AGUA Y DESARROLLO PARA TODOS:
POR UN DEBATE SERIO DE LA LEY DE AGUAS

Los abajo firmantes nos dirigimos a los Congresistas de La .República, a las autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales, a las Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego y a la población como usuaria del agua, para expresar lo siguiente:

1) Nuestra preocupación por la forma en que se viene conduciendo el debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos en el Congreso de la República: inclusión de último momento del tema en las agendas del Pleno y de la Comisión Permanente, introducción de modificaciones sin participación de todos los actores, sin la debida anticipación y debate previo, etc., siendo éste un tema tan importante para la vida y el desarrollo.

2) Demandamos que el debate se dé en torno a los temas de fondo como: la definición de la política de uso y gestión de agua de nuestro país, estructura del sistema, descentralización de la gestión, participación de la sociedad civil, sistema de información oportuna y transparente, protección de las fuentes de agua, atención a la demanda de agua para el funcionamiento de los ecosistemas y la autonomía financiera de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

3) La ley debe ser explícita con respecto a la protección, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Debe garantizar también la seguridad jurídica de los derechos al agua de las comunidades campesinas y nativas, así como una gestión con un enfoque de cuenca, descentralizada y realmente participativa.

4) Consideramos que el proyecto mantiene el diseño institucional del cuestionado Decreto Legislativo 1081, en el cual predomina una visión sectorial, que privilegia la promoción de la inversión privada, en desmedro de una gestión integrada y sistémica de los recursos hídricos que cuente con la participación de todos los actores públicos y privados vinculados a su uso y protección.

5) La creación de los Consejos de Cuenca como órganos de la ANA es un avance importante, sin embargo, se les ha dado limitadas competencias. Deberían tener representación en el consejo directivo de la ANA, ejercer directamente la gestión del agua, tener capacidad de decisión, de fiscalización y vigilancia, así como un rol decisivo en la definición del uso y aprovechamiento sostenible del agua en la cuenca.

6) Se, debe garantizar la participación de la sociedad civil en los órganos de la ANA, en particular los representantes de las organizaciones agrarias, no agrarias, colegios profesionales, sectores académicos y organizaciones privadas de promoción del desarrollo; así como de representantes de sectores empresariales.

7) Consideramos un avance importante que se reconozca la necesidad de protección de los recursos hídricos, especialmente de las cabeceras de las cuencas. No obstante, la vulnerabilidad de las fuentes en su integridad (nevados, lagunas altoandinas, bofedales, páramos, bosques de neblina, etc.), no se encuentra debidamente abordada, por lo que proponemos tratarla explícitamente en el texto.

8) El proyecto no considera las necesidades de agua de los sistemas de vida natural que garanticen su reproducción y sostenibilidad. En tal sentido proponemos que se incluya el agua que requieren los ecosistemas para funcionar (caudal ecológico) como un uso prioritario a ser tomado en cuenta en los balances hídricos y demás decisiones de política. Asimismo, concordante con la Ley General del Ambiente, se debe establecer en la norma el pago por los servicios ambientales que brinda el agua.

9) Para gestionar este valioso recurso la ANA debe contar con los recursos económicos suficientes para lo cual debe incluirse, partidas especificas en el Presupuesto Nacional de la República y de los Gobiernos Regionales. Su financiamiento debe considerar diversos mecanismos (como el canon hídrico, entre otros). Con un presupuesto importante asignado por el Estado, la ANA podrá tener mayor independencia en sus decisiones.

El país viene esperando más de 15 años parta contar con una nueva ley de aguas, elemento vital para todos. Por ello consideramos que no debemos perder la municipalidad de dotarnos de una norma que garantice las posibilidades de un desarrollo sostenible y equitativo.

Perú, 8 de marzo de 2009.

Confederación Campesina del Perú (CCP), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Grupo Allpa, Red Muqui, Acción Solidaria para el Desarrollo (Cooperacción), Asociación Civil labor, Asociación Civil Radio Marañon, Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), Caritas Jaén, Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Servicios Educativos Rurales (SER).

Diario La República-Lima 08/03/2009