REFLEXIONES PERUANAS
¿ESTÁ EN BUENAS MANOS LA RECONSTRUCCIÓN?
Wilfredo Ardito Vega
Hace dos años, varias gasolineras de Nueva Orleans fueron asaltadas por haber elevado el precio del combustible ante la llegada del huracán Katrina. En el Perú, a las pocas horas de producido el terremoto, algunas empresas de transporte y las agencias funerarias cuadruplicaron el precio de sus servicios, pero ninguna instancia estatal intervino en beneficio de la población.
A nuestro entender, las empresas privadas son motores para el desarrollo de la sociedad cuando se cumplen condiciones mínimas como la libre competencia, la información adecuada a los clientes, la existencia de canales para reclamar por un mal servicio y una regulación estatal que evite posibles excesos. Entre nosotros, en cambio, la regulación sobre las actividades económicas es muy débil y en algunos lugares del Perú simplemente no existe. A pesar de ello, en los últimos años se han privatizado actividades que hasta en los países más neoliberales corresponden al Estado. Un ejemplo fue la disolución de ENATRU-PERÚ (la empresa de transporte público) y el reemplazo de los ómnibus que circulaban por Trujillo, Arequipa o Lima por las ingobernables combis, cuyos choferes compiten desesperados por cada pasajero. Al mismo tiempo, las autoridades dejaron de practicar las revisiones técnicas del parque automotor, con los resultados de accidentes, contaminación y caos vehicular que vivimos día a día.
El reciente nombramiento de un grupo de empresarios para dirigir las labores de reconstrucción a través del llamado FORSUR, ha sido aplaudido por quienes profesan el dogma de la eficiencia irrestricta del sector privado. Para ellos, claro, es una herejía recordar que el servicio de la empresa telefónica estatal no se interrumpió en Lima después del terremoto de 1974, a diferencia de lo ocurrido el pasado 15 de agosto. También es una herejía señalar que la zona más deteriorada de la carretera a Ica ha sido la que fue concesionada a la empresa Covial.
La conducción empresarial de FORSUR hace recurrente el control de crecientes porciones del territorio nacional por grupos económicos privados (con sus propios intereses), dejando un papel decorativo a las autoridades democráticamente elegidas por la población.
Un ejemplo cercano a los limeños (y a las víctimas del terremoto) es APRILS, la Asociación de Propietarios de Asia, que ha llegado a apropiarse del agua que serviría a los poblados y agricultores pobres para venderla a quienes veranean en los balnearios. APRILS vulnera también toda la legislación relativa al uso de las playas sin que ningún fiscal o alcalde pueda hacerles frente.
El manejo de asuntos sociales, diferencias culturales o problemas de exclusión no aparece en los manuales empresariales. Por eso, a pesar de los millones de dólares que Yanacocha ha entregado para restaurar iglesias o auspiciar conciertos de rock en Cajamarca, su relación con la población sigue siendo muy tensa. Similar es la situación de Pro-Inversión (que no es una empresa privada, pero que suele olvidarlo) frente a las 49 comunidades de Apurímac cuyos recursos administra sin su consentimiento. Los campesinos cocaleros del Huallaga han denunciado muchas veces la improvisación y los incumplimientos de las empresas contratadas para proponer cultivos alternativos.
En todos estos casos, a la inexperiencia de las empresas involucradas se suma que no sienten la exigencia de los clientes, porque los habitantes de las zonas donde operan sus "programas sociales" no son vistos como tales. La tentación de obtener ganancias aparece inclusive en empresas que se pretenden mostrar desinteresadas: el costo de los avisos de Telefónica, Saga Falabella, Scotiabank, Wong, Doe Run, Ripley y otras empresas más publicitando sus acciones de solidaridad con las víctimas del sismo está en camino a alcanzar el millón de dólares. ¿Es preocupación social o inversión para lograr una buena imagen empresarial?
El caso de FORSUR es especialmente grave, porque se ha otorgado la presidencia a Julio Favre, sin ninguna experiencia en temas sociales, urbanismo o establecer consensos, además de haber defendido violaciones masivas de derechos humanos y a empresas corruptas como Lucchetti.
