EL ZORRO DE ABAJO. RENTISMO MINERO Y CORRUPCIÓN

Sinesio López Jiménez

Hace más de seis años que la economía peruana crece en forma sostenida y es probable que siga creciendo en un futuro indeterminado que depende de la demanda internacional y del azar. En el 2007 el PBI ha crecido en 8.3 y entre el 2001 y el 2007 el ingreso per cápita casi se ha duplicado, bordeando los US$ 4,000, cifra que representa, sin embargo, dos tercios del ingreso per cápita de Uruguay y de Argentina y la mitad del ingreso per cápita de Chile. El crecimiento sostenido y el incremento del ingreso per cápita constituyen, sin duda, logros que, sin embargo, se encuentran limitados por las características del motor que arrastra los vagones de la economía, por la pésima negociación que realizan los gobiernos con las mineras sobre el monto de la renta que éstas deben dejar para el país y por el injusto reparto entre los peruanos de la renta obtenida. Si bien la minería muestra un mejor desempeño que el petróleo, no es el mejor motor para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido debido a la serie de limitaciones que presenta.

En primer lugar, son recursos relativamente agotables que, aunque proporcionaran al país una renta significativa, no cuentan con el tiempo económico necesario para la consolidación del desarrollo. En segundo lugar, la intensidad de la actividad minera y su rentabilidad depende de los vaivenes de la azarosa coyuntura internacional: los picos más altos de los precios de los minerales están estrechamente asociados a la guerra de Corea en los 50, a la de Vietnam en los 60 y 70 y a la de Iraq del 2001 en adelante. En tercer lugar, la explotación de la renta minera está en manos de corporaciones internacionales cuyo interés fundamental es, no el desarrollo del país, sino su propia ganancia. En cuarto lugar, la actividad minera no genera poderosos eslabonamientos internos (en la región y en el país) capaces de generar otras actividades productivas que puedan contribuir a un crecimiento sostenido, ni los gobiernos despliegan políticas que ayuden a generar esos eslabonamientos.

Estas limitaciones debieran obligar a los gobiernos a concentrar su fuerza, su imaginación y su capacidad de negociación en la obtención de la mayor renta posible. Revirtiendo las políticas de liberalización de los 90, los países de AL están revisando los contratos y los regímenes de impuestos para asegurar un mayor reparto de las ganancias extraordinarias que resultan de mejores precios o de mayor control sobre las ganancias sobre las industrias extractivas.

Pese a que los países de AL han negociado mejor que los países mineros y petroleros de Asia y África, el Perú y Colombia, de acuerdo con la investigación de Terry Karl, profesora de la U. de Stanford, son los países que se han mostrado más concesivos y dadivosos con las grandes corporaciones internacionales. Mientras Venezuela ha tomado un control mayoritario de las ganancias manejadas por las compañías extranjeras y ha dado a PDVSA un mayor reparto equitativo, Bolivia ha convertido los desfavorables contratos de producción en contratos de operación nacionalizando sus recursos de petróleo y gas, Chile ha renegociado e incrementado la renta imponible teniendo en cuenta la bonanza internacional y Argentina ha aumentado los impuestos sobre las exportaciones de gas de 20 a 45%, Colombia ha privatizado parte de Ecopetrol y ha reducido los impuestos a las industrias extractivas de 38.5% al 33% en 2008 y Perú ha pedido a las compañías mineras "contribuciones voluntarias" para el desarrollo social con la finalidad de eludir el incremento de los impuestos.

El proceso de negociación es distorsionado brutalmente por la corrupción de los gobernantes de turno. La falta de transparencia hace muy difíciles los repartos justos. En el Perú, los ingresos por impuestos provenientes de las minas fueron muy pequeños en los 90, pero entre 2000 y 2006, a medida que los precios subieron, el ingreso anual de los impuestos creció significativamente, sin que existiera negociación alguna, como en el caso chileno. Como bien ha señalado Stigliz, Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, sin embargo, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción.

Lo mismo sucede cuando, en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras, alegando el pretexto de violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir "contribuciones voluntarias" o cuando un titular del MEF propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan si se tiene en cuenta los altos precios de los minerales. La situación se torna más grave si se considera el injusto reparto de la renta: ¿a cuántos peruanos se les ha duplicado el ingreso anual entre el 2001 y el 2007 como sugiere el vertiginoso crecimiento del ingreso per cápita de los últimos seis años?

Diario La República – Lima 11/01/2008

NUEVO MINISTERIO DEBE FISCALIZAR MINERÍA

Especialistas dicen que Ministerio del Ambiente debe aprobar EIA y las sanciones a las empresas.

José Carlos Reyes.

Mirada sombría. Los niños llevan la peor parte de la contaminación de la lucrativa actividad minera.

Diversas críticas generó el proyecto presentado por la comisión del Poder Ejecutivo encargada de elaborar el proyecto de ley que creará el futuro Ministerio del Medio Ambiente (MMA), pues en él se le excluye la función de regular los álgidos temas mineros y energéticos.

En el proyecto de ley se fusiona el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y de Suelos (Pronamachcs) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Pero no contempla la fusión con la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros ni la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos, oficinas encargadas de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y que actualmente se encuentra bajo el control del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Para el especialista Carlos Alza, representante de la Defensoría Del Pueblo –la principal entidad que impulsó la creación de un MMA–debe ser justamente este nuevo ministerio el que tenga la función primordial de aprobar los EIA y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por toda empresa.

