A CONTRACORRIENTE. ¿FORSUR O FORZA…R?
Javier Diez Canseco.
La constitución de Forsur, organismo encargado de asumir la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto (salvo Huancavelica y Ayacucho), deja claras varias cosas.
1) Quieren sujetar el proceso y las medidas que se adopten al control absoluto del gobierno de García y sus socios, los talibanes neoliberales o fujimoristas de la gran empresa privada (como PPK y Chlimper). Para ello se han asegurado que la suma de los ministros y los empresarios sea mayoría absoluta en la dirección de Forsur, para someter a las autoridades regionales y locales, dejando de lado a las fuerzas sociales. Han colocado en la presidencia a Julio Favre, un personaje autoritario, intolerante y vertical. No sólo encabezó la campaña contra la CVR y defendió la amnistía a los criminales del grupo Colina, sino que parece haberlo hecho por razones hasta personales, pues se le imputa –durante el período de la violencia– haber puesto Atahuampa, su granja avícola en el norte chico, como sede operativa de grupos militares involucrados en la detención-desaparición de varias personas, incluidos el periodista Pedro Yauri y el alcalde de Huaura. Hoy es parte de un grupo de "consejeros" presidenciales que se reúnen con García periódicamente, vinculados al directorio de FORZA, la tenebrosa empresa de seguridad privada –vinculada a marinos retirados y a servicios de inteligencia– que sirve a Yanacocha, la rica empresa minera de oro de Cajamarca, involucrada en el seguimiento y las amenazas al Padre Arana y a los ronderos que se enfrentan a la contaminación y los abusos del poder minero.
2) Quieren absoluta libertad de acción y ausencia de controles efectivos o responsabilidades penales ante irregularidades o ilícitos que se cometieran. Por ello, todo el cuento de que los empresarios que integren Forsur no son funcionarios públicos. ¿Este no fue el mismo cuento de Santiago Fujimori y de Montesinos durante el gobierno de la mafia fujimorista, que no eran funcionarios, que trabajaban ad honorem, pero lo decidían y manejaban todo sin marcos regulatorios legales y controles? Y sabemos a dónde nos lleva este asunto. A la falta de controles y de transparencia en los procedimientos. ¿No acabamos de ver lo que pasó con el "shock de inversiones" convertido en "shock de coimisiones"? ¿No estamos viviendo los escándalos en las compras de patrulleros, paralizadas hace más de un año? ¿No aparece García avalando la compra –haciendo gala de cuán buena es la comida china– y después avalando la anulación del compra, siempre y cuando su actitud omnipotente le cubra las espaldas a su ministro Alva? ¿No basta lo vivido para saber a dónde vamos?
3) Como un buldózer, el gobierno aprofujimorista y sus socios de la gran empresa pretenden convertir el terremoto del 15 de agosto en una oportunidad para imponer políticas que el país ha rechazado en las urnas, en las encuestas y en las luchas sociales. Es decir, imponer un modelo de reconstrucción de Pisco, Chincha, Ica y Cañete que apunta a privatizarlo todo, a convertir la reconstrucción en un espacio de negocios para determinados grupos: concesión de carretera, privatización de aeropuerto, privatización del puerto, construcción de viviendas subsidiadas por el Estado en mano de grandes constructoras, y hasta la instalación de la petroquímica –que habían prometido desarrollar en Moquegua o en Arequipa– en esta zona, pero con nuevos incentivos que les permitirán a los empresarios fijar sus precios y manejar su negocio con mayores prebendas, menores regulaciones del Estado y absoluta libertad en el manejo del recurso y sus destinos.
4) Ica, el departamento "modelo" de pleno empleo, con 42% de población en pobreza, y largamente más en desempleo y subempleo sin derechos elementales, con viviendas y servicios precarios hoy devastados, seguirá siendo un laboratorio neoliberal. Para ello, hay que marginar a la gente del planeamiento y la decisión sobre el modelo y los planes de reconstrucción, hay que anularle su capacidad de control y decisión, hay que convertirla en mera receptora de ayuda, recepcionista pasiva, pero no en actor del proceso que definirá las sociedades locales y regionales en que han de vivir. Cuando el presidente regional reclamó sobre las responsabilidades que le competen por ley y los canales que le corresponden fue brutalmente arrinconado y Favre hasta se dio la parte de decir que gracias a él se incluyeron autoridades regionales y locales en Forsur. O sea que la cosa era más burda y centralista todavía. Numerosas organizaciones sociales, eclesiásticas, y populares de Ica han reaccionado frente al tema, pero son silenciadas por los medios frente al remedio oficial.
