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8 de mayo de 2008

CONCESIONARIA EXPLORA YACIMIENTO MINERO EN SITUACIÓN DE ILEGALIDAD


Ayer Majaz, hoy río blanco cooper, burlan las leyes peruanas. Hace año y medio la Defensoría del Pueblo señaló irregularidades en el Proyecto Río Blanco pero éste sigue adelante con la venia del actual gobierno.



Edmundo Cruz.



Fernando Neyra. Uno de los acusados, víctima de la violencia empresarial.













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Pese a que en noviembre del 2006 la empresa concesionaria Majaz S.A. declaró concluida la fase de exploración de su Proyecto Río Blanco, y pese a que en ese mismo mes la Defensoría del Pueblo emitió un informe señalando las condiciones de ilegalidad en que operaba dicha empresa, sin embargo hasta hoy sigue desarrollando sus actividades con el apoyo declarado del actual gobierno.

Durante los tres años que Majaz exploró el yacimiento de Río Blanco deforestó dos hectáreas de bosque primario, construyó 70 plataformas y pozos de exploración, con profundidades de 100 a 600 metros, abrió dos túneles de 350 metros cada uno, seis kilómetros de acceso y levantó dos campamentos. Aparte del clima de violencia contra las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas en las que se asienta su proyecto.


SIN LICENCIA


La concesionaria sustenta su presencia en los permisos de uso de tierras superficiales concedidos en 1997 por dirigentes comuneros a la empresa Minera Coripacha. Permisos que adolecen de dos irregularidades: (1) No fueron aprobados por los 2/3 de los miembros de las comunidades, como exige la ley, y (2) Tal licencia caducó inmediatamente después de ser concedida porque los titulares no abonaron ningún derecho de licencia al Estado.

En esas condiciones, particulares adquirieron el denuncio en setiembre del 2001 y en febrero del 2003 lo vendieron a la inglesa Majaz.

El 27 de junio del 2003, el gobierno de Alejandro Toledo puso su cuota de apoyo a Majaz y de-claró el Proyecto Minero Río Blanco "de necesidad pública e interés nacional".

Ese decreto supremo viabilizó la autorización para el inicio de las labores de exploración. Para este efecto, la ley exige dos con-diciones: primero solicitar y aprobar la evaluación ambiental y segundo obtener el permiso social aprobado por los 2/3 del voto de las comunidades.

Aquí es donde Majaz S.A, hoy Río Blanco Cooper S.A., incurre en falta. En primer lugar, no respetó el derecho de participación ciudadana, al emprender las labores de exploración amparada en una licencia social irregular.

En segundo lugar, la empresa dio una ubicación geográfica equivocada en su solicitud pública de evaluación ambiental. Solicitó el trámite para un área ubicada en el distrito de Huarmaca, que no existe. Debió señalar los distritos de Carmen de la Frontera, Paicaipampa y Ayabaca. Algo más. Los expedientes de evaluación ambiental no llegaron a ninguna de estas municipalidades y por tanto la población comunera no conoció el proyecto y tampoco pudo formular observaciones.

En el 2007 la empresa inten-tó acogerse a un derecho de ser-vidumbre sobre las tierras de la comunidad de Yanta. Pero la Oficina Registral de Sullana obser-vó la solicitud porque ésta no fue sustentada con los permi-sos sociales otorgados por las comunidades.


VISTA GORDA


La Defensoría del Pueblo en su informe de noviembre del 2006 advirtió sobre la vulneración del derecho de propiedad de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas cometidas por la empresa concesionaria. Y el propio Ministerio de Energía y Minas en un oficio dirigido a la Defensoría reconoció tal situación. Sin embargo el Presidente Alan García ignora tales pronunciamientos.

Resulta irónico que el Estado conceda toda clase de facilidades, incluidas las gollerías de un contrato de estabilidad jurídica, a la empresa que ocupa ilegalmente las tierras de indefensas comunidades y les haga sentir ajenos en su propio territorio.


PARALELISMO


La denuncia del llamado Frente de Unidad de la Comunidad de Segunda y Cajas acusando a 35 líderes ambientalistas del delito de terrorismo no tiene sustento serio.

La Defensoría del Pueblo hizo saber ayer a esta redacción que está muy interesada en el caso y que sigue muy de cerca el curso de la investigación fiscal. Se ha preocupado de conocer las pruebas de la denuncia y se ha comunicado con algunas de las personas acusadas. La Defensoría espera que los hechos se aclaren y la resolución del caso no tarde más de lo debido.

El Frente de Unidad formado con la evidente intención de disputar la representación legal de la Comunidad de Segunda y Cajas no tiene el sustento social debido. Su organización no cuenta con un apoyo significativo de bases.

De las cuatro personas que firman la denuncia: Higinio Rivera Labán, Juan Cruz Pusma, Nexar Labán Majuán y Rosa Sandoval Barco, solo el primero de ellos es miembro de la Comunidad de Segunda y Cajas. Los otros tres viven en la jurisdicción pero no son comuneros. De los 300 adherentes al Frente sólo tres figuran en el padrón de la institución. La Comunidad Campesina de Segunda y Cajas está integrada por 1,200 jefes de familia y la de Yanta por 400.


EL ARMA DEL DESCRÉDITO


Este es un aspecto importante si se tiene en cuenta que el requisito básico para obtener autorización para explorar un yacimiento minero como el de Río Blanco es contar con el permiso social o sea la aprobación de los 2/3 del total de comuneros que figuran en el padrón de la Comunidad. De allí que no se pueden pasar por alto acciones que tiendan a desacreditar sin fundamento a los dirigentes comuneros que no faciliten la obtención de los 2/3 de aprobación.


EL DATO


Precisión. La secuencia de fotos publicadas ayer en la página dos de La República corresponden a los actos de violencia ocurridos el 12 de marzo del 2006 con ocasión del Foro sobre la actividad minera realizado en el local del Terminal Terrestre de Huancabamba, a convocatoria del Frente de Desarrollo Sostenible. No corresponden al evento del 8 de marzo de este año que se realizó en Tres Acequias. Ambos son muestras de la violencia desatada para imponer el proyecto.


RÍO BLANCO A UNO Y OTRO LADO DE LA FRONTERA


El Proyecto Río Blanco se propone explotar el yacimiento Cerro Henry´s Hill de cobre y molibdeno a tajo abierto simple aplicando el proceso de explotación por espuma.

La meta alcanza a 25 millones de toneladas al año en veinte años. Las reservas se estiman en 498 millones de toneladas de mineral (133 millones de reservas probadas y 365 millones de reservas probables).

En octubre del 2006, un funcionario de Monterrico Metals, la matriz de Majaz, reveló que el Proyecto Río Blanco sería parte de un "distrito minero" que po-dría incorporar otros yaci-mientos de la región, así como del otro lado de la frontera. Dicho funcionario mostró cinco futuros sitios de exploración.

Como se sabe, el Proyecto Río Blanco se ubica dentro de los 50 kilómetros de la frontera con el Ecuador y podría extenderse a la zona.

Diario La República – Lima 08/05/2008