PROINVERSIÓN YA NO ADMINISTRARÁ FIDEICOMISOS MINEROS

En pleno proceso de reestructuración de sus funciones surgen más críticas contra la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Esta vez, por la demora en la ejecución de los fideicomisos sociales a favor de las poblaciones donde se desarrollarán minas, como es el caso del proyecto cuprífero Las Bambas de Xstrata, en Apurímac.

De acuerdo al alcalde provincial de Cotabamabas, Pedro Chauca, ProInversión, que en el 2004 fue encargada de administrar los US$ 45.5 millones destinados para este fin, está dificultando la realización de las obras que desde octubre de ese año esperan por ser realizadas, además de demorar el pago de las ya efectuadas.

Según datos de la propia ProInversión, del monto total asignado hasta el momento sólo se han ejecutado algo más de US$ 14 millones, los mismos que corresponden a 13 obras de las 76 proyectadas.

No obstante, el director ejecutivo de esta entidad, David Lemor, se defiende y afirma que la lentitud obedece al engorroso proceso de decisión de inversiones, lo cual no estaba en sus manos sino de un burocrático Consejo Ejecutivo integrado por nueve miembros, algunos representantes de ministerios que no asistían a reuniones impidiendo el quórum o que simplemente no habían sido nombrados.

Por ello, anunció, pronto se emitirá el Decreto Legislativo N° 996, el cual dispone que los fondos de los fideicomisos mineros pasarán dentro de un nuevo esquema a constituirse en fondos sociales, en los que ya no participará ProInversión y cuyo Consejo Ejecutivo estará integrado sólo por tres miembros para agilizar así la cristalización de las inversiones.

Diario Expreso – Lima 06/05/2008

INCOHERENCIAS

ENTRE EL CANON Y LA POBREZA

Por Nelly Luna Amancio

La pobreza y las cifras exorbitantes tienen una cruel relación en el Perú, pues las regiones donde se han concentrado millonarias inversiones mineras ostentan también enormes porcentajes de pobreza.

La región que alberga al mayor extractor de oro del país no ha logrado, en los últimos 16 años, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Cuando Yanacocha comenzó su operación, en 1992, la desnutrición crónica en Cajamarca aquejaba a 44 de cada 100 niños y la pobreza a un 70% de sus habitantes. Estas cifras aún se mantienen. Y, aunque la infraestructura en salud y educación ha mejorado, como el mismo presidente regional reconoce, el déficit calórico promedio continúa en un 41%. Solo en los últimos cuatro años esta región ha recibido S/.1.412'000.000 por el canon. ¿En qué se invirtió el dinero si las cifras de pobreza no variaron? Recién en el 2006, con el apoyo del Banco Mundial, y luego de una capacitación a las autoridades, se han desarrollado estrategias más eficientes para el gasto, focalizándose en el desarrollo de capacidades en las comunidades.

Pasco, el departamento minero del país, tampoco escapa de su letargo económico. Concentra el 49% de desnutrición crónica y solo el 20% de su población cuenta con saneamiento adecuado. Un tema fundamental para Jorge Masilla, adjunto de la Defensoría del Pueblo, es la ausencia de un seguimiento en el impacto social y económico que dejan las obras del canon. "Medir esto es un poco costoso, pero es necesario", precisa, sobre todo si queremos saber si vamos por el camino adecuado.

¿Y EL CANON GASFITERO?

Una historia similar se repite en Echarate, el distrito cusqueño más rico de La Convención y el más extenso del país. En su territorio se encuentran cincuenta comunidades machiguengas y asháninkas, casi la mitad con serios problemas de desnutrición y acceso a los servicios de salud y educación. Con la explotación del gas de Camisea y el desembolso del canon respectivo (desde el 2004), las puertas del desarrollo parecían abrirse para este distrito, pero no fue así.

El 2006, cuando recorrimos el bajo Urubamba visitando las comunidades machiguengas, la Municipalidad de Echarate construía --autorizada por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)-- un enorme palacio municipal cuya foto podemos ver ahora en la página web del concejo. En estos dos años los edificios descomunales han continuado. El mismo SNIP, que considera no viable un proyecto nutricional en esta zona, autoriza la construcción de un complejo de piscinas en una zona que se jacta de tener imponentes y virginales caídas de agua.

