LA MITADMASUNO. LA POLÍTICA Y LA ELITE MINERA
Juan de la Puente.
La reciente XVIII Convención Minera podría haber sido una excelente oportunidad para que el liderazgo empresarial de ese sector ensaye en voz alta una mirada más profunda acerca del conflicto que se registra desde el año 2000 entre las inversiones mineras y las sociedades regionales donde operan las primeras o gran parte de ellas. Para un ejercicio así hubo espacio, particularmente el debate suscitado por la sugerente ponencia “Por una Legitimidad Compartida” (Blume, Lerner, Polo, Venturo y Zamalloa). No obstante, una vez más, como sucedió en la cita del 2005, se impuso otro espíritu, menos académico y más autocomplaciente y de afirmación decidida de las ideas vigentes.
Aún así debe saludarse por lo menos el inicio de un debate sobre las ideas que están en juego alrededor de la inversión minera en el Perú. Para varios de los que han escrito estos días, el drama del liderazgo empresarial minero (propietarios y ejecutivos mineros) consiste en su imposibilidad de entender los conflictos mineros también desde la perspectiva del mercado y no sólo del alma humana (“buenos contra malos”), y por lo mismo ubicados en territorios complejos como la política, el derecho y hasta la historia, con códigos menos fríos, como la exclusión, la autoexclusión y la desconfianza.
Hace más de 100 años el sabio italiano Vilfredo Pareto sentenciaba que las elites cerradas, que se privan del estímulo externo y que se resisten a asumir la realidad, degeneran con rapidez y que, por esa razón, la historia es un cementerio de aristocracias. Aplicada esta tesis al caso que nos ocupa habría que encontrar las razones de esa incomprensión colectiva de una elite que no se siente reconocida como generadora de riqueza, una suerte de sentido común trágico que los lleva a considerar la exclusión y el castigo para los que los cuestionan. En la palabra “antiminero”, de fácil uso en esos predios, parecen residir al mismo tiempo la impotencia, cuando no el llamado a la guerra, y un deseo de detener en el tiempo la posibilidad de algún cambio.
Una de las explicaciones más recurrentes en estos días acerca de esta conducta empresarial es la moral, que señala que los malos son los mineros, por prepotentes, impunes y aprovechados. Se trata de un absolutismo inconveniente que, si fuera cierto, solo se resolvería con su exterminio. Otro argumento es su inconciencia (Rosa María Palacios), una explicación interesante porque alude a su despolitización, que si hurgamos más nos llevaría probablemente al conservadurismo ideológico, rasgos hace siglos inherentes a las elites peruanas. Siguiendo esa línea me temo, no obstante, que se trata de una circunstancia cultural en el sentido más amplio, de una identidad que ha intentado una asimilación equívoca de la globalización, por medio de la cual el Perú puede ser Hong Kong, Macao o Singapur, un país cuya condición de paraíso es definida exclusivamente a partir de las facilidades para la inversión sin importar orden social, reglas de juego e interés de la gente.
En buena parte del mundo las empresas, los Estados y las sociedades abandonaron esta visión de la inversión empujados por las corrientes liberales humanistas y socialdemócratas que habitan en los países, organismos internacionales y multilaterales De ese devenir han surgido conceptos igualmente globales como desarrollo sustentable, inversión sana, gobierno corporativo, desarrollo con equidad, trabajo digno y responsabilidad social empresarial, entre otros. Nuestra elite empresarial minera ha iniciado hace poco ese cambio y algunos de sus líderes lo evidencian. No obstante, su tránsito, como todo cambio de identidad, es doloroso; aún les es más cómodo asociarse al modelo de inversión que prescinda del interés de la gente, aunque haya ejemplos del otro modelo, como en Antamina, Las Bambas o Toromocho. Sin embargo, a pesar de esos éxitos persiste en la incomprensión de los conflictos mineros como resultado de la propia inversión, como lo señaló en la Convención Minera hace dos años la académica Myriam Cabrera, quien les alertó sobre la necesidad de asociar las certezas que debe tener la población a los acuerdos.
Diario La República – Lima 18/09/2007
AL NORTE Y AL SUR DEL PAÍS
Carlos Castro. Subdirector.
