ORGANIZACIÓN RECONOCE AVANCES

OXFAM: RESPONSABILIDAD SOCIAL SOLO EXISTE EN LA GRAN MINERÍA

Grandes empresas destinarían a este fin entre el 5% y 10% de su presupuesto. Minerías pequeñas y medianas todavía consideran el tema un sobrecosto.

Por Manuel Marticorena Solís

El principal financista de varias ONG que han mostrado una abierta oposición a la actividad minera, Oxfam, publicó un informe elaborado en conjunto con Social Capital Group, en el cual considera que la mayoría de empresas de la gran minería viene aplicando de forma conveniente políticas de responsabilidad social empresarial en el Perú. Esto resulta sorprendente, si se considera que Oxfam ha sido sumamente crítica frente al papel que ha tenido la minería en la economía de las comunidades.

Según el informe, en términos generales el escenario es positivo, debido a que existen diversas empresas abocadas a desarrollar políticas de gestión responsable frente al medio ambiente (uso de tierras), la sociedad (empleo, salud y bienestar) y otros grupos de interés. Estas, principalmente son --señala el documento--, de capitales extranjeros o mixtos, las que destinan entre el 5% y 10% de su presupuesto a la gestión social.

Javier Aroca, coordinador regional del programa de industrias extractivas de Oxfam, explicó que este avance se debe a que la mayoría de transnacionales que se desempeñan en el país han suscrito acuerdos internacionales relacionados a la responsabilidad social empresarial, como los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos (firmado entre las ONG, gobiernos y empresas mineras) y el pacto mundial de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), cuyo fin es que las empresas se comprometan con diez principios de desarrollo sustentable.

Al respecto, Aroca señala que la sujeción de las mineras a este tipo de políticas ha permitido que se reduzcan los conflictos sociales en las zonas donde operan. Resaltó el caso de Las Bambas (Apurímac), manejada por la minera de capitales suizos Xstrata, donde se realizan trabajos de desarrollo y diálogo social que preparan una posible explotación minera en la zona.

Asimismo, indicó que en el caso de La Granja (Cajamarca) la empresa minera Río Tinto, que obtuvo en concesión este proyecto el año pasado, se comprometió a desarrollar un año de intenso trabajo social antes de intervenir en la zona y explorar.

SIN EMBARGO...

Aroca indicó que si bien en la gran minería se han planteado políticas de responsabilidad social empresarial exitosas, no se tiene un panorama similar en el caso de la mediana y pequeña minería, muchas de ellas de capital peruano, "porque consideran el tema de la responsabilidad social como un sobrecosto, cuando esto no es así".

Gonzalo Quijandría, gerente de Comunicaciones de Compañía Minera Antamina, consideró que las empresas mineras invierten en responsabilidad social en función a sus resultados. Si una compañía es pequeña, la inversión social será menor.

Este año Antamina invirtió cerca de US$73 millones en sus programas de responsabilidad social (que incluyó el aporte voluntario), varias mineras no han sobrepasado el millón de dólares debido a que no tienen las dimensiones de Antamina.

Aroca indicó que no solo se trata de la inversión que hacen las empresas en responsabilidad social, sino que estas mismas deben apuntar a establecer políticas de buena vecindad con las poblaciones aledañas.

En ese sentido, sostiene que la finalidad del informe de Oxfam es intentar que cunda el buen ejemplo en la implementación de políticas de responsabilidad social. Sobre todo en la mineras junior y medianas, que no van más allá de lo que la ley les exige.

"Esto es una inversión", señaló Aroca, al indicar que en base a este tipo de políticas internacionales de responsabilidad social se pudieron haber evitado enfrentamientos como los ocurridos en Río Blanco o Majaz (Piura) o Casapalca (Lima).

NO A LOS FIDEICOMISOS PRIVADOS

El coordinador regional del programa de industrias extractivas de Oxfam, Javier Aroca, consideró que no es conveniente la transferencia de los fondos por fideicomisos generados por proyectos como Las Bambas, Camisea o Michiquillay a las empresas operadoras de estas concesiones.

Se debe indicar que el Gobierno ha considerado esta posibilidad debido a la lentitud en la utilización de estos recursos por parte de las organizaciones que los administran (Pro Inversión y los gobiernos regionales).

Aroca señaló que lo ideal es que continúe siendo el Estado el administrador de estos fondos. Indicó que cuando se establecieron estos fideicomisos (muchos de los cuales tienen como objetivo el desarrollo de proyectos sostenibles) se generaron mecanismos de aplicación difíciles de cumplir y que ha entorpecido su desembolso.

El representante explicó la necesidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales para que estos sean los administradores directos y los fondos tengan un real impacto en las poblaciones que se deben beneficiar de ellos, como es el caso de Apurímac (Las Bambas) y Cajamarca (Michiquillay ).

Diario El Comercio – Lima 13/12/2007