RONDERO OPOSITOR A MAJAZ FUE CONTRATADO POR COMUNA DE AYABACA
Municipalidad que promueve ilegal “consulta popular” pagó a dirigente comunero Pascual Rosales durante campaña antiminera
La municipalidad de la provincia fronteriza de Ayabaca financiaría indebidamente parte de la campaña contra el proyecto minero Río Blanco, en Piura, pues contrató al dirigente comunero y rondero Pascual Rosales Huamán, uno de los más radicales opositores antimineros de la zona, según la documentación respectiva.
Precisamente Pascual Rosales, presidente de la ronda y comunidad campesina de Hualcuy-Ayabaca, ha realizado desde hace meses intensas labores a favor de la ilegal “consulta popular”, convocada para este domingo en los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera.
Correo accedió al “Contrato de locación de servicios Nº 491-2007-GLM/PFA”, mediante el cual Rosales Huamán percibió por lo menos 900 soles de fondos de la comuna de Ayabaca por supuestamente “prestar sus servicios como promotor en las comunidades y rondas campesinas”.
El período de su contrato comprendió desde el 12 de junio al 9 de setiembre pasado, es decir durante la etapa de mayor proselitismo en contra de la minera Majaz. Y por “coincidencia” dejó de ser un asalariado de la municipalidad una semana antes de que se realice la referida consulta.
Rosales laboró en coordinación con la gerencia de Asuntos Sociales Productivos y Empresariales, a cargo de Santos Castillo. Pero el contrato fue firmado por el gerente municipal Eber Andrade Pintado.
ONG FINANCISTAS
La consulta popular que pretende frustrar el reinicio de las operaciones de la minera Majaz fue financiada por las ONG Conacami (Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería) y Red Muqui.
Así lo reveló uno de los protagonistas de dicho proceso ilegal, Magdiel Carrión, quien es presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca. Este personaje reveló que ambos organismos no gubernamentales impulsaron la llamada “opción NO” desde el mes de junio, solventando gastos de los capacitadores y la publicidad contra la minera Majaz.
“Estos capacitadores han llegado a 21 comunidades para promover la participación de los pobladores en la referida consulta popular. Otra parte de la campaña ha sido solventada por las comunidades”, dijo el dirigente que apoya la protesta contra Majaz.
Agregó que la campaña se había realizado con total normalidad y sin ningún obstáculo de las autoridades policiales o políticas de Piura. Comentó que incluso las comunidades contrataron, con su propio peculio, los vehículos particulares para transportar a los votantes al local de votación en Ayabaca.
Las ONG Conacami y Red Muqui son las que reciben grandes aportes del exterior para acciones antimineras. Muqui incluso ha puesto en la mira a seis proyectos mineros según su pagina web, no sólo Majaz, sino Tambogrande, los proyectos Huaquillas, Tabaconas y Yanacocha en Cajamarca y La Oroya.
Por otro lado, fuentes del Ministerio Público aclararon que la investigación contra las autoridades que promueven la consulta popular en Majaz continúa por supuesto delito de usurpación de funciones por convocar a un proceso electoral sin autorización del JNE.
MAS DATOS
La Contraloría debe investigar la procedencia de los fondos que financian la consulta popular contra la actividad minera en Piura, sostuvo el premier Jorge del Castillo. Remarcó que para realizar una actividad de este tipo se requiere no menos de 250 o 300 mil soles. “¿Quién paga eso?, ¿esos tres pequeños distritos tienen esa plata?”, inquirió.
Diario El Correo – Lima 14/09/2007
MAJAZ: NO SON MÁS BRUTOS...
Porque no pueden. Sí, señores. Y me refiero, para variar, al gobierno, a los empresarios mineros y a sus “asesores” que, todos ellos, se rasgan las vestiduras por la ilegalidad y anticonstitucionalidad de una folclórica consulta popular sobre si una mina debe o no debe ser explotada allá en el norte.
