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10 de abril de 2008

DEFENSORÍA RECOMIENDA DIÁLOGO PARA EVITAR MUERTES POR CONFLICTOS SOCIALES


El diálogo y la vía legal constituyen los elementos fundamentales para evitar que los conflictos sociales que se registran en el país se salden con la vida de nuestros compatriotas, sostuvo Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Perú (DP).

En declaraciones al programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Luque Mogrovejo indicó que existe un incremento considerable de conflictos en el país, según se desprende del Reporte de Conflictos Sociales Nº 49 de la DP, correspondiente a marzo del 2008.

En el documento, se da cuenta de la existencia de 93 conflictos sociales que comprometen la participación de diferentes sectores de la población y autoridades de las diversas entidades públicas y privadas.

En ese sentido, Luque pidió a las autoridades correspondientes a tomar en cuenta dicho informe defensorial para que les sirva alerta temprana y reducir la cantidad de conflictos.

“Los conflictos son inevitables; lo importante es que no se escapen de las manos y produzcan actos de violencia que lleguen a la muerte”, comentó.

Detalló que del conjunto de conflictos verificados, 36 se encuentran activos (41%) y 52 en estado latente (59%). Además, el registro precisa 16 casos de movilizaciones de protesta y una acción de violencia subversiva.

Luque indicó que el 48% de los conflictos reportados corresponde a asuntos socioambientales, el 26% se vincula a cuestionamientos al desempeño de alcaldes provinciales y distritales, el 6% se relaciona con disputas en comunidades y otro 6% con demandas gremiales.

La novedad con relación a reportes previos es que, en el curso del mes pasado, se registraron siete nuevos casos: tres de ellos corresponden a conflictos gremiales (Loreto, Moquegua y Pasco), dos involucran conflictos con temática socioambiental (Áncash y Tacna), uno se refiere a un conflicto por delimitación territorial entre comunidades (Huancavelica)

El último es un caso registrado, en el ámbito nacional, concerniente a las protestas sociales organizadas por asociaciones amazónicas en rechazo al proyecto de ley Nº 840/2006-PE de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", conocido como la “Ley de la Selva”.

Cabe recordar que el Reporte de Conflictos Sociales Nº 49 expresa que 75 conflictos (81%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza, mientras que el 61% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (57 casos).

Finalmente, en el documento defensorial detalla que en 56 casos (60%) se han producido enfrentamientos, agresiones e, inclusive, la retención de personas. En 34 conflictos (37%), la población tomó el local de la institución cuestionada que, en su gran mayoría, resultó ser la municipalidad de la zona. Además, en 27 conflictos (29%) se reportaron bloqueos de vías de comunicación.

www.cnr.org.pe – Lima 10/04/2008









MINERA DOE RUN PIERDE ISO AMBIENTAL EN LA OROYA


Certificadora germana TÜV Rheinland retiró calificación, pues minera carece de medidas adecuadas para evitar contaminación en La Oroya


La certificadora alemana TÜV Rheinland suspendió la certificación ISO 14001 por gestión ambiental que otorgara a la minera Doe Run Perú, debido a que la empresa no garantizó el cumplimiento de los estándares ambientales, las leyes ambientales peruanas y por carecer de medidas adecuadas para evitar la contaminación.

La certificación fue obtenida por Doe Run en el 2006 y otorgada por los auditores externos de TÜV Rheinland. Según informó Víctor Andrés Belaunde, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicaciones de Doe Run, la empresa está abocada a actualizar la información y adecuar la realidad del complejo metalúrgico de La Oroya, al cual le fue otorgado dicho certificado. En ese sentido, el ejecutivo explicó que desde julio del 2006 a la fecha se han realizado mejoras que no han sido tomadas en cuenta por TÜV Rheinland.

Por su parte, organizaciones ambientales, como AIDA y Earthjustice, indicaron que TÜV Rheinland ha actuado responsablemente al llevar a cabo esta medida; subrayaron el deber de Doe Run de hacer más para proteger la salud pública en La Oroya, una de las ciudades con más alto índice de contaminación en el mundo.

Diario El Comercio – Lima 10/04/2008







Defensoría. El 48% responde a problemas entre comunidades y empresas extractoras

EL MEDIO AMBIENTE ORIGINA LA MAYORÍA DE CONFLICTOS


En segundo lugar se ubican cuestionamientos a autoridades locales.

Áncash, Ayacucho y Puno registran el índice más alto de problemas.


La Defensoría del Pueblo reportó ayer que el 48 por ciento de los conflictos sociales registrados durante marzo responde a enfrentamientos de carácter medioambiental, entre comunidades campesinas y empresas extractoras de recursos naturales.

