor deslizó que si el sacerdote insistía en dedicar más tiempo a la defensa del medio ambiente antes que a su labor pastoral, la Iglesia podría evaluar retirarle los hábitos.
La Iglesia siempre estará a lado del campesinado y los pobres", Obispo Carmelo Martínez.
-¿Cree que las ONGs ambientalistas entre ellas Grufides, están actuando honestamente llevados por amor a la justicia?
-Realmente no conozco sus cuentas, ni lo que reciben ni lo que dan y hacen. Creo que es necesario que hayan ONGs ambientalistas.
-¿Grufides lo es?
-Sí es la que tiene más fama. Yo hablo en general conozco algo, porque ahí está el padre Marco (Arana) están haciendo una buena labor. Es bueno que haya la contraparte, que se les exija a las mineras. Si el Estado hiciese su labor, no digo que el papel de las ONGs tendría que ser secundario, sino que la labor que hace uno piensa en reemplazo del Estado. El Estado debería primero informar con la verdad y sinceridad los pro y los contra que trae la inversión minera a los campesinos, y a las personas que están influenciadas por la explotación minera, para que den después una respuesta.
-Hace meses usted emitió un comunicado llamándole la atención al padre Arana por dedicar le más tiempo a los asuntos de su ONG que a la Iglesia.
-Lo dije en su momento y lo puedo repetir ahora cuantas veces sea necesario. A mí me parece que la misión principal de un sacerdote es la de anunciar el evangelio, saludar los sacramentos y fomentar la caridad en la comunidad. Entonces cuando eso no se da, yo tengo que llamar la atención cuando tuve que hablar algo lo he hablado directamente con él. Pretendí poner las cosas claras. Si quiere puede hacerlo como dirigente social o político en principio todos tenemos libertad de hacer una opción en la vida, aunque haya hecho una previa. Pero si uno se quiere quitar de ella no hay ningún inconveniente.
-y al parecer ha caído en saco roto.
-Al parecer sí porque el padre (Marco Arana) sigue dedicando la mayor parte de su tiempo a estas actividades que son muy buenas.
-¿Si no escucha el llamado de la Iglesia podrían excomulgarlo?
-No he pensado en eso en este momento, pero podría llegar el caso, no es su misión pero de momento no he pensado en ello. porque no es el momento.
IGLESIA SIEMPRE AL LADO DE LOS POBRES
-¿Tiene algún plazo (Arana) qué cumplir o hasta que le colme la paciencia a la Iglesia?
-Bueno, quizás sea eso, pero el padre Marco está haciendo una labor buena, como todas las ONGs, pero podría ser el asesor externo de una ONG, dedicándole un 15 por ciento de su tiempo y el resto a la labor pastoral.
-La Iglesia como siempre, estará al lado de los pobres en los conflictos mineros.
-En principio yo estaré aliado de quien piense tiene la razón.
-¿ y quién la tiene?
-Habría que analizar los casos uno por uno, en Algamarca, por ejemplo, hay una serie de intereses y una realidad de 3,500 personas que no tienen de la noche a la mañana cómo vivir, que los desalojen. Tengo que estar al lado de los campesinos del valle, ante la posibilidad que sus tierras queden contaminadas. Debemos vigilar atentamente el trabajo, tiene que hacerlo la Dirección General de Salud (Digesa) y la región para salvaguardar la producción del valle. Un tema muy importante es ver por la vida de los que están trabajando y manejando en forma rústica y rudimentaria sustancias peligrosas, tengo que ver por la vida, hay que tratar que cada uno haga las cosas lo mejor posible, es una zona pobre, que lo hagan en condiciones que no contaminen a la gente del valle.
Diario La República – Lima 22/05/2007
92% DE ACCIONISTAS DE NEWMONT APROBÓ CAMBIO DE POLÍTICA CON LAS COMUNIDADES
Conflictos con las poblaciones en el Perú, Ghana e Indonesia preocupan a los inversionistas de la poderosa minera.
Por Ángel Páez.
Fotos: Marco del Río.
Una resolución que obliga a la minera Newmont a revisar sus relaciones con las poblaciones afectadas por sus operaciones fue aprobada por casi el 92 por ciento de los accionistas de la compañía, informó la organización Servicios de Inversión de los Hermanos Cristianos (CBIS, en inglés), que posee acciones de la empresa con sede en Denver, Colorado. Newmont es dueña de Yanacocha, que ha protagonizado violentos enfrentamientos con poblaciones que se oponen a sus actividades en Cajamarca.
