NO APROBARON 29 NORMAS MEDIOAMBIENTALES

Así lo revela libro de abogado Iván Lanegra sobre debilidad estatal en la regulación en el tema del Medio Ambiente.

Por Milagros Salazar.

Incoherencias. El gobierno dice apurarse con el Ministerio de Medio Ambiente, pero en lo formal sigue el descuido.

"Un ambiente de mala calidad influye en la economía, afectando su recurso central: el ser humano", apunta con certeza el abogado Iván Lanegra en su libro El (ausente) Estado Ambiental, donde revela información valiosa sobre la falta de decisión política para impulsar medidas en el sector. Una de ellas es que el gobierno aprista no cumplió con el compromiso de aprobar 29 normas para proteger el medio ambiente, a diciembre de 2007.

Mediante un decreto supremo, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) estableció el 8 de noviembre de 2006 durante el régimen de Alan García, un cronograma para la aprobación progresiva de normas de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP). El plan contempla por lo menos la aprobación de 34 normas a julio de 2008, pero hasta fines de diciembre no se aprobó ninguna.

CONAM informó que ha avanzado en la elaboración de estos proyectos, pero la demora se debe a que requieren pasar por una consulta con actores de la sociedad civil, de los sectores involucrados, o por estar en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación final.

POLÍTICA CONTRADICTORIA

De las normas que se encuentran aún en la gaveta, para Lanegra existen dos de gran urgencia: el ECA referido al aire, porque aún no se ha establecido la meta para la reducción de agentes nocivos como el arsénico y el cadmio; y el ECA para el agua, debido a que solo existe una reglamentación del uso del recurso.

"El gobierno no tiene una política ambiental definida y lanza propuestas que carecen de coherencia: no aprueba los instrumentos de gestión ambiental, pero plantea la creación del Ministerio del Medio Ambiente", señala el especialista, quien también es gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de la región Junín.

Lanegra agregó que el gobierno tampoco aprobó las normas pendientes de sus antecesores: el reglamento de la declaratoria de emergencia ambiental y once normas reglamentarias de la Ley Nacional del Ambiente, entre ellas el régimen común de fiscalización y control ambiental.

EL COSTO DEL DAÑO AMBIENTAL

En su libro, Lanegra plantea la necesidad de reformar la institucionalidad ambiental a partir de mejorar los organismos públicos en la materia y los instrumentos de gestión que se utilizan. Según él, el Ministerio de Energía y Minas es el que presenta un mayor desarrollo de las políticas ambientales sectoriales, pero lo cierto es que se trata de una institucionalidad formal debido a que en la mayoría de casos aprueba normas muy flexibles por debajo de estándares internacionales.

Debido a la falta de regulación eficaz, 3.9% del PBI anual de 2003 (alrededor de 8,2 billones de soles) fue el costo de la degradación ambiental en el Perú, según un informe del Banco Mundial de 2006. Esto nos coloca a nivel de ineficacia, por encima de Colombia, Líbano y Argelia.

Ante este preocupante escenario, Lanegra considera que el nuevo Ministerio del Medio Ambiente debería ejercer el control de los instrumentos de gestión ambiental y de los problemas críticos del sector como el agua y la biodiversidad, de igual forma que tener autonomía, respaldo político y trabajar con las regiones.

NORMAS EN ESPERA

Esto es lo que el gobierno debió aprobar:

1. ECA de aire en SO2 (para 24 horas).

2. ECA de aire en cadmio, arsénico, antimonio, bismuto y talio.

3. ECA de aire en agentes orgánicos volátiles.

4. ECA de aire en hidrocarburos totales.

5. ECA de aire en material particulado 2.5.

6. ECA de aire para sulfuro de hidrógeno.

7. ECA de agua (80 parámetros).

8. ECA para suelo: pH, conductividad, cadmio, mercurio, hidrocarburos totales, bario, plomo.

9. LMP de efluentes de infraestructura de residuos sólidos.

10. LMP de emisiones vehiculares en ciudad de altura.

11. LMP de radiaciones no ionizantes.

12. LMP de ruido para fuentes móviles (vehículos mayores y menores, ferrocarriles).

13. LMP de ruido en aeropuertos.

14. LMP de ruido en telecomunicaciones.

15. LMP para emisiones de vehículos menores.

16. LMP para emisiones de plantas de mezcla asfáltica (gases, partículas y vapores).

17. LMP para emisiones de partículas en plantas de chancado de proyectos viales

18. LMP de efluentes industriales en las redes colectoras de aguas residuales.

19. LMP de ruido en construcción y edificación.

20. LMP de emisiones y material particulado para actividad pesquera y harinera.

21. LMP de efluente de agua de bombeo .

22. LMP de emisiones de dióxido de azufre de industria cementera.

23. LMP de emisiones de sulfuro de hidrógeno y amoníaco de la industria del papel.

24. LMP de emisiones de óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, hidrocarburos totales, monóxido de carbono y material particulado PM10.

25. LMP de ruido en pesca.

26. LMP de emisiones en sector hierro y acero.

27. LMP de efluentes en sector hierro y acero.

28. LMP de ruido en actividad manufacturera.

29. LMP para ruido de actividades domésticas, comerciales y de servicio.

Diario La República – Lima 05/02/2008

UN DEBATE PARA EL NUEVO MINISTERIO

Los ex ministros del Medio Ambiente de Costa Rica, Colombia y Ecuador, así como el ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de Chile participarán hoy en el conversatorio internacional "Promoviendo el debate para la organización del Ministerio del Ambiente en el Perú", que se realizará en el auditorio de la Escuela de Postgrado de la UPC.

Los funcionarios compartirán con especialistas y autoridades peruanas sus experiencias en la implementación y desarrollo de sus ministerios.

Diario La República – Lima 05/02/2008

DE ECHAVE: “POBLACIÓN SABE DE LOS PELIGROS DE CREAR UN DISTRITO MINERO”

El cambio de nombre de la empresa minera Majaz S.A. a la denominada Río Blanco Copper S.A. no confundirá a los comuneros de la zona porque tienen conocimientos suficientes de los peligros eminentes que traería la creación de un distrito minero en las serranías de los departamentos de Piura y Cajamarca.

Así lo sostuvo el director de la ONG CooperAcción, José De Echave, quien opinó que así se le cambie de nombre a la empresa, la pretensión de llevar en su etapa de explotación el proyecto minero Río Blanco será aplicada con los mismos argumentos ya expresados. “Es decir, con los mismos errores cometidos por minera Majaz S.A.”

En entrevista concedida a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), De Echave indicó que lo vivido en los últimos meses ha permitido que los comuneros de los distritos de El Carmen de la Frontera (Huancabamba), Ayabaca y Pacaipampa (Ayabaca) creen su propio diagnóstico de oposición tajante a cualquier inversión minera que pretenda convertir la zona en un distrito minero.

“La población esta muy bien enterada de lo que ocurre, sabe perfectamente lo que está ocurriendo, sabe los desafíos que se presentan, las amenazas existentes en relación al proyecto minero Río Blanco, y la disputa por recursos naturales e hídricos”, afirmó.

Cabe recordar que la población de los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera rechazó mayoritariamente la actividad minera en sus respectivos distritos, a través de una consulta vecinal celebrada el 16 de setiembre sobre la presencia de la empresa minera Majaz S.A.

Dicha compañía ahora denominada Río Blanco Copper S.A. pretende efectuar trabajos de explotación en Ayabaca y Huancabamba avalándose en documentos que no cuentan con el voto de los dos tercios de los miembros de dichas comunidades, tal como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada (LPIP), y que fueron suscritos con su antecesora, la empresa Coripacha.

En un informe del 2006, la Defensoría del Pueblo corroboró que los documentos que firmaron parte de los comuneros de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), poseen carácter contractual sólo con Coripacha, mas no con la minera Majaz.

Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos.

Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.

www.cnr.org.pe – Lima 05/02/2008