Forsur en realidad trata de FORZA…R. Es una reedición de viejos estilos tradicionales y autoritarios que, en los lamentables casos de Áncash o Arequipa ante desastres naturales, fueron un fracaso y centro de corruptelas que hoy se lamentan. Una expresión más del mimetismo de García y los estilos verticales y autoritarios de Fujimori (quien, dicho sea de paso, parece esperar –ante la pasividad cómplice de las autoridades peruanas que cogobiernan con él– un ansiado fallo que le permita evadir responder ante la justicia). ¡Qué triste ver que la desgracia de muchos se use como la oportunidad y la capacidad de decidir de unos pocos!
Diario La República – Lima 03/09/2007
Comuneros piuranos advierten con nuevas protestas
DEMANDAN A MAJAZ RESPETAR RESULTADOS DE CONSULTA VECINAL
Los comuneros de los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) radicalizarían sus acciones de protesta contra la minera Majaz S.A. en caso dicha compañía no respete los resultados de la consulta vecinal sobre sus operaciones, programada para el 16 de setiembre.
Así lo sostuvo el delegado del sector de la comunidad de Aranza (Pacaipampa), Franio Román Córdova, quien en entrevista concedida a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), instó a los pobladores de las comunidades arriba mencionadas a tomar parte del referéndum.
“La lucha ha comenzado y acá estamos en pie. Si en la consulta le ganamos a la minera, y no quieren irse, nosotros vamos a ir arriba (al campamento de Majaz) a luchar y a botarlos. Estamos dispuesto a todo por defender nuestro medio ambiente y nuestras aguas para nuestras futuras generaciones”, subrayó.
En ese sentido, Román repudió el fondo privado ofrecido por la minera Majaz S.A. a las comunidades de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), a cambio del permiso para la ejecución de la etapa de explotación del proyecto Río Blanco, en Piura.
“Ellos ofrecen 40 millones de dólares a la comunidad de Yanta y 40 millones de dólares a la comunidad Segunda y Cajas. Piensan que son las únicas que luchan, pero somos 72 comunidades organizadas que luchan en defensa del medio ambiente, que rechazamos rotundamente la minería”, enfatizó.
“Los 80 millones de fondo privado que ofrece la minera Majaz es una mentira; o sea quieren comprar a la gente, pero con su dinero sucio nunca podrán entrar acá a las comunidades campesinas”, acotó.
Por tal motivo, pidió al presidente de la República, Alan García Pérez, respetar las leyes sobre este caso. “Si es democrático que sea democrático, si es dictador que se declare dictador de una vez, porque lamentablemente tenemos puesta la esperanza en él”.
Como se recuerda, Majaz invitó a los comuneros de Segunda y Cajas y Yanta a conformar dos "Asociaciones sin Fines de Lucro" para cada población, con un acceso paulatino a los fondos privados que ascienden a 40 millones de dólares en cada caso.
Cada asociación estará compuesta por Miembros Fundadores, un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo. El primer rubro estará integrado por las mineras Majaz S.A. y Coripacha S.A.C.
Esta última, antecesora de Majaz, funcionó avalándose en documentos que no fueron aprobados por los dos tercios de la Asamblea General de las Comunidades Campesinas, sino solamente por la Junta Directiva, antes de la transferencia de sus acciones, como lo demuestra el informe de la Defensoría del Pueblo del año pasado.
Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.
