DENUNCIA POR TERRORISMO CONTRA AMBIENTALISTAS REGRESA A LA FISCALÍA PENAL DE PIURA

La Quinta Fiscalía Penal Provincial de Piura dispuso que la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) devuelva a su despacho la denuncia por terrorismo formulada contra un grupo de 35 personas que organizaron la consulta vecinal celebrada en setiembre pasado en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, sobre las operaciones mineras.

De acuerdo a las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, Juan Ortiz Saavedra, titular de la referida instancia judicial, ha decidido llevar a cabo personalmente la investigación producida a raíz de la denuncia formulada por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), donde se acusa de terrorismo a más de 30 defensores de los derechos humanos y ambientales de Ayabaca y Huancabamba (Piura), y San Ignacio y Jaén (Cajamarca).

El abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), David Velazco, aseguró que con la decisión del representante del Ministerio Público, se ha recuperado la confianza. "De acuerdo a su conocimiento del derecho y experiencia en estos casos, el fiscal evaluará la denuncia formulada por la ACFUCCSC y comprobará que no tiene fundamento legal alguno", comentó.

Así mismo, señaló que en el transcurso de esta semana los abogados de FEDEPAZ viajarán a la cuidad de Piura para coordinar la defensa legal y los argumentos de hecho y derecho que le permitan al fiscal decidir archivar la denuncia señalada.

El 24 de marzo, la ACFUCCSC, entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.), denunció a 35 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura y los sindican como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la DINCOTE, incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.

Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.

Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.

Como se recuerda, la población de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) rechazó la actividad minera en sus respectivos distritos, según se desprende de los resultados finales de la consulta vecinal realizada en Piura meses atrás.

Según la fuente www.consultavecinal.org -responsable de publicar los resultados oficiales del proceso- a la pregunta "¿Está usted de acuerdo con la actividad minera en su distrito?", 17.033 ciudadanos marcaron la opción "No", equivalente al 94.54% del total de votos emitidos.

Por la opción "Sí" votaron 285 personas, lo que representa el 1.58% de los votos. En tanto, hubieron 460 votos nulos y 239 en blanco (2.55% y 1.33%, respectivamente).

www.cnr.org.pe – Lima 02/04/2008

EXPORTACIÓN DE MINERALES PODRÍA SER RESTRINGIDA

Para aumentar industria local

La Comisión de Producción y Pymes del Congreso puso en debate el proyecto de ley 2094, que establece la restricción en la exportación de minerales que realiza la actividad privada, buscando declarar de interés nacional la industrialización de los metales dentro de nuestro territorio para generar valor agregado y riqueza mediante el uso intensivo de la mano de obra.

Según el titular de ese grupo de trabajo, congresista Isaac Mekler (Partido Nacionalista), con esta iniciativa el Ministerio de la Producción establecerá un porcentaje obligatorio de insumos metálicos que tendrá que quedarse en el territorio nacional, de cara a su industrialización local.

"Así, los productores locales debidamente registrados producirán bienes con valor agregado, generando industria y mano de obra en el país con la intención de crear en dos años hasta 500 mil puestos de trabajo", señaló el legislador.

Mekler mencionó que es inaudito que nuestros industriales nacionales encuentren gran cantidad de inconvenientes para conseguir y adquirir insumos metálicos extraídos por las mineras en nuestro propio territorio, viéndose en la necesidad de pagar a dichas mineras sobreprecios para la venta de dichos insumos.

"Y resulta siendo peor que, en muchos casos, ante la negativa de la venta los industriales nacionales se ven en la necesidad de importar insumos como zinc u oro, pese a que nuestras tierras son ricas en estos metales", apuntó.

Diario La Razón – Lima 02/04/2008

INTROMISIÓN ‘CAVIAR’

Escándalo en el Ministerio Público, ¿A quiénes protegen? En tiempo récord Quinta Fiscalía ordena a Dincote que le devuelva investigación por terrorismo

Movida fue digitada desde Lima por izquierda ‘caviar’ vinculada a la red antiminera en Piura

En tiempo récord, en apenas horas, la Quinta Fiscalía Penal especializada en delitos de terrorismo y contra la humanidad, ordenó a la División Contra el Terrorismo de Piura (Dincote-Piura) que le devuelva la denuncia contra los miembros de la red antiminera para que sea investigada en sede fiscal y no, como debería entenderse, por la Policía especializada en ese tipo de delitos. Así lo prueba la escandalosa Resolución Nº 111-2008-MP-5ta-FPP, a la que accedió Correo en exclusiva, la cual es una invitación a la impunidad pues la mencionada sede que despacha el fiscal Juan Ortiz Arévalo no cuenta con el personal, ni con los recursos dicho sea de paso, para asumir una indagatoria de la complejidad y los delitos denunciados. Según el documento, el que el Fiscal asuma directamente las pesquisas “permitirá un seguimiento más de cerca y un control más riguroso de los actos y diligencias de investigación que se deben llevar a cabo” (sic). Nadie explica cómo eso mismo no hubiera podido lograrse con las pesquisas en manos de la Policía Antiterrorista.

