CALLE DICE QUE HUBIERA SIDO MEJOR QUE LAS ONG DEN CUENTA DE RECURSOS
Nuevo magistrado del TC señala que se deben tomar precauciones ante amenazas mundiales como el narcotráfico
El magistrado Fernando Calle, flamante miembro del Tribunal Constitucional (TC), mostró su disconformidad con el fallo que dicho organismo emitió sobre la Ley 28925, que regula a las ONG, al considerar que lo más saludable hubiera sido que dichas entidades den cuenta de sus recursos.
“En un momento de globalización, que tiene el lado negativo del narcotráfico que es un delito internacional y de enorme interferencia, mejor es que todos demos cuenta de todo. En un Estado es mejor que se sepa de dónde viene (el dinero), no tiene nada de malo”, dijo Calle en una entrevista radial.
Calle señaló, sin embargo, que las organizaciones civiles gozan de autonomía de acuerdo a la Carta Magna y el Estado sólo podrá intrervenirlas cuando sus actividades linden con lo ilícito.
De otro lado, el magistrado consideró que ante la excesiva carga procesal con la que cuenta hoy el TC, se debe proponer leyes que propicien su reducción.
“Hay que ver una forma de coordinación con el Parlamento para generar normas que ayuden a que esta acumulación no perjudique, pues estamos hablando de derechos fundamentales. Si no atendemos con prontitud la carga procesal podría generarse un malestar (en la ciudadanía)”, precisó.
ARROGANTES
Por su parte, el representante del Perú ante la OEA, Antero Flores Aráoz, pidió a los tres nuevos integrantes del TC a dejar la “arrogancia” de sus antecesores y se abstengan de emitir legislación “positiva”, pues ésta es una competencia del Parlamento.
MAS DATOS
En respuesta a lo dicho por Antero Flores Aráoz, el magistrado Ernesto Alvarez afirmó que el TC tiene la potestad de emitir legislación positiva en sus fallos, pero dentro de un marco “estrictamente necesario y prudente”.
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
PROYECTOS MINEROS ESTÁN PRÁCTICAMENTE PARALIZADOS EN CAJAMARCA
Clima de confrontación retrasa estudios e inversiones. Minería podría generar US$1,000 millones en inversión directa
Cajamarca albergaría alrededor de la tercera parte de las reservas minerales conocidas del Perú. Ello, según Raúl Benavides, gerente de desarrollo de negocios de la Compañía de Minas Buenaventura, representaría un valor bruto del orden de los US$140,000 millones. En buena cuenta, Cajamarca tiene bajo tierra 1.4 veces el PBI del Perú.
Benavides revela que los proyectos pendientes de cobre, oro y plata generarían ventas futuras por US$4,000 millones, a los que sumaría otros US$1,000 millones de Yanacocha. De realizarse estos proyectos, entre los cuales se encuentra Michiquillay, La Granja, Minasconga, La Zanja, Cerro Corona y Galeno, Cajamarca se beneficiaría con un shock de inversiones de US$1,000 millones hacia el año 2010, cuatro veces más de lo que está invirtiendo actualmente Yanacocha.
El problema está en que todos estos proyectos prácticamente se encuentran paralizados, advierte Benavides, puesto que si bien continúan avanzando con los estudios de factibilidad e impacto ambiental, el clima de confrontación con la actividad minera retrasa su evaluación y aprobación.
Este panorama se interrumpe esta vez por la protesta de los comuneros de San Marcos y Cajabamba, que exigen respuestas a la compañía minera Miski Mayo.
El reclamo es recogido por el congresista nacionalista Werner Cabrera, quien asegura que el subsuelo también es de propiedad de las comunidades y, por tanto, éstas tienen derecho a decidir si se realiza o no actividad minera allí. El referido parlamentario es acusado por su homólogo aprista Alejandro Rebaza de azuzar conflictos entre las comunidades y la minería.
MAS DATOS
La minería proporciona unos US$120 millones en canon a las localidades de Cajamarca, monto que podría llegar a los US$400 millones si se ponen en marcha los proyectos mineros que están pendientes.
