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22 de octubre de 2007

MEM: COMUNEROS NO MALGASTARÁN DINERO DEL CANON MINERO




El Ministro de Energía y Minas (MEM), Juan Valdivia, negó que los comuneros de los distritos mineros malgasten los recursos del canon minero que se les entregarán directamente en virtud del proyecto de ley que el Ejecutivo envío al Congreso para su discusión y aprobación.

Como se sabe, el proyecto de Ley propone entregar directamente a los comuneros hasta un 35 por ciento del canon minero que recibe su distrito, pero que las entregas individuales por familia no deben superar los 6,000 mil soles al año, según Juan Valdivia.

“Estamos seguros que esos recursos no serán malgastados por los comuneros”, reiteró.

Lo que buscamos con esta medida, agregó, es que se eleve la calidad de vida de la población. “Actualmente no vemos que ello esté sucediendo”.

“Hay un buen desarrollo minero en el país, pero las poblaciones cercanas a los asentamientos mineros están en permanente conflicto porque ven que el beneficio del desarrollo minero no les llega, sobre todo en esta época de bonanza donde el canon está generando gran cantidad de recursos que se distribuye a través de los gobiernos regionales y locales”, opinó.

Dijo que la falta de capacidad de estas instancias gubernamentales para ejecutar diversos proyectos de inversión, o los problemas que tiene la administración pública para invertir estos recursos, hace que esa población se sienta insatisfecha.

El titular de Energía recordó que en otros países –a diferencia del Perú- las riquezas o los recursos que se encuentran en una determinada área son del propietario del terreno, mientras que aquí (en el Perú) el propietario de los recursos naturales es el Estado. “Esto genera fuentes de conflicto”, agregó.

En ese sentido, señaló, hemos pensado si hay tantos recursos en época de bonanza, que ese dinero (del canon minero) llegue directamente a esas comunidades, para que ellas puedan decidir qué hacer con esos recursos, o también puedan hacer satisfacer sus necesidades económicas personales y familiares.

Refirió que los recursos que reciben los distritos productores de la minería son sumamente altos. A manera de ejemplo comentó que el distrito de San Marcos –donde está ubicada Antamina- tiene en sus cuentas corrientes 200 millones de soles y no sabe cómo gastar, y este año espera recibir unos 300 millones de soles, estimó.

Conviene precisar que el 50 por ciento del Impuesto a la Renta que paga la empresa minera va al canon minero. Del 100 por ciento del canon minero, un 50 por ciento va al Gobierno Central y el otro 50 por ciento se reparte de la siguiente forma: un 5 por ciento va al distrito de explotación minera, un 13 por ciento a la provincia de explotación mineras, 20 por ciento al departamento de explotación minera y un 13 por ciento al Gobierno Regional de explotación minera.

Diario Panorama – Cajamarca 22/10/2007










RECHAZAN PROYECTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CANON MINERO A TRAVÉS DE CHEQUES FAMILIARES




Expertos consideran que la propuesta es populista. Gobierno dice que beneficiará en forma directa a un millón de habitantes.

Por Carolina Martín.

Expectativa. Los pobladores de las zonas deprimidas del país esperan que este proyecto sea aprobado en el Congreso. Sin embargo, muchos especialistas y congresistas quieren que la iniciativa no prospere porque la consideran "populista".

Tanto el Ejecutivo como los expertos en descentralización coinciden en afirmar que la distribución actual del canon minero no es equitativa. De hecho el 3% de los municipios del país perciben el 50% de las transferencias, mientras que el 97% restante recibe la otra mitad.

Las diferencias de opinión surgen, sin embargo, en cuanto a la mejor forma de reducir esa brecha. Es ahí que el gobierno asegura que la solución radica en la transferencia directa del 35% del canon destinado a las municipalidades distritales (el 10% del 50% que corresponde a las regiones) a través de cheques familiares no mayores de S/. 6 mil. Y con este fin ha enviado con urgencia al Congreso un proyecto de ley que modifica el canon actual.

Las opiniones en contra no se han hecho esperar. Eduardo Ballón, investigador del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo (Desco), califica la propuesta de "barbaridad" y de "populista", pues considera que no hay ningún estudio técnico que demuestre la viabilidad de la propuesta gubernamental.




INCAPACIDAD DE GASTO




"El argumento que usa el gobierno para entregar directamente los recursos a las familias pobres está vinculado a la incapacidad de gasto que tienen los municipios y los gobiernos regionales. Pero esa misma falencia la tiene el gobierno central. La tuvo el 2004, el 2005, el 2006 y en el 2007 no avanza todavía con el famoso shock de inversiones con el cual ya hizo el ridículo el año pasado", dice.

El antropólogo también propone que la redistribución se haga, pero del 50% que recibe el gobierno, y pide que se establezcan calendarios de trabajo que no obliguen a gastar "compulsivamente" el canon en un año fiscal, como hasta ahora.




