MESA DE DIÁLOGO POR CASO MAJAZ SE INSTALA HOY CON TODOS SUS ACTORES
Controversia por marginación de Frente por el Desarrollo.
Luego de varias idas y venidas, por fin se sentarán a conversar hoy representantes del Ejecutivo con las autoridades que rechazan el proyecto minero Majaz, en Piura.
Anteriormente hubo conversaciones, pero se vio desnaturalizada por las ausencias de los alcaldes de Pacaipampa, El Carmen de
La instalación de la mesa de diálogo está prevista para hoy en la mañana en la sede de la universidad de Piura y se espera contar con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.
El pasado 12 de octubre el Ejecutivo dispuso la suspensión temporal de Majaz ante los cuestionamientos de las comunidades sobre la legalidad y el impacto ambiental del proyecto Río Blanco.
Asimismo, el Frente por el Desarrollo Sostenible de
De lo que además se quejaron las autoridades locales fue que el referido frente tendrá opinión pero no voto en la mesa de diálogo.
Diario
BUEN ROMANCE. UN JURADO QUE TOMA PARTIDO
Carlos Reyna.
El actual Jurado Nacional de Elecciones no está siendo todo lo imparcial que debiera ser. Peor aún, hay casos en que se le advierte más atento a las expectativas gubernamentales que a lo que mandan las leyes.
Un caso ha sido el pedido de referéndum para que ver si el Estado devuelve su dinero a quienes hicieron aportes al recordado FONAVI. Naturalmente, ni al gobierno anterior ni al actual les ha gustado la idea de que haya una votación popular sobre eso. Demasiada democracia, dirían.
El Jurado rechazó la solicitud de referéndum alegando impedimentos constitucionales. Los promotores de la consulta recurrieron al Tribunal Constitucional. El TC ha sentenciado anulando las resoluciones del JNE y, de paso, ha demostrado poca seriedad y enorme inconsistencia. El fundamento del Jurado para rechazar el pedido de referéndum fue un oficio del entonces primer ministro Kuczynski, gran autoridad constitucional.
Otro caso ha sido el de la consulta vecinal impulsada por tres municipios piuranos respecto al proyecto minero Majaz. Como se sabe, el actual gobierno hizo una agresiva campaña contra la consulta. Y el JNE se alineó por completo.
El Jurado sostuvo la tesis de que una votación vecinal que aspiraba a expresar la opinión de los ciudadanos, era inconstitucional. En realidad, lo que chocó con el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la participación política era la peregrina tesis del JNE.
Lo más grave es que el Jurado procedió a denunciar judicialmente a los tres alcaldes. Esas tres autoridades elegidas por voto popular fueron procesadas judicialmente por haber llamado a que sus vecinos opinen a través del sufragio. De hecho, si alguna bancada parlamentaria se percatara de que aquí hay una agresión a un derecho fundamental de los ciudadanos podría ser el Jurado quien se gane una merecida acusación constitucional.
El tercer tema en el que se le nota el fustán cortesano al JNE es el proyecto de reforma constitucional para instaurar el voto facultativo. Este es un proyecto harto discutible pues, si se aprueba, puede dar lugar a peligrosos niveles de ausentismo. Pero lo promueve la bancada aprista, pues cree que su partido sería el menos afectado por ese ausentismo. Un caso en el que el interés de facción prima por sobre el interés del sistema político. Y nuevamente, portavoces del Jurado expresaron su acuerdo con la idea.
Dado el carácter intensamente controversial del proyecto y el fuerte debate a que dará lugar, lo más apropiado para el Jurado era mantener discreción y no salir a respaldar a uno de los puntos de vista. Pero es evidente que hay algo que lo impulsa a agradar más de la cuenta a las esferas oficialistas. Tiene que ver con el apoyo que el gobierno, a su vez, ha dado al JNE para su pretensión de desaparecer a
Diario
PROMOVAMOS
Cecilia Chacón De Vettori (*)
Después de crecer durante varios años más rápidamente que el PBI nacional, el PBI minero creció apenas 0,9% el 2006 y se estima que caerá en 1% el 2007. Ello en circunstancias en que el crecimiento del PBI nacional se acelera, habiendo alcanzado 8% el 2006 y pudiendo llegar a 7,5% el 2007.