Intromisión ‘caviar’ Pero más grave aún que eso es la abierta intromisión que se advierte tras el sorprendente mandato del fiscal Ortiz. Correo obtuvo este fin de semana un documento revelador accionado desde Lima por las organizaciones de defensa de derechos humanos (léase la izquierda ‘caviar’) que sirvió para bloquear en este nuevo caso la intervención de la Dincote. Javier Jahncke Benavente, líder de la red antiminera y miembro de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), ingresó ese documento a la Quinta Fiscalía de Piura el viernes 28 de marzo, por intermedio del abogado Víctor Manuel Álvarez Pérez, defensor de Jahncke y de varios de los implicados. El escrito, recepcionado en el Ministerio Público de Piura a las 10 con 40 de la mañana, es un pedido expreso de la red antisistema para que la investigación interpuesta por el Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas de Huancabamba (FUCSC) se lleve a cabo “en sede fiscal”, es decir en el despacho del doctor Juan Ortiz y no en la Dincote. Están requisitoriados. Como es de dominio público, el FUSC denunció el lunes 24 de marzo a 29 integrantes de la red antiminera que opera en Piura y Cajamarca por los delitos de terrorismo, y la Fiscalía derivó esa investigación el miércoles 26 a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote). Mientras Jahncke distribuía en estas dos regiones directivas para que su organización violentista se replegara (Correo 30/03/08), los que apoyan a la red en Lima actuaron como relámpago y ejercieron presión ante el Ministerio Público para que la Dincote no meta sus narices en el caso, habida cuenta que allí obra valiosa información sobre el accionar subversivo en esta parte del país. De hecho, fuentes de Correo en esta unidad especializada aseguraron que en la lista de denunciados por el frente campesino hay hasta cinco requisitoriados por acciones violentistas cometidas en los cuatro últimos años, como los asaltos al campamento de Majaz (hoy Minera Río Blanco Copper), secuestro y tortura en agravio de comuneros de Ayabaca y Huancabamba. Cuando al fiscal Juan Ortiz le llegó el escrito de Jahncke, ya los miembros de la Dincote Piura se alistaban a la búsqueda y captura inmediata de estos personajes. En tiempo récord. De allí el temor del líder de la Red Muqui porque se produzcan esas detenciones que comprometerían inevitablemente a toda la red antisistema. Y por eso mismo su mandato ya divulgado por este Diario para que los implicados se escondan y eviten desplazarse de una localidad a otra. La presión de la izquierda ‘caviar’ habría funcionado con anuencia del fiscal superior decano de Piura, Aurelio Saavedra Cedano, de quien no se desconocen sus simpatías con el sector de izquierda ni de sus actividades en defensa de acusados por terrorismo en el pasado. Sólo así se explicaría que en tiempo récord, es decir el mismo día que entró el documento del abogado de Jahncke a la Fiscalía, el viernes 28, el doctor Juan Ortiz Arévalo emitiera su resolución disponiendo que la investigación contra la red se realice en sede fiscal. El jefe de la Sección Dincote Piura se quedó con la boca abierta ese viernes, cuando recibió el oficio de la Fiscalía que les ordenaba devolver la denuncia y todos los actuados, es decir nada todavía considerando que el expediente llevaba dos días en manos de la policía. ¿A quiénes protegen? El alarde de poder que ha esgrimido Jahncke Benavente en el caso, obligando al titular de la Quinta Fiscalía Penal de Piura a resolver de acuerdo con los intereses de la red antisistema, ha provocado hondo malestar en la Policía Especializada de Represión al Terrorismo. En Huancabamba y gracias a las advertencias de la prensa, recientemente un Fiscal Provincial y todo un comando policial fueron removidos por no actuar debidamente contra estos grupos violentistas. Por lo visto, en Piura también existiría un sector del Ministerio Público que responde a intereses ajenos al encargo que les otorga la Nación. Habrá que ver como reacciona la Fiscalía de la Nación.

Diario El Correo Piura – Piura 02/04/2008

GINÉS CABANILLAS: DECLARACIONES DE JAVIER VELARDE DE YANACOCHA INSINUANDO EXPLOTACIÓN DEL QUILISH

El regidor del Concejo Provincial de Cajamarca, Ginés Cabanillas, en declaraciones a Panorama Radio calificó a las expresiones del Gerente de Asuntos Legales de Minera Yanacocha como irresponsables porque el pueblo hace algún tiempo se organizó y colectivamente dio su posición a través de la protesta por los afanes de la minera de querer explotar zonas que son reconocidas como colchones acuíferos que abastecen de agua a Cajamarca tanto para el consumo como para las actividades agropecuarias.

El regidor indicó que las declaraciones de Velarde deben ser a título personal, entendiendo que Minera para el año que viene esta invirtiendo una buena cantidad de millones de dólares con el ánimo de recuperar su inversión en la Quinua, Carachugo y otros que van a seguir siendo explotadas.

En el caso del Quilish sostuvo que es algo inamovible e intangible por lo que la empresa minera tiene que conversar con sus funcionarios para que no salgan a declarar a la prensa o a la población situaciones que nuevamente van a poner en tela de juicio lo que se definió y lo que el pueblo en su conjunto en su oportunidad definió “el cerro no se explota”.

El regidor oficialista, explicó que la Ordenanza 012 y una Resolución del Tribunal Constitucional están en vigencia que son de aplicación indubitable y no se puede estar poniendo en tela de juicio lo que la Municipalidad Provincial de Cajamarca y el Tribunal Constitucional han determinado.

Finalmente dijo que las declaraciones de Javier Velarde pueden ser un desliz, o ser parte de una intención que algunos funcionarios mineros lo tienen, pero es bueno que las cosas se aclaren en este momento, y que las fuerzas vivas de Cajamarca, la propia sociedad y sus instituciones tienen que estar alertas frente a estas pretensiones y originen otro conflicto social donde Yanacocha será la más perjudicada.

Diario Panorama – Cajamarca 02/04/2008