Gabriel González, enviado especial a Cajamarca
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
BELGAS DETRÁS DE CAMPAÑA ANTIMINERA
De dónde viene el dinero contra Majaz
Entidades belgas fueron identificadas por los órganos de inteligencia peruanos como parte de la sofisticada red que estaría financiando las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) antimineras en la denominada “consulta popular” que pretenden realizar de manera ilegal el próximo domingo en dos distritos de Piura.
Se trata del Fortis Banque y del Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales (Catapa), ambos con sede en Bruselas, cuyos fondos económicos habrían sido utilizados con el fin de solventar la campaña contra el proyecto Río Blanco de la minera Majaz, específicamente en la supuesta “consulta popular” a los pobladores de Ayabaca y Carmen de la Frontera.
El principal objetivo de las ONG antimineras es detener todo tipo de actividad de la empresa privada dedicada a la exploración y explotación de minerales en la zona usando mentiras con el campesinado.
“Existen indicativos de inteligencia que el Fortis Banque, de Bélgica, representado por su contador Eddy Plichart, financia las acciones violentas del grupo de activistas ecológicos internacionales denominado ‘Catapa’, la misma que habría solventado la segunda marcha contra el campamento minero Río Blanco”, se indica en el documento fechado el 4 de agosto último.
El reporte, al que tuvo acceso Correo, señala que Catapa “ha financiado la campaña de desprestigio internacional en Europa en contra del Estado Peruano y la minería en el Perú”.
Esta organización belga actúa de manera conjunta con otro grupo ambientalista del mismo país europeo, llamado “Friends of the Earth Flanders and Brussels”.
Sobre la entidad bancaria Fortis Banque, en España es conocido que una de sus agencias en Bruselas fue mencionada en el caso del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, ocurrido en setiembre del 2001. Miembros de la agrupación terrorista Al Qaeda usaron una cuenta bancaria del mencionado banco para transferir dinero en 1998 bajo el concepto de “ayuda familiar”, según un documento del Juzgado de Instrucción Nº 005 de Madrid.
MATONERÍA DE EXTREMISTAS
En la apreciación de inteligencia se señala que la Red Muqui –que agrupa a grupos antimineros radicales como la Fedepaz, la extremista Conacami y el llamado Frente por el Desarrollo Sostenible–, “ha creado una organización de fachada denominada Coordinadora Regional de Organizaciones Sociales del Norte y Oriente Peruano, con la finalidad de que este organismo realice las medidas de protesta con violencia para asegurar el logro de la consulta vecinal”.
En los preparativos de las acciones antimineras se ha identificado al dirigente de la Red Muqui Javier Jahncke y también a Gregorio Santos Guerrero, conocido militante del ala más radical del grupo maoísta Patria Roja, entre otros.
Inclusive, en el documento se anota que existiría “una conspiración contra el gobierno peruano para desestabilizarlo y crear el caos” por parte de determinadas ONG afines a la “plataforma del movimiento bolivariano”, solventado por el régimen del presidente venezolano Hugo Chávez.
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
Nuevo magistrado del TC señala que se deben tomar precauciones ante amenazas mundiales como el narcotráfico
El magistrado Fernando Calle, flamante miembro del Tribunal Constitucional (TC), mostró su disconformidad con el fallo que dicho organismo emitió sobre la Ley 28925, que regula a las ONG, al considerar que lo más saludable hubiera sido que dichas entidades den cuenta de sus recursos.
“En un momento de globalización, que tiene el lado negativo del narcotráfico que es un delito internacional y de enorme interferencia, mejor es que todos demos cuenta de todo. En un Estado es mejor que se sepa de dónde viene (el dinero), no tiene nada de malo”, dijo Calle en una entrevista radial.
Calle señaló, sin embargo, que las organizaciones civiles gozan de autonomía de acuerdo a la Carta Magna y el Estado sólo podrá intrervenirlas cuando sus actividades linden con lo ilícito.
De otro lado, el magistrado consideró que ante la excesiva carga procesal con la que cuenta hoy el TC, se debe proponer leyes que propicien su reducción.
“Hay que ver una forma de coordinación con el Parlamento para generar normas que ayuden a que esta acumulación no perjudique, pues estamos hablando de derechos fundamentales. Si no atendemos con prontitud la carga procesal podría generarse un malestar (en la ciudadanía)”, precisó.