El país todavía no ha tomado conciencia de esta caída de la producción minera y, sobre todo, de las causas de la misma: la virtual paralización de las nuevas inversiones en los últimos años, a pesar de la existencia de importantes prospectos mineros a lo largo y ancho del país. Nadie parece entender cómo el Perú es ajeno al auge de inversiones mineras en circunstancias en que lo altos precios deberían estimularlas. Aquí sólo se habla de lo mucho que están ganando las empresas mineras, lo que es verdad, pero muy poco de cómo se reduce la base productiva de la minería.
La nueva inversión minera ha sido bloqueada por poblaciones que desconocen que los recursos naturales son patrimonio de la nación y que el Estado otorga derechos para ubicarlos (la exploración) y desarrollarlos. Poblaciones que consideran, porque esa es la única información que han recibido, que el desarrollo minero va a frenar el desarrollo agrícola y que, por tanto, es imprescindible impedirlo. Poblaciones que consideran que oponerse a la actividad minera, incluso en su etapa de exploración, es de vida o muerte para ellas, como podemos apreciarlo en Río Blanco y otros lugares del país.
¿Puede alguien pensar que esta situación puede superarse con una ley que dice que hay que agilizar el desarrollo de 20 ó 30 proyectos mineros? Sólo quien no conoce la industria minera moderna, el mundo campesino ni, por supuesto, la medida en que éstos consideran que la minería puede afectarlos.
El arraigo de este pensamiento es el resultado de muchos años de inacción por parte del Estado y de campañas antimineras de terceros. De la incapacidad del Ministerio de Energía y Minas para explicarles a los campesinos que la minería y la agricultura pueden coexistir; que la actividad minera puede incluso beneficiar a las poblaciones campesinas de múltiples maneras, llevándoles caminos, electricidad; esto es, modernidad e integración al mercado.
Esto es también la consecuencia de la inexistencia de autoridades capaces de sancionar drásticamente a quienes no cumplen con sus PAMA o sus EIA, así como de quienes contaminan. De autoridades incapaces de darles a los campesinos la seguridad y la garantía de que sus intereses no sólo van a ser protegidos, sino de que la presencia de la minería les abre nuevas oportunidades.
Por ello, no creo que la manera de promover hoy la inversión minera sea a través de una ley que propone agilizarlos. Los representantes de los departamentos mineros sabemos muy bien que no es posible agilizar una inversión por decreto.
En verdad, pretender acelerar uno o varios proyectos por ley resulta contraproducente –no simplemente inocuo– para el desarrollo de los mismos proyectos, pues da un mensaje equivocado a las empresas y a la población campesina. A las empresas, porque saben que éste no es el camino para agilizar un proyecto –y más bien podría frenarlo– y que por tanto van a suponer que el Gobierno no toma en serio el tema minero. A la población campesina, porque ella va a pensar que con un dispositivo legal de este tipo el gobierno pretende hacer tabla rasa de sus legítimas preocupaciones e intereses en materia social y ambiental.
De hecho, hemos visto ya cómo la población campesina que vive alrededor del proyecto Río Blanco ha expresado estos temores, lo cual no favorece evidentemente el diálogo que el propio Gobierno está impulsando. De modo que en lugar de generar confianza, que es lo que se requiere, estimula la desconfianza y la suspicacia; la creencia, aunque no sea cierta, de que el Gobierno tiene un doble juego.
¿Qué hacer entonces?
En la presentación del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Energía y Minas en
Les sugerí que, como parte de ese plan, el Ministerio de Energía y Minas refuerce sus diferentes áreas a fin de estar en condiciones de explicar a los campesinos que viven en las proximidades de un proyecto minero desde qué es una concesión hasta cómo el Estado controlará las actividades de las empresas y preservará el medio ambiente. En una palabra, que el Ministerio de Energía y Minas haga lo requerido para generar confianza en el Estado como promotor de la inversión y como guardián de los intereses más sentidos de la población local.
Planteé, también, que era esencial el desarrollo y el alineamiento de las instituciones del Gobierno Central, el gobierno regional y los gobiernos locales a efectos de apoyar el desarrollo de las inversiones y, al mismo tiempo, resguardar los intereses de la población.