NUEVA DISTRIBUCIÓN DEL CANON PRPUESTA POR EL GOBIERNO




De similar parecer es el presidente de la Comisión de Descentralización, Juan Carlos Eguren, quien cree que el proyecto es "efectista" y constituye una estrategia rara que trata de ganar la confianza de la población por la bonanza minera. Pero lo hace de forma equivocada, que es "comprando conciencias".

Eguren denuncia asimismo que el gobierno ya estaba publicitando a través de la televisión la medida a pesar de que esta aún no ha sido aprobada por el Parlamento. "Y no creo que eso suceda nunca, no he escuchado aún a un solo congresista que esté de acuerdo", afirma.

La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), por su parte, ya ha realizado, un informe técnico en el que califica la "ley que modifica la distribución del canon minero" (1702/2006-PE) de "abusiva e inconstitucional", pues según el artículo 77 de la Carta Magna "corresponde a las respectivas circunscripciones" recibir una participación por concepto de canon, siendo las mismas los gobiernos regionales y locales.

Algo corroborado –según dicho informe– por la sentencia 0048-2004-AI del Tribunal Constitucional (de abril del 2005), que conceptúa el canon "como el reconocimiento del derecho que les asiste a los gobiernos locales y regionales para recibir una porción de lo recaudado en beneficio de su comunidad", no de manera familiar.


MÁS DE UN MILLÓN


El Ejecutivo, en tanto, asevera que más de un millón de personas que habitan en distritos donde existe explotación minera se beneficiarán con la entrega directa de recursos del canon minero, y que la medida no es "asistencialista" pues el cheque es anual y no mensual, como el que reciben los beneficiarios del programa gubernamental "Juntos". La entrega se haría a través del Banco de la Nación (BN).

Parece que en esta ocasión ni siquiera los empresarios –salvo algunas excepciones– respaldan el proyecto. PeruCámaras ya advirtió que la nueva distribución del canon desnaturaliza su función.

De momento el texto fue remitido el jueves a la Comisión de Energía y Minas que es –al menos de momento– la única que lo va a evaluar antes de su posible discusión en el Pleno del Congreso.


CANON MINERO


QUÉ ES. Es la distribución efectiva que hace el Estado de los ingresos y rentas pagados por las empresas mineras. Está compuesto por el 50% del Impuesto a la Renta y su distribución se realiza en las localidades donde se explota el mineral.

EN CASCADA. La distribución se realiza "en cascada" partiendo desde el distrito productor (10%) hacia todos los distritos de la región.

Diario La República – Lima 22/10/2007









CONCESIONAN MICHIQUILLAY PESE A OPOSICIÓN DE COMUNEROS



Escrito por Prensa Conacami




Pese a los cuestionamientos y oposición de una gran parte de la población de Michiquillay, ubicada en el distrito de La Encañana, en provincia de Cajamarca, el pasado 30 de abril el gobierno central, haciendo gala una vez más de su actitud autoritaria en contra de los intereses de las comunidades indígenas y campesinas, otorgó en concesión el proyecto minero Michiquillay a la empresa inglesa Anglo American Service (UK) Limited.

Y es que para conseguir su propósito el régimen aprista se valió del permiso otorgado por la supuesta directiva de la Comunidad Campesina de Michiquillay, la misma que no tiene el respaldo mayoritario de los comuneros por estar conformada por personas que no viven en la zona.

Según Mercedes Saucedo Ríos, presidente del del Comité Especial de Autodefensa de la Comunidad Campesina de Michiquillay, los integrantes de la seudo dirigencia comunal son descendientes de comuneros que se trasladaron hace mucho a otros pueblos, por lo tanto no se les reconoce como habitantes del lugar.

Esto mismo, manifiesta, se repite en el padrón de pobladores que maneja la cuestionada dirigencia, puesto que muchos de los inscritos habitan en otros lugares y no en la comunidad.

El dirigente campesino recordó que para que a un habitante del lugar se le reconozca su condición de comunero debe demostrar que vive en la zona al menos 5 años, asimismo que se dedica a actividades como el agro o la ganadería, requisitos que la directiva que preside Luis Casahuamán, no tiene en cuenta al momento inscribir a las personas en la nómina.

Agregó que la aparición de estas personas se dio justo cuando se conoció del interés del gobierno central de privatizar el proyecto minero, es decir cuando se supo que habría gran cantidad de dinero de por medio.

Estas irregularidades al interior de la comunidad fueron dadas a conocer en su debido momento a las autoridades del gobierno central, tanto de parte de los propios comuneros como el Juez de Paz de Michiquillay, Absalón Sánchez Salazar, quien advirtió a las autoridades de los problemas que se originarían por la licitación del proyecto minero.