ARROGANTES
Por su parte, el representante del Perú ante la OEA, Antero Flores Aráoz, pidió a los tres nuevos integrantes del TC a dejar la “arrogancia” de sus antecesores y se abstengan de emitir legislación “positiva”, pues ésta es una competencia del Parlamento.
MAS DATOS
En respuesta a lo dicho por Antero Flores Aráoz, el magistrado Ernesto Alvarez afirmó que el TC tiene la potestad de emitir legislación positiva en sus fallos, pero dentro de un marco “estrictamente necesario y prudente”.
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
PROYECTOS MINEROS ESTÁN PRÁCTICAMENTE PARALIZADOS EN CAJAMARCA
Clima de confrontación retrasa estudios e inversiones. Minería podría generar US$1,000 millones en inversión directa
Cajamarca albergaría alrededor de la tercera parte de las reservas minerales conocidas del Perú. Ello, según Raúl Benavides, gerente de desarrollo de negocios de la Compañía de Minas Buenaventura, representaría un valor bruto del orden de los US$140,000 millones. En buena cuenta, Cajamarca tiene bajo tierra 1.4 veces el PBI del Perú.
Benavides revela que los proyectos pendientes de cobre, oro y plata generarían ventas futuras por US$4,000 millones, a los que sumaría otros US$1,000 millones de Yanacocha. De realizarse estos proyectos, entre los cuales se encuentra Michiquillay, La Granja, Minasconga, La Zanja, Cerro Corona y Galeno, Cajamarca se beneficiaría con un shock de inversiones de US$1,000 millones hacia el año 2010, cuatro veces más de lo que está invirtiendo actualmente Yanacocha.
El problema está en que todos estos proyectos prácticamente se encuentran paralizados, advierte Benavides, puesto que si bien continúan avanzando con los estudios de factibilidad e impacto ambiental, el clima de confrontación con la actividad minera retrasa su evaluación y aprobación.
Este panorama se interrumpe esta vez por la protesta de los comuneros de San Marcos y Cajabamba, que exigen respuestas a la compañía minera Miski Mayo.
El reclamo es recogido por el congresista nacionalista Werner Cabrera, quien asegura que el subsuelo también es de propiedad de las comunidades y, por tanto, éstas tienen derecho a decidir si se realiza o no actividad minera allí. El referido parlamentario es acusado por su homólogo aprista Alejandro Rebaza de azuzar conflictos entre las comunidades y la minería.
MAS DATOS
La minería proporciona unos US$120 millones en canon a las localidades de Cajamarca, monto que podría llegar a los US$400 millones si se ponen en marcha los proyectos mineros que están pendientes.
Gabriel González, enviado especial a Cajamarca
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
BELGAS DETRÁS DE CAMPAÑA ANTIMINERA
De dónde viene el dinero contra Majaz
Entidades belgas fueron identificadas por los órganos de inteligencia peruanos como parte de la sofisticada red que estaría financiando las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) antimineras en la denominada “consulta popular” que pretenden realizar de manera ilegal el próximo domingo en dos distritos de Piura.
Se trata del Fortis Banque y del Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales (Catapa), ambos con sede en Bruselas, cuyos fondos económicos habrían sido utilizados con el fin de solventar la campaña contra el proyecto Río Blanco de la minera Majaz, específicamente en la supuesta “consulta popular” a los pobladores de Ayabaca y Carmen de la Frontera.
El principal objetivo de las ONG antimineras es detener todo tipo de actividad de la empresa privada dedicada a la exploración y explotación de minerales en la zona usando mentiras con el campesinado.
“Existen indicativos de inteligencia que el Fortis Banque, de Bélgica, representado por su contador Eddy Plichart, financia las acciones violentas del grupo de activistas ecológicos internacionales denominado ‘Catapa’, la misma que habría solventado la segunda marcha contra el campamento minero Río Blanco”, se indica en el documento fechado el 4 de agosto último.
El reporte, al que tuvo acceso Correo, señala que Catapa “ha financiado la campaña de desprestigio internacional en Europa en contra del Estado Peruano y la minería en el Perú”.
