CRECE POLÉMICA POR RESCATE A DOE RUN
Gobierno anunciaría hoy salvataje estatal. Especialistas señalan que existen otros mecanismos para reflotar a la empresa y evitar usar recursos del Estado.
La confirmación de que el gobierno lanzará un saltavaje a la empresa Doe Run Perú (DRP), operadora del complejo metalúrgico de La Oroya, generó una serie de reacciones encontradas entre sectores políticos y especialistas en el tema.
Ayer el jefe del gabinete Yehude Simon, tras reunirse con el presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimiro Huaroc, y el presidente de la Federación Minera del Perú, Luis Castillo, garantizó la continuidad de las operaciones en el complejo metalúrgico, los empleos de los trabajadores y el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de DRP.
Simon agregó que hoy o mañana el gobierno dará a conocer los detalles del salvataje estatal. “Este es un tema que interesa al gobierno, y la salida que se ha dado es la más positiva, que el propio Presidente (Alan García) o el ministro encargado (Pedro Sánchez) darán a conocer”, refirió Simon sin dar detalles sobre el salvataje.
No obstante, por declaraciones previas de miembros del gabinete se descartó la nacionalización del complejo metalúrgico, mientras que suena más fuerte la posibilidad de que el Estado le otorgue un préstamo o se convierta en aval de DRP ante las entidades bancarias.
No es la única salida
Sin embargo, expertos en el tema minero ambiental, como José de Echave, Juan Aste o Jorge Manco coincidieron en afirmar que el salvataje estatal no es la única salida para la empresa.
Refirieron que antes de cualquier rescate, el gobierno debe investigar la razón por la cual los bancos le cancelaron la línea de crédito revolvente a DRP. Asimismo, verificar si el operador respetó el fideicomiso que garantiza los fondos del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA).
Camino a la insolvencia
Los expertos mencionaron que entre las opciones que no ameritan el rescate estatal figuran: que DRP se declare en insolvencia ante Indecopi y se forme una junta de acreedores que reemplace a la actual gerencia. Este proceso demoraría alrededor de dos años.
Otra opción es que el salvataje (calculado en cerca de US$ 100 millones) esté a cargo de las empresas proveedoras de minerales a DRP y la tercera es que se le inyecte capital desde la matriz en EEUU.
Por ello, los legisladores Rosa Venegas, Washington Zeballos y Gloria Ramos, integrantes del grupo parlamentario Compromiso Democrático, criticaron que se utilicen los recursos del Estado en empresas del sector privado. “Que Doe Run inicie su proceso de insolvencia y se forme la Junta de Acreedores. Este es un mecanismo existente y lo usan todas las empresas en Perú. ¿Por qué inventar un mecanismo inexistente y no autorizado por ninguna ley vigente?”, subrayaron.
Claves
Situación. Doe Run Perú (DRP) es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, por lo cual no tiene obligación de publicar información de la empresa, pues no cotiza en la bolsa de valores. Además esta estructura societaria no permite la incorporación de nuevos socios sin la autorización de los socios actuales.
Oscuro. Por esta razón ni Conasev ni Sunat tiene información precisa sobre el manejo financiero de la metalúrgica.
Las perlas de Ira Rennert
Rennert, propietario de Doe Run, posee una fortuna personal de US$ 4,000 mil millones y es conocido a nivel mundial por haber amasado su fortuna gracias a industrias altamente impopulares. Su casa en Hamptons es la residencia más grande de todo EEUU.
Entre 2001 y 2002, envió a una empresa de carbón en Kentucky y otra de magnesio en Utah a la insolvencia para evadir el cumplimiento de sus obligaciones. De 1992 a 1998, sus empresas emitieron US$ 1,500 millones en bonos chatarra.
Diario La República-Lima 31/03/2009
En plenaria tomarán medidas que incluyen el Paro Nacional, porque empresas siguen despidiendo trabajadores.
MINEROS PROTESTAN CONTRA DESPIDOS
Ante la crisis, las empresas sacrifican trabajadores antes de usar las ganancias pasadas.
CUMBRE
El dirigente señaló que la plenaria, donde determinarán planes de lucha, dará “una respuesta contundente” al gobierno y las empresas, ya que “de lo contrario las multinacionales harán lo que quieran”. Alistan paro nacional en mayo, aunque sin descartar huelga por tiempo indefinido.
Unos 130 mil mineros responderán, con acciones de lucha, al gobierno y a las empresas por los despidos masivos en el sector, después que la minería impulsó el crecimiento económico y engrosó las cuentas de los empresarios cuando los precios de los metales estaban en alza.
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, informó que en la segunda semana de abril su gremio realizará una plenaria para evaluar la situación frente a la decisión de las compañías, sobre todo extranjeras, de dejar en la calle a más de nueve mil mineros.