Es por todo lo anterior que los pobladores de los distritos de Carmen de la Frontera y Ayabaca realizarán una consulta vecinal el 16 de setiembre para decidir si aceptan o no la continuidad de la citada compañía. Empero, dicha consulta popular no tiene carácter vinculante; vale decir, no existe ley que señale que el Gobierno deba aceptar el resultado del referéndum.
www.cnr.org.pe – Lima 03/09/2007
PRESIONANDO AL TC
Apenas aprobada la ley anti ONG, norma de carácter controlista que colocó al Estado peruano en el mismo podio de resistible honor con la Venezuela chavista y la Rusia del nuevo despotismo de Vladimir Putin, países donde también el año pasado se colocaron cortapisas a las organizaciones de la sociedad civil, estas instituciones anunciaron que no tolerarían pasivamente la conculcación de sus derechos y que acudirían al TC para que declarara la inconstitucionalidad de los aspectos cuestionables de la norma.
Recordemos que los 60 votos alcanzados por el proyecto anti ONG se reunieron fruto de una alianza contranatura entre el aprismo, el fujimorismo y la derecha de UN. Se trataba de una venganza anunciada, pues quienes pretenden el retorno del corrupto dictador necesitan silenciar a aquellas entidades de la sociedad civil que jugaron un rol activo en la denuncia y caída del fujimorato; tampoco el Apra aprecia la crítica que analistas ligados a ONG hacen de las inconsistencias del gobierno, y comparte con la derecha su desagrado ante las ONG ambientalistas, enfrentadas al poder de las mineras.
Como es sabido, además de innecesaria por reiterativa, la norma objetada es claramente inconstitucional por recortar libertades reconocidas en la Carta de 1993. Este es el fundamento de la recolección de firmas que permitió a la Asociación de Centros interponer un recurso ante el TC. Pues bien, el trámite ante este máximo tribunal ha concluido, los magistrados han escuchado los alegatos de las partes y el asunto se encuentra listo para sentencia.
Ante esta circunstancia ha arreciado la campaña chantajista y mentirosa de la extrema derecha y sus aliados en el oficialismo, encaminada a impedir que el TC cumpla con su labor y se pronuncie sobre la materia que le ha sido consultada. Esta campaña se ha basado en la especie de que los miembros del alto tribunal estaban ligados a ONG, pero cuando se descubrió que eso era una burda, una calumnia, ahora ha pasado a una segunda fase, con páginas y páginas dedicadas a recoger declaraciones de los mismos personajillos de siempre, empeñados en acallar al Tribunal Constitucional.
Desde aquí nos cuidaremos de incurrir en lo mismo, pues somos de la opinión de dejar al TC opinar libremente en el sentido que sus miembros, que son juristas independientes, así lo consideren. Pero sí creemos necesario recordar que no ha sido culpa del TC si el Congreso ha sido incapaz de elegir a los miembros de reemplazo de ese alto tribunal, ni puede pretenderse que paralice sus actividades en espera de que los
congresistas se pongan de acuerdo. En el fondo, estas presiones descaradas ponen al desnudo lo poco que creen en la democracia sus autores, a la cual debilitan con argumentos tan falaces como los que dieron lugar a la promulgación de una ley inconstitucional que han sido incapaces de defender.
Diario La República – Lima 03/09/2007
“MUCHAS ONG SE AUTOERIGEN EN UN PODER PARALELO”
Javier Valle-Riestra aclara que una cosa es la lucha por la libertad y la defensa de los DDHH y otra los excesos y la arrogancia de sus dirigentes
“Si el Parlamento es pasible de un control, por qué no pueden serlo las ONG, que no han sido elegidas por el pueblo”, se preguntó el congresista y constitucionalista Javier Valle-Riestra al expresar su seguridad de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazará el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley que regula a estas organizaciones.
El parlamentario mostró su convencimiento de que el TC se pronunciará a favor de dicha ley –en el fallo que se emitirá esta semana pues ya existe jurisprudencia al respecto.
“El TC no puede claudicar porque ya ha dictado sentencia al señalar que no hay islas intocables dentro del aparato del Estado”, recordó.
Opinó que muchas ONG se autoerigen en un poder paralelo que se enfrenta al Estado al no querer ser fiscalizadas pese a que, como es legal, los demás organismos sí son controlados.