Esta organización belga actúa de manera conjunta con otro grupo ambientalista del mismo país europeo, llamado “Friends of the Earth Flanders and Brussels”.
Sobre la entidad bancaria Fortis Banque, en España es conocido que una de sus agencias en Bruselas fue mencionada en el caso del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, ocurrido en setiembre del 2001. Miembros de la agrupación terrorista Al Qaeda usaron una cuenta bancaria del mencionado banco para transferir dinero en 1998 bajo el concepto de “ayuda familiar”, según un documento del Juzgado de Instrucción Nº 005 de Madrid.
MATONERÍA DE EXTREMISTAS
En la apreciación de inteligencia se señala que la Red Muqui –que agrupa a grupos antimineros radicales como la Fedepaz, la extremista Conacami y el llamado Frente por el Desarrollo Sostenible–, “ha creado una organización de fachada denominada Coordinadora Regional de Organizaciones Sociales del Norte y Oriente Peruano, con la finalidad de que este organismo realice las medidas de protesta con violencia para asegurar el logro de la consulta vecinal”.
En los preparativos de las acciones antimineras se ha identificado al dirigente de la Red Muqui Javier Jahncke y también a Gregorio Santos Guerrero, conocido militante del ala más radical del grupo maoísta Patria Roja, entre otros.
Inclusive, en el documento se anota que existiría “una conspiración contra el gobierno peruano para desestabilizarlo y crear el caos” por parte de determinadas ONG afines a la “plataforma del movimiento bolivariano”, solventado por el régimen del presidente venezolano Hugo Chávez.
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
PREMIER LLEGA A PIURA PARA HABLAR CON OPOSITORES DE MAJAZ
Monseñor Bambaren participara en encuentro
Intermediario. El premier Jorge del Castillo se reunirá hoy en Piura con las comunidades campesinas y los alcaldes de Pacaypampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera, que se oponen a las actividades de la minera Majaz, a fin de encontrar una solución al conflicto.
El encuentro, en el que también participará el obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, se llevará a cabo a las 10:00 horas en la sede del Colegio de Ingenieros de Piura.
“Esta situación hay que explorarla conversando y no con intransigencias”, subrayó Del Castillo, quien espera que no ocurra lo mismo que en Tambogrande, donde una empresa minera se retiró por presión de la población de la zona, que ahora soporta una feroz contaminación ambiental causada por 15 mil mineros informales.
De otro lado, el Premier sostuvo que la firma chilena Lucchetti tiene total libertad para acudir a otras instancias, tras perder un juicio interpuesto contra el Estado peruano por el cierre de su fábrica de fideos. “Ellos acudieron al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y no prosperó su demanda, pero tienen expedito su derecho de acudir a otro tribunal. El Estado peruano no tiene por qué sentirse ofendido por eso”, subrayó.
Durante su visita a Cañete, por la mañana, donde entregó ayuda humanitaria, el Premier afirmó que la Policía y las Fuerzas Armadas mantendrán el número de sus efectivos en la zona de desastre, para garantizar la seguridad durante las labores de reconstrucción.
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
DESMIENTEN DESPLAZAMIENTO MILITAR A LA ZONA
Wagner pide incrementar recursos para Defensa
El ministro de Defensa, Allan Wagner, desmintió las versiones sobre un desplazamiento de efectivos militares hacia las zonas de Piura donde se prevé realizar una consulta popular sobre la actividad de la minera Majaz.
“Desmiento categóricamente esa información. Yo, como ministro de Defensa, no he dado esa orden, ni ningún jefe militar (lo ha hecho)”, afirmó.
De otro lado, señaló que debería retomarse el debate sobre cómo incrementar los recursos para fortalecer el Fondo de Defensa y Seguridad Nacional del país a fin de aumentar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.
“No me adelantaría a decir por cual o tal vía. Lo que tenemos que ver es cuánto necesitamos en términos de aumentar la capacidad operativa de las FFAA y en función de eso, ver cuáles son los recursos y sus respectivas fuentes”, dijo al comentar la posibilidad de destinar un porcentaje de las regalías mineras a ese fondo.