“Las empresas mineras creen que despidiendo trabajadores alivian los problema de planillas, pero la Federación Minera advirtió que el panorama se vuelve insostenible”, indicó Castillo tras sostener que el gobierno “avala esta situación”.
Criticó al presidente García por considerar que el despido de 200 mil trabajadores por efectos de la crisis económica mundial en el país no significa nada frente a los 14 millones que forman parte de la población económicamente activa. Indicó que cada obrero tiene familia que mantener y que “en épocas de bonanza y crisis siempre pierden los trabajadores”.
“Justifica (García) lo que hacen las empresas y otorga carta blanca a las transnacionales” para despidos masivos y otras medidas que afectan a los trabajadores del sector”, anotó el dirigente de los mineros.
En la minería se han producido, hasta el momento, 9,360 despidos como parte de las medidas tomadas por las empresas bajo argumento de la crisis mundial. Yanacocha, de la estadounidense Newmont, despidió 800 trabajadores y la mexicana Southern unos 600, aunque esta última podría aumentar a 900. Shougang (China), Doe Run (EEUU), Tintaya (Suiza) y Siderperú, entre otras, también redujeron personal. En el caso de Doe Run, la empresa afronta problemas financieros y los perjudicados serían 3,500 trabajadores. El gobierno quiere avalarla para que pueda seguir operando.
Castillo pidió al Congreso aprobar proyectos de ley que permitan a los mineros participar en las utilidades de las empresas y que se cumpla el límite de ocho horas de trabajo, ya que en muchos yacimientos se labora hasta 14 horas, y beneficios sociales para 85 mil obreros contratados mediante services o tercerización.
Diario La Primera-Lima 31/03/2009
GARCÍA PROMULGA LEY PARA PRIVATIZAR EL AGUA
Recurso hídrico para pocos.
Representantes de los agricultores y el Congreso y expertos en temas agrarios afirmaron que la Ley de Recursos Hídricos promulgada ayer por el presidente Alan García busca privatizar el agua en perjuicio de las comunidades indígenas y campesinas y de los peruanos en general, y en favor de operadores administrativos que buscarán lucrar a costa de los bolsillos de los peruanos.
García aseguró que la “ley de aguas” traerá “modernidad” a los sectores productivos, y permitirá preparar a la agricultura para el gran desafío de seguir produciendo y abasteciendo no sólo al mercado interno, sino al exterior; y agregó que el tema del agua forma parte de su agenda de competitividad.
Precisó que el objetivo estratégico de la ley es saber de qué manera se le dará un uso racional al agua agrícola y al agua dulce en los próximos años.
Frente a ello, el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, refirió que el Ejecutivo aprovechó la postergación del paro agrario para promulgar la referida ley. Reiteró que la paralización se efectuará de todas maneras para rechazar la norma que, dijo, persigue privatizar el agua en favor de operadores administrativos que cederán a empresas terciarizadoras el control del líquido elemento en los ámbito rural y urbano. Señaló que a ello se refiere el mandatario cuando habla de competitividad.
Criticó a la anunciada Autoridad Nacional del Agua, ente regulador de esta norma, pues precisó que la misma propiciará una política que beneficie a la larga a las citadas empresas.
Reveló que los agricultores y usuarios están de acuerdo en que la norma sea sometida a debate, ofrecido ayer por el ministro de Agricultura, Carlos Leyton. El representante de los agricultores propuso además la realización de un referendo sobre el tema.
Diario La Primera-Lima 31/03/2009
TIENE UN CARÁCTER PRIVATISTA
La legisladora Janeth Cajahuanca respaldó la posición de centrales agrarias como Conveagro y la CNA, que exigen que la “ley de aguas” sea modificada en algunos de sus artículos, y acotó que la norma aplica la ley de la oferta y la demanda para el uso del agua para el consumo humano y agropecuario, al igual como sucede con los hidrocarburos, por lo cual -explicó- el que más paga tiene más derecho al líquido vital.
Tras insistir en el carácter privatizador la Ley de Recursos Hídricos, indicó que, por ello, los pobladores efectuaron ayer una protesta en Aucayacu y añadió que la norma admite un margen de utilidades, sin colocar topes a los intermediarios en desmedro de los bolsillos de los pobladores.
La legisladora, asimismo, cuestionó a la Autoridad Nacional del Agua porque, dijo, actuará en Lima y estará integrada en su mayoría por representantes de los diferentes ministerios. Puede igualmente ocasionar conflictos sociales, debido a que tiene facultades para omitir la opinión de las regiones, para decidir el uso que se debería dar a determinadas cuencas hidrográficas.
Por su parte, el experto en temas agrarios Reynaldo Trinidad respaldó las críticas a la ley y señaló que ésta apunta a privatizar el agua a través de los artículos 243 y 105.