De acuerdo con el reporte de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría, hasta el mes pasado se registraron 93 conflictos a nivel nacional, de los cuales 42 se encuentran activos, 51 en estado latente y dos se resolvieron durante ese mes.

La información detalla, además, que de las 24 regiones del país, Áncash, Ayacucho y Puno tienen el mayor número de conflictos con nueve casos cada una.

De acuerdo con el origen de cada conflicto, un mayoritario 48 por ciento está referido a asuntos ambientales, que involucran enfrentamientos entre poblaciones y empresas que explotan recursos naturales como las mineras.

En segundo lugar, con 26 por ciento, se ubican los cuestionamientos a autoridades locales; luego vienen los conflictos entre departamentos por demarcación territorial, demandas al Gobierno nacional y acceso a recursos con 11 por ciento.


SOLUCIONES


También figuran con 6 por ciento los conflictos entre comunidades por delimitación, propiedad y acceso a recursos; otro 6 por ciento por demandas gremiales; y 2 por ciento involucra cuestionamientos de agricultores de hoja de coca a la política de erradicación de cultivos.

El informe de la Defensoría revela también que 75 conflictos se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza; mientras que 57 de los casos ocurrieron en áreas rurales.

En relación con el reporte anterior, durante marzo aparecieron siete nuevos conflictos, seis de los cuales se encuentran activos y uno se ha resuelto al cierre del registro.


BEATRIZ MERINO, DEFENSORA DEL PUEBLO.


El fortalecimiento de la gestión ambiental constituye un objetivo de gran importancia para el país...


DEBATE REFORZARÁ PROPUESTA


La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, pidió al Ejecutivo la prepublicación de la norma que crea el Ministerio del Ambiente, así como su respectiva exposición de motivos, para conocimiento y debate por la población.

Esto, agregó, en aras de una mayor transparencia y legitimación del proceso de reforma de la institucionalidad ambiental, así como de garantizar el derecho de la población a participar en la vida política, económica y social de la Nación.

En oficio remitido ayer a la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que este tema no debe quedar únicamente en el ámbito del Gobierno, sino que es necesario ampliar su debate, ya que se trata de una norma "donde las decisiones públicas están relacionadas con la calidad de vida y posibilidades de desarrollo de la población".

De interés

Así se definen

1) Los conflictos incluidos son aquellos en los que se ha producido por lo menos una de las siguientes situaciones: amenazas a la vida, integridad o salud de las personas, daños a la propiedad pública o privada, afectación al libre tránsito, impedimento del ejercicio de funciones de una autoridad, o la paralización de servicios públicos.

2) El documento difundido por la Defensoría registra también 16 casos de paros, huelgas y movilizaciones de protesta, además de cinco acciones de violencia subversiva.

Diario El Peruano – Lima 10/04/2008







BRACK: MINISTERIO DEL AMBIENTE TENDRÁ LABOR POR CONFLICTOS MINEROS


Experto señala que el Estado está acostumbrado a entregar concesiones mineras sin antes informar a las comunidades donde se realizará la actividad

El ecologista Antonio Brack consideró hoy que la unidad de conflictos del Ministerio del Ambiente tendrá un arduo trabajo ante el incremento de disputas socioambientales en el país, que llega al 48%, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo.

Aseveró que este porcentaje demuestra que aún existen pasivos ambientales por corregir mediante el mejoramiento de la legislación ambiental, y la intervención de todos los actores comprometidos para solucionar conflictos.

Consideró, en ese sentido, como una obligación del Estado, perfeccionar los mecanismos de concertación y de diálogo entre las comunidades, las empresas y otras instituciones, con la finalidad de prevenir nuevas disputas de esta índole.

Refirió, por ejemplo, que cuando el Estado entrega una concesión minera, sin antes informar a las comunidades de influencia sobre los alcances de dicho proceso, esto tiene a generar un conflicto pues los pobladores de la zona se sienten afectados y excluidos.

"El Estado está acostumbrado a entregar concesiones mineras, sin una previa consulta e información a las comunidades locales, lo cual origina un conflicto minero-ambiental, por eso proponemos que en el Ministerio del Ambiente exista una oficina que prevenga los conflictos", manifestó.

Precisamente, recordó que dicha propuesta se encuentra contemplada en el informe técnico sobre la creación del Ministerio del Ambiente que presentó ante la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Defensoría del Pueblo reportó ayer que el 48% de los conflictos sociales registrados durante marzo responde a enfrentamientos de carácter medioambiental, entre comunidades campesinas y empresas mineras.

De acuerdo con el reporte de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría, hasta el mes pasado se registraron 93 conflictos a nivel nacional, de los cuales 42 se encuentran activos, 51 en estado latente y dos se resolvieron durante ese mes.

Diario El Comercio – Lima 10/04/2008