AMPLIACIÓN DE PROYECTO RÍO BLANCO PODRÍA REANUDAR CONFLICTO
Minera pretendería formar un distrito minero
Durante la presentación del tercer informe del observatorio de conflictos mineros en el Perú, presentado por las ONG CooperAcción, Grufides y Fedepaz, se destacó que en la región de Piura se vive actualmente un clima tenso tras la pretensión de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) de ampliar el área de exploración de su proyecto Río Blanco.
El especialista, Javier Jahncke, miembro del grupo de Apoyo de la Red Muqui para el Caso Majaz, sostuvo que este último semestre se ha incrementado el otorgamiento de concesiones para posibles nuevos proyectos mineros, en diversos distritos de la costa y sierra de Piura, poniéndose en riesgo el equilibrio del frágil ecosistema de ésta zona ante la falta de una planificación del ordenamiento territorial a nivel provincial y regional, que les permita una organización concertada y sostenible de desarrollo.
Asimismo contó que a través de un dossier publicado a en su web y circulado por correo electrónico, la empresa Río Blanco Copper ha informado sobre su intención de ampliar su zona de exploración a los cerros denominados Soho, Henry´s Hill, Soho, Quebrada del Cobre, Ecuador y Colina, confirmando así su proyección de distrito minero, cuyos impactos acumulativos no puede medir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sino que lo tendría hacer una Evaluación Ambiental Estratégica.
Este hecho podría ser una nueva fuente de conflictos sociales en esta región que ya viene soportando las arbitrariedades de esta empresa, que pese a encontrase de manera ilegal en la zona, como lo han establecido la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y de Ambiente y Ecología del Congreso de la República y los Registros Públicos, intenta continuar su exploración hasta el año 2010.
Por su parte, el padre Marco Arana, representante de Grufides, manifestó que urge retomar el diálogo con las autoridades, sin embargo el premier Yehude Simon aun no ha respondido a la solicitud que hicieran los alcaldes de las provincias de Huancabamba y Ayabaca.
Finalmente José de Echave, de la Ong CooperAcción, destacó que el caso de Río Blanco es un claro ejemplo de legislación que no se cumple y que existe la necesidad de fiscalizar a empresas como ésta, en términos de cumplimiento del marco legal.
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El especialista, Javier Jahncke, miembro del grupo de Apoyo de la Red Muqui para el Caso Majaz, sostuvo que este último semestre se ha incrementado el otorgamiento de concesiones para posibles nuevos proyectos mineros, en diversos distritos de la costa y sierra de Piura, poniéndose en riesgo el equilibrio del frágil ecosistema de ésta zona ante la falta de una planificación del ordenamiento territorial a nivel provincial y regional, que les permita una organización concertada y sostenible de desarrollo.
Asimismo contó que a través de un dossier publicado a en su web y circulado por correo electrónico, la empresa Río Blanco Copper ha informado sobre su intención de ampliar su zona de exploración a los cerros denominados Soho, Henry´s Hill, Soho, Quebrada del Cobre, Ecuador y Colina, confirmando así su proyección de distrito minero, cuyos impactos acumulativos no puede medir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sino que lo tendría hacer una Evaluación Ambiental Estratégica.
Este hecho podría ser una nueva fuente de conflictos sociales en esta región que ya viene soportando las arbitrariedades de esta empresa, que pese a encontrase de manera ilegal en la zona, como lo han establecido la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y de Ambiente y Ecología del Congreso de la República y los Registros Públicos, intenta continuar su exploración hasta el año 2010.
Por su parte, el padre Marco Arana, representante de Grufides, manifestó que urge retomar el diálogo con las autoridades, sin embargo el premier Yehude Simon aun no ha respondido a la solicitud que hicieran los alcaldes de las provincias de Huancabamba y Ayabaca.
Finalmente José de Echave, de la Ong CooperAcción, destacó que el caso de Río Blanco es un claro ejemplo de legislación que no se cumple y que existe la necesidad de fiscalizar a empresas como ésta, en términos de cumplimiento del marco legal.