Diario La Primera-Lima 31/03/2009
Gobierno anunciaría hoy salvataje estatal. Especialistas señalan que existen otros mecanismos para reflotar a la empresa y evitar usar recursos del Estado.
La confirmación de que el gobierno lanzará un saltavaje a la empresa Doe Run Perú (DRP), operadora del complejo metalúrgico de La Oroya, generó una serie de reacciones encontradas entre sectores políticos y especialistas en el tema.
Ayer el jefe del gabinete Yehude Simon, tras reunirse con el presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimiro Huaroc, y el presidente de la Federación Minera del Perú, Luis Castillo, garantizó la continuidad de las operaciones en el complejo metalúrgico, los empleos de los trabajadores y el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de DRP.
Simon agregó que hoy o mañana el gobierno dará a conocer los detalles del salvataje estatal. “Este es un tema que interesa al gobierno, y la salida que se ha dado es la más positiva, que el propio Presidente (Alan García) o el ministro encargado (Pedro Sánchez) darán a conocer”, refirió Simon sin dar detalles sobre el salvataje.
No obstante, por declaraciones previas de miembros del gabinete se descartó la nacionalización del complejo metalúrgico, mientras que suena más fuerte la posibilidad de que el Estado le otorgue un préstamo o se convierta en aval de DRP ante las entidades bancarias.
No es la única salida
Sin embargo, expertos en el tema minero ambiental, como José de Echave, Juan Aste o Jorge Manco coincidieron en afirmar que el salvataje estatal no es la única salida para la empresa.
Refirieron que antes de cualquier rescate, el gobierno debe investigar la razón por la cual los bancos le cancelaron la línea de crédito revolvente a DRP. Asimismo, verificar si el operador respetó el fideicomiso que garantiza los fondos del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA).
Camino a la insolvencia
Los expertos mencionaron que entre las opciones que no ameritan el rescate estatal figuran: que DRP se declare en insolvencia ante Indecopi y se forme una junta de acreedores que reemplace a la actual gerencia. Este proceso demoraría alrededor de dos años.
Otra opción es que el salvataje (calculado en cerca de US$ 100 millones) esté a cargo de las empresas proveedoras de minerales a DRP y la tercera es que se le inyecte capital desde la matriz en EEUU.
Por ello, los legisladores Rosa Venegas, Washington Zeballos y Gloria Ramos, integrantes del grupo parlamentario Compromiso Democrático, criticaron que se utilicen los recursos del Estado en empresas del sector privado. “Que Doe Run inicie su proceso de insolvencia y se forme la Junta de Acreedores. Este es un mecanismo existente y lo usan todas las empresas en Perú. ¿Por qué inventar un mecanismo inexistente y no autorizado por ninguna ley vigente?”, subrayaron.
Claves
Situación. Doe Run Perú (DRP) es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, por lo cual no tiene obligación de publicar información de la empresa, pues no cotiza en la bolsa de valores. Además esta estructura societaria no permite la incorporación de nuevos socios sin la autorización de los socios actuales.
Oscuro. Por esta razón ni Conasev ni Sunat tiene información precisa sobre el manejo financiero de la metalúrgica.
Las perlas de Ira Rennert
Rennert, propietario de Doe Run, posee una fortuna personal de US$ 4,000 mil millones y es conocido a nivel mundial por haber amasado su fortuna gracias a industrias altamente impopulares. Su casa en Hamptons es la residencia más grande de todo EEUU.
Entre 2001 y 2002, envió a una empresa de carbón en Kentucky y otra de magnesio en Utah a la insolvencia para evadir el cumplimiento de sus obligaciones. De 1992 a 1998, sus empresas emitieron US$ 1,500 millones en bonos chatarra.
Diario La República-Lima 31/03/2009
En plenaria tomarán medidas que incluyen el Paro Nacional, porque empresas siguen despidiendo trabajadores.
MINEROS PROTESTAN CONTRA DESPIDOS
Ante la crisis, las empresas sacrifican trabajadores antes de usar las ganancias pasadas.
CUMBRE
El dirigente señaló que la plenaria, donde determinarán planes de lucha, dará “una respuesta contundente” al gobierno y las empresas, ya que “de lo contrario las multinacionales harán lo que quieran”. Alistan paro nacional en mayo, aunque sin descartar huelga por tiempo indefinido.
Unos 130 mil mineros responderán, con acciones de lucha, al gobierno y a las empresas por los despidos masivos en el sector, después que la minería impulsó el crecimiento económico y engrosó las cuentas de los empresarios cuando los precios de los metales estaban en alza.
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, informó que en la segunda semana de abril su gremio realizará una plenaria para evaluar la situación frente a la decisión de las compañías, sobre todo extranjeras, de dejar en la calle a más de nueve mil mineros.