“El TC controla al Parlamento al evaluar si es legítima o no una ley. ¿Por qué el Parlamento puede ser vigilado, siendo el primer poder del Estado, y no una ONG que no ha sido elegida por el pueblo?”, preguntó.
Aclaró que si bien reconoce el trabajo de algunas ONG, que tienen como tarea la lucha a favor de los derechos humanos, también es cierto que muchas veces se cometen excesos y por ello es necesario conocer el origen de las fuentes de financiamiento.
“Simpatizo con las ONG en su defensa de la libertad y los derechos humanos, pero permitir sus excesos o la arrogancia de sus dirigentes, es otra cosa”, afirmó.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, Luis Alberto Salgado, instó a las ONG a esperar con “tranquilidad” la resolución del TC.
Sostuvo que no deben preocuparse por el fallo porque el Estado garantizará su libertad de acción, sea cual fuere la sentencia.
Asimismo, opinó que el objetivo de esta ley es aumentar la transparencia de la labor de las ONG y garantizar el buen uso de los aportes internacionales.
FALLO EN CIERNES
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por la Asociación Nacional de Centros contra varios artículos de una norma del Ejecutivo que establece regulaciones a la labor de las ONG. El fallo del TC está previsto para esta semana.
Diario El Correo - Lima 03/09/2007
“MAJAZ QUIERE BOICOTEAR CONSULTA POPULAR"
• En asamblea general comuneros rechazan propuesta de minera Majaz y apoyan consulta para pronunciarse sobre la actividad extractiva.
Por Milagros Salazar.
Al margen de los resultados de la consulta, Majaz continuará difundiendo los beneficios de su actividad.
El clima social se calienta cada vez más en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba. Los comuneros denuncian que la minera Majaz intensifica sus estrategias de contracampaña para traer abajo la consulta popular que les permitirá pronunciarse sobre la actividad extractiva en sus territorios. "La mina quiere boicotear la consulta", asegura mediante un enlace telefónico Eusebio Guerrero, vicepresidente de la comunidad Segunda y Cajas, en Huancabamba.
El dirigente manifiesta a este diario que a quince días de que se realice este proceso electoral, la empresa ha incrementado el apoyo a organizaciones paralelas de las comunidades y a actividades en las que incluso "se reparte mucho licor para buscar la simpatía de los campesinos", detalla Guerrero.
¿TODO VALE?
Tanto en la comunidad de Segunda y Cajas como en la de Yanta, donde se levanta el proyecto minero Río Blanco de Majaz, los dirigentes informan que la minera estaría preparando fiestas populares con música y trago para el 14 y 15 de setiembre, es decir, en la víspera de la consulta programada para el domingo 16.
EN ASAMBLEA GENERAL, COMUNEROS RATIFICARON SU OPOSICIÓN A LA MINERÍA.
"Lo que se busca es que los campesinos no vayan a expresar su opinión ese día. Y eso no es ganar una elección limpiamente a pesar de que este proceso debería realizarse con transparencia y neutralidad", asegura Guerrero. Para él, Majaz debería ver en la consulta una oportunidad para analizar hasta qué punto su proyecto tiene legitimidad en la zona "en lugar de apelar a estrategias que agudizan el conflicto".
Pero, en respuesta, el gerente de relaciones institucionales de la empresa, Andrew Bristow, aseguró a este diario que al margen de los resultados de la consulta, Majaz insistirá en explicar los beneficios del proyecto minero.
Sin embargo, en asamblea general las comunidades han decidido rechazar la propuesta de Majaz de participar en un fondo privado de 80 millones de dólares para obras de desarrollo en la zona porque consideran que "sus tierras y los muertos –que ha cobrado el conflicto– no tienen precio", insistió Guerrero. Prefieren decidir su futuro en las urnas.
CLAVES
OPORTUNIDAD.
Se calcula que 30 mil comuneros participarían en la consulta. Y a pesar de no ser vinculante, sus promotores esperan que las autoridades del gobierno central tomen en cuenta los resultados de la consulta antes de que Majaz empiece a explotar el mineral en el 2011.
VEEDORES.
Veinte organizaciones internacionales participarían como observadoras de la consulta y se formará un comité de ética para la fiscalización.