Oigan, ¿alguien me puede decir qué tienen en la cabeza estos señores? ¿Cómo se les ha ocurrido un argumento tan, pero tan necio como enfrentar el folclorismo vecinal de un puñado de campesinos con la falta del visto bueno de la ley? No se dan cuenta acaso que es precisamente porque la folclórica consulta de Majaz no tiene pies ni cabeza legales que es eso: folclórica, irrelevante, no digna de tomarse en serio.
O sea que si, como chillan García, Del Castillo, la Sociedad Peruana de Minería y Petróleo, la Confiep y compañía, los campesinos de Majaz decidieran adecuar su consulta popular a la ley y el orden constitucional, compraran sus planillones a la ONPE, recolectaran las firmas de ley y pidieran la asesoría y ejecución del “plebiscito” a las autoridades electorales pertinentes, ¿el resultado de la consulta adverso a la minería estaría oleado y sacramentado? ¿No es ese acaso el mejor argumento que García, Del Castillo, la SPMP y compañía le pueden dar a sus enemigos antinversión? Adecúense a la ley señores, hagan todas las consultas que quieran pero coordinen con el JNE y la ONPE para que los resultados terminen, si no siendo vinculantes, al menos con la mayor apariencia de fuerza vinculante posible debido a la legalidad del proceso. Sigan nomás; juntos legalicemos la anarquía y constitucionalicemos el fin de la República.
Porque, digamos, ¿quiénes son los que han puesto en las marquesinas de la política el asunto de Majaz? O sea, ¿quiénes le han dado al asunto una relevancia que no pasaría de ser folclórica –como la “consulta popular” en Asia sobre la privacidad de la playa que imaginara Aldo Mariátegui en su divertida columna de este último miércoles– de no ser por la histeria con la que han advertido de las nefastas consecuencias del acontecimiento en cuanto medio de comunicación han tenido disponible?
Pues los culpables son García y Del Castillo, azuzados por los inefables empresarios mineros. Esos son los culpables de que lo folclórico empiece a tomarse en serio. Pues, claro, si semejantes “personalidades” se despeinan por algo sin trascendencia, de repente resulta que una consulta organizada por la Asociación de Vecinos de la Urbanización los Rosales, donde vivo, puede hacer tambalear los cimientos mismos del futuro del Perú. ¿No digo que si no son más brutos es porque no pueden? ...
Diario El Correo – Lima 14/09/2007
LA DEFENSORA DESBARRA Y DESBARRA
A Beatriz Merino le gustaría ser trapecista. Pero bambolea de mal en peor. Ahora la Defensora del Pueblo sostiene que la “consulta popular” instigada por dirigentes y oenegés antimineras contra el Estado Peruano en el proyecto Majaz es constitucional y por ende no tiene nada de ilegal. ¿Constitucional? Hay países como Etiopía en los que, debido al carácter federal y tribal de su organización, podría pasarse por agua tibia los sofismas de Merino. Pero, en el caso del Estado Peruano, que es uno e indivisible, y en el de su gobierno, que es unitario, resulta inaudito que la funcionaria pública pretenda santificar turbamultas.
UNO: No es primera vez que Merino incurre en despropósito. En tiempo reciente publicó un informe que elevaba a la categoría de “conflicto social” la matonesca invasión de Santa Anita. Poco después esbozó una retahíla de paparruchadas respecto del D.L. 982. El tema de fondo, sin embargo, no es el porqué de una actitud que Javier Valle-Riestra ha calificado con precisa puntería de “pilatesca”. Asombra su ligereza argumentativa.
DOS: La “consulta popular” que incitan 20 oenegés y alcaldes de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera es inconstitucional. Nada tiene que ver con las figuras de referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades o demanda de rendición de cuentas. La Constitución exige que los mecanismos de participación ciudadana sean normados por el Congreso. La Ley de Municipalidades no contempla la consulta popular. Tampoco la Ley de Participación y Control Ciudadanos.
TRES: El JNE ha declarado que la “consulta popular” que Merino apaña se encuentra al margen de la ley. Sus instigadores la conducen a la mala en un clima de violencia e intemperancia. No hay padrones de RENIEC. No hay supervisión de ONPE. No hay que ser zahorí para anticipar el resultado; 100% será en contra del proyecto Majaz.