“Las empresas mineras creen que despidiendo trabajadores alivian los problema de planillas, pero la Federación Minera advirtió que el panorama se vuelve insostenible”, indicó Castillo tras sostener que el gobierno “avala esta situación”.
Criticó al presidente García por considerar que el despido de 200 mil trabajadores por efectos de la crisis económica mundial en el país no significa nada frente a los 14 millones que forman parte de la población económicamente activa. Indicó que cada obrero tiene familia que mantener y que “en épocas de bonanza y crisis siempre pierden los trabajadores”.
“Justifica (García) lo que hacen las empresas y otorga carta blanca a las transnacionales” para despidos masivos y otras medidas que afectan a los trabajadores del sector”, anotó el dirigente de los mineros.
En la minería se han producido, hasta el momento, 9,360 despidos como parte de las medidas tomadas por las empresas bajo argumento de la crisis mundial. Yanacocha, de la estadounidense Newmont, despidió 800 trabajadores y la mexicana Southern unos 600, aunque esta última podría aumentar a 900. Shougang (China), Doe Run (EEUU), Tintaya (Suiza) y Siderperú, entre otras, también redujeron personal. En el caso de Doe Run, la empresa afronta problemas financieros y los perjudicados serían 3,500 trabajadores. El gobierno quiere avalarla para que pueda seguir operando.
Castillo pidió al Congreso aprobar proyectos de ley que permitan a los mineros participar en las utilidades de las empresas y que se cumpla el límite de ocho horas de trabajo, ya que en muchos yacimientos se labora hasta 14 horas, y beneficios sociales para 85 mil obreros contratados mediante services o tercerización.
Diario La Primera-Lima 31/03/2009
GARCÍA PROMULGA LEY PARA PRIVATIZAR EL AGUA
Recurso hídrico para pocos.
Representantes de los agricultores y el Congreso y expertos en temas agrarios afirmaron que la Ley de Recursos Hídricos promulgada ayer por el presidente Alan García busca privatizar el agua en perjuicio de las comunidades indígenas y campesinas y de los peruanos en general, y en favor de operadores administrativos que buscarán lucrar a costa de los bolsillos de los peruanos.
García aseguró que la “ley de aguas” traerá “modernidad” a los sectores productivos, y permitirá preparar a la agricultura para el gran desafío de seguir produciendo y abasteciendo no sólo al mercado interno, sino al exterior; y agregó que el tema del agua forma parte de su agenda de competitividad.
Precisó que el objetivo estratégico de la ley es saber de qué manera se le dará un uso racional al agua agrícola y al agua dulce en los próximos años.
Frente a ello, el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, refirió que el Ejecutivo aprovechó la postergación del paro agrario para promulgar la referida ley. Reiteró que la paralización se efectuará de todas maneras para rechazar la norma que, dijo, persigue privatizar el agua en favor de operadores administrativos que cederán a empresas terciarizadoras el control del líquido elemento en los ámbito rural y urbano. Señaló que a ello se refiere el mandatario cuando habla de competitividad.
Criticó a la anunciada Autoridad Nacional del Agua, ente regulador de esta norma, pues precisó que la misma propiciará una política que beneficie a la larga a las citadas empresas.
Reveló que los agricultores y usuarios están de acuerdo en que la norma sea sometida a debate, ofrecido ayer por el ministro de Agricultura, Carlos Leyton. El representante de los agricultores propuso además la realización de un referendo sobre el tema.
Diario La Primera-Lima 31/03/2009
TIENE UN CARÁCTER PRIVATISTA
La legisladora Janeth Cajahuanca respaldó la posición de centrales agrarias como Conveagro y la CNA, que exigen que la “ley de aguas” sea modificada en algunos de sus artículos, y acotó que la norma aplica la ley de la oferta y la demanda para el uso del agua para el consumo humano y agropecuario, al igual como sucede con los hidrocarburos, por lo cual -explicó- el que más paga tiene más derecho al líquido vital.
Tras insistir en el carácter privatizador la Ley de Recursos Hídricos, indicó que, por ello, los pobladores efectuaron ayer una protesta en Aucayacu y añadió que la norma admite un margen de utilidades, sin colocar topes a los intermediarios en desmedro de los bolsillos de los pobladores.
La legisladora, asimismo, cuestionó a la Autoridad Nacional del Agua porque, dijo, actuará en Lima y estará integrada en su mayoría por representantes de los diferentes ministerios. Puede igualmente ocasionar conflictos sociales, debido a que tiene facultades para omitir la opinión de las regiones, para decidir el uso que se debería dar a determinadas cuencas hidrográficas.
Por su parte, el experto en temas agrarios Reynaldo Trinidad respaldó las críticas a la ley y señaló que ésta apunta a privatizar el agua a través de los artículos 243 y 105.
Diario La Primera-Lima 31/03/2009