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19 de marzo de 2009

ALCALDE DE MAGDALENA DESCONOCE ACUERDO DE TRANSACCIÓN SOBRE CASO CHOROPAMPA


El pronunciamiento dirigido a la opinión pública local, nacional e Internacional; admite que después del derrame de Mercurio registrado en junio del 2000 en las localidades de San Juan, Magdalena, Choropampa, se firmó un Acuerdo Extrajudicial de fecha 14 de agosto del 2000, entre la Municipalidad distrital de Magdalena y la Empresa Minera Yanacocha SRL donde se acuerdan transar con la finalidad de "poner término a las controversias derivadas como consecuencia del derrame de mercurio".

"En dicho acuerdo la Municipalidad distrital de Magdalena por ingenuidad o corrupción, aceptó resolver el problema a cambio del compromiso de la Empresa Minera Yanacocha de financiar obras públicas como indemnización, pero sin que la misma admitiera responsabilidad por el derrame de mercurio", expresa el pronunciamiento firmado por el actual alcalde Magdalena, Isaías Tarrillo Terrones.

El pronunciamiento oficial fechado con el 17 de marzo del 2009 concluye que la Municipalidad de Magdalena DESCONOCE el Acuerdo de Transacción firmado por las autoridades de aquel entonces con la empresa Minera Yanacocha, referente a la indemnización por el derrame de mercurio, por ser un acuerdo "ilegitimo, nulo, e ineficaz" para efectos de Indemnizar daños.

De esta manera el alcalde Isaías Tarrillo rechazó todo tipo de intento de valorar este acuerdo y tomarlo como referencia para evitar una Indemnización adecuada por el daño causado. Aunque curiosamente él fue uno de los firmantes de este acuerdo, cuando se desempeñaba en ese entonces como regidor de la comuna que hoy dirige como alcalde.

Ahora en el pronunciamiento Isaías Tarrillo sostiene que aquel acuerdo "no se hizo sobre ninguna base técnica que valorara el real daño ocasionado, y fue una decisión que arbitraria e inopinadamente tomo la Municipalidad Distrital de Magdalena con la Empresa Minera Yanacocha SRL".

"Además analizando este Acuerdo Extrajudicial nos percatamos que el mismo tiene la intención de provocar engaño e inducir error en la parte indemnizada y que además el fin era transar sobre derechos indisponibles de la población, como es la salud, el derecho a la vida y el daño ecológico, todo lo cual lo hace un acuerdo NULO", sostiene ahora Isaías Tarillo.

Diario El Mercurio-Cajamarca 19/03/2009