Cara y sello de una semana en la que las aguas empiezan a agitarse en provincias. Dos hechos para comentar: la prepotencia del gobierno –expresada desde el más alto nivel en discursos del presidente García y el premier Del Castillo– contra un acto democrático, como es el de la consulta popular sobre Majaz, y el otro, la seguridad de que Alberto Fujimori será procesado en Perú por los crímenes de su gobierno. Aquí, García tuvo su parte: rompió su largo silencio para abogar por la extradición.
Cuando alcaldes y comuneros de los pueblos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, de la serranía de Piura, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, acordaron realizar la consulta popular para pronunciarse sobre la minera Majaz en sus tierras, es posible que no imaginaran a lo que se iban a enfrentar, ni las pasiones que iban a desatar.
Era natural. En su imaginario y en sus costumbres ancestrales, la consulta popular es un acto democrático, como otros que han desarrollado en sus comunidades, a lo largo del tiempo. Además, el derecho les asistía. La ley 26505, como señala José de Echave, uno de los expertos en el tema, indica que para que las mineras exploren terrenos de las comunidades deben tener la autorización de la asamblea comunal.
Pues bien, ¿dónde está, entonces, la ilegalidad de la consulta?, ¿dónde su carácter antidemocrático?, ¿dónde su sentimiento antipatriótico? Aún más, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reconoció que Majaz había incumplido con los requisitos de ley al no tener autorización de la comunidad. En sus palabras, se estaban violentando los derechos comunales.
Un Estado democrático no se instala para defender a los poderosos. Ellos tienen sus millones y sus voceros para hacerlo. Un Estado democrático promueve la justicia social, el bienestar social, la equidad. No puede amparar la arbitrariedad.
Pero aquí que el presidente García y el premier Del Castillo –aupados por la derecha– y sus empresarios –con los que comparten el gobierno– han convertido la consulta sobre Majaz en un acto, casi como de sublevación o rebelión, al que le han colocado todos los anti que se les ha ocurrido. En lugar de respaldar –como Estado– la consulta de un grupo de sus ciudadanos, el gobierno ha intentado boicotearla por todos los medios. Uno de sus últimos manotazos fue el recurso del JNE para que se incaute el material electoral.
¿No quieren el diálogo las comunidades y los tres alcaldes? Nada más falso. Concluida la consulta se sentarán en una mesa con la minera –que es bueno recordarlo ya goza de un contrato de estabilidad jurídica– y el Ejecutivo. Pero no a ser convidados de piedra y aceptar todo lo que se les proponga. Lo que los comuneros quieren es que se respeten sus derechos, sus tierras, que sus cultivos no acaben contaminados y desaparezcan y que los relaves no contaminen su agua que es el centro de su vida.
Por asumir esa decisión es que a los pobladores de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera les han dicho de todo y hasta les han ofrecido dinero. Tal vez, como en el poema de Romualdo, podrían hoy decir al concluir su jornada democrática: Y no pudieron quebrarnos.
Al sur del país, la hora de la verdad se acerca para Fujimori. Si es extraditado, como dice La Nación de Chile, será juzgado por crímenes de lesa humanidad. En más de un año el gobierno guardó silencio. Recién hace poco alzó su voz el presidente García. Enhorabuena que fuera así. Saludamos esa decisión. Su gobierno la necesitaba. Hasta la próxima semana.
Diario La República – Lima 18/09/2007
CARTAS DEL LECTOR
Señor Director:
Leo sin asombro que los rusos han creado la "bomba de vacío", que mata a todos los seres vivos, pero no contamina. No me extraña. Vivimos en un mundo en que hay yogures dulces, pero sin azúcar. En el que la fruta viene envasada, así no hay que pelarla. Y las guerras ya no producen muertos civiles, solo daños colaterales. Los autos son ecológicos, aun cuando sigan quemando petróleo. Las mineras, contaminantes por excelencia, son instrumentos de desarrollo sostenible. La Constitución nos dice que tenemos derecho a una vivienda, pero son pocos los que pueden pagarla. No conocemos al vecino de al lado, pero chateamos con desconocidos a miles de kilómetros de distancia. Los ciegos ya no son tales, sino deficientes visuales, y los niños con problemas, niños excepcionales. Con tantos eufemismos, me pregunto si algún día volveremos a llamar a las cosas por su nombre.
Jaime Lizárraga (jamio765@hotmail.es)
Juan de la Puente.