Diario La República – Lima 03/09/2007
Javier Diez Canseco.
La constitución de Forsur, organismo encargado de asumir la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto (salvo Huancavelica y Ayacucho), deja claras varias cosas.
1) Quieren sujetar el proceso y las medidas que se adopten al control absoluto del gobierno de García y sus socios, los talibanes neoliberales o fujimoristas de la gran empresa privada (como PPK y Chlimper). Para ello se han asegurado que la suma de los ministros y los empresarios sea mayoría absoluta en la dirección de Forsur, para someter a las autoridades regionales y locales, dejando de lado a las fuerzas sociales. Han colocado en la presidencia a Julio Favre, un personaje autoritario, intolerante y vertical. No sólo encabezó la campaña contra la CVR y defendió la amnistía a los criminales del grupo Colina, sino que parece haberlo hecho por razones hasta personales, pues se le imputa –durante el período de la violencia– haber puesto Atahuampa, su granja avícola en el norte chico, como sede operativa de grupos militares involucrados en la detención-desaparición de varias personas, incluidos el periodista Pedro Yauri y el alcalde de Huaura. Hoy es parte de un grupo de "consejeros" presidenciales que se reúnen con García periódicamente, vinculados al directorio de FORZA, la tenebrosa empresa de seguridad privada –vinculada a marinos retirados y a servicios de inteligencia– que sirve a Yanacocha, la rica empresa minera de oro de Cajamarca, involucrada en el seguimiento y las amenazas al Padre Arana y a los ronderos que se enfrentan a la contaminación y los abusos del poder minero.
2) Quieren absoluta libertad de acción y ausencia de controles efectivos o responsabilidades penales ante irregularidades o ilícitos que se cometieran. Por ello, todo el cuento de que los empresarios que integren Forsur no son funcionarios públicos. ¿Este no fue el mismo cuento de Santiago Fujimori y de Montesinos durante el gobierno de la mafia fujimorista, que no eran funcionarios, que trabajaban ad honorem, pero lo decidían y manejaban todo sin marcos regulatorios legales y controles? Y sabemos a dónde nos lleva este asunto. A la falta de controles y de transparencia en los procedimientos. ¿No acabamos de ver lo que pasó con el "shock de inversiones" convertido en "shock de coimisiones"? ¿No estamos viviendo los escándalos en las compras de patrulleros, paralizadas hace más de un año? ¿No aparece García avalando la compra –haciendo gala de cuán buena es la comida china– y después avalando la anulación del compra, siempre y cuando su actitud omnipotente le cubra las espaldas a su ministro Alva? ¿No basta lo vivido para saber a dónde vamos?
3) Como un buldózer, el gobierno aprofujimorista y sus socios de la gran empresa pretenden convertir el terremoto del 15 de agosto en una oportunidad para imponer políticas que el país ha rechazado en las urnas, en las encuestas y en las luchas sociales. Es decir, imponer un modelo de reconstrucción de Pisco, Chincha, Ica y Cañete que apunta a privatizarlo todo, a convertir la reconstrucción en un espacio de negocios para determinados grupos: concesión de carretera, privatización de aeropuerto, privatización del puerto, construcción de viviendas subsidiadas por el Estado en mano de grandes constructoras, y hasta la instalación de la petroquímica –que habían prometido desarrollar en Moquegua o en Arequipa– en esta zona, pero con nuevos incentivos que les permitirán a los empresarios fijar sus precios y manejar su negocio con mayores prebendas, menores regulaciones del Estado y absoluta libertad en el manejo del recurso y sus destinos.
4) Ica, el departamento "modelo" de pleno empleo, con 42% de población en pobreza, y largamente más en desempleo y subempleo sin derechos elementales, con viviendas y servicios precarios hoy devastados, seguirá siendo un laboratorio neoliberal. Para ello, hay que marginar a la gente del planeamiento y la decisión sobre el modelo y los planes de reconstrucción, hay que anularle su capacidad de control y decisión, hay que convertirla en mera receptora de ayuda, recepcionista pasiva, pero no en actor del proceso que definirá las sociedades locales y regionales en que han de vivir. Cuando el presidente regional reclamó sobre las responsabilidades que le competen por ley y los canales que le corresponden fue brutalmente arrinconado y Favre hasta se dio la parte de decir que gracias a él se incluyeron autoridades regionales y locales en Forsur. O sea que la cosa era más burda y centralista todavía. Numerosas organizaciones sociales, eclesiásticas, y populares de Ica han reaccionado frente al tema, pero son silenciadas por los medios frente al remedio oficial.
