HAY UN INTENTO DE ACALLAR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) también alzó la voz contra el proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Alan García y el premier Yehude Simon para modificar el Código Civil y la Ley General de Sociedades, agregando como causales de cierre las de atentar contra “la soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos”.
Aprodeh considera que la introducción de nuevos conceptos como soberanía nacional y seguridad del estado es peligrosa, justamente por la vaguedad de esos términos: el ordenamiento penal no recoge delitos asociados a estos criterios.
“Denunciar un caso de violación de derechos humanos en la política antisubversiva o un caso de corrupción en las Fuerzas Armadas podría ser interpretado como un atentado contra la seguridad nacional”, advirtió la asociación humanitaria.
Según Aprodeh, no hay justificación alguna para el cuestionado proyecto, pues el orden público, por ejemplo, nos remite a la normatividad interna del país, que respetan los organismos de derechos humanos, las entidades ambientalistas y la cooperación internacional.
En los últimos meses, sostiene Aprodeh, inclusive oponerse al TLC, promover o respaldar un paro nacional, llevar a cabo una consulta en Majaz o las protestas de las víctimas del terremoto contra la demora de la ayuda han sido consideradas “traición a la patria” por determinados funcionarios del régimen.
Diario La Primera Lima 29/11/2008
MOVIMIENTOS REGIONALES EN LA MIRA DEL PROYECTO
La intención del Ejecutivos es gobernar sin oposición.
Hasta hace unos días la definición de los conceptos de soberanía y no intervención se refería a relaciones entre Estados. Con el proyecto García-Simon se asume que los peruanos y sus organizaciones pueden ser acusados de violar esos principios si el Estado interpreta nuestros fines y actividades, por ejemplo, como parte de un complot de alguna potencia extranjera, del tipo Bolivia, Ecuador o Venezuela, que como se sabe se han propuesto dominar el mundo.
Faltaba que Aldo M dijera su palabra para que quedase confirmado qué clase de “excelente proyecto” ha enviado el gobierno al Congreso para defenderse de extremistas de ONG y otros entes que “arrían” (sic) campesinos con dinero chavista en las regiones. Ahora ¿quién va a discutir que se trata de una iniciativa fachistona que nace del miedo a la protesta social que crece en las provincias, teniendo como uno de sus actores principales a las organizaciones campesinas?
El gobierno que vende al país alegando que todavía queda por explotar el 90% del potencial minero y que habla de los bosques, el subsuelo, los mares y la infraestructura pública, como si fueran suyos y los estuviera rematando por próximo viaje, no puede explicarse las resistencias a la ocupación y los reclamos de la gente contra las explotaciones ya existentes, que no sea con el fantasma del chavismo.
O sea que los campesinos no piensan, no saben lo que les conviene, y van a dejar de pitear si se cierra Conacami (como pide Rafael Rey), la ONG del padre Arana, las radios provincianas y, quién sabe, LA PRIMERA, diario al que también lo acusan de chavismo por no creer que Alan García es el mejor presidente de la historia peruana después de haber sido el peor hace veinte años.
El “excelente proyecto” es propio de un cerebro limitadísimo (hay que preocuparse por Simon que anda diciendo que ama las ONG y que si hay que corregir su proyecto, lo va a corregir), ya que ni siquiera ha sido capaz de homogenizar el tratamiento de los casos a los que se refiere: el Código Civil disuelve asociaciones vía Fiscalía, y la Ley de Sociedades a iniciativa del Ejecutivo ante la Corte Suprema; ni de retirar el anacrónico concepto de las “buenas costumbres” que sigue en la versión modificada.
Pero lo esencial era meter “lo extranjero”, como sinónimo de “lo malo” (¿APEC?, ¿ALC-UE?, ¿TLC?) y pasar a juzgarnos a los peruanos, no por lo que hacemos en el país, con nuestras ideas y nuestros derechos, sino como supuestas correas de transmisión de nuestro propio eje del mal sudamericano. No es que el proyecto surge de lo que han descubierto en las “Casas del ALBA”, como tontamente informa “Correo”, sino al revés: porque no han podido probar nada, saltan la garrocha y deciden que el delito está en la palabra ALBA, como el delito de Roque Gonzáles es el término bolivariano, lo que nos muestra por qué el mejor investigador de la Policía fue el general Hernani, actual ministro del Interior ¿Cómo será el resto?
Las ofensas de Aldo M contra Lévano ya son otro tema, que comprueba que ese tipo no sabe nada de la lucha por la democracia y las libertades en el Perú, de quiénes pasaron por las cárceles y las deportaciones y se enfrentaron a sangrientas dictaduras. Nada más.
