CONTAMINACIÓN BUROCRÁTICA

Rafael Belaunde

La protección ambiental requiere de dos tipos de acción distintos: la normativa y la de fiscalización.

Dado que todo proceso productivo implica transformar y que toda transformación impacta en el entorno, se requiere un marco normativo para definir el nivel de impacto máximo permitido y una acción fiscalizadora, responsable de detectar las transgresiones al mismo. La fiscalización medioambiental, pues, es una tarea técnica, análoga a la que compete a la Contraloría General de la República, con respecto al buen uso de fondos públicos, o a la Superintendencia de Banca y Seguros, en cuanto al monitoreo de los servicios financieros. Las mencionadas entidades no definen el marco normativo; controlan su cumplimiento. Por lo demás, tienen amplia autonomía, quienes las encabezan requieren ratificación congresal y gozan de estabilidad en el cargo, lo cual garantiza su independencia.

El pretendido ministerio, al abarcar actividades normativas y fiscalizadoras, es decir al constituirse en juez y parte, tenderá a privilegiar consideraciones subalternas. ¿Por qué? Porque el ministro, que en materia de estabilidad laboral ocupa el más precario de los cargos públicos, intentará a toda costa evitar su remoción o censura cediendo a presiones políticas o a demandas antojadizas cuando se cuestione al sector privado. En tales circunstancias, la intensidad de las campañas periodísticas o los decibeles de la grita serán determinantes. Cuando se cuestione a las entidades del Estado, en cambio, será permisivo.

Veamos cuán conscientes están las autoridades políticas de la problemática ambiental. Si, como es evidente, la combustión del petróleo genera más gases perniciosos y sólidos en suspensión que la del gas o la gasolina, ¿por qué no se restringe su uso en las unidades de transporte público dentro del casco urbano? Porque subirían los pasajes.

¿Por qué no se construyen los cientos de rellenos sanitarios que faltan? Porque los rellenos permanecen ocultos bajo tierra y para nadie es un secreto que los alcaldes prefieren obras vistosas que coadyuven a su reelección. Finalmente, ¿por qué el 95% de las aguas servidas de Lima se vierten en playas y ríos, sin tratamiento previo a su expulsión? Porque su tratamiento requeriría elevar las tarifas. En resumen, porque el cálculo político prevalece sobre el interés social.

Para frenar las actitudes desaprensivas de agentes económicos irresponsables o de autoridades públicas incompetentes, así como la alharaca histérica de los enemigos del progreso, lo que se requiere no es un ministerio sino una Superintendencia con autonomía suficiente para fiscalizar técnicamente y sancionar a quienes rebasen los límites permitidos, así las entidades transgresoras sean públicas. Sería ideal, además, que existiera una última instancia arbitral para desincentivar el reclamo demagógico del agitador y para proteger la exigencia fundada del ciudadano responsable.

Diario El Correo – Lima 18/02/2008

AUMENTARÁN MULTAS A LA MINERÍA

Alfredo Dammert cree que a las empresas les debería costar más infringir la ley.

Osinergmin incrementará la escala de multas que se aplica al sector minería, toda vez que los montos que deben pagar las empresas infractoras no son realistas, anunció el presidente del organismo regulador, Alfredo Dammert.

Puntualizó que con mayores sanciones le costará más a la empresa infringir la ley. Así, por ejemplo, comentó que en caso de un accidente fatal de un trabajador en pleno centro minero, la multa para la empresa ascendía solo a 30 UIT (S/.105 mil), "cuando en realidad debería ser, como mínimo, el doble o más".

Otro caso, indicó, es cuando una compañía comete una infracción contra el medio ambiente, cuya sanción es de solo 10 UIT. "Una multa muy baja para el tipo de infracción", expresó. "Cuando había una infracción por contaminación al medio ambiente, la multa se calculaba simplemente teniendo en cuenta cuál sería el impacto. Sin embargo, lo que nosotros queremos es que la multa se calcule en relación a cuánto va a ahorrar la empresa por no cumplir con la reglamentación. Es decir, si se ahorra 100, entonces la multa debería ser mucho más de 100", refirió. En ese sentido, Dammert aseguró que con la nueva escala de multas que alista Osinergmin se espera que las mineras cumplan con las normativas.

También manifestó que la fiscalización en este sector avanza con efectividad en la mediana y gran minería, ya que la supervisión de la minería informal o artesanal está en manos de los gobiernos regionales.

Diario Perú 21 – Lima 18/02/2008

DESINFORMACIÓN PERJUDICA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

La falta de información en materia ambiental perjudica la toma de importantes decisiones para solucionar dicha problemática en el país, opinó el experto internacional en Gestión del Riesgo, Alan Lavell.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Lavel sostuvo que existe un problema coordinación entre la política nacional con las empleadas en las distintas regiones y localidades del Perú.

“La actual crisis y conflicto es un problema esencialmente de gobernanza y desasociación entre científicos y políticos del país”, expresó desde Radio Cutivalú (Piura).

En ese sentido, lamentó la falta de información existente en materia ambiental, más aún, en el contexto actual de globalización. Así mismo, advirtió que los efectos del cambio climático van a ser más intensos cada año.

Por último, Lavell consideró que las personas responsables de las políticas ambientales muchas veces no son conscientes de los impactos ambientales de sus decisiones, y por ende, ignoran lo mal que anda el país en esta materia.

www.cnr.org.pe – Lima 18/02/2008