Forsur en realidad trata de FORZA…R. Es una reedición de viejos estilos tradicionales y autoritarios que, en los lamentables casos de Áncash o Arequipa ante desastres naturales, fueron un fracaso y centro de corruptelas que hoy se lamentan. Una expresión más del mimetismo de García y los estilos verticales y autoritarios de Fujimori (quien, dicho sea de paso, parece esperar –ante la pasividad cómplice de las autoridades peruanas que cogobiernan con él– un ansiado fallo que le permita evadir responder ante la justicia). ¡Qué triste ver que la desgracia de muchos se use como la oportunidad y la capacidad de decidir de unos pocos!
Diario La República – Lima 03/09/2007
Comuneros piuranos advierten con nuevas protestas
DEMANDAN A MAJAZ RESPETAR RESULTADOS DE CONSULTA VECINAL
Los comuneros de los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) radicalizarían sus acciones de protesta contra la minera Majaz S.A. en caso dicha compañía no respete los resultados de la consulta vecinal sobre sus operaciones, programada para el 16 de setiembre.
Así lo sostuvo el delegado del sector de la comunidad de Aranza (Pacaipampa), Franio Román Córdova, quien en entrevista concedida a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), instó a los pobladores de las comunidades arriba mencionadas a tomar parte del referéndum.
“La lucha ha comenzado y acá estamos en pie. Si en la consulta le ganamos a la minera, y no quieren irse, nosotros vamos a ir arriba (al campamento de Majaz) a luchar y a botarlos. Estamos dispuesto a todo por defender nuestro medio ambiente y nuestras aguas para nuestras futuras generaciones”, subrayó.
En ese sentido, Román repudió el fondo privado ofrecido por la minera Majaz S.A. a las comunidades de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), a cambio del permiso para la ejecución de la etapa de explotación del proyecto Río Blanco, en Piura.
“Ellos ofrecen 40 millones de dólares a la comunidad de Yanta y 40 millones de dólares a la comunidad Segunda y Cajas. Piensan que son las únicas que luchan, pero somos 72 comunidades organizadas que luchan en defensa del medio ambiente, que rechazamos rotundamente la minería”, enfatizó.
“Los 80 millones de fondo privado que ofrece la minera Majaz es una mentira; o sea quieren comprar a la gente, pero con su dinero sucio nunca podrán entrar acá a las comunidades campesinas”, acotó.
Por tal motivo, pidió al presidente de la República, Alan García Pérez, respetar las leyes sobre este caso. “Si es democrático que sea democrático, si es dictador que se declare dictador de una vez, porque lamentablemente tenemos puesta la esperanza en él”.
Como se recuerda, Majaz invitó a los comuneros de Segunda y Cajas y Yanta a conformar dos "Asociaciones sin Fines de Lucro" para cada población, con un acceso paulatino a los fondos privados que ascienden a 40 millones de dólares en cada caso.
Cada asociación estará compuesta por Miembros Fundadores, un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo. El primer rubro estará integrado por las mineras Majaz S.A. y Coripacha S.A.C.
Esta última, antecesora de Majaz, funcionó avalándose en documentos que no fueron aprobados por los dos tercios de la Asamblea General de las Comunidades Campesinas, sino solamente por la Junta Directiva, antes de la transferencia de sus acciones, como lo demuestra el informe de la Defensoría del Pueblo del año pasado.
Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.
