UN RECURSO ESCASO, UN PRECIO EN DEBATE

¡EL AGUA SÍ CUESTA!

Los Agricultores Aseguran que las Tarifas que pagan por el Agua Están Dentro Del Promedio Regional, Pero Los Especialistas Creen Que Es Necesario Sincerarlas, Pues No Permiten Planificar El Manejo De Las Cuencas Para Lograr La Sostenibilidad Del Recurso

Por Luis Corvera Gálvez

El reciente paro de los agricultores no solo generó muertes innecesarias, sino que no contribuyó a resolver las diferencias entre el Gobierno y los productores del campo, sobre todo en lo referente a una futura ley de aguas. Es más, entre las cesiones hechas por el Gobierno para detener el paro estuvo que el Ejecutivo no envíe su proyecto al Congreso, uno que, asegura el primer ministro, Jorge del Castillo, está listo, pero que nadie entiende por qué, entonces, sigue sin ser enviado al Parlamento.

¿Pero por qué los agricultores pedían que el Ejecutivo detuviese dicha propuesta? Entre otras cosas, comenta Enrique Málaga, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, "porque la tarifa por el consumo de agua la iba a fijar el Gobierno y ya no nosotros". Una tarifa que para Alan García no solo es la más baja de la región, sino que al ser de apenas S/.0,01 por m3, prácticamente la obtienen de forma gratuita. Pero Málaga asegura que no es así, pues según sus cifras, si bien en algunos lugares podría estarse cobrando ese monto, el promedio es de S/.0,17 (por encima de la región, que es S/.0,13).

Según el estudio de tarifas elaborado por los especialistas en temas agrarios Eduardo Zegarra y Boris Quezada para el Ministerio de Economía en mayo del 2006, la tarifa promedio del 2005 era S/.0,01, por lo que es poco probable que hoy se mantenga igual, pero tampoco podría haberse incrementado 17 veces en solo dos ajustes. En todo caso, Luis Zúñiga, presidente de Conveagro, apoya a Málaga de forma incondicional.

JUEZ Y PARTE

En la actualidad, la tarifa por el uso del agua en el país se fija para cada distrito de riego (una muy compleja red de 114 en todo el país, ver mapa adjunto), a través de una simple división aritmética de los gastos requeridos para financiar la administración y el mantenimiento de las instalaciones de riego entre el volumen de agua demandado por cada distrito. Para contabilizar la demanda, se suman los requerimientos de agua de las mineras, eléctricas y agricultores.

"Todos pagan la misma cantidad por metro cúbico y logramos una eficiencia en el cobro de 98%. El que no paga, no accede al servicio", afirma Málaga orgulloso.

En ese contexto, la propuesta del Ejecutivo de reemplazar a los agricultores en el directorio de las administradoras técnicas por un representante del Ministerio de Agricultura, no les parece una buena opción a los primeros, sobre todo si es que se tiene en cuenta que el Gobierno ha sido muy claro al afirmar que las tarifas tienen que subir.

"Dudamos de que el Ministerio de Agricultura pueda representarnos bien", asegura Málaga. Y eso que esta propuesta es menos agresiva que la que se usó en Chile, país en el que se entregó la administración de buena parte de sus cuencas al sector privado y en donde no solo se asignan los derechos de uso, sino que se permite la libre transferencia de los mismos, con lo cual existe un mercado secundario de compra-venta de agua.

DISTORSIONES

"Es curioso que los agricultores digan que el agua no se privatiza, cuando en la práctica ya lo está. Todos la distribuyen y la usan, pero nadie se preocupa por el manejo adecuado de la cuenca", comenta Antonio Brack, presidente de la comisión que está encargada de elaborar la propuesta para la creación de un ministerio del medio ambiente en el país.

¿A qué se refiere? "Nadie se está preocupando por la calidad del agua, a la cual todos echan basura, ni por la sostenibilidad de la cantidad, un tema muy álgido en la costa. Todos quieren agua, pero depredan los bosques y reducen las zonas de afianzamiento de las cuencas", sostiene Brack.

Cada vez hay una mayor demanda por el recurso y ante la escasez de este, por el cambio climático y la reducción de las reservas de agua, surgen conflictos. "Esto ya se puede ver en Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica y Piura", añade el especialista. Y se acentúa en el caso de las regiones que tienen cuencas compartidas, como Piura con Cajamarca o Ica con Huancavelica y Ayacucho. Es más, añade Brack, "el Gobierno impulsa grandes proyectos de irrigación como Jequetepeque-Zaña, pero los bosques que protegen la zona están siendo depredados y el recurso se va a reducir".

En ese sentido, explica Brack, "es inconcebible que un metro cúbico de agua tratada y entubada hasta la casa de una persona en la costa cueste solo S/.2, mientras que una cerveza (de tan solo 620 ml) cueste el doble. Es claro que las tarifas no reflejan el costo del agua y, por tanto, no se hace un uso eficiente del recurso". En zonas como Pachacútec, en Ventanilla, donde no se dispone aún de agua potable, los pobladores pueden pagar al camión cisterna hasta S/.15 por m3 de agua.

Málaga está de acuerdo con que hay que sincerar las tarifas, pero sin subirla a todos de forma indiscriminada, sino a través del pago según la rentabilidad del producto que se genere con el agua y según la ubicación del usuario.

Y es que, sustenta el dirigente agrario, "no es lo mismo en términos de rentabilidad sembrar productos de agroexportación que de subsistencia. Y mucho menos pagar S/.0.06 por m3 de agua para cobrar S/.4 por litro de cerveza".