Resulta curiosa además, la inclusión de José Chlimper, de conocidos intereses económicos en la zona. Hace unos años, siendo ministro de Agricultura del último gabinete de Fujimori, Chlimper logró que éste, días antes de huir del país, suscribiera una ley para que no se reconociera a los trabajadores agrícolas gratificación, CTS o vacaciones, lo cual beneficiaba directamente sus actividades agroexportadoras.
Con estos antecedentes, parece lógico que los empresarios de FORSUR estén hablando más de potenciar las exportaciones que de reconstruir viviendas u hospitales. Buscar la constructora para una gran autopista es prioritario frente a la desnutrición o el incumplimiento de los derechos laborales. Garantizar las inversiones hoteleras en Paracas parece más importante que el tratamiento psicológico de las víctimas.
Hace algunos días, como la mayoría de peruanos, me sentí indignado cuando supe que Rafael Rey estaba promoviendo el lanzamiento de una botella de pisco denominado 7,9. Ahora comprendo que, para algunos, el terremoto es una buena ocasión de brindar.
www.lainsignia.org 04/09/2007
¿ESTÁ EN BUENAS MANOS LA RECONSTRUCCIÓN?
Wilfredo Ardito Vega
Hace dos años, varias gasolineras de Nueva Orleans fueron asaltadas por haber elevado el precio del combustible ante la llegada del huracán Katrina. En el Perú, a las pocas horas de producido el terremoto, algunas empresas de transporte y las agencias funerarias cuadruplicaron el precio de sus servicios, pero ninguna instancia estatal intervino en beneficio de la población.
A nuestro entender, las empresas privadas son motores para el desarrollo de la sociedad cuando se cumplen condiciones mínimas como la libre competencia, la información adecuada a los clientes, la existencia de canales para reclamar por un mal servicio y una regulación estatal que evite posibles excesos. Entre nosotros, en cambio, la regulación sobre las actividades económicas es muy débil y en algunos lugares del Perú simplemente no existe. A pesar de ello, en los últimos años se han privatizado actividades que hasta en los países más neoliberales corresponden al Estado. Un ejemplo fue la disolución de ENATRU-PERÚ (la empresa de transporte público) y el reemplazo de los ómnibus que circulaban por Trujillo, Arequipa o Lima por las ingobernables combis, cuyos choferes compiten desesperados por cada pasajero. Al mismo tiempo, las autoridades dejaron de practicar las revisiones técnicas del parque automotor, con los resultados de accidentes, contaminación y caos vehicular que vivimos día a día.
El reciente nombramiento de un grupo de empresarios para dirigir las labores de reconstrucción a través del llamado FORSUR, ha sido aplaudido por quienes profesan el dogma de la eficiencia irrestricta del sector privado. Para ellos, claro, es una herejía recordar que el servicio de la empresa telefónica estatal no se interrumpió en Lima después del terremoto de 1974, a diferencia de lo ocurrido el pasado 15 de agosto. También es una herejía señalar que la zona más deteriorada de la carretera a Ica ha sido la que fue concesionada a la empresa Covial.
La conducción empresarial de FORSUR hace recurrente el control de crecientes porciones del territorio nacional por grupos económicos privados (con sus propios intereses), dejando un papel decorativo a las autoridades democráticamente elegidas por la población.
Un ejemplo cercano a los limeños (y a las víctimas del terremoto) es APRILS, la Asociación de Propietarios de Asia, que ha llegado a apropiarse del agua que serviría a los poblados y agricultores pobres para venderla a quienes veranean en los balnearios. APRILS vulnera también toda la legislación relativa al uso de las playas sin que ningún fiscal o alcalde pueda hacerles frente.
El manejo de asuntos sociales, diferencias culturales o problemas de exclusión no aparece en los manuales empresariales. Por eso, a pesar de los millones de dólares que Yanacocha ha entregado para restaurar iglesias o auspiciar conciertos de rock en Cajamarca, su relación con la población sigue siendo muy tensa. Similar es la situación de Pro-Inversión (que no es una empresa privada, pero que suele olvidarlo) frente a las 49 comunidades de Apurímac cuyos recursos administra sin su consentimiento. Los campesinos cocaleros del Huallaga han denunciado muchas veces la improvisación y los incumplimientos de las empresas contratadas para proponer cultivos alternativos.
