INICIO DE AÑO NUEVO EN CAJAMARCA.
Paradojas y Desafíos Ambientales

P. Marco Arana Zegarra

El año 2007 terminó con múltiples noticieros transmitiendo imágenes de políticos, sus esposas, y comités de damas de empresas repartiendo regalos a niños campesinos que les agradecen cantando y bailando huaynitos. Son los mismos niños cuyos padres han sido acusados por el gobierno y cúpulas empresariales de ser los perros del hortelano, “enemigos del desarrollo”. Paradoja: “¿Herodes vestido de rey mago?”

Las dos últimas semanas de diciembre, decenas de familias campesinas de Porcón asistieron a dar sus declaraciones en el proceso judicial que se les sigue por haber protestado contra la desaparición de sus fuentes de agua debido a las actividades de Minera Yanacocha en setiembre. Treintaidós campesinos han sido denunciados y el juez exige el pago de una caución de 200 nuevos soles por cada campesino. Varios de ellos podrían terminar siendo encarcelados. Paradoja: “Yanacocha , la minera que cosecha agua dejó a decenas de familias campesinas sin agua”.

Después de tres semanas, el reconocido abogado Neptalí Sánchez, quien había defendido exitosamente a líderes ambientales y campesinos que protestaron contra Yanacocha, sigue preso en la cárcel de Huacariz por una pena judicial impuesta arbitrariamente por un juez que identificó los intereses de la Minera Yanacocha con los intereses del Ministerio Público. El Dr. Neptalí ya había sido sancionado con despido de su trabajo cuando trabajaba en la fiscalía el año 2006 por supuesta alteración de la hora de recepción en un documento. Yanacocha consideró que eso le perjudicaba y el juez de Baños del Inca dictó tres años de prisión e inhabilitación profesional. Mientras que los asesinos de Isidro Llanos siguen sueltos por la calle, lo mismo que el Ministerio Público archivó el caso de espionaje contra líderes ambientales realizado por FORZA y Yanacocha durante el 2006. Paradoja: “El Ministerio Público convertido en Ministerio Privado”.

Menos mal que como pequeña conjura contra las perversa paradojas, en las últimas semanas de 2007, se conoció un documento confidencial de Ministerio del Interior que hallaba responsabilidad de policías de Chiclayo por haber participado en complicidad con los agentes del operativo de espionaje contra líderes ambientales en Cajamarca y oficiaba a la Dirección Regional de Chiclayo imponga las sanciones disciplinarias correspondientes. ¿Se aplicarán las sanciones?

Durante todo el año 2007, los directivos de la ONG GRUFIDES se vieron amparados por una acción cautelar de Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA lo que implicó que la Dra. Mirtha Vásquez y el padre Marco Arana estuvieran bajo protección policial debido a las amenazas de muerte que había recibido de sectores vinculados a la Minera Yanacocha. Paradoja: “Los defensores de la vida y los DDHH amenazados de muerte”.

El año 2008 se inicia con expectativas de la creación de Ministerio del Medioambiente anunciado a fines de 2007 por el presidente de la república y también con enormes desconfianzas sobre los verdaderos propósitos y competencias que tendrá la nueva entidad. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería se ha pronunciado en contra y este gobierno ha mostrado abiertamente su alianza con ese sector, por lo que al final el Ministerio podría ser solo un ente decorativo sin mayores competencias, con escasos recursos económicos y conformado por personal susceptible de corrupción por parte de los pequeños grupos de poder. Paradoja: “¿Los impulsores de la depredación ecológica, creadores de Ministerio del Medioambiente?”.

Epílogo:

El año 2008 se inicia con el aviso público de una pequeña empresa minera en Bambamarca, cuyo registro no figura en el Ministerio de Energía y Minas, no da dirección legal ni se identifica ninguno de sus directivos. El aviso ha sido pagado para su publicación en el diario Panorama de Cajamarca (02-01-2008) en él, la fantasmal empresa pide investigación y destitución de las autoridades campesinas en el valle del Llaucano en Bambamarca por haberse opuesto “al desarrollo y la inversión minera”. ¿Será este el anuncio de los abusos que creen poder seguir perpetrando las mineras en Cajamarca? ¿Lo consentirán las organizaciones sociales y sus líderes?

En el distrito de Hualgayoc, Gold Fields está por iniciar su producción donde la gente quería minería. Esta empresa sabe que no puede darse el lujo de tirar por la borda todo ese respaldo social. Sin embargo, el tratamiento dado a alguna afectación de tierras abre un espacio de dudas.

En Cajamarca, Yanacocha probablemente volverá a intentar operaciones en el Cerro Quilish (como lo hizo en marzo y abril de 2007) y seguirá intentando adueñarse de las lagunas de Yanacanchilla como lo está haciendo al alambrarlas y restringir el paso por ellas, aprovechando la pauta de terror impuesta por el asesinato de Esmundo Becerra y de la impunidad obtenida en el asesinato de Isidro Llanos y el operativo de espionaje que realizó FORZA.

En el distrito de La Encañada, Angloamerican deberá probar su capacidad de construir viabilidad social en el proyecto Michiquillay, mientras el gobierno la ayuda criminalizando las protestas de sus opositores, aprovechado la división social existente y la ayuda de ex miembros de ONGs cuya actuación profesional es éticamente cuestionable.

