ACUSAN A MAJAZ DE CHANTAJEAR A CAMPESINOS PIURANOS
Como un "chantaje" a los agricultores, calificó Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca (Piura) al referirse a la propuesta de la empresa minera Majaz de entregar un fondo privado de 80 millones de dólares a dichos productores a cambio de “ratificar” los permisos para sus operaciones en la zona.
“Esta propuesta es un chantaje de la minera (Majaz) que quiere sorprender a la población, porque ellos no tienen el permiso de las comunidades para ejercer sus trabajos como lo pide la ley”, expresó.
Desde los estudios de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Carrión aseguró que, pese a las estrategias de la empresa minera, las comunidades de Ayabaca quieren continuar con su modelo de desarrollo agrario.
“No queremos a la minería en nuestras tierras; continuaremos con la consulta popular a pesar de no contar con el respaldo de los organismos electorales y más del 90% de la población participará”.
De otro lado, Carrión reiteró que las autoridades municipales solicitaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su intervención en la consulta popular del 16 de setiembre, pero hasta la fecha no reciben respuesta alguna.
Como se recuerda la empresa minera Majaz S.A. propuso a las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) crear un fondo privado de 80 millones de dólares, a cambio del permiso para la ejecución de la etapa de explotación del proyecto Río Blanco, en Piura.
Mediante un comunicado, difundido en un diario de circulación nacional, la compañía minera -que mantiene problemas legales con las referidas comunidades- invita a la creación de dos "Asociaciones sin Fines de Lucro" para cada población, con un acceso paulatino a los fondos privados que ascienden a 40 millones de dólares en cada caso, a fin de llevar a cabo proyectos de desarrollo.
El documento sostiene que cada asociación estará compuesta por Miembros Fundadores, un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo. El primer rubro estará integrado por las mineras Majaz S.A. y Coripacha S.A.C.
www.cnr.org.pe – Lima 24/08/2007
Sostienen que detrás hay extremistas y grupos de “fracasados políticos”
COMUNEROS QUE APOYAN A MINERA DE MAJAZ SON AMENAZADOS, DENUNCIAN DIRIGENTES
El presidente del Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas en la provincia de Huancabamba (Piura), Juan Cruz Pusma, denunció hoy que los pobladores que no muestran una actitud contraria a la inversión de la minera Majaz son víctimas de constantes amenazas.
Precisamente a fin de solicitar garantías para sus vidas ante las constantes intimidaciones y poner en conocimiento de estos hechos al ministro de Energía y Minas,
Juan Valdivia, llegó a Lima una delegación de 11 integrantes del Frente, que agrupa a 33 caseríos.
El vicepresidente del Frente, Higinio Rivera, indicó que detrás de las intimidaciones está un grupo de “fracasados políticos” que se ha puesto el nombre de “defensores del medio ambiente” para infiltrarse en las rondas y comunidades campesinas, así como en organizaciones no gubernamentales (ONG).
Asimismo elementos extremistas de izquierda vinculados al movimiento humanista y a Patria Roja, así como un sector de la iglesia de Chulucanas.
“Esos grupos opuestos a las inversiones privadas, infiltrados en las rondas campesinas y las comunidades, están sustentados por algunas ONG como Conacami
(Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería)”, manifestó.
Según Cruz Pusma, la mayoría de la población huancabambina espera que se instale la mayor cantidad de inversión privada en la zona, porque trae empleo y ayuda a mejorar la condición de pobreza extrema en la que se encuentra su provincia.
Expresó su deseo que se recupere la paz social y el desarrollo de los pueblos, “pero siempre y cuando se respete los derechos humanos, las leyes a nuestra comunidad.”
“Buscamos vivir como verdaderos peruanos, queremos que se respete nuestra comunidad porque hay unos problemas que se vienen suscitando por algunos dirigentes llamados medioambientalistas y algunas ONG que los están apoyando”, insistió en RPP Noticias.
Aclaró, no obstante, que si una empresa minera opera en la zona, ésta debe actuar de acuerdo a las normas y leyes de protección al medio ambiente, garantizando la no contaminación de los suelos, agua y aire.
La comisión que llegó a Lima expresó que los autodenominados “grupos ambientalistas” niegan el rol de la inversión privada en beneficio del desarrollo sin formular otras propuestas.
“Esta situación los ha llevado a organizar una supuesta “consulta popular” antidemocrática por su ilegalidad y que no responde a la voluntad de los pueblos de Piura.
“La fuerza, lejos de la razón, es lo que tratan de sembrar, atemorizando a los campesinos con amenazas de corte de agua para los sembríos, pagos de multas de 100
soles, darles ‘una arroba de latigazos’ y hasta botarlos de sus propias tierras, que les corresponden desde sus ancestros”, denunció Juan Cruz.
Agregó que también “evitan que las personas caminen libremente porque acaban de colocar tranqueras en Santa Rosa y Abaspite, obligando a participar a los ronderos con el pretexto de cuidar a la población contra el abigeato y el contrabando de madera”.
El Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas solicitó, además, la intervención de la Defensoría del Pueblo para que verifique las denuncias formuladas.
