DEL CASTILLO CRÍTICA A UPP Y NACIONALISMO

“VIVEN EN LA EDAD DE PIEDRA”

El premier Jorge del Castillo salió en defensa del proyecto de ley del Ejecutivo que declara de interés nacional 20 proyectos mineros en el país y acusó a un sector de la oposición de querer el fracaso del gobierno.

“Hay congresistas que por razones ideológicas están en contra del desarrollo y del éxito del gobierno, y quieren vivir en la edad de piedra”, dijo en alusión a algunos congresistas de UPP y del Partido Nacionalista.

Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, explicó que la propuesta del Ejecutivo busca enviar una señal “clara y positiva” para el desarrollo de mayores inversiones en una etapa en que los precios de los minerales se encuentran en alza.

Asimismo, descartó que este proyecto implique la expropiación de tierras de los comuneros que viven en el área de influencia del proyecto Río Blanco, de la minera Majaz (Piura), ni la evasión de normas ambientales.

Diario El Correo – Lima 16/10/2007

MINERÍA-PERÚ:

GOBIERNO PIDE BENEFICIOS LEGALES PARA 20 PROYECTOS

Por Milagros Salazar

En plena escalada de conflictos por la explotación de minerales, el Poder Ejecutivo de Perú envió al Congreso legislativo un proyecto de ley para declarar de interés nacional 20 proyectos mineros.

Representantes de las comunidades campesinas que viven cerca del yacimiento de Río Blanco, que intenta explotar la empresa minera Majaz en la norteña región de Piura, solicitaron el 11 de este mes al primer ministro Jorge del Castillo el retiro del proyecto de ley como condición para reiniciar el diálogo, puesto que ese es uno de los enclaves mineros que el gobierno busca proteger.

Pero Del Castillo respondió que ahora "todo está en manos del Congreso" que deberá aprobar o rechazar la iniciativa.

El lunes, en la primera sesión para debatir la iniciativa en la Comisión de Energía y Minas del Legislativo, representantes de cuatro partidos opositores pidieron a Del Castillo que retirara el proyecto.

La exposición del primer ministro no convenció a los parlamentarios opositores de Unidad Nacional, Unión por el Perú, Partido Nacionalista del Perú y Alianza por el Futuro. "Algunos quieren vivir en la edad de piedra", respondió Del Castillo.

El proyecto fue presentado para "dar una señal a la comunidad internacional de que en nuestro país se respeta la inversión minera", dijo el primer ministro, acompañado del ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Montoya Manrique.

El debate continuará en los próximos días. Mientras, los campesinos contrarios a Majaz dijeron a IPS que insistirán con su rechazo el 29 de octubre, cuando se instale la mesa de diálogo entre las comunidades, las autoridades locales y el gobierno en la ciudad de Piura.

Majaz, subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals cuyo paquete accionario es controlado por el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Development Consortium, mantiene una relación conflictiva con los campesinos desde 2002, cuando comenzó a realizar labores de exploración de cobre y molibdeno.

"No vamos a permitir que nos impongan la minería a toda costa. No entendemos cómo el gobierno quiere dialogar y al mismo tiempo quiere que se apruebe esta ley. Queremos que la retire del Congreso", dijo a IPS el presidente de las comunidades campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión.

El proyecto ingresó al Legislativo con carácter de urgencia en la última semana de septiembre, con el propósito de que pasara directamente a su votación por el pleno, evitando los debates en las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, según dijeron legisladores de Unión por el Perú (UPP).

Pero, tras la polvareda de críticas, tomó cartas en el asunto la Comisión de Energía y Minas, dijo a IPS uno de sus miembros, el parlamentario Juvenal Ordóñez.

El legislador y portavoz de UPP dijo que su bloque "no permitirá que el gobierno le haga creer al país que sólo la minería salvará a los peruanos. ¿Y por qué no defendemos así también a la agricultura?", preguntó.

"Esta ley no puede ser aprobada sin un debate previo en las comisiones porque así como está es inconstitucional debido a que no respeta el derecho de propiedad que tienen los comuneros", aseguró la parlamentaria de UPP, Marisol Espinoza.

La iniciativa deja la puerta abierta a que se incorporen "otros proyectos de inversión" bajo el rótulo de interés nacional, plantea que diferentes sectores del gobierno adecuen sus normativas a esta exigencia y se agilicen las fases de concesión, diseño, ejecución, planeamiento y construcción de explotaciones mineras.

"Incluso puede terminarse exonerando a las mineras del permiso que deben obtener de las comunidades campesinas para realizar actividades en tierras comunales. Habría una expropiación disfrazada", dijo a IPS el abogado Javier Jahncke, coordinador de la Mesa Técnica de Apoyo al caso Majaz.

El proyecto se suma a un paquete de medidas dispuestas por el gobierno de Alan García que han permitido flexibilizar las condiciones de operación de la industria minera.

El 10 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas publicó el decreto supremo O14-2007-EM que recortó las exigencias a los titulares de concesiones mineras para obtener autorización de los proyectos de exploración.

Ese mismo mes, el Ministerio de Agricultura aprobó el decreto 015-2007 modificatorio del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, impidiendo a los gobiernos locales designar áreas de conservación municipal para protegerlas de cualquier actividad que pueda dañar el ambiente, como la minería.