CUATRO: Suplantar al RENIEC, ONPE y JNE constituye delito de usurpación de funciones. Asignar arbitrariamente fondos públicos configura peculado o malversación. Imponer resultados viciados es delito contra la fe pública y la voluntad popular. Amenazar a quienes no acudan a sufragar con la aplicación de latigazos o multas es coacción y amedrentamiento y por tanto igualmente delito. También lo es interrumpir el libre tránsito
CINCO: Merino se cura en salud. Indica que los resultados no serán vinculantes. ¡Albricias! Descubrió la pólvora. Y mientras tanto, ¿qué hay del clima de zozobra generado? ¿Qué de los empleos, tributos y canon perdidos? ¿Qué de los miles de informales cuyos arcaicos métodos ya destruyen el medio ambiente en el Alto Piura junto al desastre ecológico provocado en Tambogrande? ¿Quién será responsable doctora Merino? ¿Usted?
Diario El Correo – Lima 14/09/2007
CUESTIONAN PARTICIPACIÓN DE TRANSPARENCIA
En consulta del domingo
La participación de la ONG Transparencia como veedora de la consulta popular a realizarse este domingo en Piura fue severamente cuestionada por el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.
“Ahora Transparencia se ofrece como la veedora del tema, como observadora, cuando los organismos electorales han declarado la consulta como ilegal”, dijo, tras agregar que con este acto le están haciendo el juego a los enemigos del Perú.
Asimismo, advirtió que ex trabajadores de Transparencia han sido contratados por ONG para organizar la consulta vecinal sobre la presencia de la minera Majaz en la zona.
Al respecto, el secretario técnico de Transparencia, Percy Medina, sostuvo a Correo que su organismo “no promueve ni apoya la consulta”.
“Esta consulta vecinal no tiene ningún efecto legal. La gente que va a ir a votar no va a decidir absolutamente nada. Lo importante es que exista un diálogo entre los actores, y para eso es necesario preservar desde ahora las bases para ese diálogo”, dijo.
Diario El Correo – Lima 14/09/2007
GOBIERNO EVALÚA ACCIONES LEGALES CONTRA RADIO CUTIVALÚ
Estación podría ser demandada por censurar spot sobre consulta popular en Piura. Emisora exige disculpas
En los últimos días, las radioemisoras han resultado un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Tanto así que el premier Jorge del Castillo adelantó que se viene evaluando iniciar acciones legales contra Radio Cutivalú por censurar un spot del Ministerio de Energía y Minas (MEM) respecto de la consulta popular que se llevará a cabo en Piura.
“Esto constituye probablemente un delito. Estamos estudiando (iniciar acciones legales). Lo que sí creo es que han cometido un hecho censurable. Han censurado un aviso del Estado, han transgredido la libertad de expresión. Ellos no tienen derecho a censurar”, dijo en diálogo con una emisora local.
Sostuvo que si en la radio estatal o en cualquier radio privada se hubieran negado a transmitir un aviso de alguna ONG a favor de la consulta en Piura, se hubiera dicho que es una violación a la libertad de expresión. “Pero como es una radio de una ONG que favorece la posición antiminera, se la quiere pasar por agua caliente”, denunció.
EXIGE RECTIFICACIÓN
Por su parte, el director de Radio Cutivalú, Rodolfo Aquino, exigió al Premier una “rectificación” tras acusarlos de “censura” por no trasmitir el spot del MEM.
En ese sentido, Aquino propuso al funcionario iniciar un diálogo para superar el impasse y lo invitó a la radio para debatir la próxima “consulta popular” en el Alto Piura.
Aquino también denunció haber recibido amenazas anónimas a través de su celular, así como desde páginas de internet, por lo que exigió se le concedan garantías personales.
Finalmente, el periodista dejó abierta la posibilidad de transmitir el spot del MEM “sin cobro alguno”.
