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16 de febrero de 2009

CACERÍA DE RONDEROS EN CAJAMARCA


La represalia avanza.

El presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Santa Cruz, Estisnaldo Quispe Mego, reveló ayer a LA PRIMERA que decenas de ronderos y dirigentes campesinos de la provincia de Santa Cruz (Cajamarca) están siendo encarcelados y perseguidos judicialmente por oponerse a la presencia de empresas mineras en sus territorios.

“Casi la totalidad de dirigentes ronderos tenemos un sinnúmero de juicios. Estamos seguros que todas son patrañas bien montadas de las empresas mineras saqueadoras de nuestros recursos naturales”, manifestó.

El dirigente detalló que hay 32 ronderos procesados en la localidad de Ninabamba, 18 en Pulán, 12 en Catache, 7 en Andabamba, 6 en La Esperanza, 7 en Uticyacu, 7 en Chancay y 9 en Baños y en el distrito de Santa Cruz.

LA PRIMERA tuvo acceso a algunos de los atestados policiales utilizados para perseguir a los dirigentes ronderos.

El atestado policial Nº 72-08 de la comisaría de Santa Cruz sindica como “jefe de la banda” al secretario de economía de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Santa Cruz, Alejandro Izquierdo Torres, quien está detenido desde el 23 de diciembre del 2008, por un incidente ocurrido en el 11 de octubre de ese año entre ronderos y la policía en el caserío de Tosten, distrito de Pulán.

El atestado indica que un grupo de ronderos habría incurrido en delitos contra la libertad personal, contra el patrimonio y robo agravado en banda con subsecuentes lesiones, contra la tranquilidad pública y de asociación ilícita para delinquir, en agravio del gobernador político del distrito de Pulán, Manuel Hernández Becerra.

Quispe afirmó que él mismo se encuentra con 16 procesos judiciales con las mismas acusaciones, por oponerse a la presencia de la compañía minera Sinchao SAC en el distrito de Bambamarca.

“Cuando se trata de delincuentes, la policía nos dice que no tiene combustible para perseguirlos, pero sí tiene para llevar en helicóptero a la cárcel a un pobre rondero como yo, pues fui detenido del 29 de diciembre al 9 de enero”, aseveró.

Gobierno declara “necesidad pública” la actividad minera y da concesiones a empresas extranjeras en zonas limítrofes con Chile y Bolivia.

Diario La Primera-Lima 15/02/2009






ENTREGAN FRONTERA CON CHILE A MINERAS


Otra vez, el gobierno da luz verde a empresas extranjeras para que laboren en la frontera.

DETALLE
El Ministerio de Energía y Minas publicó el último viernes los decretos supremos 012 y 013, en el diario oficial “El Peruano”, en los que declara de “necesidad pública” la actividad minera en concesiones ubicadas en zonas de frontera con Chile y Bolivia a empresas extranjeras.

Sin tener en cuenta el peligro que puede generar la operación de empresas extranjeras en la frontera, el cual motiva una prohibición constitucional, el Ejecutivo entregó a la minera Gold Fields Perú S.A., propiedad de Gold Fields Holdings Company BVI Limited (Islas Vírgenes), las concesiones Jaruma 1, 2, 3, 4 y 5, ubicadas en la provincia de Tarata (Tacna), frontera con Chile, mediante el decreto supremo 012, valiéndose de la excepción de “necesidad pública” del artículo 71 de la Constitución.

Asimismo, el decreto 013, otorgó a la minera Los Quenuales S.A., propiedad de Glencore Finance LTD (Bermuda), la concesión Yauliyacu 42, ubicada en la provincia de Chucuito (Puno), frontera con Bolivia, también basándose en el argumento de “la necesidad pública”.

Para el responsable de Minería y Comunidades de CooperaAcción, José de Echave, estos decretos tienen la misma figura que el decreto supremo 024, en el que el Ejecutivo autorizó las operaciones del consorcio chino Zijin sobre 35 concesiones ubicadas en la frontera con Ecuador (Piura). “El tema de otorgar concesiones en la frontera está aumentando. Casi toda la frontera de Piura y Amazonas está concesionada”, dijo.

El especialista criticó el hecho que el Ejecutivo autorice la presencia extranjera de forma “automática” sin tener en cuenta que la misma empresa tenga concesiones en el otro lado de la frontera como ocurre en el caso de la minera Río Blanco, que pretende constituir un distrito minero transfronterizo entre Perú y Ecuador.

“Es lamentable el papel del ministro de Defensa que, al otorgar estas concesiones no toma en cuenta el tema de seguridad nacional en las fronteras. Una necesidad pública podría ser también que no haya minería en la frontera”, dijo.

Diario La Primera-Lima 15/02/2009