En julio, el Poder Ejecutivo se amparó en las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para luchar contra el crimen organizado, y declaró inimputables a los policías y militares que causaran lesiones o muertes "en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria" en medio del incremento de las protestas sociales.

Además, ordenó la inhabilitación de funcionarios públicos por participar en huelgas, precisamente cuando varias autoridades regionales se sumaban a manifestaciones ciudadanas contra explotaciones mineras.

Para Patricia Rojas, especialista en gestión de recursos hídricos y conflictos socioambientales del no gubernamental Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), el proyecto de ley del Ejecutivo "incentiva más conflictos sociales violentos debido a que va en contra de procedimientos legales que regulan la inversión, el control ambiental y el derecho de participación ciudadana".

La iniciativa fue presentada luego de conocerse que las poblaciones de las alturas de Piura rechazaron el proyecto Río Blanco en una consulta vecinal convocada por los municipios de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera.

Según el resultado del escrutinio, más de 90 por ciento de los votantes dijeron "No" a la actividad minera. A pesar de que la consulta no es vinculante, los campesinos esperaban que el gobierno central tomara en cuenta esos resultados.

"Por eso el gobierno ha querido dar una respuesta política ante los resultados de la consulta. Ha buscado tranquilizar a los mineros", dijo a IPS el abogado de las comunidades aledañas al proyecto Río Blanco, Quique Rodríguez.

Si bien el primer ministro Del Castillo ha negado que exista intención de expropiar a las comunidades de sus territorios, la iniciativa del Ejecutivo despierta desconfianza.

"Es un momento inoportuno para una ley así, una forma terrible de querer demostrar poder ante las protestas", sostuvo Jahncke.

Además de las autoridades del gobierno central, el Congreso también convocará a representantes de las Fuerzas Armadas para analizar proyectos mineros declarados de "interés nacional" y que se encuentran a menos de 50 kilómetros de la frontera, como Río Blanco.

La Constitución prohíbe la inversión de capitales extranjeros en áreas limítrofes, pero el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) promulgó un decreto supremo para exonerar de esa exigencia a Río Blanco.

www.ipsnoticias.net – Lima 16/10/2007

DEL CASTILLO SE PRESENTÓ EN CONGRESO

CONGRESISTA FABIOLA MORALES SOLICITA A PREMIER NO PROMOVER INVERSIÓN MINERA SIN REGLAS

Pide garantizar equilibrio hídrico en Ayabaca y Huancabamba

Según Presidente de Comando Conjunto inversión minera no afectaría seguridad.

Del Castillo promete respetar derechos ambientales

La necesidad de promover una inversión privada nacional o internacional que respete las reglas y las leyes ambientales en el país solicitó la Congresista Fabiola Morales Castillo, al Premier Jorge del Castillo Gálvez, quien se presentó la tarde de ayer lunes ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la Repùblica. El Premier fue citado a pedido de la parlamentaria para responder sobre el Proyecto Minero Majaz.

El Premier acudió al Congreso en compañía del Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero. También acudió el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Jorge Montoya Manrique.

La Congresista manifestó que el Gobierno debe preocuparse por garantizar se respete el equilibrio hídrico y los pàramos de la zona, que forman parte de la conocida “fábrica de agua” del lugar.

“Es un tema que no sólo debe preocupar como responsabilidad con esta generación, sino para futuras generaciones, de allí que es importante que el Estado se preocupe que las inversiones generen desarrollo y no, por el contrario, desastres”, dijo la Congresista, quien agregó que es un tema de vida y salud garantizar la producción limpia en los diferentes sectores productivos del país, lo que no significa –dijo- oponerse a la inversión.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La Parlamentaria también interrogó al Premier sobre el tema de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa minera. “Para eludir el tema siempre se señala que aùn no se està en fase se exploración o explotación, pero sí es clave e importante saber cuándo la empresa presentará el estudio de impacto ambiental porque hasta ahora, a pesar de que se pretende catalogar como necesidad pùblica (a través del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo) no se sabe claramente qué consecuencias ambientales tendrá el proyecto Majaz”, señaló y reiteró que cada vez que se pregunta por el estudio de impacto ambiental se dice que se trata de una exploración “cuando se sabe que lo que se pretende es la explotación”, comentó.

NO AFECTARÍA SEGURIDAD

A la sesión también acudió el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Jorge Montoya Manrique, quien fue invitado a responder si el Proyecto Minero Río Blanco, ubicado a 50 Km. de la frontera con Ecuador afecta o no la seguridad nacional.

A esta pregunta, Montoya respondió que se ha efectuado la inspección respectiva y que el mencionado proyecto no afectaría la seguridad nacional, por lo que “la opinión del Comando Conjunto es favorable. Además, no ha habido actividad militar en la zona”, señaló.

RESPETO A DERECHOS AMBIENTALES

Por su parte, al finalizar la sesión, el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, prometió respetar los derechos ambientales para la ejecución de este proyecto, así como continuar el diálogo respetuoso entre los involucrados.

Diario Regional de Piura – Piura 16/10/2007