PREMIER INSISTE EN MISMA ACTITUD VERTICAL A FAVOR DE MAJAZ

Fracasó mesa de diálogo para convencer a comuneros de explotación minera en Piura

Reunión promovida por Jorge del Castillo fue un fracaso y solo permitió para que se luzcan algunos personajes que nada tienen que ver con la zona del impasse.

Sin los representantes de los distritos que serían afectados en caso de una explotación minera, se dio inicio al llamado diálogo promovido por el gobierno con la finalidad de convencer a los comuneros de Ayabaca y Huancabamba que la explotación minera les será muy beneficiosa y que además no destruirá el medio ambiente, porque según dicen, utilizará tecnología moderna para la explotación. Conforme lo expresaron en su momento, los alcaldes de Ayabaca, Pacaipampa, y Carmen de la Frontera no aceptaron la propuesta de diálogo, el mismo que a su entender pasa por reconocer la consulta vecinal realizada el 16 de setiembre.

En la cita, estuvo el Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo, el presidente regional César Trelles Lara, y otros alcaldes que nada tienen que ver en el impasse respecto al tema minero, el mismo que se encuentra focalizado en la cordillera de Huancabamba.

El diálogo que para Jorge del Castillo, es aceptar la explotación minera se inició a las 7 de la noche, en donde el presidente del Consejo de Ministros ratificó el compromiso del gobierno de ir a un "diálogo abierto y franco" con todas las autoridades locales de Piura para resolver el caso con la minera Majaz; aunque lógicamente su posición marcada a favor de la empresa Majaz ha sido objetada por las poblaciones de la serranía piurana.

El caso de la explotación minera cogerá ribetes peligrosos, sobre todo por la obstinación del Ejecutivo de llevar adelante la explotación de Río Blanco, conforme se demuestra con el convenio de estabilidad tributaria suscrito con la empresa Majaz y últimamente el proyecto de Ley para facilitar la explotación de varios proyectos mineros, entre ellos la mina piurana. Pero si bien es cierto que el gobierno insiste tercamente en apoyar a la empresa Majaz, por su lado los comuneros creen firmemente que no debe darse explotación alguna en dicha zona, la misma que es naciente de la mayoría de ríos piuranos.

Al inaugurar la instalación de la mesa de diálogo con la participación de los alcaldes provinciales y distritales de la región y representantes de la sociedad civil, lamentó la ausencia de los burgomaestres de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera. No obstante, dijo que a pesar de esta situación, el Ejecutivo insistirá en llegar a un entendimiento con dichas autoridades.

"Nuestra presencia como representantes del Estado es buscar puntos de acuerdo y de inicio de un diálogo abierto y franco entre todos. No es para imponer una cosa contra de la voluntad de pueblo, sino para entendernos con los peruanos", aseguró.

Aseveró que el Ejecutivo no tiene la intención de imponer un proyecto en contra de la voluntad de un pueblo, pero sí sentar las bases de un diálogo. Por eso, indicó que tomará en cuenta el punto de vista de las comunidades y de todos los actores.

Jorge del Castillo, quien antes de la consulta llegó a Piura creando fisuras entre los actores que promovían la consulta vecinal, el día de ayer cambió de tono y de mensaje, de tal manera que expresó "No es que se quiera imponer un proyecto violentando toda norma y afectado a las personas, todo lo contrario, sino crear las condiciones para que desenvolver un proyecto si está en la decisión del pueblo y de sus gobernantes llevarlo adelante", anotó.

Afirmó que los representantes de la empresa minera Majaz también participarán de las sesiones de diálogo, porque deben brindar la información necesaria a las autoridades de la región. Del Castillo expresó su sorpresa por las condiciones impuestas por los burgomaestres de Ayacaba, Carmen de la Frontera y Paicapampa, para acudir a esta convocatoria.

Por ejemplo, dijo, solicitaron la presencia de los alcaldes de los distritos de Jaén y San Ignacio de la Región Cajamarca, de abierta oposición a la actividad minera. Es menester indicar que la zona donde se encuentra la mina va al oriente de allí que los alcaldes de Jaén y San Ignacio se oponen a las actividades mineras, por los impactos que tendrían en el agua que consumen sus poblaciones.

Aclaró que el gobierno no impone una agenda e indicó que la misma se irá construyendo conforme se escuche las demandas de las autoridades de la región Piura. El jefe del Gabinete precisó que la declaración como prioritario del proyecto Río Blanco de Piura, no significa que el Estado expropiará terrenos ni se soslayarán los pasos requeridos para su explotación. La referencia es al proyecto de Ley que ha presentado al Ejecutivo para que se viabilice la explotación minera.

