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8 de julio de 2008

YANACOCHA INVADE ACUÍFERO LA SHACSHA


Grave denuncia. 2 tractores de oruga, 3 retroexcavadoras y varios volquetes de gran tonelaje se encuentran ubicados en la zona protegida La Shacsha, bosque de piedras y acuífero de Baños del Inca.


Noé Sangay Pérez, presidente del comité de gestión hídrica de Baños del Inca, junto a otras representes de la sociedad civil organizada acudieron a La Shacsha para verificar si las denuncias por parte de los pobladores eran verdaderas, y comprobaron que maquinaria pesada de la trasnacional minera ha tomado como centro de operaciones ese bosque natural de piedras.

Es en verdad indignante que minera Yanacocha no respete en lo más mínimo lo que establece la Ordenanza Municipal 076 - 2006 que establece como zona protegida de 14 mil hectáreas al bosque La Shacsha. Ordenanza Municipal que conocen a la perfección los empresarios de Minera Yanacocha pero que no han respetado en lo más mínimo, refirió Sangay.

“Los pobladores de Baños del Inca, somos pacíficos, pero no podemos permitir más agresiones y amenazas, pues son alrededor de 300 manantiales que se ubican en esa zona tan importante y vital para la vida de los pobladores y la realización de su agricultura y ganadería”, enfatizó Sangay Pérez.

Diario Panorama – Cajamarca 08/07/2008












OTRAS REGIONES PROTESTAN CONTRA ABUSOS MINEROS


La presidenta de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería en Arequipa, Hilda Huamán, garantizó también que su región apoyará la jornada de protesta. “Los puntos son aquellos referidos a la privatización del agua de los territorios, contemplados en el DL 1015. Sabemos que quienes están en el territorio de las comunidades campesinas son las empresas mineras, de manera que aquellas asentadas más de un año en el territorio de las comunidades, van a acceder como propietarios”, refirió.

De otro lado, el director de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería en Puno, Pablo Salas, manifestó que la región altiplánica acatará el paro. “Las mineras que operan desde más de 40 años, que son del Grupo Brescia, extraen dos mil 500 toneladas de estaño en 24 horas y facturan anualmente 200 millones de dólares. De acuerdo a la Ley de Tributación se llevan casi el 100% al extranjero, dejando un monto mínimo en el país”, denunció.

Diario La Primera - Lima 08/07/2008








HAY 132 CONFLICTOS SOCIALES EN EL PAÍS: 16 SON CASOS NUEVOS


El reporte del mes de junio advierte además de 53 acciones colectivas de protesta.


La Defensoría difundió su último reporte, donde señala que 86 focos de protesta se encuentran activos (65%) y 46 en estado latente (35%). Da cuenta de cuatro acciones de violencia subversiva.

En su reporte número 52, con información actualizada al 30 de junio de 2008, la Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 16 nuevos conflictos sociales en el país y seis casos reactivados, con lo cual el número de focos de protesta activos se eleva a 86, un 32% por ciento más respecto del mes de mayo.

El documento difundido hoy por dicha institución reporta, a la fecha, la existencia de 132 conflictos sociales, de los cuales 86 se encuentran activos (65%) y 46 en estado latente (35%). El reporte del mes de junio advierte además de 53 acciones colectivas de protesta y da cuenta de cuatro acciones de violencia subversiva. Indica que durante el sexto mes no se resolvió ningún caso.

Los casos nuevos que reporta la Defensoría se registran en los departamentos de Apurímac (1), Ayacucho (1), Cusco (3), Huánuco (1), La Libertad (2), Lambayeque (1), Lima (1), Loreto (2), Piura (2). A estos focos de conflicto se suman los problemas laborales no resueltos: la de los trabajadores del Inpe y uno en el sector pesquero. En tanto, refiere que los casos reactivados son los de Áncash (1), Cajamaca (4) y Lima (1),

Asimismo, el reporte, elaborado por la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría, indica que nueve de los casos nuevos son de tipo socioambiental, tres están referidos a asuntos de gobierno local y laboral, respectivamente, y un conflicto por asuntos de gobierno nacional.