MAS DATOS
Municipalidad que promueve ilegal “consulta popular” pagó a dirigente comunero Pascual Rosales durante campaña antiminera
La municipalidad de la provincia fronteriza de Ayabaca financiaría indebidamente parte de la campaña contra el proyecto minero Río Blanco, en Piura, pues contrató al dirigente comunero y rondero Pascual Rosales Huamán, uno de los más radicales opositores antimineros de la zona, según la documentación respectiva.
Precisamente Pascual Rosales, presidente de la ronda y comunidad campesina de Hualcuy-Ayabaca, ha realizado desde hace meses intensas labores a favor de la ilegal “consulta popular”, convocada para este domingo en los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera.
Correo accedió al “Contrato de locación de servicios Nº 491-2007-GLM/PFA”, mediante el cual Rosales Huamán percibió por lo menos 900 soles de fondos de la comuna de Ayabaca por supuestamente “prestar sus servicios como promotor en las comunidades y rondas campesinas”.
El período de su contrato comprendió desde el 12 de junio al 9 de setiembre pasado, es decir durante la etapa de mayor proselitismo en contra de la minera Majaz. Y por “coincidencia” dejó de ser un asalariado de la municipalidad una semana antes de que se realice la referida consulta.
Rosales laboró en coordinación con la gerencia de Asuntos Sociales Productivos y Empresariales, a cargo de Santos Castillo. Pero el contrato fue firmado por el gerente municipal Eber Andrade Pintado.
ONG FINANCISTAS
La consulta popular que pretende frustrar el reinicio de las operaciones de la minera Majaz fue financiada por las ONG Conacami (Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería) y Red Muqui.
Así lo reveló uno de los protagonistas de dicho proceso ilegal, Magdiel Carrión, quien es presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca. Este personaje reveló que ambos organismos no gubernamentales impulsaron la llamada “opción NO” desde el mes de junio, solventando gastos de los capacitadores y la publicidad contra la minera Majaz.
“Estos capacitadores han llegado a 21 comunidades para promover la participación de los pobladores en la referida consulta popular. Otra parte de la campaña ha sido solventada por las comunidades”, dijo el dirigente que apoya la protesta contra Majaz.
Agregó que la campaña se había realizado con total normalidad y sin ningún obstáculo de las autoridades policiales o políticas de Piura. Comentó que incluso las comunidades contrataron, con su propio peculio, los vehículos particulares para transportar a los votantes al local de votación en Ayabaca.
Las ONG Conacami y Red Muqui son las que reciben grandes aportes del exterior para acciones antimineras. Muqui incluso ha puesto en la mira a seis proyectos mineros según su pagina web, no sólo Majaz, sino Tambogrande, los proyectos Huaquillas, Tabaconas y Yanacocha en Cajamarca y La Oroya.
Por otro lado, fuentes del Ministerio Público aclararon que la investigación contra las autoridades que promueven la consulta popular en Majaz continúa por supuesto delito de usurpación de funciones por convocar a un proceso electoral sin autorización del JNE.
MAS DATOS
La Contraloría debe investigar la procedencia de los fondos que financian la consulta popular contra la actividad minera en Piura, sostuvo el premier Jorge del Castillo. Remarcó que para realizar una actividad de este tipo se requiere no menos de 250 o 300 mil soles. “¿Quién paga eso?, ¿esos tres pequeños distritos tienen esa plata?”, inquirió.
Diario El Correo – Lima 14/09/2007
MAJAZ: NO SON MÁS BRUTOS...
Porque no pueden. Sí, señores. Y me refiero, para variar, al gobierno, a los empresarios mineros y a sus “asesores” que, todos ellos, se rasgan las vestiduras por la ilegalidad y anticonstitucionalidad de una folclórica consulta popular sobre si una mina debe o no debe ser explotada allá en el norte.
Oigan, ¿alguien me puede decir qué tienen en la cabeza estos señores? ¿Cómo se les ha ocurrido un argumento tan, pero tan necio como enfrentar el folclorismo vecinal de un puñado de campesinos con la falta del visto bueno de la ley? No se dan cuenta acaso que es precisamente porque la folclórica consulta de Majaz no tiene pies ni cabeza legales que es eso: folclórica, irrelevante, no digna de tomarse en serio.