A nivel de Gobierno Central, propuse que transformemos al Ministerio de Energía y Minas en una entidad pública que promueva efectiva y realmente la inversión minera y que se cree de una autoridad autónoma que garantice escrupulosamente la preservación ambiental; una entidad que coordine estrechamente su trabajo con los gobiernos regionales y municipales, evitando superposición de funciones y transmitiendo el mismo mensaje tanto en materia de promoción de la inversión como de control y preservación ambiental.
¿Cómo pueden los promotores de este proyecto de ley, que verdaderamente no conocen ni la industria minera ni el mundo campesino, pretender agilizar el proyecto Río Blanco, por ejemplo, si las comunidades campesinas se oponen hoy a este proyecto?
En este caso, no sólo no es posible agilizar la inversión, sino que se debe partir desde cero, ante todo explicándoles a los comuneros que los recursos naturales son patrimonio de la nación y que el Estado promueve su explotación en beneficio del país, pero que ésta se realizará siempre teniendo en cuenta sus preocupaciones y resguardando sus legítimos intereses. Pero además, será indispensable explicarles que la agricultura y la minería moderna pueden convivir perfectamente y que esta última puede traerles, además de empleo y salarios, recursos para carreteras, electrificación y, en general, favorecer la modernización de sus economías.
También podemos preguntarnos si es posible acelerar el desarrollo de Michiquillay, cuyos derechos fueron adquiridos por Anglo American, una de las tres compañías más importantes del mundo, a través de una ley que declara que la inversión debe agilizarse. Es más, conociendo las prácticas que sigue esta empresa en todas sus operaciones a nivel mundial, es claro que ellos saben que no pueden agilizar por ley los procesos sociales.
Pero sí se puede avanzar adecuadamente en el desarrollo del proyecto, sin que se detenga en el camino, si el Ministerio de Energía y Minas está realmente presente en la zona trabajando al lado de los campesinos; si la autoridad ambiental establece mecanismos de participación ciudadana, de monitoreo conjunto y garantiza de esta manera que los intereses de la población no serán afectados.
Para terminar
Claro que estoy a favor de la inversión y el desarrollo minero. Lo he estado siempre. Esa ha sido la posición que he manifestado en todo momento. Esa es también mi convicción más profunda.
Pero es justamente por eso que no estoy a favor de un proyecto de ley que pretende agilizar lo que no es "agilizable", y que probablemente ha sido elaborado por personas que no conocen la industria minera ni la realidad campesina de nuestro país.
Por ello es que planteo la urgencia de fortalecer tanto las instituciones de promoción de la inversión, como aquellas encargadas, por cierto de manera independiente, del control ambiental y de la preservación de la vida y la salud de las personas.
Por ello también sostengo que quienes queremos promover verdaderamente la inversión minera hemos votado por el archivamiento de un proyecto de ley que pretendía agilizarla por decreto, dando un mensaje equivocado a empresarios y campesinos.
(*) Congresista de
Diario
MESA DE DIÁLOGO SOBRE
Los comuneros pidieron al Ejecutivo un informe sobre la situación legal de la compañía y el Gobierno Regional se retiró hasta que se solucione la demanda
La mesa de diálogo que se instaló en el distrito de Eduardo Villanueva, provincia de San Marcos (Cajamarca), para evaluar los trabajos de exploración de la minera Miski Mayo fue suspendida debido a que los comuneros exigieron al Ministerio de Energía y Minas (MEM) un informe sobre la situación legal de la compañía brasileña en la zona ya que -según dijeron - no tendría la autorización para operar en este lugar.
Ante tal pedido, el Gobierno Regional de Cajamarca, que participa como intermediario y facilitador del diálogo, optó por retirarse hasta que los representantes del Ejecutivo solucionen la demanda de los campesinos.
"La reunión se venía realizando con normalidad, pero ante la posición de la comunidad, ya no había nada más que hacer y optamos por retirarnos, encargando al Ministerio de Energía y Minas resolver el pedido de la población", señaló el presidente regional, Jesús Coronel Salitrosas.
La autoridad regional refirió a la agencia Andina que una vez resuelto el asunto legal de la minera, "programaremos una nueva reunión de la mesa de diálogo, esa es la propuesta de los comuneros que ha sido aceptada por las autoridades en la reunión".