En un intento por legitimar la privatización del proyecto minero el gobierno se reunió con los comuneros que desconocen a la directiva de Luis Casahuamán, para que estos accedan a otorgar la licencia social.

Pero las reuniones con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, no resultaron satisfactorias. Los pedidos de para que ProInversión deje de incentivar la división de la comunidad y que el gobierno conforme un equipo técnico para evaluar el tema del agua en la zona, no fueron escuchados.

Los intentos del gobierno ahora están centrados en tratar de convencer a la población en que las actividades agropecuarias de la zona no serán perjudicadas por la explotación minera.

Para ello, viene publicitando la inversión de al menos 200 millones de dólares en el distrito de La Encañada producto de la privatización del proyecto minero, gran parte – como siempre se anuncia y no se cumple – sería destinado a las comunidades de La Encañada y Michiquillay.


LO QUE NO SE DICE


En los últimos meses la atención en el proyecto minero Michiquillay, más allá de su privatización, estuvo centrada en el divisionismo que habría al interior de la comunidad donde se ubica el yacimiento, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado sobre el problema de fondo y que es el que más preocupa a los pobladores de la zona.

Se trata de la preocupación por la posible contaminación ambiental, en especial de las aguas del río Michiquillay cuando se inicien los trabajos de explotación.

Al respecto, Mercedes Saucedo Ríos presidente del Comité Especial de Autodefensa de la Comunidad Campesina de Michiquillay, recordó que el río que lleva el mismo nombre que la comunidad es una de las últimas fuentes de agua que tienen en Cajamarca.

Señaló que produce el 40% de agua para el distrito que es utilizada principalmente para el consumo humano y las actividades agropecuarias; al explotarse, se perjudicaría a las fuentes de agua que benefician a 6 cuencas: Grande - Chonta, Tambomayo, Quispa, Encañadino y Sendamal. .

El dirigente campesino recordó que durante los trabajos de exploración se produjeron serios daños al medio ambiente, los cuales que fueron reconocidos por el propio Ministerio de Energía y Minas (MEM), instancia que manifestó la necesidad de remediar los mismos.

Entre los problemas originados durante los trabajos de exploración se encuentran la generación de residuos sólidos: mineral y desmontes localizados en rumas y en la pista del aeropuerto, botaderos de desmontes de mina y relaves mineros, aguas ácidas y contaminación de suelos, así como drenajes ácidos que fluyen de la bocamina hacia el río Michiquillay.

También se reconoció la erosión de suelos productos del desborde de la laguna artificial construida para el suministro de agua para las perforaciones.

Además, en el campamento minero se detectó gran cantidad de materiales y reactivos químicos expuestos al aire libre, los que estarían debidamente inventariados e identificados, para que sean manejados debidamente.

Estas son las razones por las que los comuneros, a través de sus dirigentes, han expresado en reiteradas ocasiones su oposición al proyecto minero, pues temen que estos daños originados durante la exploración terminen siendo fatales durante la etapa de explotación.

Frente a esto, esperan que el gobierno respete la libre determinación de la comunidad a elegir su modelo de desarrollo, derecho que les otorga el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo, en su calidad de Comunidad Indígena Campesina.

Recordaron que esa norma establece que: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

Los comuneros reiteran que no se oponen a las inversiones en el país, pero aclaran que estas no deben atentar contra los derechos de las comunidades.


ALCALDES DE LA ENCAÑADA Y NAMORA SE SOLIDARIZAN CON COMUNEROS


La privatización del proyecto Michiquillay no sólo ha causado malestar entre los comuneros, también las autoridades municipales de los distritos de La Encañada y Namora han elevado su voz de protesta.

Lifoncio Vera Sánchez, alcalde de La Encañada, rechazó la actitud del gobierno del presidente Alan García por no tomar en cuenta las opiniones de la comunidad y sus autoridades al momento de vender Michiquillay.

Añadió que en vista que el gobierno viene actuando sin consultar a los directamente afectados, el se pondrá del lado de los comuneros para defender sus derechos. El burgomaestre se declaró públicamente como defensor del pueblo, de la vida y del medio ambiente.

Finalmente informó que en las próximas semanas su municipio emitirá una Ordenanza Municipal para la realizar la demarcación territorial del distrito para determinar donde se debe y no hacer minería.

Mientras tanto, el alcalde del distrito de Namora, José Briones Álvarez, expresó que no permitirán que se imponga abusivamente la explotación minera en Michiquillay.

Briones Álvarez afirmó que adoptarán medidas de fuerza de manera pacífica para que se escuche los reclamos de los pobladores. Se mostró confiado en que en lo sucesivo se sumen más personas a estas causas.

Asimismo, afirmó que si el gobierno apoya verdaderamente al desarrollo que lo haga destinando fondos a la agricultura y la ganadería, actividades, que son las actividades productivas que se desarrollan en la zona.

www.conacami.org – Lima 22/10/2007