RETIRO DE CERTIFICACIÓN A DOE RUN REFLEJA NECESIDAD DE CONCERTACIÓN

El retiro de la certificación ambiental a la minera Doe Run Perú confirma la falta de acción conjunta entre el Estado, la sociedad y la propia empresa para solucionar el grave problema de contaminación que ocasiona su planta en La Oroya (Junín).

Así lo expresó monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, quien a través del programa "Diálogo Directo", indicó que parte de esta problemática ha sido ocasionada por el poco interés de Doe Run para modernizar su fundición.

“Uno de los problemas más graves es la urgencia de la modernización de la planta; sin ella, cualquier cosa que se pueda hacer son parches porque el problema continúa. El retiro de la certificación por incumplimientos ambientales no hace más que certificar la urgencia de una acción conjunta para revertir esta situación que ya es intolerable”, remarcó.

Así mismo, Barreto Jimeno precisó que la contaminación generada por la compañía norteamericana se concentra en el aire, tal como lo reflejan los altos niveles de plomo registrados en el organismo de los habitantes de la zona, principalmente los niños.

“Hay un aviso que recientemente ha puesto Doe Run que ve uno cuando pasa por La Oroya; dice que Doe Run no contamina el río Mantaro. En realidad puede ser verdad, pero el problema más grave con la empresa no es el agua, sino el aire y ella es responsable de la contaminación del 90% del aire”.

Ante esta situación, Barreto sostuvo que el Estado debe tomar cartas en el asunto y exigir a Doe Run el cumplimiento de acciones para revertir los perjuicios ocasionados puesto que el retiro de la certificación ambiental, no la obliga a hacerlo.

“El Estado tiene que asumir un liderazgo para erradicar esas causas; el retiro no implica una especie de obligación de la empresa de cumplir los estándares, eso corresponde a las autoridades que en cumplimiento de la Constitución tiene que salvaguardar la vida y salud de la población”.

Finalmente, monseñor Barreto advirtió que el problema de contaminación ambiental se agrava con el tunel Quismi, en Morococha, el cual vierte 125 mil metros cúbicos de aguas ácidas de minas al río Yauli, que desemboca a su vez en el río Mantaro.

Como se recuerda, a inicios del mes pasado, Doe Run perdió su certificado ambiental a través de una medida poco usual que han adoptado los auditores externos e independientes de la compañía.

La organización alemana TÜV Rheinland había concedido el certificado hace menos de dos años, pero lo revocó el 11 de marzo alegando que el complejo incumplía las leyes ambientales y que carecía de medidas adecuadas para evitar la contaminación.

El año pasado, a Doe Run Perú se le impuso una multa de 234 mil dólares por diversas incumplir las leyes ambientales vigentes. Además, la semana pasada, las autoridades publicaron un informe que detalla dichas violaciones, incluyendo haber sobrepasado los niveles máximos permitidos de plomo y partículas suspendidas en el aire.

En 2006, varias organizaciones presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la intención de que se recomendara al gobierno peruano poner en práctica medidas urgentes para detener estas violaciones contra la salud y la vida de los residentes de La Oroya. El año pasado, la Comisión aceptó esta petición y solicitó al Estado implementar tales medidas cautelares.

El plomo afecta tanto a niños como a adultos y provoca daños cerebrales, retraso mental y otros problemas de aprendizaje en niños. Además del plomo, la población de La Oroya ha estado expuesta también a niveles altos de otros contaminantes, entre ellos arsénico, cadmio y dióxido de azufre.

www.cn.org.pe – Lima 18/04/2008