Cabe recordar que la Comisión de Energía y Minas del Congreso dejó pendiente de debate en la legislatura pasada dos iniciativas de ley que proponen que el 15% del monto total que recauda el Estado por concepto de regalías mineras sea destinado a incrementar el citado fondo.
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
ALISTABAN ARMAS AD PORTAS DE CONSULTA POPULAR
Interceptan a sujeto con material explosivo
Ad portas de la consulta popular que sectores radicales pretenden promover contra la minera Majaz, un sujeto fue intervenido en la zona de Huancabamba (Piura) portando armamento de guerra que utilizarían rondas campesinas en acciones de protesta.
Se trata de César Porfirio Huamán Acuña (39), quien viajaba en un bus de la empresa El Sol y llevaba en su equipaje 2 revólveres calibre 38 mm, 2 escopetines de 38 y 41 mm, 3 retrocargas calibre 16 mm, más 3 cartuchos calibre 16 mm.
Según información preliminar los pertrechos, que iban ocultos en una mochila, tenían como destino tres distritos de la serranía piurana, donde se ubican asientos mineros. Se conoció que al momento del hallazgo del armamento ningún pasajero quiso hacerse responsable del mismo, sin embargo la Policía encontró una boleta del Concejo Provincial de Bambamarca, en cuyo escrito aparecía el nombre de Huamán.
En el registro personal al detenido se halló dos billetes de S/.100, uno S/.50 y otro de S/.20 Así también, más de US$30, una cámara fotográfica Canon, una tarjeta andina de migraciones, entre otros documentos.
El intervenido, durante su interrogatorio, señaló que un sujeto lo esperaba en el terminal de la empresa El Sol para recibir la mercadería, sin embargo la Policía, al hacer la verificación, descartó lo dicho.
Diario El Correo – Lima 10/09/2007
TC DECLARA FUNDADA UNA PARTE DE DEMANDA CONTRA LEY DE LAS ONG
Rechazan control de gastos de ONG e inhabilitación de sus altos funcionarios. Eso sí, deberán registrar sus proyectos
Poniendo fin al misterio, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 28925, que regula a las ONG, señalando que va en contra de la Constitución la supervisión del empleo de los recursos de la cooperación internacional de origen privado y la sanción de cancelación de las ONG infractoras de los registros de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
La sentencia establece de esta manera que la APCI no podrá fiscalizar la ejecución de los recursos por parte de las ONG, aunque sí tienen la obligación de inscribir en un registro sus proyectos, programas o actividades.
Votaron a favor de la inconstitucionalidad de la norma los magistrados César Landa Arroyo, Javier Alva Orlandini, Magdiel Gonzales Ojeda, Juan Bardelli Lartirigoyen, Carlos Mesía Ramírez y Ricardo Beaumont Callirgos. El voto singular, en respaldo de la norma, perteneció al jurista Juan Vergara Gotelli.
El colegiado argumenta que la inhabilitación del apoderado legal sería una forma de disolución de una entidad asociativa y que las fuentes cooperantes extranjeras se negarían a brindar nuevo financiamiento a aquellas ONG sancionadas, marcando con ello la extinción de sus actividades. Ante ello, señala que una asociación sólo puede ser “cancelada” por sentencia judicial, y no por resolución administrativa.
MEDIDAS SUAVES
Sin embargo, el TC, pese a que declara infundado el control del dinero que las ONG reciben de entidades internacionales, destaca la legalidad respecto de que cada uno de los programas, proyectos o actividades que se ejecuten con recursos de cooperación extranjera deben inscribirse en el registro de la APCI.
También establece la constitucionalidad de los requisitos para el nombramiento del director ejecutivo de una ONG, quien no debe tener participación directa o indirecta con el capital o patrimonio de las entidades vinculadas.
Y por último, declara legal que se establezcan infracciones en caso de presentar información falsa o adulterada o no informar de actividades asistenciales educativas anuales.
MAS DATOS
En cuanto al derecho de asociación, el TC desestima la demanda interpuesta por las ONG, pues considera que de las normas impugnadas no se deriva una afectación concreta al contenido de este derecho.
Diario El Correo – Lima 10/09/2007