O sea que si, como chillan García, Del Castillo, la Sociedad Peruana de Minería y Petróleo, la Confiep y compañía, los campesinos de Majaz decidieran adecuar su consulta popular a la ley y el orden constitucional, compraran sus planillones a la ONPE, recolectaran las firmas de ley y pidieran la asesoría y ejecución del “plebiscito” a las autoridades electorales pertinentes, ¿el resultado de la consulta adverso a la minería estaría oleado y sacramentado? ¿No es ese acaso el mejor argumento que García, Del Castillo, la SPMP y compañía le pueden dar a sus enemigos antinversión? Adecúense a la ley señores, hagan todas las consultas que quieran pero coordinen con el JNE y la ONPE para que los resultados terminen, si no siendo vinculantes, al menos con la mayor apariencia de fuerza vinculante posible debido a la legalidad del proceso. Sigan nomás; juntos legalicemos la anarquía y constitucionalicemos el fin de la República.
Porque, digamos, ¿quiénes son los que han puesto en las marquesinas de la política el asunto de Majaz? O sea, ¿quiénes le han dado al asunto una relevancia que no pasaría de ser folclórica –como la “consulta popular” en Asia sobre la privacidad de la playa que imaginara Aldo Mariátegui en su divertida columna de este último miércoles– de no ser por la histeria con la que han advertido de las nefastas consecuencias del acontecimiento en cuanto medio de comunicación han tenido disponible?
Pues los culpables son García y Del Castillo, azuzados por los inefables empresarios mineros. Esos son los culpables de que lo folclórico empiece a tomarse en serio. Pues, claro, si semejantes “personalidades” se despeinan por algo sin trascendencia, de repente resulta que una consulta organizada por la Asociación de Vecinos de la Urbanización los Rosales, donde vivo, puede hacer tambalear los cimientos mismos del futuro del Perú. ¿No digo que si no son más brutos es porque no pueden? ...
Diario El Correo – Lima 14/09/2007
LA DEFENSORA DESBARRA Y DESBARRA
A Beatriz Merino le gustaría ser trapecista. Pero bambolea de mal en peor. Ahora la Defensora del Pueblo sostiene que la “consulta popular” instigada por dirigentes y oenegés antimineras contra el Estado Peruano en el proyecto Majaz es constitucional y por ende no tiene nada de ilegal. ¿Constitucional? Hay países como Etiopía en los que, debido al carácter federal y tribal de su organización, podría pasarse por agua tibia los sofismas de Merino. Pero, en el caso del Estado Peruano, que es uno e indivisible, y en el de su gobierno, que es unitario, resulta inaudito que la funcionaria pública pretenda santificar turbamultas.
UNO: No es primera vez que Merino incurre en despropósito. En tiempo reciente publicó un informe que elevaba a la categoría de “conflicto social” la matonesca invasión de Santa Anita. Poco después esbozó una retahíla de paparruchadas respecto del D.L. 982. El tema de fondo, sin embargo, no es el porqué de una actitud que Javier Valle-Riestra ha calificado con precisa puntería de “pilatesca”. Asombra su ligereza argumentativa.
DOS: La “consulta popular” que incitan 20 oenegés y alcaldes de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera es inconstitucional. Nada tiene que ver con las figuras de referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades o demanda de rendición de cuentas. La Constitución exige que los mecanismos de participación ciudadana sean normados por el Congreso. La Ley de Municipalidades no contempla la consulta popular. Tampoco la Ley de Participación y Control Ciudadanos.
TRES: El JNE ha declarado que la “consulta popular” que Merino apaña se encuentra al margen de la ley. Sus instigadores la conducen a la mala en un clima de violencia e intemperancia. No hay padrones de RENIEC. No hay supervisión de ONPE. No hay que ser zahorí para anticipar el resultado; 100% será en contra del proyecto Majaz.