Para Brack, sin embargo, si bien es posible establecer tarifas por sectores, las tarifas de los agricultores también deben incrementarse, pues la ineficiencia del riesgo es generalizada. "Hoy solo las grandes empresas usan riego por goteo o por presión, y gracias ello, por ejemplo, se logra que una hectárea de caña de azúcar utilice solo 15.000 m3 al año, en lugar de los 30.000 que se usaba en el sistema tradicional por canales", sostiene.

En promedio, reconoce Málaga, hoy los agricultores consumen 20.000 m3 por hectárea al año.

En todo caso, según Zegarra, existiría una diferencia de 60% entre las tarifas actuales que pagan los agricultores y las que deberían pagar, asumiendo que operasen como las juntas modelo de la región. Evidentemente, resalta el investigador, para conocer en detalle el desfase, se tendría que realizar un estudio más profundo.

Es más, él recomienda que cada junta de usuarios elabore un plan maestro a cinco años, que incluya no solo los gastos operativos y de mantenimiento de los actuales sistemas de riesgo, sino obras futuras para mejorar la calidad del producto y garantizar el flujo constante de agua, así como inversiones de prevención. Un plan que debería ser aprobado por alguna autoridad técnica y sobre el cual se puedan estimar las tarifas requeridas, así como los incrementos futuros.

MAYOR TECNOLOGÍA

Málaga es consciente de que hoy no se planifican las inversiones. Es más, cuando ocurren desastres y se dañan los canales, las juntas no pueden financiar las reparaciones, por lo que el Ministerio de Agricultura es el que cubre los gastos.

Pero él también es consciente de que se debería incentivar el uso de sistemas de riego tecnificados para aprovechar mejor el uso del agua, aunque argumenta que ello no se podrá dar sin el apoyo del Estado, pues los agricultores, en su mayoría de bajos recursos, no están en capacidad de financiar este tipo de inversiones.

En eso coincide con Brack, quien argumenta que debe ser prioridad para el Estado dar tecnología y capacitación al agro, pues ello sería la mejor herramienta para combatir la pobreza en el país y resolver los problemas de seguridad alimentaria.

"Es falso que no haya dinero, hoy se habla de darle S/.420 millones a los programas sociales. Con ese dinero se puede financiar muchos cambios en los sistemas de riego y conseguir mejores resultados en la lucha contra la pobreza", sostiene.

"Con un mejor sistema de riego no solo se incrementa la producción, sino también la productividad del cultivo, lo que permite a los agricultores conseguir mayores ventas y mejores márgenes", añade Brack.

En Cajamarca, por ejemplo, existe un piloto de reservorios comunales en los que se almacena el agua que luego se usa para el riego por goteo. Ello ha permitido que las familias que usan este sistema produzcan hasta cinco veces más que sus vecinos que no están asociados. Además, en el caso de Chavimochic, por ejemplo, se logra una productividad hasta 10 veces superior a la de las zonas que usan riego por inundación.

"Nosotros queremos apoyo técnico. Es más, hemos pedido al Gobierno que haga uso de un crédito del Fondo de Apoyo para el Desarrollo del Gobierno Español por US$200 millones para el cambio de sistemas de riego. Se trata de un crédito a 30 años, con 10 de gracia y una tasa de interés de entre 1% y 2% al año. Y si se logra demostrar que el crédito logra un impacto social elevado, este se transforma en una donación. Solo falta el aval del Gobierno para usarlo", explica Málaga.

El Ministerio de Economía, a pesar de tales facilidades, se niega a dar un aval, sobre todo a un sector que enfrenta serias críticas por no ser puntual en sus pagos. La quiebra del Banco Agrario en el primer gobierno de García es un mal precedente. Sin embargo, Málaga asegura que su sector no es "perromuertero".

"Sería bueno que se investigue quiénes deben, pues fueron grandes créditos los que hicieron quebrar al banco, y los pequeños agricultores nunca han accedido a grandes líneas de financiamiento".

¿HASTA CUÁNDO?

Si todos están de acuerdo en que es necesario proteger las cuencas, ¿por qué no se hace nada hasta ahora por promover la ley de aguas? El proyecto de ley que tiene la Comisión Agraria está ahí desde hace más de un año, sin contar aún con dictamen en mayoría. Y eso que fue presentado por el Apra.

En tanto, la propuesta del Ejecutivo fue trabajada por el Ministerio de Agricultura y por el de Vivienda el año pasado, pero nunca se presentó al Congreso. Es más, en el Ministerio de Agricultura no tenían idea de quién podría ser la persona adecuada para dar una entrevista sobre este tema.

"La discusión se ha politizado y ya no está siendo evaluada de manera técnica, por lo que hasta que la crisis del agua no se agudice y nos estalle en la cara, no habrá una solución técnica", comenta con molestia Brack. Y eso que hasta ahora solo se habla de ajustar tarifas para cubrir inversiones, pero no de proteger el ambiente.

TODOS DEBEN PAGAR

¿Y el consumo doméstico?

Si bien la agricultura es la actividad que más agua consume (86%), la industria y la población urbana son las que más la contaminan y las que distorsionan las condiciones naturales de las cuencas. "La población de la costa (40% del total nacional) consume agua que no sabe de dónde viene y luego la bota sin pensar en ella. En Lima, que está en medio del desierto, se arrojan 400 millones de m3 de agua sucia al mar, cuando podría procesarse e irrigar todo el desierto hasta Chilca", comenta Brack.

En ese sentido, José Salazar, presidente de la Sunass, promueve desde hace mucho que los consumidores residenciales paguen un monto adicional para el mantenimiento de la cuenca. Es más, su propuesta es obligar a las empresas de saneamiento a incorporar en sus inversiones aquellas orientadas a preservar la cuenca e incorporar ese valor en las tarifas, de tal forma que los usuarios domésticos sean conscientes de que hay que preservar el recurso. Hasta ahora, nadie lo escucha.

Diario EL Comercio – Lima 25/02/2008