En la provincia de San Marcos, Vale Do Rio Doce, la minera brasilera que contrató a delincuentes para amedrantar a las comunidades, seguramente buscará insistir en la creación de una mesa de diálogo que le sirva de cobertura a sus métodos delincuenciales y para ello intentará manipular la falta de claridad y de definición de la administración de gobierno regional sobre el caso y sus excelentes relaciones con la policía para seguir intimidando a las poblaciones campesinas opositoras.

En Chota, la Minera Río Tinto deberá concluir sus estudios de impacto ambiental y pasar a procesos de consulta y participación ciudadana, sabiendo que no le basta el apoyo condicionado de algunas autoridades ya que tiene la oposición mayoritaria de las ronda campesinas, la principal organización social de las provincias del norte de Cajamarca.

En la provincia de Santa Cruz, Minera La Zanja, del Grupo Buenaventura y Newmont buscarán abrirse paso sin haber esclarecido su responsabilidad en el asesinato del rondero campesino Juan Montenegro Lingán el año 2004 y contado con la oposición de numerosos alcaldes y todas las rondas campesinas de las provincias de San Miguel y Santa Cruz.

En el distrito de La Encañada, seguirá avanzando con perfil bajo una compañía canadiense en el proyecto minero El Galeno para luego anunciarse como un gran proyecto.

En el distrito de Chugur, Minera Tantahuatay del Grupo Buenaventura intentará seguir presionando el inicio de su proyecto utilizando a la policía, el Ministerio Público y el poder judicial para meter en la cárcel a las decenas de campesinos que desde hace más de dos años tiene denunciados.

En la provincia de Celendín, el proyecto Minas Conga de Yanacocha buscará seguir avanzando con perfil bajo (dijeron que cerraban oficinas y se iban, pero están avanzando en la construcción del proyecto), intentando beneficiarse de la campaña publicitaria de la siembra y cosecha del agua para disimular que la desaparición de varias lagunas causará importantes impactos en la preciosa provincia de Celendín.

Por último, al parecer, en las provincias de Bambamarca y Chota seguirá el caótico crecimiento de la minería formal e informal de la cal promovida por la demanda de las grandes empresas mineras como Yanacocha y Gold Fields. En la provincia de Cajabamba, la minería ilegal de Algamarca, seguirá contaminado los ríos y causando la muerte de niños y jóvenes, al amparo de la ineptitud o complicidad de las autoridades, la nula fiscalización ambiental de la Dirección Regional de Minería, de la Dirección de Salud de Cajamarca y del Ministerio de Trabajo y el rol de la mayoría de una prensa local mediocre que seguirá tendiendo cortinas de humo buscando culpables entre las organizaciones ambientalistas cuya capacidad de acción puede verse limitada ante la avalancha minera. Si ese es el panorama sombrío, entonces la minería en la región seguirá siendo la principal responsable de las principales violaciones de derechos humanos y la mayor amenaza a la sostenibilidad del desarrollo regional.

Los desafíos que se presentan son inmensos.

El Gobierno Regional deberá trazar definiciones claras, profundizar el proceso del ordenamiento territorial, encontrar la manera de implementar el acuerdo de Consejo Regional para parar y ordenar las concesiones y permisos mineros hasta que no se haya culminado el plan de OT. Hacer buen uso del canon minero que queda. Revisar si su plan de conectividad vial y energética no es sino una manipulación de las empresas mineras para la adecuación del territorio para facilitar las inversiones mineras de las próximas dos décadas. Desarrollar el sistema regional de fiscalización ambiental y ponerlo a funcionar de manera transparente, participativa e independiente. Desarrollar mecanismos de anticorrupción para lograr credibilidad. Por eso, en el plazo inmediato preocupa que Fuerza Social no haya sido capaz de depurar a varios de los asesores que han sido o estén siendo personal pagado por Yanacocha a través de la Fundación Andes.

El Gobierno Local deberá desistir de su tarea de contribuir a la destrucción del valle. Los terrenos adquiridos para la construcción del Qapac Ñam deberán ser junto al Cerro Quilish, las zonas de reserva protegida municipal o parques ecológicos. La recuperación de la Quebrada de San Lucas debiera involucrar a las poblaciones aledañas y servir para la creación de una auténtica conciencia ecológica ciudadana. También debiera ser tarea del gobierno local apoyar a la municipalidad de Baños del Inca en la gestión de su zona de protección frente al avance de las operaciones mineras en la cabecera de cuencas. Ahora que debido al canon minero hay dinero en las arcas municipales, la solución al problema del procesamiento de los residuos sólidos, la contaminación atmosférica del parque automotor y las pozas de oxidación no pueden trasladarse a la agenda del próximo gobierno local. Este gobierno municipal tiene que hacer una sólida gestión ambiental y concluir su periodo habiendo fortalecido una conciencia ambiental ciudadana responsable.

Las organizaciones sociales y ONGs comprometidas con la defensa ambiental de Cajamarca deberán seguir insistiendo, y no solitariamente en las metas de desarrollo sostenible con equidad social y respeto de los derechos humanos. Menos mal que esta tarea parece haber sido comprendida ya por muchos ciudadanos y sectores de la prensa responsable que no han logrado ser avasallados por los intereses de las empresas mineras o el poder político que sin vergüenza alguna las favorece.
Cajamarca, 04 de enero 2008