La reciente XVIII Convención Minera podría haber sido una excelente oportunidad para que el liderazgo empresarial de ese sector ensaye en voz alta una mirada más profunda acerca del conflicto que se registra desde el año 2000 entre las inversiones mineras y las sociedades regionales donde operan las primeras o gran parte de ellas. Para un ejercicio así hubo espacio, particularmente el debate suscitado por la sugerente ponencia “Por una Legitimidad Compartida” (Blume, Lerner, Polo, Venturo y Zamalloa). No obstante, una vez más, como sucedió en la cita del 2005, se impuso otro espíritu, menos académico y más autocomplaciente y de afirmación decidida de las ideas vigentes.
Aún así debe saludarse por lo menos el inicio de un debate sobre las ideas que están en juego alrededor de la inversión minera en el Perú. Para varios de los que han escrito estos días, el drama del liderazgo empresarial minero (propietarios y ejecutivos mineros) consiste en su imposibilidad de entender los conflictos mineros también desde la perspectiva del mercado y no sólo del alma humana (“buenos contra malos”), y por lo mismo ubicados en territorios complejos como la política, el derecho y hasta la historia, con códigos menos fríos, como la exclusión, la autoexclusión y la desconfianza.
Hace más de 100 años el sabio italiano Vilfredo Pareto sentenciaba que las elites cerradas, que se privan del estímulo externo y que se resisten a asumir la realidad, degeneran con rapidez y que, por esa razón, la historia es un cementerio de aristocracias. Aplicada esta tesis al caso que nos ocupa habría que encontrar las razones de esa incomprensión colectiva de una elite que no se siente reconocida como generadora de riqueza, una suerte de sentido común trágico que los lleva a considerar la exclusión y el castigo para los que los cuestionan. En la palabra “antiminero”, de fácil uso en esos predios, parecen residir al mismo tiempo la impotencia, cuando no el llamado a la guerra, y un deseo de detener en el tiempo la posibilidad de algún cambio.
Una de las explicaciones más recurrentes en estos días acerca de esta conducta empresarial es la moral, que señala que los malos son los mineros, por prepotentes, impunes y aprovechados. Se trata de un absolutismo inconveniente que, si fuera cierto, solo se resolvería con su exterminio. Otro argumento es su inconciencia (Rosa María Palacios), una explicación interesante porque alude a su despolitización, que si hurgamos más nos llevaría probablemente al conservadurismo ideológico, rasgos hace siglos inherentes a las elites peruanas. Siguiendo esa línea me temo, no obstante, que se trata de una circunstancia cultural en el sentido más amplio, de una identidad que ha intentado una asimilación equívoca de la globalización, por medio de la cual el Perú puede ser Hong Kong, Macao o Singapur, un país cuya condición de paraíso es definida exclusivamente a partir de las facilidades para la inversión sin importar orden social, reglas de juego e interés de la gente.
En buena parte del mundo las empresas, los Estados y las sociedades abandonaron esta visión de la inversión empujados por las corrientes liberales humanistas y socialdemócratas que habitan en los países, organismos internacionales y multilaterales De ese devenir han surgido conceptos igualmente globales como desarrollo sustentable, inversión sana, gobierno corporativo, desarrollo con equidad, trabajo digno y responsabilidad social empresarial, entre otros. Nuestra elite empresarial minera ha iniciado hace poco ese cambio y algunos de sus líderes lo evidencian. No obstante, su tránsito, como todo cambio de identidad, es doloroso; aún les es más cómodo asociarse al modelo de inversión que prescinda del interés de la gente, aunque haya ejemplos del otro modelo, como en Antamina, Las Bambas o Toromocho. Sin embargo, a pesar de esos éxitos persiste en la incomprensión de los conflictos mineros como resultado de la propia inversión, como lo señaló en la Convención Minera hace dos años la académica Myriam Cabrera, quien les alertó sobre la necesidad de asociar las certezas que debe tener la población a los acuerdos.
Diario La República – Lima 18/09/2007
AL NORTE Y AL SUR DEL PAÍS
Carlos Castro. Subdirector.
Cara y sello de una semana en la que las aguas empiezan a agitarse en provincias. Dos hechos para comentar: la prepotencia del gobierno –expresada desde el más alto nivel en discursos del presidente García y el premier Del Castillo– contra un acto democrático, como es el de la consulta popular sobre Majaz, y el otro, la seguridad de que Alberto Fujimori será procesado en Perú por los crímenes de su gobierno. Aquí, García tuvo su parte: rompió su largo silencio para abogar por la extradición.