En todos estos casos, a la inexperiencia de las empresas involucradas se suma que no sienten la exigencia de los clientes, porque los habitantes de las zonas donde operan sus "programas sociales" no son vistos como tales. La tentación de obtener ganancias aparece inclusive en empresas que se pretenden mostrar desinteresadas: el costo de los avisos de Telefónica, Saga Falabella, Scotiabank, Wong, Doe Run, Ripley y otras empresas más publicitando sus acciones de solidaridad con las víctimas del sismo está en camino a alcanzar el millón de dólares. ¿Es preocupación social o inversión para lograr una buena imagen empresarial?
El caso de FORSUR es especialmente grave, porque se ha otorgado la presidencia a Julio Favre, sin ninguna experiencia en temas sociales, urbanismo o establecer consensos, además de haber defendido violaciones masivas de derechos humanos y a empresas corruptas como Lucchetti.
Resulta curiosa además, la inclusión de José Chlimper, de conocidos intereses económicos en la zona. Hace unos años, siendo ministro de Agricultura del último gabinete de Fujimori, Chlimper logró que éste, días antes de huir del país, suscribiera una ley para que no se reconociera a los trabajadores agrícolas gratificación, CTS o vacaciones, lo cual beneficiaba directamente sus actividades agroexportadoras.
Con estos antecedentes, parece lógico que los empresarios de FORSUR estén hablando más de potenciar las exportaciones que de reconstruir viviendas u hospitales. Buscar la constructora para una gran autopista es prioritario frente a la desnutrición o el incumplimiento de los derechos laborales. Garantizar las inversiones hoteleras en Paracas parece más importante que el tratamiento psicológico de las víctimas.
Hace algunos días, como la mayoría de peruanos, me sentí indignado cuando supe que Rafael Rey estaba promoviendo el lanzamiento de una botella de pisco denominado 7,9. Ahora comprendo que, para algunos, el terremoto es una buena ocasión de brindar.
www.lainsignia.org 04/09/2007
PRESIDENTE REGIONAL DE PIURA INSISTE EN OPOSICIÓN A CONSULTA VECINAL SOBRE CASO MAJAZ
El presidente regional de Piura, César Trelles Lara, aseguró que no se opone a la realización de una consulta vecinal del proyecto Río Blanco, a cargo de la empresa minera Majaz, pero consideró que esta debe realizarse con seriedad, responsabilidad y legalidad, a propósito de las observaciones o cuestionamientos que presentó el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Energía a este mecanismo de participación ciudadana.
"Nosotros creemos que la consulta vecinal puede hacerse, yo no me opondría porque es la voluntad de ellos (las provincias de Ayabaca y Huancabamba) si quieren o no inversión minera. Pero tiene que hacerse bien. Nosotros no podemos sustentar una serie de irregularidades que se está cometiendo en esa zona. (...) Ellos no han tenido la gentileza de conversar conmigo. Ellos viven en un mundo diferente" dijo en diálogo con “No Hay Derecho” por Radio San Borja.
“Si la consulta popular fuera seria y responsable no hubiera ningún problema, pero esta es manejada por algunos alcaldes, que inclusive no son de la zona, como el caso de Jaén (Cajamarca), Bagua (Amazonas), los cuales no tienen ningún asidero. Sólo cierto grupo quiere una consulta popular, como son las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, que serán unos dos mil o cinco mil personas. Para hacer una consulta popular primero se tiene que estar en contacto con las instituciones que tienen que ver con el tema con normas y leyes, que vendría hacer el Jurado de Nacional de Elecciones (JNE). Es un acto que no tiene ninguna validez”, opinó.
Dijo en otro momento, que más bien la consulta podría realizarse a nivel regional, porque no se trata de que opinen 200 o 500 personas que son de la comunidad. "Creo que tiene que opinar todas las instituciones y todo el pueblo, porque la riqueza no es Yanta y Segunda y Cajas, le corresponde a todos los piuranos. Que se haga una consulta popular de acuerdo a las normas y a las leyes", refirió.
NO HABRÁ ACTIVIDAD MINERA QUE DAÑE MEDIO AMBIENTE
Aseguró por otro lado, que su gestión no permitirá la continuidad de aquellas mineras que según los estudios de impacto ambiental, no respeten a la población o el medio ambiente.“Si no hay las condiciones, no se respeta a la comunidad, no se conserva el medio ambiente y no se respeta nada, tampoco voy a permitir que la minería se explote en la zona de Piura, de ninguna manera. El presidente tiene que ser transparente y honesto en estos temas. Hay que cuidar la minería y el medio ambiente, pero dentro de las normas y leyes vigentes. (…) Además se tiene que ver el estudio de Impacto Ambiental para seguir conversando”, expresó.
