EMPRESA DE SEGURIDAD FORZA ENFRENTA UNA INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA POR POSIBLE ABUSO
El mes pasado se publicó fotografías de ciudadanos golpeados luego de protesta contra el proyecto Río Blanco
Una firma peruana de seguridad, que presta servicios a algunas de las principales mineras internacionales que operan en el país, enfrenta una investigación parlamentaria luego de que grupos de derechos humanos la acusaron de golpear y abusar de manifestantes en el 2005.
Fotos recientemente publicadas de golpizas a manifestantes causaron conmoción en Perú, un exportador líder de metales, donde las remotas minas custodiadas por firmas de seguridad privada son el blanco de protestas relacionadas al impacto social y ambiental de la actividad.
El mes pasado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un importante grupo no gubernamental, publicó fotografías de hombres y mujeres que supuestamente fueron golpeados por guardias y policías luego de una protesta ocurrida en el 2005 contra el proyecto Rio Blanco.
El proyecto de 1.400 millones de dólares estaba protegido por Forza, una de las mayores firmas de seguridad de Perú.
“Las fotos muestran claramente que el personal de Forza jugó un rol activo en la represión y la tortura”, dijo Javier Jahncke de Fedepaz, otro grupo de derechos humanos que acompaña a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en la denuncia del caso.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que las fotos fueron enviadas por un denunciante anónimo. Una fotografía muestra a un hombre sangrando por el cuello y otra presenta al mismo hombre un día después, muerto.
El Congreso de Perú dijo que abriría una investigación para saber si los crímenes fueron cometidos por la policía y fuerzas de seguridad privadas en respuesta a una protesta. Fiscales peruanos realizan su propia investigación.
La oficina de prensa de Forza derivó a Reuters a la firma sueca Securitas, que compró la empresa peruana en el 2007, pero un funcionario de la última dijo que Forza era responsable de manejar las preguntas.
Reuters volvió a contactar a Forza, que rehusó comentar sobre el caso.
Las imágenes muestran a los manifestantes llenos de sangre, con las manos atadas a sus espaldas y con bolsas plásticas en sus cabezas. Un hombre con un chaleco anaranjado con la palabra “Forza” impresa en él posa en una de las fotos, cargando un arma y mirando a la cámara.
El proyecto minero es propiedad de Monterrico Metals , que fue comprada por la china Zijin en el 2007.
El gerente de relaciones con los inversores de Monterrico, Andrew Bristow, no estuvo disponible para comentar al respecto. Cuando las fotografías fueron publicadas por primera vez declinó comentar sobre la veracidad del caso pero dijo “es uno del enorme número de cosas que ha pasado en términos de oposición al proyecto”.
Forza, que también tiene entre sus clientes a importantes firmas energéticas, ya fue investigada anteriormente por reclamos similares, pero el Gobierno desestimó el caso ante la falta de evidencia.
El trabajo de la policía es prácticamente nulo en las áreas remotas de Perú, donde operan las compañías mineras. Ante ello, las empresas privadas contratan a actuales o ex miembros policiales o militares.
Los grupos a favor de los derechos humanos argumentan que algunas empresas van más allá de la ley a la hora de velar por la seguridad.
“Donde no está la policía, las compañías de seguridad privadas actúan como esta”, dijo Jahncke “En muchos casos sobrepasan el límite de lo que es legal”, agregó.
Perú tiene alrededor de 92.000 policías y 100.000 personas que trabajan para empresas de seguridad privadas, de acuerdo a un estudio elaborado por Naciones Unidas en el 2008.
Ricardo Ganiku, quien dirige la agencia gubernamental que supervisa a las firmas de seguridad privadas, dijo que está esperando que los fiscales terminen su investigación antes de decidir si revoca el permiso de trabajo de Forza.
“El informe final nos llegará y entonces veremos si la situación exige la cancelación del contrato”, precisó.
Diario El Comercio – Lima 09/02/2009
Una firma peruana de seguridad, que presta servicios a algunas de las principales mineras internacionales que operan en el país, enfrenta una investigación parlamentaria luego de que grupos de derechos humanos la acusaron de golpear y abusar de manifestantes en el 2005.
Fotos recientemente publicadas de golpizas a manifestantes causaron conmoción en Perú, un exportador líder de metales, donde las remotas minas custodiadas por firmas de seguridad privada son el blanco de protestas relacionadas al impacto social y ambiental de la actividad.
El mes pasado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un importante grupo no gubernamental, publicó fotografías de hombres y mujeres que supuestamente fueron golpeados por guardias y policías luego de una protesta ocurrida en el 2005 contra el proyecto Rio Blanco.
El proyecto de 1.400 millones de dólares estaba protegido por Forza, una de las mayores firmas de seguridad de Perú.
“Las fotos muestran claramente que el personal de Forza jugó un rol activo en la represión y la tortura”, dijo Javier Jahncke de Fedepaz, otro grupo de derechos humanos que acompaña a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en la denuncia del caso.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que las fotos fueron enviadas por un denunciante anónimo. Una fotografía muestra a un hombre sangrando por el cuello y otra presenta al mismo hombre un día después, muerto.
El Congreso de Perú dijo que abriría una investigación para saber si los crímenes fueron cometidos por la policía y fuerzas de seguridad privadas en respuesta a una protesta. Fiscales peruanos realizan su propia investigación.
La oficina de prensa de Forza derivó a Reuters a la firma sueca Securitas, que compró la empresa peruana en el 2007, pero un funcionario de la última dijo que Forza era responsable de manejar las preguntas.
Reuters volvió a contactar a Forza, que rehusó comentar sobre el caso.
Las imágenes muestran a los manifestantes llenos de sangre, con las manos atadas a sus espaldas y con bolsas plásticas en sus cabezas. Un hombre con un chaleco anaranjado con la palabra “Forza” impresa en él posa en una de las fotos, cargando un arma y mirando a la cámara.
El proyecto minero es propiedad de Monterrico Metals , que fue comprada por la china Zijin en el 2007.
El gerente de relaciones con los inversores de Monterrico, Andrew Bristow, no estuvo disponible para comentar al respecto. Cuando las fotografías fueron publicadas por primera vez declinó comentar sobre la veracidad del caso pero dijo “es uno del enorme número de cosas que ha pasado en términos de oposición al proyecto”.
Forza, que también tiene entre sus clientes a importantes firmas energéticas, ya fue investigada anteriormente por reclamos similares, pero el Gobierno desestimó el caso ante la falta de evidencia.
El trabajo de la policía es prácticamente nulo en las áreas remotas de Perú, donde operan las compañías mineras. Ante ello, las empresas privadas contratan a actuales o ex miembros policiales o militares.
Los grupos a favor de los derechos humanos argumentan que algunas empresas van más allá de la ley a la hora de velar por la seguridad.
“Donde no está la policía, las compañías de seguridad privadas actúan como esta”, dijo Jahncke “En muchos casos sobrepasan el límite de lo que es legal”, agregó.
Perú tiene alrededor de 92.000 policías y 100.000 personas que trabajan para empresas de seguridad privadas, de acuerdo a un estudio elaborado por Naciones Unidas en el 2008.
Ricardo Ganiku, quien dirige la agencia gubernamental que supervisa a las firmas de seguridad privadas, dijo que está esperando que los fiscales terminen su investigación antes de decidir si revoca el permiso de trabajo de Forza.
“El informe final nos llegará y entonces veremos si la situación exige la cancelación del contrato”, precisó.
Diario El Comercio – Lima 09/02/2009