CUATRO: Suplantar al RENIEC, ONPE y JNE constituye delito de usurpación de funciones. Asignar arbitrariamente fondos públicos configura peculado o malversación. Imponer resultados viciados es delito contra la fe pública y la voluntad popular. Amenazar a quienes no acudan a sufragar con la aplicación de latigazos o multas es coacción y amedrentamiento y por tanto igualmente delito. También lo es interrumpir el libre tránsito
CINCO: Merino se cura en salud. Indica que los resultados no serán vinculantes. ¡Albricias! Descubrió la pólvora. Y mientras tanto, ¿qué hay del clima de zozobra generado? ¿Qué de los empleos, tributos y canon perdidos? ¿Qué de los miles de informales cuyos arcaicos métodos ya destruyen el medio ambiente en el Alto Piura junto al desastre ecológico provocado en Tambogrande? ¿Quién será responsable doctora Merino? ¿Usted?
Diario El Correo – Lima 14/09/2007
CUESTIONAN PARTICIPACIÓN DE TRANSPARENCIA
En consulta del domingo
La participación de la ONG Transparencia como veedora de la consulta popular a realizarse este domingo en Piura fue severamente cuestionada por el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.
“Ahora Transparencia se ofrece como la veedora del tema, como observadora, cuando los organismos electorales han declarado la consulta como ilegal”, dijo, tras agregar que con este acto le están haciendo el juego a los enemigos del Perú.
Asimismo, advirtió que ex trabajadores de Transparencia han sido contratados por ONG para organizar la consulta vecinal sobre la presencia de la minera Majaz en la zona.
Al respecto, el secretario técnico de Transparencia, Percy Medina, sostuvo a Correo que su organismo “no promueve ni apoya la consulta”.
“Esta consulta vecinal no tiene ningún efecto legal. La gente que va a ir a votar no va a decidir absolutamente nada. Lo importante es que exista un diálogo entre los actores, y para eso es necesario preservar desde ahora las bases para ese diálogo”, dijo.
Diario El Correo – Lima 14/09/2007
GOBIERNO EVALÚA ACCIONES LEGALES CONTRA RADIO CUTIVALÚ
Estación podría ser demandada por censurar spot sobre consulta popular en Piura. Emisora exige disculpas
En los últimos días, las radioemisoras han resultado un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Tanto así que el premier Jorge del Castillo adelantó que se viene evaluando iniciar acciones legales contra Radio Cutivalú por censurar un spot del Ministerio de Energía y Minas (MEM) respecto de la consulta popular que se llevará a cabo en Piura.
“Esto constituye probablemente un delito. Estamos estudiando (iniciar acciones legales). Lo que sí creo es que han cometido un hecho censurable. Han censurado un aviso del Estado, han transgredido la libertad de expresión. Ellos no tienen derecho a censurar”, dijo en diálogo con una emisora local.
Sostuvo que si en la radio estatal o en cualquier radio privada se hubieran negado a transmitir un aviso de alguna ONG a favor de la consulta en Piura, se hubiera dicho que es una violación a la libertad de expresión. “Pero como es una radio de una ONG que favorece la posición antiminera, se la quiere pasar por agua caliente”, denunció.
EXIGE RECTIFICACIÓN
Por su parte, el director de Radio Cutivalú, Rodolfo Aquino, exigió al Premier una “rectificación” tras acusarlos de “censura” por no trasmitir el spot del MEM.
En ese sentido, Aquino propuso al funcionario iniciar un diálogo para superar el impasse y lo invitó a la radio para debatir la próxima “consulta popular” en el Alto Piura.
Aquino también denunció haber recibido amenazas anónimas a través de su celular, así como desde páginas de internet, por lo que exigió se le concedan garantías personales.
Finalmente, el periodista dejó abierta la posibilidad de transmitir el spot del MEM “sin cobro alguno”.
MAS DATOS
El presidente regional de Piura, César Trelles, afirmó que las ONG antimineras influyeron en la “censura” que Radio Cutivalú impuso al spot del MEM y consideró viable que se aplique sanciones a la radioemisora.
Diario El Correo – Lima 14/09/2007