Durante los últimos dos años el presupuesto se ha duplicado, superando el 2008 los 121 millones de soles. Los representantes del Consejo Machiguenga del río Urubamba (Comaru) dicen que las obras en las comunidades se están concentrando en zonas urbanas y que hay ausencia de proyectos que generen capital. "Deberían hacerse proyectos en las poblaciones nativas, ahora que con los continuos derrames y la explotación del gas han alterado el estilo de vida y la alimentación de las comunidades", ha dicho Walter Kategari, representante del Comaru.

Las grandes inversiones alteran siempre la cotidianidad de los poblados en los que se desarrollan. Eso se traduce en más bodegas, bares y locutorios telefónicos, trayendo como consecuencia el abandono de las tierras de cultivo. Félix Solórzano, el alcalde de San Marcos (en Áncash, donde opera Antamina) cuenta cómo "muchos agricultores ahora trabajan en la mina o han abierto su tienda. Por eso hay desabastecimiento de alimentos", dice preguntándose si esas actividades serán sostenibles cuando la mina ya no esté.

"Ese es el reto que tienen las autoridades, invertir el canon bien y con eficiencia, garantizando en un futuro cercano la mejora de los indicadores sociales y económicos,", insiste el representante de la defensoría. Solo eso evitará que la pobreza se arrastre en adelante.

APOYO DISPERSO

Además del canon, las regiones mineras disponen ahora de dinero adicional. El aporte voluntario que las mineras han denominado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Con estos montos se ha repetido el camino que recorre el uso del canon: poca ejecución (el 2007 se gastó solo el 18% de lo prometido), pero, además, concentrado en obras de infraestructura (43%).

El último informe de la Comisión Sectorial del Ministerio de Energía y Minas (que vigila el aporte), precisa que no está mal que se invierta en este tipo de obras, pero, a largo plazo, sí se debería mejorar la sostenibilidad de las mismas. "Debería complementarse con programas de capacitación y actualización, proyectándose hacia una integralidad del proyecto", se lee.

Esta situación se trató de evitar en el decreto supremo que regula este aporte, donde se establece un orden de prioridades: nutrición, educación, salud, desarrollo y fortalecimiento de la gestión pública. También indican la importancia que tiene el desarrollo de cadenas productivas más allá de la vida útil de la operación minera. Estas recomendaciones se quedaron en el papel, pues como el informe señala 11 de las 32 empresas no están cumpliendo con asignar al menos el 30% del fondo regional en nutrición, salud y educación.

Las empresas Buenaventura, Minera Poderosa y Minera Caudalosa han ejecutado más del 95% de sus montos comprometidos, pero no necesariamente son las que más dinero han gastado. Por ejemplo, Tintaya gastó, hasta noviembre del 2007, S/.3'674.726, dos millones más de los que gastó Yanacocha (S/.1'533.209); sin embargo, en cuestión de porcentaje ejecutado, el de Tintaya representa el 41% y el de Yanacocha 74%. Hay empresas cuyos montos de ejecución ni siquiera alcanzan el 5% (Minera Argentum, Minera Condestable, Pampa de Cobre) y otras que no ejecutaron nada: Los Quenuales y Perubar. Esta semana intentamos conversar con representantes de la Sociedad Nacional de Minería pero no fue posible.

Para Juan Carlos Cortés, presidente de Ciudadanos al Día, solo mejorando la capacidad de gestión y priorizando el gasto se logrará atender los altos niveles de pobreza en estas regiones. "¿Sabemos, por ejemplo, qué productos agrícolas nos convienen impulsar en cada región?", pregunta.

SEPA MÁS

1. El aporte voluntario se divide entre un fondo minero local y otro regional, y se calcula sobre la base de la utilidad neta anual de la minera después del Impuesto a la Renta y antes de la distribución de dividendos.

2. Los recursos deberán ser transferidos a una asociación civil o un fideicomiso.

3. La comisión que administre el dinero deberá tener un número impar de miembros no menor de 5 ni mayor de 9, a elección de la empresa, a la que le corresponderá designar a la mayoría.

Diario El Comercio – Lima 06/05/2008