Es por todo lo anterior que los pobladores de los distritos de Carmen de la Frontera y Ayabaca realizarán una consulta vecinal el 16 de setiembre para decidir si aceptan o no la continuidad de la citada compañía. Empero, dicha consulta popular no tiene carácter vinculante; vale decir, no existe ley que señale que el Gobierno deba aceptar el resultado del referéndum.
www.cnr.org.pe – Lima 03/09/2007
PRESIONANDO AL TC
Apenas aprobada la ley anti ONG, norma de carácter controlista que colocó al Estado peruano en el mismo podio de resistible honor con la Venezuela chavista y la Rusia del nuevo despotismo de Vladimir Putin, países donde también el año pasado se colocaron cortapisas a las organizaciones de la sociedad civil, estas instituciones anunciaron que no tolerarían pasivamente la conculcación de sus derechos y que acudirían al TC para que declarara la inconstitucionalidad de los aspectos cuestionables de la norma.
Recordemos que los 60 votos alcanzados por el proyecto anti ONG se reunieron fruto de una alianza contranatura entre el aprismo, el fujimorismo y la derecha de UN. Se trataba de una venganza anunciada, pues quienes pretenden el retorno del corrupto dictador necesitan silenciar a aquellas entidades de la sociedad civil que jugaron un rol activo en la denuncia y caída del fujimorato; tampoco el Apra aprecia la crítica que analistas ligados a ONG hacen de las inconsistencias del gobierno, y comparte con la derecha su desagrado ante las ONG ambientalistas, enfrentadas al poder de las mineras.
Como es sabido, además de innecesaria por reiterativa, la norma objetada es claramente inconstitucional por recortar libertades reconocidas en la Carta de 1993. Este es el fundamento de la recolección de firmas que permitió a la Asociación de Centros interponer un recurso ante el TC. Pues bien, el trámite ante este máximo tribunal ha concluido, los magistrados han escuchado los alegatos de las partes y el asunto se encuentra listo para sentencia.
Ante esta circunstancia ha arreciado la campaña chantajista y mentirosa de la extrema derecha y sus aliados en el oficialismo, encaminada a impedir que el TC cumpla con su labor y se pronuncie sobre la materia que le ha sido consultada. Esta campaña se ha basado en la especie de que los miembros del alto tribunal estaban ligados a ONG, pero cuando se descubrió que eso era una burda, una calumnia, ahora ha pasado a una segunda fase, con páginas y páginas dedicadas a recoger declaraciones de los mismos personajillos de siempre, empeñados en acallar al Tribunal Constitucional.
Desde aquí nos cuidaremos de incurrir en lo mismo, pues somos de la opinión de dejar al TC opinar libremente en el sentido que sus miembros, que son juristas independientes, así lo consideren. Pero sí creemos necesario recordar que no ha sido culpa del TC si el Congreso ha sido incapaz de elegir a los miembros de reemplazo de ese alto tribunal, ni puede pretenderse que paralice sus actividades en espera de que los
congresistas se pongan de acuerdo. En el fondo, estas presiones descaradas ponen al desnudo lo poco que creen en la democracia sus autores, a la cual debilitan con argumentos tan falaces como los que dieron lugar a la promulgación de una ley inconstitucional que han sido incapaces de defender.
Diario La República – Lima 03/09/2007
“MUCHAS ONG SE AUTOERIGEN EN UN PODER PARALELO”
Javier Valle-Riestra aclara que una cosa es la lucha por la libertad y la defensa de los DDHH y otra los excesos y la arrogancia de sus dirigentes
“Si el Parlamento es pasible de un control, por qué no pueden serlo las ONG, que no han sido elegidas por el pueblo”, se preguntó el congresista y constitucionalista Javier Valle-Riestra al expresar su seguridad de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazará el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley que regula a estas organizaciones.
El parlamentario mostró su convencimiento de que el TC se pronunciará a favor de dicha ley –en el fallo que se emitirá esta semana pues ya existe jurisprudencia al respecto.
“El TC no puede claudicar porque ya ha dictado sentencia al señalar que no hay islas intocables dentro del aparato del Estado”, recordó.
Opinó que muchas ONG se autoerigen en un poder paralelo que se enfrenta al Estado al no querer ser fiscalizadas pese a que, como es legal, los demás organismos sí son controlados.
“El TC controla al Parlamento al evaluar si es legítima o no una ley. ¿Por qué el Parlamento puede ser vigilado, siendo el primer poder del Estado, y no una ONG que no ha sido elegida por el pueblo?”, preguntó.