Es la primera vez que los accionistas de una compañía minera estadounidense aprueban una resolución social de estas características, informó la CBIS, la organización que promovió la iniciativa. El directorio de la minera Newmont instó a sus accionistas a votar a favor de la misma.
"Muchos proyectos de Newmont en países en desarrollo han enfrentado la oposición de las poblaciones a través de los años", señala la resolución. "Hay un patrón de resistencia de las comunidades a las operaciones de la compañía, especialmente en Perú, Indonesia y Ghana, debido a una creciente preocupación sobre algunos aspectos relacionados a las prácticas de explotación minera, la potencial contaminación del agua, amenazas de áreas sagradas y desplazamiento de poblaciones", añade.
Golpe de timón
Yanacocha cuenta con un amplio registro de choques con comunidades en Cajamarca, su principal centro de operaciones. El caso más reciente por su gravedad ocurrió en Combayo, en agosto del año que pasó. La población se opuso a las actividades de explotación aurífera de la minera, debido a la amenaza de contaminación del agua. El enfrentamiento se cobró la vida de un campesino.
La CBIS es una organización que agrupa a más de un millar de organizaciones cristianas que aplican la política de inversión con responsabilidad social, y cuenta con acciones por un valor que supera los US$ 4 mil millones en todo el mundo.
La representante legal de CBIS, Julie Tanner, informó que la aprobación de la resolución permitirá la revisión de las relaciones de Newmont con las comunidades, debido a que en los últimos años la presencia de la minera en algunas naciones ha sido cuestionada por el tipo de prácticas de explotación aurífera que aplica.
"El mandato resultante de la aprobación de la resolución refuerza la necesidad de que Newmont presente un informe cuidadoso y sustantivo que le permita a la compañía mejorar sus políticas y prácticas, así como sus relaciones con las comunidades que rodean las zonas donde opera", dijo Julie Tanner.
La resolución también ordena al directorio de Newmont que constituya un comité independiente para que dirija "una evaluación y revisión global de las políticas y prácticas de la compañía, relacionadas con las actuales o potenciales acciones de protesta de las comunidades, e informe sobre las medidas adoptadas por la empresa para reducir la oposición a las actividades mineras".
El reporte debe estar listo para la reunión anual de los accionistas en 2008.
Más respaldo
La organización que se encarga del registro del voto de los accionistas, Institutional Shareholder Services (ISS), recomendó la aprobación de la resolución social.
"ISS considera que compañías globales, especialmente las que operan en mercados en desarrollo o en regiones con malestares políticos, sociales o económicos, deben aplicar apropiadas y efectivas políticas para conseguir la reciprocidad de los gobiernos y de las comunidades que serán afectadas por sus operaciones", señaló la institución. Seguidamente, aconsejó: "Las correctas relaciones entre una compañía y sus accionistas pueden mejorar la calidad de sus operaciones, ampliar las autorizaciones para intervenir en mercados desafiantes y mejorar la opinión de la gente respecto a la empresa, y por lo tanto reducir los riesgos de conflictos, protestas y procesos judiciales".
El mandato a Newmont incluye una evaluación de los sistemas de la compañía para identificar, mensurar y controlar los riesgos sociales y ambientales. Además, la minera tendrá que revisar sus políticas y prácticas relacionadas con las comunidades que se oponen a las actividades de la empresa.
La resolución se aprobó en la reciente reunión anual de Newmont, el 24 de abril, pero la información sólo circuló en los sectores financieros y bursátiles.
Según CBIS, Newmont le ha comunicado que respaldará la resolución. "Estamos complacidos de que la compañía revise sus políticas para reducir sus conflictos con las poblaciones", reportaron.
En Lima no saben nada de la resolución
Consultada por La República, la oficina de Newmont en Lima respondió que hasta el momento no había recibido ninguna información oficial procedente de Denver, referida a la aprobación de la resolución promovida por la Christian Brothers Investment Services, Inc. (CBIS).
El director ejecutivo de Newmont Wayne Murdy, informó al diario Denver Post que la compañía estaba satisfecha por la aprobación de la resolución. Y destacó que el directorio de la minera instara a los accionistas a sumar sus votos.
"Ya era tiempo que Newmont echara una mirada a la forma en que dirige su negocio", comentó Keith Slack, de la organización Oxfam America: "Debe convocar a expertos totalmente independientes de la compañía que no se limiten a decir lo que quiere la compañía. Y deben relacionarse con las comunidades afectadas por sus actividades mineras".
La sorprendente resolución, que implica un cambio radical de las políticas de Newmont, prácticamente no tuvo eco en la prensa nacional.
Diario La República – Lima 22/05/2007