DOE RUN PIERDE CERTIFICADO AMBIENTAL

La minera Doe Run Perú, que opera una de las mayores fundiciones metalúrgicas del hemisferio, ha perdido su certificado ambiental a través de una medida poco usual que han adoptado los auditores externos e independientes de la compañía.

En principio, la organización alemana TÜV Rheinland había concedido el certificado hace menos de dos años, pero lo revocó el 11 de marzo alegando que el complejo -ubicado en La Oroya (Junín)- incumplía las leyes ambientales y que carecía de medidas adecuadas para evitar la contaminación.

El año pasado, a Doe Run Perú se le impuso una multa de 234 mil dólares por diversas incumplir las leyes ambientales vigentes. Además, la semana pasada, las autoridades publicaron un informe que detalla dichas violaciones, incluyendo haber sobrepasado los niveles máximos permitidos de plomo y partículas suspendidas en el aire.

Doe Run Perú obtuvo el certificado ambiental ISO 14001 en el 2006, que definió como un "hito importante en lo que se refiere a cumplir nuestros compromisos con nuestras comunidades, nuestros empleados y el medio ambiente."

No obstante, diversos estudios que han llevado a cabo tanto el Gobierno como expertos internacionales en salud, han demostrado que casi todos los niños que viven en la zona que rodea el complejo metalúrgico de Doe Run Perú presentan niveles inaceptablemente altos de plomo en el organismo. Muchos de ellos han estado gravemente expuestos y requieren tratamiento médico inmediato.

"TÜV Rheinland ha actuado responsablemente al llevar a cabo esta medida sin precedentes para subrayar el deber de Doe Run Perú de hacer más para proteger la salud pública en La Oroya", dijo Perry Gottesfeld, Director Ejecutivo de Occupational Knowledge International (Estados Unidos).

Anna Cederstav, autora del libro "La Oroya No Espera" ha afirmado que "para Doe Run, la revocación del certificado debería significar claramente que les queda mucho trabajo por hacer," y añadió que "no obstante, todavía nos preocupa que, si se les paga suficiente, otro organismo de certificación aceptará otorgar un certificado similar a Doe Run".

En 2006, varias organizaciones presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la intención de que se recomendara al gobierno peruano poner en práctica medidas urgentes para detener estas violaciones contra la salud y la vida de los residentes de La Oroya. El año pasado, la Comisión aceptó esta petición y solicitó al Estado implementar tales medidas cautelares.

El plomo afecta tanto a niños como a adultos y provoca daños cerebrales, retraso mental y otros problemas de aprendizaje en niños. Además del plomo, la población de La Oroya ha estado expuesta también a niveles altos de otros contaminantes, entre ellos arsénico, cadmio y dióxido de azufre.

www.cnr.org.pe – Lima 11/04/2008

“DEBE MEJORARSE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL”

Jeanette Pérez Osorio

El ecologista y ex presidente de la comisión encargada del proyecto para la elaboración del Ministerio del Ambiente, Antonio Brack, sostuvo que es necesario que los organismos del Estado actúen de una forma rápida en la solución de los conflictos, pues debido a su lentitud muchos de estos problemas son detectados cuando ya no hay nada que hacer para detenerlos. Estas declaraciones las hizo luego que la Defensoria del Pueblo publicara un informe en el que da cuenta que el 48 por ciento de los conflictos sociales registrados durante marzo responde a enfrentamientos de carácter medioambiental, entre comunidades campesinas y empresas extractoras de recursos naturales.Para el especialista, la solución del problema radica en la creación de una oficina de coordinación regional y de prevención de conflictos socioambientales que tenga como función coordinar con la regiones todo lo que es la prevención y solución a los problemas ambientales. En ese sentido, manifestó que la principal tarea del gobierno y del Ministerio del Ambiente será introducir la cultura de la concertación y de la información para que la población tenga conocimiento de las concesiones que se pretenden realizar y así evitar conflictos posteriores. “Las personas deben conocer lo que se pretende hacer. Cuando se da una concesión no sólo hay un derecho de un contrato firmado entre el Estado y una empresa sino también derechos de la gente local que están fijados en el Convenio OIT-168. Y esos derechos son a la concertación, a la información, a la participación en las decisiones que les van a afectar y para participar de las riquezas que se generan”, agregó al tiempo de subrayar que la tarea también deberá orientarse a mejorar la legislación ambiental. El informe de la Defensoria del Pueblo da cuenta que al mes de marzo se han detectado 93 conflictos sociales, de distinta intensidad, de los cuales 36 se encuentran activos (41%) y 52 en estado latente (59%). Asimismo se registraron 16 casos de movilizaciones de protesta y una acción de violencia subversiva.

Es necesario resaltar que el 48% de los conflictos reportados corresponde a asuntos socioambientales. Precisamente en el curso de este mes se registraron dos nuevos casos en Áncash y Tacna. El primero se refiere a un conflicto por delimitación territorial entre comunidades (Huancavelica), y el último es un caso registrado, en el ámbito nacional, concerniente a las protestas sociales organizadas por organizaciones amazónicas en rechazo de la Ley 28852, la llamada “Ley de la Selva”.Respecto de la situación socioeconómica de las zonas de conflicto, en el reporte correspondiente al mes de marzo se señala que 75 conflictos (81%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive debajo de la línea de la pobreza, mientras que el 61% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (57 casos).

Diario Expreso – Lima 11/04/2008

OTRO CASO DE ESPIONAJE TELEFÓNICO DENUNCIADO EN MENOS DE UNA SEMANA, PERO ESTA VEZ SE TRATARÍA DE AMEDRENTAR A AMBIENTALISTAS.

ESPÍAN A ONG QUE LUCHA CONTRA MAJAZ

Marco Cáceres

Redacción

Denuncia. Rosa Quedena dice que todo apunta a que se estaría interceptando comunicaciones de ONG.

DATO

Esta es la segunda denuncia de “chuponeo” registrada en menos de una semana. La primera la formuló el domingo pasado el periodista del diario El Comercio, Juan Paredes Castro.

FEDEPAZ es una institución que promueve la justicia, equidad, la lucha contra la discriminación, y el desarrollo sostenible.

La interceptación sistemática de sus teléfonos y correos electrónicos, cuyas transcripciones parciales han sido publicadas en un diario, denunció ayer la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), que apoya a las comunidades afectadas por la pretendida explotación del proyecto minero Río Blanco (Majaz), en Piura

La directora ejecutiva de Fedepaz, Rosa Quedena, dijo que la prueba de que las conversaciones de sus miembros son espiadas es que los diarios Correo de Piura y de Lima han publicado información de correos electrónicos y llamadas telefónicas de esta institución.

Las comunicaciones corresponden a Javier Jahncke, el encargado de asesorar legalmente en sus reclamos a los lugareños por la presencia ilegal de la empresa minera, cuyas actividades no cuenta con autorización de las comunidades.

Quedena citó como ejemplo la publicación aparecida el pasado 4 de abril en Correo de Piura, la cual señala: “Un mensaje del lunes 31 de marzo, que llegó a los correos electrónicos de los miembros del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, revela el siguiente paso que dará esta organización”.

El mismo periódico, en su edición del 6 de abril, informa de un fax enviado desde Fedepaz: “la respuesta de la red al manifiesto del FUCSC fue faxeada a Piura desde un teléfono de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) de la cual es miembro Jahncke Benavente”.

Dijo que las publicaciones son maniobras de amedrentamiento, que se suman a las denuncias por terrorismo contra Jahncke y otros defensores de derechos ciudadanos y del medio ambiente.

Diario La Primera – Lima 11/04/2008