Aclaró que si bien reconoce el trabajo de algunas ONG, que tienen como tarea la lucha a favor de los derechos humanos, también es cierto que muchas veces se cometen excesos y por ello es necesario conocer el origen de las fuentes de financiamiento.
“Simpatizo con las ONG en su defensa de la libertad y los derechos humanos, pero permitir sus excesos o la arrogancia de sus dirigentes, es otra cosa”, afirmó.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, Luis Alberto Salgado, instó a las ONG a esperar con “tranquilidad” la resolución del TC.
Sostuvo que no deben preocuparse por el fallo porque el Estado garantizará su libertad de acción, sea cual fuere la sentencia.
Asimismo, opinó que el objetivo de esta ley es aumentar la transparencia de la labor de las ONG y garantizar el buen uso de los aportes internacionales.
FALLO EN CIERNES
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por la Asociación Nacional de Centros contra varios artículos de una norma del Ejecutivo que establece regulaciones a la labor de las ONG. El fallo del TC está previsto para esta semana.
Diario El Correo - Lima 03/09/2007
“MAJAZ QUIERE BOICOTEAR CONSULTA POPULAR"
• En asamblea general comuneros rechazan propuesta de minera Majaz y apoyan consulta para pronunciarse sobre la actividad extractiva.
Por Milagros Salazar.
Al margen de los resultados de la consulta, Majaz continuará difundiendo los beneficios de su actividad.
El clima social se calienta cada vez más en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba. Los comuneros denuncian que la minera Majaz intensifica sus estrategias de contracampaña para traer abajo la consulta popular que les permitirá pronunciarse sobre la actividad extractiva en sus territorios. "La mina quiere boicotear la consulta", asegura mediante un enlace telefónico Eusebio Guerrero, vicepresidente de la comunidad Segunda y Cajas, en Huancabamba.
El dirigente manifiesta a este diario que a quince días de que se realice este proceso electoral, la empresa ha incrementado el apoyo a organizaciones paralelas de las comunidades y a actividades en las que incluso "se reparte mucho licor para buscar la simpatía de los campesinos", detalla Guerrero.
¿TODO VALE?
Tanto en la comunidad de Segunda y Cajas como en la de Yanta, donde se levanta el proyecto minero Río Blanco de Majaz, los dirigentes informan que la minera estaría preparando fiestas populares con música y trago para el 14 y 15 de setiembre, es decir, en la víspera de la consulta programada para el domingo 16.
EN ASAMBLEA GENERAL, COMUNEROS RATIFICARON SU OPOSICIÓN A LA MINERÍA.
"Lo que se busca es que los campesinos no vayan a expresar su opinión ese día. Y eso no es ganar una elección limpiamente a pesar de que este proceso debería realizarse con transparencia y neutralidad", asegura Guerrero. Para él, Majaz debería ver en la consulta una oportunidad para analizar hasta qué punto su proyecto tiene legitimidad en la zona "en lugar de apelar a estrategias que agudizan el conflicto".
Pero, en respuesta, el gerente de relaciones institucionales de la empresa, Andrew Bristow, aseguró a este diario que al margen de los resultados de la consulta, Majaz insistirá en explicar los beneficios del proyecto minero.
Sin embargo, en asamblea general las comunidades han decidido rechazar la propuesta de Majaz de participar en un fondo privado de 80 millones de dólares para obras de desarrollo en la zona porque consideran que "sus tierras y los muertos –que ha cobrado el conflicto– no tienen precio", insistió Guerrero. Prefieren decidir su futuro en las urnas.
CLAVES
OPORTUNIDAD.
Se calcula que 30 mil comuneros participarían en la consulta. Y a pesar de no ser vinculante, sus promotores esperan que las autoridades del gobierno central tomen en cuenta los resultados de la consulta antes de que Majaz empiece a explotar el mineral en el 2011.
VEEDORES.
Veinte organizaciones internacionales participarían como observadoras de la consulta y se formará un comité de ética para la fiscalización.
Diario La República – Lima 03/09/2007