La unidad a cargo de la elaboración de este documento explicó que el conjunto de los conflictos sociales, tanto en los casos activos como en los latentes, el 49% corresponde a casos socioambientales; en segundo lugar, con 18%, se encuentran los casos por asuntos de gobierno local, y en tercer lugar, con 7%, los conflictos comunales y por temas de gobierno nacional.

Diario Perú 21 – Lima 08/07/2008








Indígenas y campesinos entre los más perjudicados

PERÚ: NUEVAS REFORMAS JURÍDICAS PARA PROFUNDIZAR EL MODELO NEOLIBERAL


Luis Vittor


Es paradójico que en un país democrático quienes fueron elegidos para legislar no lo hagan y que las reformas no sean producto de los necesarios consensos políticos. En el Perú, lo que no hace el Parlamento lo hace el Poder Ejecutivo; mientras los debates parlamentarios se distrajeron en escándalos de empleados fantasmas, el Ejecutivo le facilitó el trabajo de la creación de leyes. En 180 días ha promulgado más de 100 decretos legislativos al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso para legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del TLC con Estados Unidos, que han exaltado el clima político en días previos al paro nacional del 8 y 9 de julio.

Los decretos legislativos (DL) del gobierno aprista de Alan García, constituyen un nuevo paquete de reformas para garantizar no sólo la implementación del TLC sino fundamentalmente para profundizar el modelo liberal y eliminar la oposición social que “obstaculiza” la libre circulación del capital privado. Los DL marcan un nuevo hito, sólo comparable con las reformas realizadas en el gobierno de Fujimori a inicios de la década de los noventa por recomendación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El propio García, en su artículo “Una apuesta crucial por el siglo XXI”, publicado el domingo en el diario El Comercio, señala que gracias a las facultades otorgadas “se ha promovido una gran transformación jurídica en el Estado” y justifica que éstas tienen por finalidad “transformar el Estado”, “aumentar el crecimiento y fomentar la inversión”, mejorar la “calidad educativa y competitividad técnica”, “generar empleo decente y formalizar el trabajo” y “agilizar la acción pública”.

Lo controversial de los DL es ver si estas se ajustan a las facultades otorgadas o constituyen un “abuso” de las mismas, ya que algunos no tendrían relación con el TLC suscrito con Estados Unidos. El analista económico Humberto Campodónico ha estimado que al menos 20 de los decretos no se ajustarían a las facultades otorgadas (La República).

La Defensoría del Pueblo y un grupo de parlamentarios han interpuesto dos demandas de inconstitucionalidad contra el DL 1015 referido a la disposición de las tierras comunales por parte de las comunidades campesinas. Organizaciones campesinas e indígenas han anunciado la presentación de demandas de inconstitucionalidad contra al menos cuatro decretos legislativos. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha solicitado al Congreso la derogatoria de dos decretos (DL 1057 y 1086).

Otro aspecto controversial es que la “avalancha” de decretos tiene una cuota de contrabando al trabajo parlamentario, ya que algunos eran Proyectos de Ley que el gobierno había enviado al Congreso y tenían el

dictamen de “archivase”, mientras que otros habían recibido fuertes críticas y la oposición de grupos parlamentarios, que ahora el propio Parlamento tienen la oportunidad de corregir a través de control político que debe realizar a este tipo de decretos legislativos. Una manera “criolla” de sacarle la vuelta a la democracia, lo que ha despertado sospechas de “lobbies” tras su promulgación, y que según denuncias hechas públicas beneficiarían a empresas de diversos sectores productivos: minería, lácteos, puertos, pesquería y reforestación.

La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) ha denunciado que el DL 1022 beneficiaría a capitales chilenos; el Sindicato de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), ha denunciado que el DL 1031 en práctica podría constituir el inicio de la privatización de esta empresa de servicios de agua potable de Lima; y la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) ha denunciado que el DL 1035 favorece a los intereses del Grupo Gloria.


“DESAPARICIÓN” DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS


Un blanco de los decretos legislativos son las comunidades campesinas y nativas, que en el caso de los Andes y la Amazonía han constituido territorios de resistencia al modelo neoliberal por su oposición y/o críticas a los mega proyectos de industrias extractivas, especialmente los mineros. Con estos decretos, según García, la idea es abrir “nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas”.

Se ha promulgado al menos cuatro decretos para “desaparecer” las comunidades y entregar las tierras comunales a manos privadas. García sostiene que al facilitar “su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etc.” se estaría sacando “de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria”.