Señaló que existe un gran sector de la población que rechaza la actividad minera en la zona, porque temen ser contaminados.
Coronel indicó que si la presencia de la minera Miski Mayo es ilegal, "no tendría sentido seguir hablando sobre este tema y, por lo tanto, tendrá que retirarse de la zona". No obstante, si el informe del MEM indica lo contrario, el Gobierno Regional de Cajamarca seguirá participando como intermediario y facilitador del diálogo para resolver este problema.
"Sería un mal precedente ahuyentar a las inversiones sin antes haber realizado un estudio que determine si habrá o no contaminación. Nosotros estamos a favor de los inversionistas, pero con responsabilidad social y cuidado ambiental", remarcó.
Ante ello -dijo - la propuesta de la administración regional es realizar los estudios técnicos para determinar si existe tal riesgo. "Que quede claro que jamás permitiremos actividad minera en zonas que pongan en riesgo la salud de los habitantes, la agricultura, la ganadería y el turismo", agregó.
La mesa de dialogo se suspendió en la víspera. La policía tuvo que intervenir para proteger a las autoridades del ambiente hostil y de los insultos constantes de los más de 600 comuneros presentes en
Participaron en la reunión representantes del gobierno regional, la minera Miski Mayo, gobernación, direcciones regionales de Energía y Minas y Agricultura. Asimismo, integrantes del Consejo Nacional del Ambiente, del Instituto Nacional de Recursos Naturales, los alcaldes de la zona y los dirigentes del valle Condebamba.
Diario El Comercio – Lima 29/10/2007
LAS EMPRESAS MINERAS DIERON S/. 3 MLLS PARA REHABILITAR CARRETERAS
El aporte voluntario para las autopistas tendrá un impacto en 43 mil familias en la región
Trujillo (Andina).- Con un aporte voluntario de tres millones de soles por parte del Grupo Regional Minero
Las empresas Pan American Silver, Compañía Minera Poderosa, Consorcio Minero Horizonte S.A., Minera Aurífera Retamas S.A., y Corporación Minera San Manuel, hicieron posible la donación para mejorar la infraestructura de la referida vía que beneficiará a más de 43 mil familias de la provincia de Pataz.
"Esta es una demostración de cómo el Estado, la sociedad civil y las empresas pueden trabajar juntos para el desarrollo, me siento contento que la idea del Presidente García se está haciendo realidad, de hacer que las empresas que invierten en el país también se comprometan en su desarrollo" dijo el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia.
El aporte voluntario de las mineras, que es aparte de las obligaciones tributarias, asciende a 518 millones de soles para el presente año, y hay un compromiso de un aporte no menor de 2,500 millones para los próximos cinco años, recordó el ministro Valdivia.
El titular de la cartera de Energía y Minas descartó que se suban las tasas de tributos a las empresas mineras. "Como dijo el Presidente García, por qué le vamos a sacar más a los mismos, hay que promover la inversión para que sean más los contribuyentes y se pueda fortalecer el desarrollo nacional", añadió.
Recordó que hay 20 proyectos mineros importantes en todo el país que garantizan una inversión de casi 14 mil millones de dólares en los próximos cuatro años, los cuales están en etapa de exploración, estudios de factibilidad y otros están construyendo las minas.
Las obras de rehabilitación de las carreteras en
El financiamiento de los trabajos de rehabilitación se realizó en el marco del Programa de Solidaridad con el Pueblo - Aporte Voluntario Regional, y el primer tramo puente Pallar hasta el puente Chagual de
Por su parte, el presidente regional de
"Vamos a lograr el desarrollo sostenible de estas comunidades que reclaman no solamente la presencia del Estado, sino de todos aquellos que trabajan en la zona, que se benefician con la explotación de recursos naturales y, al mismo tiempo, que se comprometan a mejorar las condiciones de vida de esta población" dijo el ministro Valdivia. "El aporte voluntario beneficia a los departamentos donde se desarrolla la minería, y abre la posibilidad de que estos pueblos piensen lo beneficioso que resulta el desarrollo minero en el país", agregó.
Diario El Comercio – Lima 29/10/2007