Trelles Lara aseguró que “si la competencia y la decisión de autorizar concesiones, estaría en manos del Gobierno Regional de Piura y no del Ministerio de Energía y Minas (MEM), haría que se detenga (la actividad de la empresa Majaz) hasta que se resuelva las cosas”. Indicó que su gestión buscará el respeto a las normas, el diálogo con los organizadores de la consulta vecinal y evitar el maltrato a los campesinos, comuneros y ronderos.
El presidente regional, quien no tuvo una actitud similar en el caso de Tambogrande, se ha convertido en uno de los férreos defensores de la explotación minera en la zona de Huancabamba.
Diario El Regional de Piura – Piura 04/09/2007
El presidente regional de Piura, César Trelles Lara, aseguró que no se opone a la realización de una consulta vecinal del proyecto Río Blanco, a cargo de la empresa minera Majaz, pero consideró que esta debe realizarse con seriedad, responsabilidad y legalidad, a propósito de las observaciones o cuestionamientos que presentó el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Energía a este mecanismo de participación ciudadana.
"Nosotros creemos que la consulta vecinal puede hacerse, yo no me opondría porque es la voluntad de ellos (las provincias de Ayabaca y Huancabamba) si quieren o no inversión minera. Pero tiene que hacerse bien. Nosotros no podemos sustentar una serie de irregularidades que se está cometiendo en esa zona. (...) Ellos no han tenido la gentileza de conversar conmigo. Ellos viven en un mundo diferente" dijo en diálogo con “No Hay Derecho” por Radio San Borja.
“Si la consulta popular fuera seria y responsable no hubiera ningún problema, pero esta es manejada por algunos alcaldes, que inclusive no son de la zona, como el caso de Jaén (Cajamarca), Bagua (Amazonas), los cuales no tienen ningún asidero. Sólo cierto grupo quiere una consulta popular, como son las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, que serán unos dos mil o cinco mil personas. Para hacer una consulta popular primero se tiene que estar en contacto con las instituciones que tienen que ver con el tema con normas y leyes, que vendría hacer el Jurado de Nacional de Elecciones (JNE). Es un acto que no tiene ninguna validez”, opinó.
Dijo en otro momento, que más bien la consulta podría realizarse a nivel regional, porque no se trata de que opinen 200 o 500 personas que son de la comunidad. "Creo que tiene que opinar todas las instituciones y todo el pueblo, porque la riqueza no es Yanta y Segunda y Cajas, le corresponde a todos los piuranos. Que se haga una consulta popular de acuerdo a las normas y a las leyes", refirió.
NO HABRÁ ACTIVIDAD MINERA QUE DAÑE MEDIO AMBIENTE
Aseguró por otro lado, que su gestión no permitirá la continuidad de aquellas mineras que según los estudios de impacto ambiental, no respeten a la población o el medio ambiente.“Si no hay las condiciones, no se respeta a la comunidad, no se conserva el medio ambiente y no se respeta nada, tampoco voy a permitir que la minería se explote en la zona de Piura, de ninguna manera. El presidente tiene que ser transparente y honesto en estos temas. Hay que cuidar la minería y el medio ambiente, pero dentro de las normas y leyes vigentes. (…) Además se tiene que ver el estudio de Impacto Ambiental para seguir conversando”, expresó.
Trelles Lara aseguró que “si la competencia y la decisión de autorizar concesiones, estaría en manos del Gobierno Regional de Piura y no del Ministerio de Energía y Minas (MEM), haría que se detenga (la actividad de la empresa Majaz) hasta que se resuelva las cosas”. Indicó que su gestión buscará el respeto a las normas, el diálogo con los organizadores de la consulta vecinal y evitar el maltrato a los campesinos, comuneros y ronderos.
El presidente regional, quien no tuvo una actitud similar en el caso de Tambogrande, se ha convertido en uno de los férreos defensores de la explotación minera en la zona de Huancabamba.
Diario El Regional de Piura – Piura 04/09/2007