Las organizaciones indígenas y campesinas, como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), han denunciado que el paquete dedicado a quebrar la resistencia de las comunidades incluye cambios legales que afectan sus derechos al territorio, al agua, a la autonomía, a la consulta, al consentimiento, al desarrollo, entre otros, que responden a las obsesiones del presidente García por eliminar la propiedad colectiva y favorecer el acceso a empresas interesadas en desarrollar proyectos mineros, forestales, biocombustibles, etc.

En el caso de la minería, la denuncia de las organizaciones tendría argumento. Efectivamente, los decretos (DL 1015, 1073 y 1064) responderían a una clara intención de favorecer el desarrollo de proyectos mineros en territorio de comunidades campesinas, al reducir el voto de 2/3 a 50% de los comuneros para decidir el destino de las tierras y al eliminar el “acuerdo previo” para el acceso a tierras comunales para actividades de exploración y explotación minera.

Actualmente, diversos proyectos mineros (Río Blanco, Quellaveco, Tambogrande, Michiquillay, La Zanja, San Gregorio, entre otros) se encuentran paralizados por conflictos con las comunidades al no lograr la “licencia social”. El propio gobierno intento, el año 2007, que al menos 20 proyectos mineros fueran declarados de interés nacional al enviar el Proyecto de Ley 1640 al Congreso, el que dictaminara su archivo.


Partidos demandan revisar decretos legislativos


Los partidos políticos Perú Posible (PP) del ex presidente Alejandro Toledo, el Partido Nacionalista (PNP) de Ollanta Húmala y hasta el derechista Partido Popular Cristiano (PPC) de Lourdes Flores, han demandado la revisión de los decretos legislativos.

El PP ha planteado que sea en el foro del Acuerdo Nacional, donde participan diversos partidos políticos, quién revise los 102 decretos legislativos; mientras que Lourdes Flores ha señalado que su partido revisará los decretos para ver si éstas se encuentran en el marco de las facultades otorgadas y, semanas atrás, había adelantado que se debe revisar el DL 1015 que afecta los derechos territoriales de las comunidades campesinas.

Por su parte el PNP, en comunicado público, ha calificado de “irresponsable delegación de facultades” otorgadas por el Congreso y exige al gobierno “detallar en cada una de sus propuestas legislativas, el vínculo y la necesidad de la norma para la implementación del TLC” y “publicar los estudios jurídicos y consultoras que participaron en la elaboración de las normas, a fin de definir su posible vinculo con las empresas que se beneficiarán de las mismas”.

Finalmente, el actual presidente del Congreso, Luis Gonzáles Posada del partido de gobierno, en respuesta al planteamiento del PP ha informado que el Parlamento tiene las facultades para revisar los decretos legislativos, evaluar su inconstitucionalidad y eventualmente derogarlos.

www.bolpress.com – Lima 08/07/2008







MINISTRO VALDIVIA DESTACA APROBACIÓN DE COMUNIDADES A PROYECTOS MICHIQUILLAY


Lima - Perú, (ORBITA).- El Ministro de Energía y Minas, arquitecto Juan Valdivia Romero, destacó la importancia para el país de la aprobación, en los últimos días, de Michiquillay y La Zanja, dos de los grandes proyectos mineros que a ejecutarse en nuestro país, como son Michiquillay y La Zanja.

Manifestó que hace unos días las comunidades de Michiquillay y La Encañada, que eran totalmente contrarias al desarrollo minero en su zona, otorgaron licencia social a la empresa minera Anglo American para desarrollar el proyecto cuprífero Michiquillay, y que el último jueves se llevó a cabo la audiencia pública para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental en la comunidad de La Zanja, un proyecto minero que hace cuatro años fue inclusive atacado por la comunidad.

Ahora, la comunidad se ha reunido mayoritariamente y ha escuchado los comentarios y propuestas hechas por la empresa y las autoridades, y han aprobado el EIA, dijo para expresar que el Perú continúa avanzando en el desarrollo de las actividades mineras y petroleras.

Estamos seguros que las empresas irán comprometiéndose necesariamente con el desarrollo de los pueblos, dijo luego para destacar la misión del explorador en la realización de los grandes proyectos que se desarrollan en dichos sectores.