"La mayoría de conflictos sociales se deben a problemas ambientales. Este ministerio sería un contrapeso para los otros sectores que promueven inversiones", refirió.

Asimismo, indicó que para dar confianza a la población estas funciones podrían estar a cargo de Organismos Públicos Especializados (OPEs) –dentro del sector ambiental pero fuera del ministerio– para así evitar injerencias políticas.

Como el Ejecutivo señaló que este es solo un 'borrador' del proyecto de ley, la Defensoría del Pueblo esperará la propuesta formal para hacer llegar sus sugerencias.

Análisis

EL PROYECTO AÚN RESAULTA AMBIGUO

José de Echave

Eespecialista cooperacción

Resulta sorprendente esta propuesta del Ejecutivo, pues el eje central de la creación del nuevo Ministerio era que la función reguladora, fiscalizadora y sancionadora se debe transferir a un sector autónomo.

Además existen términos muy ambiguos, pues no queda claro si la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental estarán a cargo del Ministerio del Ambiente.

Continuar con el Osinergmin como ente fiscalizador no es el esquema más adecuado, pues su función principal es ser supervisor de los servicios públicos, y si bien la energía es un servicio público, la minería no lo es.

Con el nuevo ministerio, al parecer, el presidente solo quiere cumplir con los compromisos externos. Y se querría aprovechar las facultades legislativas del Ejecutivo para que la propuesta no se discuta en el Congreso.

Esperamos que este borrador se mejore a través de un debate alrededor de la propuesta. Se debe consultar a la Defensoría del Pueblo, a los sectores académicos y a las ONG especialistas para lograr la autoridad ambiental que el país necesita.

SUPERVISAR Y SANCIONAR

Otra propuesta que generó críticas fue que la fiscalización minero-energética continuaría a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Si bien para la Defensoría del Pueblo el Osinergmin no ha realizado una mala labor, sostiene que su función primigenia es la de supervisor de los servicios públicos, por lo que progresivamente las funciones de fiscalización y sanción deberán transferirse al Ministerio del Medio Ambiente.

El nuevo ministerio deberá establecer estándares de calidad ambiental del agua, aire y el suelo, para señalar los límites máximos permisibles que sirven para separar lo legal de lo ilegal, señala la Defensoría.

Diario La República – Lima 11/01/2008

VALDIVIA: SÍ HAY PRUEBAS CONTRA SAUCEDO RÍOS

MINISTRO DISCREPA CON INTENCION DE FISCALIA DE ARCHIVAR CASO QUE INVOLUCRA A ANTIMINERO

Su incomodidad por la posición asumida por el Ministerio Público (MP) que solicitó el archivamiento del proceso abierto contra el dirigente antiminero (ex Conacami) Mercedes Saucedo Ríos, (a) El Gato, expresó ayer el ministro de Energía y Minas (MEM)), Juan Valdivia.

En diálogo con Correo, aseguró que sí hay pruebas que acreditan que Saucedo Ríos fue promotor de los disturbios y daños ocasionados el 2006 en el campamento minero Michiquillay, que provocó millonarias pérdidas al Estado.

“Hay un parte policial que identifica al señor Saucedo como participante de esta toma. Lamentablemente la Fiscalía dice que hay falta de pruebas, pero yo me he comunicado con Activos Mineros S.A.C. y me dicen que han presentado toda la documentación necesaria en la demanda”, dijo.

Recordó que varias personas reconocen a Saucedo como la persona que “organizó la toma del campamento” e incluso un incendio en su calidad de dirigente de los comuneros.

“La decisión del fiscal, quien pide el archivamiento del caso, no es la última palabra. Además aún tiene otros casos pendientes en el juzgado mixto del Distrito de Baños del Inca”, sostuvo Valdivia.

MAS DATOS

El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, aseguró que su sector mantiene la postura de diálogo con los dirigentes de las zonas de explotación minera en el país.

Diario El Correo – Lima 11/01/2008

ACTIVOS MINEROS DESLINDA CON CASO DE ANTIMINERO

DICE QUE NO PARTICIPA EN PROCESO Y LE TIRA LA PELOTA AL MP

Activos Mineros S.A.C., empresa que supervisa los proyectos ambientales de Centromin, negó ser parte del proceso que enfrenta en el Juzgado Mixto del Distrito de Baños del Inca por disturbios el dirigente antiminero Mercedes Saucedo Ríos.

Ello en respuesta a la justificación que ofreció a Correo el fiscal Mixto del Distrito de Baños del Inca, Edgar Rebaza Vargas, quien aseguró que dicha empresa no cumplió con su compromiso para que los testigos declararan en el proceso a Saucedo.

“Activos Mineros S.A.C no es, ni ha sido parte en ningún proceso judicial contra el señor Mercedes Saucedo Ríos (.. ) por lo que causa sorpresa y malestar la afirmación del doctor Rebaza en dicho sentido (...),”, señala.

Aclara, asimismo, que “es obligación” del Ministerio Público investigar la comisión de delitos y de probar los hechos que se denuncian.

Diario El Correo – Lima 11/01/2008