Diario La Primera Lima 29/11/2008
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) también alzó la voz contra el proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Alan García y el premier Yehude Simon para modificar el Código Civil y la Ley General de Sociedades, agregando como causales de cierre las de atentar contra “la soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos”.
Aprodeh considera que la introducción de nuevos conceptos como soberanía nacional y seguridad del estado es peligrosa, justamente por la vaguedad de esos términos: el ordenamiento penal no recoge delitos asociados a estos criterios.
“Denunciar un caso de violación de derechos humanos en la política antisubversiva o un caso de corrupción en las Fuerzas Armadas podría ser interpretado como un atentado contra la seguridad nacional”, advirtió la asociación humanitaria.
Según Aprodeh, no hay justificación alguna para el cuestionado proyecto, pues el orden público, por ejemplo, nos remite a la normatividad interna del país, que respetan los organismos de derechos humanos, las entidades ambientalistas y la cooperación internacional.
En los últimos meses, sostiene Aprodeh, inclusive oponerse al TLC, promover o respaldar un paro nacional, llevar a cabo una consulta en Majaz o las protestas de las víctimas del terremoto contra la demora de la ayuda han sido consideradas “traición a la patria” por determinados funcionarios del régimen.
Diario La Primera Lima 29/11/2008
MOVIMIENTOS REGIONALES EN LA MIRA DEL PROYECTO
La intención del Ejecutivos es gobernar sin oposición.
Hasta hace unos días la definición de los conceptos de soberanía y no intervención se refería a relaciones entre Estados. Con el proyecto García-Simon se asume que los peruanos y sus organizaciones pueden ser acusados de violar esos principios si el Estado interpreta nuestros fines y actividades, por ejemplo, como parte de un complot de alguna potencia extranjera, del tipo Bolivia, Ecuador o Venezuela, que como se sabe se han propuesto dominar el mundo.
Faltaba que Aldo M dijera su palabra para que quedase confirmado qué clase de “excelente proyecto” ha enviado el gobierno al Congreso para defenderse de extremistas de ONG y otros entes que “arrían” (sic) campesinos con dinero chavista en las regiones. Ahora ¿quién va a discutir que se trata de una iniciativa fachistona que nace del miedo a la protesta social que crece en las provincias, teniendo como uno de sus actores principales a las organizaciones campesinas?
El gobierno que vende al país alegando que todavía queda por explotar el 90% del potencial minero y que habla de los bosques, el subsuelo, los mares y la infraestructura pública, como si fueran suyos y los estuviera rematando por próximo viaje, no puede explicarse las resistencias a la ocupación y los reclamos de la gente contra las explotaciones ya existentes, que no sea con el fantasma del chavismo.
O sea que los campesinos no piensan, no saben lo que les conviene, y van a dejar de pitear si se cierra Conacami (como pide Rafael Rey), la ONG del padre Arana, las radios provincianas y, quién sabe, LA PRIMERA, diario al que también lo acusan de chavismo por no creer que Alan García es el mejor presidente de la historia peruana después de haber sido el peor hace veinte años.
El “excelente proyecto” es propio de un cerebro limitadísimo (hay que preocuparse por Simon que anda diciendo que ama las ONG y que si hay que corregir su proyecto, lo va a corregir), ya que ni siquiera ha sido capaz de homogenizar el tratamiento de los casos a los que se refiere: el Código Civil disuelve asociaciones vía Fiscalía, y la Ley de Sociedades a iniciativa del Ejecutivo ante la Corte Suprema; ni de retirar el anacrónico concepto de las “buenas costumbres” que sigue en la versión modificada.
Pero lo esencial era meter “lo extranjero”, como sinónimo de “lo malo” (¿APEC?, ¿ALC-UE?, ¿TLC?) y pasar a juzgarnos a los peruanos, no por lo que hacemos en el país, con nuestras ideas y nuestros derechos, sino como supuestas correas de transmisión de nuestro propio eje del mal sudamericano. No es que el proyecto surge de lo que han descubierto en las “Casas del ALBA”, como tontamente informa “Correo”, sino al revés: porque no han podido probar nada, saltan la garrocha y deciden que el delito está en la palabra ALBA, como el delito de Roque Gonzáles es el término bolivariano, lo que nos muestra por qué el mejor investigador de la Policía fue el general Hernani, actual ministro del Interior ¿Cómo será el resto?
Las ofensas de Aldo M contra Lévano ya son otro tema, que comprueba que ese tipo no sabe nada de la lucha por la democracia y las libertades en el Perú, de quiénes pasaron por las cárceles y las deportaciones y se enfrentaron a sangrientas dictaduras. Nada más.
Diario La Primera Lima 29/11/2008