CONFLICTOS MINEROS Y SOCIALES PODRÍAN AGRAVARSE EN PERÚ

Por Marco Aquino

Las protestas sociales en demanda de más ingresos por la explotación de los recursos naturales podrían agravarse en Perú y acorralarían al Gobierno si no realiza reformas para que los beneficios del salto económico lleguen a los más pobres del país, dijeron analistas.

Los conflictos relacionados a la minería, el corazón de la economía, y la naciente y prometedora industria del gas natural, se encenderían más en las provincias donde existen hasta 10 focos identificados de "mayor crisis", según un informe de la Defensoría del Pueblo.

La última protesta que enfrentó el Gobierno del presidente Alan García, convertido en un gran promotor de la inversión y del libre mercado, duró más de una semana con bloqueos de vías y la toma como rehenes a decenas de policías en el sur de Perú.

Las manifestaciones culminaron con la promesa del Gobierno de realizar obras de infraestructura, al tiempo que el gabinete de García relanzó su estrategia de lucha contra la pobreza.

"Parece inevitable una serie de conflictos debido al tema de reparto de la riqueza. Además, las expectativas embalsadas son demasiadas y hay muchas carencias", dijo a Reuters el analista político Santiago Pedraglio.

Según el último dato oficial, la economía del país creció un 13,25 por ciento en abril, la mayor alza mensual en 13 años debido al repunte de los sectores construcción y pesca, acumulando una expansión anual de 9,57 por ciento.

Perú registra un robusto crecimiento desde hace seis años pero la pobreza alcanza aún al 40 por ciento de la población.

En este contexto, los pobres en los Andes exigen una mayor tajada de las enormes ganancias generadas por empresas mineras extranjeras por los altos precios de los metales, mientras que tribus en la selva amazónica rechazan la extracción de petróleo y gas por miedo a que contaminan sus tierras.

En el 2003, la empresa canadiense Manhattan Minerals abandonó un rico proyecto de oro en el norte de Perú debido a fuertes protestas de campesinos por temor a daños ambientales.

PELIGRO LATENTE

La Defensoría del Pueblo, que vigila los derechos de los ciudadanos, reportó que los conflictos activos se duplicaron en el último año en Perú a 65. La mayoría de ellos relacionados con problemas socioambientales y de gobierno local y central.

En suma, la defensoría ha identificado hasta 116 conflictos sociales y destacó 10 casos que "podrían alcanzar la fase de crisis de no haber una acción inmediata" del Gobierno.

"Hay un componente de desconfianza muy grande hacia la empresa y el Gobierno, que siente que lo ha abandonado. El recurso minero y energético es de plazo determinado y por eso las demandas son urgentes para ellos", dijo el jefe de la unidad de conflictos sociales de la Defensoría, Rolando Luque.

Las regiones con conflictos son zonas donde el presidente García no tuvo mayor apoyo en las últimas elecciones o donde ganaron partidos independientes o de izquierda, entre ellos el del líder opositor nacionalista Ollanta Humala, a quien el Gobierno acusa de respaldar las protestas.

García afirma que las protestas se deben a la impaciencia de regiones "ricas" como Moquegua y Tacna, que se disputan tributos mineros, y descartó nuevos conflictos debido a que el Gobierno "está resolviendo las demandas".

Perú logró en abril la ansiada calificación de grado de inversión de la agencia Fitch y el presidente García, con una popularidad de 35 por ciento, espera que Standard & Poor's lo haga pronto, aunque la firma ha advertido que el país necesita asegurar una "sostenibilidad política y social" para ello.

Analistas urgen cambios en la legislación tributaria para evitar futuros roces con firmas como Southern Copper , Anglo American y la suiza Xstrata , que tienen diferentes minas y podrían ser la manzana de la discordia entre las regiones donde operan.

La mayoría de zonas donde operan las empresas mineras con modernas maquinarias y vehículos, carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad, escuelas y hospitales.

"El Estado está totalmente ausente en muchas regiones y sólo llega cuando la gente empieza protestar", dijo Nonoy Lanatta, de la ONG Grufides de Cajamarca, donde se asienta Yanacocha, la mayor productora de oro de Latinoamérica.

Por lo pronto, el país espera una huelga de trabajadores mineros desde el 30 de junio, en demanda de la eliminación del tope de reparto de ganancias entre ellos, y el mayor sindicato de Perú ha programado para el 9 de julio un paro nacional.

www.reuters.com – Lima 20/6/2008