ADVIERTEN QUE MMA PUEDE SER UN "SALUDO A LA BANDERA"

Si el gobierno no incluye dentro de las funciones del futuro Ministerio del Medio Ambiente (MMA) facultades para fiscalizar y sancionar a las empresa mineras que no cumplan con los compromisos ambientales establecidos por ley, su instalación no tendrá mayor beneficio para las poblaciones que son afectadas por dichas actividades extractivas.

Así lo advirtió el padre Marco Arana, coordinador regional de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Cajamarca, quien a través de Chami Radio instó al Gobierno central a incluir las recomendaciones formuladas por las diversas organizaciones ambientales del país.

“Si el MMA no recoge las observaciones de los movimientos ecologistas, incluida la Defensoría del Pueblo, de colocar mecanismos de fiscalización y sanción a las industrias en materia de contaminación, sin duda el ministerio podría quedarse como un saludo a la bandera”, sostuvo.

Arana lamentó que la iniciativa del Ejecutivo de impulsar la implementación del MMA no haya surgido de su preocupación por preservar la salud ambiental de las poblaciones más vulnerables, sino de una exigencia de los Estados Unidos para la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre dicho país y el Perú.

“No olvidemos que el MMA no se está creando como una propuesta política del partido de gobierno. El APRA llegó al gobierno sin una propuesta seria y clara sobre los temas ambientales, llegó sin política ambiental. Este portafolio se está creando en el contexto de dar respuesta al TLC, Estados Unidos no va a comprar productos contaminados del Perú”, enfatizó.

De otra parte, señaló que el Ejecutivo viene llevando a cabo toda una estrategia de desprestigio contra las organizaciones que defienden los derechos humanos y ambientales en el país. Esto al referirse a la acusación de los promotores de la consulta vecinal celebrada en Piura en setiembre del 2007, a quienes se les tildó de terroristas, y a los últimos ataques contra la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Así mismo, denunció que se ha venido creando todo un marco jurídico que permite el abuso de autoridad por parte del Estado. “Lo que más me preocupa es que hay un conjunto de normas que le dan al gobierno un carácter de autoritario y represivo, y en algunos casos permiten impunidad, como el asesinato del campesino Isidro en Llanos en Cajamarca y de los campesinos asesinados en Ayacucho”, finalizó.

Cabe señalar que, en los casos arriba mencionados, las fiscalías de las zonas indicaron que estos campesinos fueron asesinados por efectivos de la Policía Nacional del Perú, mientras participaban de una manifestación.

www.cnr.org.pe – Lima 07/05/2008

PROYECTO DE MMA DEBE SER DEBATIDO EN EL PLENO DEL CONGRESO

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Yaneth Cajahuanca, instó a que el proyecto de ley de creación del futuro Ministerio del Medio Ambiente (MMA) pase a ser debatido en el Pleno del Parlamento, por cuanto corresponde a dicho espacio establecer la modificación de la estructura del Estado.

En declaraciones al programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Cajahuanca Rosales destacó la necesidad de que el MMA cumpla con su principal misión, cual es la de fiscalización.

En ese sentido, mostró su preocupación a los avances presentados por la comisión de la creación del MMA, encabezada por el ambientalista Antonio Brack, que no aportan en dicho tema.

“El MMA no debe estar orientado sólo a los grupos de poder porque generaría mayores problemas”, expresó. Por tal motivo, señaló que el MMA debe buscar orientar el desarrollo sostenible del país asegurando una fiscalización eficiente.

“Se trata de explotar nuestros recursos según las posibilidades de la zona; y en base a eso, orientar el desarrollo sostenible del país. No se debe promover la inversión sin descuidar los pasivos ambientales, respetando los estándares internacionales ambientales”, concluyó.

www.cnr.org.pe – Lima 07/05/2008

NO HAY PRUEBAS QUE SUSTENTEN DENUNCIA CONTRA AMBIENTALISTAS Y AUTORIDADES DE PIURA

No existen pruebas penales que sustenten que los alcaldes y ambientalistas que se oponen a la etapa de explotación de la Minera Río Blanco Copper S.A. en Piura sean terroristas, sostuvo el abogado de los acusados, David Velasco.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Velasco Rondón indicó que la denominada "Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas" (ACFUCCSC) se echó para atrás en su denuncia formulada ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, adelantando así una evidente sentencia que demuestre la inocencia de sus clientes.

Velasco Rondón refirió que la fiscalía piurana estableció el 10 de abril como fecha de diligencia de declaración preventiva a los denunciantes, a fin de saber si éstos se rectificaban o no en su acusación, que abarcaba a una treintena de burgomaestres y ecologistas.

No obstante, los denunciantes nunca acudieron a esta cita, ni tampoco asistieron a la reprogramación de la misma, dispuesta para los días 24 y 25 de abril.

En ese sentido, el abogado David Velasco señaló que lo único que queda es esperar que la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura cite a los investigados para determinar si existen culpabilidad o no de sus defendidos.

Por último, señaló que si bien no existen pruebas documentadas que demuestren que esta denuncia fue presentada en el marco de una campaña de desprestigio contra sus clientes -presuntamente encabezada por la Minera Río Blanco Copper S.A.- algunos comuneros de la zona afirman que los miembros de ACFUCCSC trabajan para la compañía minera.

Finalmente, resaltó que la denuncia se basa únicamente en recortes periodísticos de la prensa de Piura, en su mayoría publicados por el diario Correo, medio que tiene una conocida posición a favor de la empresa minera, antes conocida como Majaz.

Como se recuerda, el 24 de marzo, la ACFUCCSC denunció a 35 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura y los sindicaron como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.

Así mismo, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.

www.cnr.org.pe – Lima 07/05/2008