Cuando alcaldes y comuneros de los pueblos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, de la serranía de Piura, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, acordaron realizar la consulta popular para pronunciarse sobre la minera Majaz en sus tierras, es posible que no imaginaran a lo que se iban a enfrentar, ni las pasiones que iban a desatar.
Era natural. En su imaginario y en sus costumbres ancestrales, la consulta popular es un acto democrático, como otros que han desarrollado en sus comunidades, a lo largo del tiempo. Además, el derecho les asistía. La ley 26505, como señala José de Echave, uno de los expertos en el tema, indica que para que las mineras exploren terrenos de las comunidades deben tener la autorización de la asamblea comunal.
Pues bien, ¿dónde está, entonces, la ilegalidad de la consulta?, ¿dónde su carácter antidemocrático?, ¿dónde su sentimiento antipatriótico? Aún más, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reconoció que Majaz había incumplido con los requisitos de ley al no tener autorización de la comunidad. En sus palabras, se estaban violentando los derechos comunales.
Un Estado democrático no se instala para defender a los poderosos. Ellos tienen sus millones y sus voceros para hacerlo. Un Estado democrático promueve la justicia social, el bienestar social, la equidad. No puede amparar la arbitrariedad.
Pero aquí que el presidente García y el premier Del Castillo –aupados por la derecha– y sus empresarios –con los que comparten el gobierno– han convertido la consulta sobre Majaz en un acto, casi como de sublevación o rebelión, al que le han colocado todos los anti que se les ha ocurrido. En lugar de respaldar –como Estado– la consulta de un grupo de sus ciudadanos, el gobierno ha intentado boicotearla por todos los medios. Uno de sus últimos manotazos fue el recurso del JNE para que se incaute el material electoral.
¿No quieren el diálogo las comunidades y los tres alcaldes? Nada más falso. Concluida la consulta se sentarán en una mesa con la minera –que es bueno recordarlo ya goza de un contrato de estabilidad jurídica– y el Ejecutivo. Pero no a ser convidados de piedra y aceptar todo lo que se les proponga. Lo que los comuneros quieren es que se respeten sus derechos, sus tierras, que sus cultivos no acaben contaminados y desaparezcan y que los relaves no contaminen su agua que es el centro de su vida.
Por asumir esa decisión es que a los pobladores de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera les han dicho de todo y hasta les han ofrecido dinero. Tal vez, como en el poema de Romualdo, podrían hoy decir al concluir su jornada democrática: Y no pudieron quebrarnos.
Al sur del país, la hora de la verdad se acerca para Fujimori. Si es extraditado, como dice La Nación de Chile, será juzgado por crímenes de lesa humanidad. En más de un año el gobierno guardó silencio. Recién hace poco alzó su voz el presidente García. Enhorabuena que fuera así. Saludamos esa decisión. Su gobierno la necesitaba. Hasta la próxima semana.
Diario La República – Lima 18/09/2007
CARTAS DEL LECTOR
Señor Director:
Leo sin asombro que los rusos han creado la "bomba de vacío", que mata a todos los seres vivos, pero no contamina. No me extraña. Vivimos en un mundo en que hay yogures dulces, pero sin azúcar. En el que la fruta viene envasada, así no hay que pelarla. Y las guerras ya no producen muertos civiles, solo daños colaterales. Los autos son ecológicos, aun cuando sigan quemando petróleo. Las mineras, contaminantes por excelencia, son instrumentos de desarrollo sostenible. La Constitución nos dice que tenemos derecho a una vivienda, pero son pocos los que pueden pagarla. No conocemos al vecino de al lado, pero chateamos con desconocidos a miles de kilómetros de distancia. Los ciegos ya no son tales, sino deficientes visuales, y los niños con problemas, niños excepcionales. Con tantos eufemismos, me pregunto si algún día volveremos a llamar a las cosas por su nombre.
Jaime Lizárraga (jamio765@hotmail.es)
Es una costumbre antigua. No olvide que Moliére, hace tres siglos, hacía que sus "preciosas ridículas" llamaran a las sillas "comodidades de la conversación".
Diario La República – Lima 18/09/2007