Hizo propicia la ocasión para ello tras saludar la presencia en la vida nacional de la "Asociación de Exploradores del Perú" , presidida por el ingeniero Rafael Belaunde, en ceremonia realizada en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

De esta manera dijo también que el Gobierno, en general, y el Ministerio de Energía y Minas, en particular, están empeñados en que el Perú siga siendo un país muy atractivo a las inversiones, particularmente mineras y petroleras, en el entendido de que son el soporte del desarrollo económico nacional. Pero, al mismo tiempo, este impulso que le hemos dado ofrece y obliga a tratarlo con gran seriedad de aprobarlas y en ello participan todas las instituciones o especialistas interesados en el tema y también realiza audiencias públicas para , en conjunto, lograr que se discutan abiertamente las normas y sean aprobadas.

Por eso el Perú se han convertido en los últimos años en un país atractivo para las inversiones mineras y petroleras e, inclusive, ha subido 26 posiciones en estos últimos años, como lo ha informado el Instituto Fraser, que siempre nos ha tratado con > "> palo> "> en los últimos años y ahora reconoce que nuestro país escala posiciones y es el segundo en América Latina que recibe inversiones por encima de los 500 millones de dólares el año pasado y, en el sector petrolero, se han firmado 64 contratos de exploración que le dan al país una inversión mínima, en los próximos cuatro años, de dos mil millones de dólares, expresó.

Indudablemente que tenemos que seguir trabajando y por eso estamos seguros que contamos con la colaboración de todos ustedes, dijo finalmente el titular de Energía y Minas dirigiéndose a los miembros del Consejo Ejecutivo y miembros de la flamante Asociación de Exploradores del Perú.

www.agenciaorbita.com – Lima 08/07/2008








DEFENSORÍA ALERTA SOBRE 16 NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES


Se originan, sobre todo, por problemas de contaminación y por concesiones mineras. En la mayoría de los casos, las autoridades aún no han iniciado mecanismos de diálogo.

Un total de 16 nuevos conflictos sociales se registraron en diversas regiones del país en el mes de junio, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. En la mayoría de los casos, aún no se ha establecido una mesa de diálogo entre las autoridades y los manifestantes.

El Reporte N°52 de Conflictos Sociales de la institución que preside Beatriz Merino da cuenta de la existencia de 132 conflictos, de los cuales 86 se encuentran activos, mientras que 46 se mantienen en estado latente.

Los casos nuevos se concentran en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura.

Según los datos de la Defensoría, nueve de estos conflictos se originaron por problemas socioambientales, tres están relacionados con asuntos de gobierno local y laboral, y uno se refiere a asuntos del gobierno nacional.


REGIONES MOVIDAS.


Entre los conflictos sociales que han comenzado en el último mes figura el ubicado en la provincia de Huancasancos (Ayacucho), cuyos pobladores rechazan la concesión de la empresa Electropampas por temor a que escasee el recurso hídrico y a que se reduzcan las tierras comunales.

Hasta el momento no se ha iniciado un diálogo en la zona, aunque se ha conformado una comisión integrada por representantes de la municipalidad provincial, la gobernación y la directiva comunal, la misma que busca reunirse con autoridades en Lima.

Mientras tanto, en la comunidad campesina Lutto Kututo, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), la minería informal ha sido paralizada. La población rechaza toda actividad minera en el lugar ya que este es considerado zona agrícola y arqueológica.


LOS MÁS URGENTES.


La Defensoría también dio a conocer ayer los cinco conflictos que requieren atención urgente del Gobierno esta semana.

Entre ellos está el que enfrenta a las organizaciones sociales y a la municipalidad de Candarave, en Tacna, con la empresa Southern Perú Copper Corporation, que pretende extraer aguas superficiales y subterráneas para sus yacimientos de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), obra que estaría afectando varios ríos tacneños.

El municipio se ha contactado con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas para tener una reunión y evaluar la problemática.

Los otros casos que requieren la atención urgente de las autoridades son el conflicto por la contaminación en la cuenca del río Ramis (Puno), las demandas de los Waris en Ayacucho, las protestas de los docentes y trabajadores universitarios, y el enfrentamiento entre la Municipalidad de Lima y la Universidad de San Marcos por la construcción del intercambio vial.

Diario Perú 21 – Lima 08/07/2008