Además, recalcó que el gobierno tiene como principio fundamental defender el medio ambiente, por eso, agregó, todo proyecto minero tiene que garantizar la preservación del agua como elemento indispensable para las familias y la agricultura.

Destacó que el proyecto Río Blanco podría ser el más grande en explotación de cobre en el Perú. "Me atrevería decir que superior a Antamina. Hoy Ancash recibe de canon mil 300 millones de soles", acotó.

En la reunión participaron algunos alcaldes como el de Sullana, los cuales ajenos a la real problemática de la sierra creen discrepar respecto a la posición adoptada por los comuneros de Ayabaca y Huancabamba. Otro aspecto que concitó la atención de los ocasionales disertantes fue cuestionar a Carlos Martínez presidente del Frente de Desarrollo de la Frontera Norte, oficializado vocero por los otros alcaldes que integran el Frente.

El congresista Jhony Peralta presente en la reunión planteó que la próxima reunión prevista para el 16 de octubre se haga en Ayabaca o Huancabamba, sin embargo César Trelles Lara pidió que sea en el mismo Colegio de Ingenieros, propuesta que fue aceptada.

Diario El Regional de Piura – Piura 28/09/2007

EL GOBIERNO Y MINERA MAJAZ DEBEN RESPETAR PRIMERO EL DERECHO A LA PROPIEDAD OPINA CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA

Marisol Espinoza Cruz

El dialogo que realizó ayer el Gobierno con las comunidades de Ayabaca, Huancabamaba, y Carmen de la Frontera en relación a la explotación Minera de Majaz, se tendría que hacer respetando el derecho de la propiedad, ya que este fue vulnerado por la empresa al no contar con la autorización por parte de las comunidades para explorar los yacimientos mineros que se encontraban en estas zonas, señalo la legisladora Nacionalista Marisol Espinoza.

Manifestó, que lo primero que debe hacerse es atacar la raíz del problema que es la ilegalidad de la empresa en la zona. “No se ha respetado la ley 24656, ni el artículo 11º de la ley 26570 de la Inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional que señala que son las comunidades las que tienen el uso superficial de la tierra. Las comunidades no fueron consultadas sobre el uso de sus tierras y es más la minera ha intentado con la “leguleyada” de ley de servidumbre inscribir las tierras de estas comunidades en los Registros Públicos, cuando el artículo 88º y 89º de la Constitución garantiza el derecho de propiedad de la tierra y además que su propiedad es imprescriptible”

Asimismo, señaló que el gobierno ha dado un paso al costado en la defensa de promotor y garante de los derechos de los ciudadanos. Hoy las comunidades esperan que el gobierno entienda que ellos no son narcotraficantes, ni terroristas que es el único argumento que se usa en este tipo de conflictos. “El Gobierno dice que quiere dialogo, pero de que estamos hablando si el día sábado ingreso a mesa de partes del Congreso el Proyecto de Ley 1640/2007-PE, en el cual el Gobierno solicita se declare de interés nacional la ejecución preferente de Proyectos de Inversión pública o privada en la actividad minera y aquí se incluye al proyecto minero Río Blanco” entonces de que dialogo hablamos, o es que otra vez se pretende engañar a las comunidades.

Los comuneros quieren retomar el diálogo y parece que el gobierno también. Sin embargo, está empezando el mecanismo con dos errores. Primero considera que es la falta de información lo que genera la reacción de los comuneros. Hay que decirle al gobierno que no es un problema de falta de información, sino que el reclamo parte de la presencia ilegal de la empresa en la zona, un pequeño gran detalle que el gobierno ha olvidado contar.

El gobierno entiende la relación con las comunidades del interior del país como una guerra y transforma el diálogo en amenazas o insultos. Tiene que cambiar su actitud prepotente y entender que su verdadero trabajo y que su legitimidad está en su capacidad de proteger y garantizar los derechos ciudadanos y el estado de derecho enfatizó Espinoza Cruz.

Señalo también que la legitimidad del diálogo está en convocar a los verdaderos actores que son las comunidades, los ronderos, el Frente de Defensa de los Intereses de las comunidades de Piura y también de Namballe y San Ignacio. Si el gobierno regresa a Piura con la misma práctica de sentarse a la mesa a polarizar el país, a insistir en su política de judicializar a quienes se oponen y a convocar a quienes no representan a las comunidades estará condenando el diálogo al fracaso, comento la legisladora.

Diario El Regional de Piura – Piura 28/09/2007