ANDINA – Lima 24/08/2007
Como un "chantaje" a los agricultores, calificó Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca (Piura) al referirse a la propuesta de la empresa minera Majaz de entregar un fondo privado de 80 millones de dólares a dichos productores a cambio de “ratificar” los permisos para sus operaciones en la zona.
“Esta propuesta es un chantaje de la minera (Majaz) que quiere sorprender a la población, porque ellos no tienen el permiso de las comunidades para ejercer sus trabajos como lo pide la ley”, expresó.
Desde los estudios de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Carrión aseguró que, pese a las estrategias de la empresa minera, las comunidades de Ayabaca quieren continuar con su modelo de desarrollo agrario.
“No queremos a la minería en nuestras tierras; continuaremos con la consulta popular a pesar de no contar con el respaldo de los organismos electorales y más del 90% de la población participará”.
De otro lado, Carrión reiteró que las autoridades municipales solicitaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su intervención en la consulta popular del 16 de setiembre, pero hasta la fecha no reciben respuesta alguna.
Como se recuerda la empresa minera Majaz S.A. propuso a las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) crear un fondo privado de 80 millones de dólares, a cambio del permiso para la ejecución de la etapa de explotación del proyecto Río Blanco, en Piura.
Mediante un comunicado, difundido en un diario de circulación nacional, la compañía minera -que mantiene problemas legales con las referidas comunidades- invita a la creación de dos "Asociaciones sin Fines de Lucro" para cada población, con un acceso paulatino a los fondos privados que ascienden a 40 millones de dólares en cada caso, a fin de llevar a cabo proyectos de desarrollo.
El documento sostiene que cada asociación estará compuesta por Miembros Fundadores, un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo. El primer rubro estará integrado por las mineras Majaz S.A. y Coripacha S.A.C.
www.cnr.org.pe – Lima 24/08/2007
Sostienen que detrás hay extremistas y grupos de “fracasados políticos”
COMUNEROS QUE APOYAN A MINERA DE MAJAZ SON AMENAZADOS, DENUNCIAN DIRIGENTES
El presidente del Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas en la provincia de Huancabamba (Piura), Juan Cruz Pusma, denunció hoy que los pobladores que no muestran una actitud contraria a la inversión de la minera Majaz son víctimas de constantes amenazas.
Precisamente a fin de solicitar garantías para sus vidas ante las constantes intimidaciones y poner en conocimiento de estos hechos al ministro de Energía y Minas,
Juan Valdivia, llegó a Lima una delegación de 11 integrantes del Frente, que agrupa a 33 caseríos.
El vicepresidente del Frente, Higinio Rivera, indicó que detrás de las intimidaciones está un grupo de “fracasados políticos” que se ha puesto el nombre de “defensores del medio ambiente” para infiltrarse en las rondas y comunidades campesinas, así como en organizaciones no gubernamentales (ONG).
Asimismo elementos extremistas de izquierda vinculados al movimiento humanista y a Patria Roja, así como un sector de la iglesia de Chulucanas.
“Esos grupos opuestos a las inversiones privadas, infiltrados en las rondas campesinas y las comunidades, están sustentados por algunas ONG como Conacami
(Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería)”, manifestó.
Según Cruz Pusma, la mayoría de la población huancabambina espera que se instale la mayor cantidad de inversión privada en la zona, porque trae empleo y ayuda a mejorar la condición de pobreza extrema en la que se encuentra su provincia.
Expresó su deseo que se recupere la paz social y el desarrollo de los pueblos, “pero siempre y cuando se respete los derechos humanos, las leyes a nuestra comunidad.”
“Buscamos vivir como verdaderos peruanos, queremos que se respete nuestra comunidad porque hay unos problemas que se vienen suscitando por algunos dirigentes llamados medioambientalistas y algunas ONG que los están apoyando”, insistió en RPP Noticias.
Aclaró, no obstante, que si una empresa minera opera en la zona, ésta debe actuar de acuerdo a las normas y leyes de protección al medio ambiente, garantizando la no contaminación de los suelos, agua y aire.
La comisión que llegó a Lima expresó que los autodenominados “grupos ambientalistas” niegan el rol de la inversión privada en beneficio del desarrollo sin formular otras propuestas.
“Esta situación los ha llevado a organizar una supuesta “consulta popular” antidemocrática por su ilegalidad y que no responde a la voluntad de los pueblos de Piura.
“La fuerza, lejos de la razón, es lo que tratan de sembrar, atemorizando a los campesinos con amenazas de corte de agua para los sembríos, pagos de multas de 100
soles, darles ‘una arroba de latigazos’ y hasta botarlos de sus propias tierras, que les corresponden desde sus ancestros”, denunció Juan Cruz.
Agregó que también “evitan que las personas caminen libremente porque acaban de colocar tranqueras en Santa Rosa y Abaspite, obligando a participar a los ronderos con el pretexto de cuidar a la población contra el abigeato y el contrabando de madera”.
El Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas solicitó, además, la intervención de la Defensoría del Pueblo para que verifique las denuncias formuladas.
ANDINA – Lima 24/08/2007