TORTURADORES DENUNCIADOS
La Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura decidió denunciar a los miembros de la Policía involucrados en la tortura y secuestro en el 2006 de dirigentes campesinos de las comunidades de Yanta, Segunda y Cajas (Piura) y Jaén (Cajamarca). La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz informó que la Fiscalía ha decidido denunciar sólo a algunos de los policías identificados como autores directos de las torturas perpetradas dentro de las instalaciones del campamento Henry´s Hill de la ex minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A.). La Fiscalía libró de responsabilidad a quienes serían los autores intelectuales: los directivos de Majaz que ordenaron reprimir la manifestación de los campesinos, quienes se dirigían a las instalaciones de la minera para solicitar el inicio de un diálogo de alto nivel con la participación del gobierno y representantes de Majaz.
Diario La Primera-Lima 18/03/2009
Indígenas obligados a huir de la selva peruana rumbo a Brasil, para evitar acoso de traficantes de madera.
NATIVOS PELIGRAN POR TALA ILEGAL
Sin protección frente al poder de la mafia maderera.
AMENAZA
Survival también reveló que los madereros ilegales llegan a las comunidades armados y que exponen a los nativos a enfermedades que pueden acarrear la muerte de estas etnias, pues no son inmunes a estos virus o enfermedades que para nosotros es común.
Debido al avance de los madereros ilegales, decenas de comunidades nativas peruanas que no han tenido contacto con el exterior son constantemente hostigadas por los traficantes, quienes los obligan a desplazarse hacia el territorio de Brasil para escapar del constante peligro para su supervivencia, según denunció la institución Survival.
“En estos momentos, estos indígenas que nunca han mantenido contacto con el exterior afrontan un gran riesgo y están en peligro de extinción”, señala el informe de Survival, en el que se insta al gobierno peruano para que expulse a los madereros que explotan ilegalmente la caoba.
El estudio elaborado por la institución se basa en las denuncias que desde el 2004 ha hecho la Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasil, donde se detalló que en numerosas ocasiones se avistó a estos nativos de la Amazonía en la zona de frontera entre ambos países.
Producto del acoso y constante invasión de los terrenos de estas tribus, cientos de nativos dejaron sus tierras originarias ubicadas en las zonas altas de los ríos Juruá, Purús y Envira. Por su parte, José Carlos Meirelles, funcionario de Funai, consideró que esta situación “sólo se resolverá cuando se deje en paz a los indígenas en el otro lado de la frontera (Perú)”.
Diario La Primera-Lima 18/03/2009
FEDEPAZ CUESTIONA EXCLUSIÓN DE JEFES POLICIALES EN DENUNCIA POR TORTURA A COMUNEROS
Rosa Quedena, abogada de de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), cuestionó la decisión de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura que resolvió formular denuncia penal sólo contra algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el delito de tortura en agravio de comuneros de Yanta, Segunda y Cajas (Piura) y de Jaén (Cajamarca) quienes realizaban una marcha de protesta contra la minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A.), en junio del 2005.
En declaraciones al programa "Diálogo Directo" de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Quedena consideró que si bien el Ministerio Público dio un paso importante al acoger esta denuncia, el titular de la citada fiscalía, Juan Ortiz Arévalo, habría cometido una inadecuada interpretación de los hechos.
En efecto, luego de culminadas las investigaciones, la fiscalía decidió formular denuncia sólo contra algunos de los agentes identificados como los autores directos de los vejámenes ocurridos dentro de las instalaciones del campamento Henry´s Hill de la entonces Minera Majaz.
Sin embargo, ha librado de responsabilidades a quienes serían los autores intelectuales; es decir, los responsables de decidir las acciones que se desarrollaron para reprimir la manifestación pacífica de los campesinos, quienes se dirigían a las instalaciones de la empresa minera Majaz para solicitar el inicio de un diálogo de alto nivel con la participación del gobierno y representantes de la citada minera.
Mediante la resolución Nº 105-2009-MP-5ta.FPP-PIURA, la fiscalía decidió archivar la investigación por delito contra la humanidad en la modalidad de tortura, iniciada contra el general Ricardo Benavides Rodríguez, jefe de la Primera Dirección Territorial de la PNP en Piura; el Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona; y el entonces capitán Marco González Santillán, jefe del destacamento policial con sede en el campamento minero.
De igual forma, ha resuelto archivar la denuncia contra funcionarios y empleados de la empresa Minera Majaz y de la empresa de seguridad Forza, quienes también se encontraban presentes en el campamento minero Henry´s Hill en el momento que se suscitaron las torturas contra los campesinos y a decir de los denunciantes no sólo dieron facilidades a los efectivos policiales sino que también habrían participado de los hechos.
Sobre el particular, Quedena indicó que, por testimonio de los propios secuestrados como de estas mismas personas que rindieron indagatorias ante el Ministerio Público, dichos responsables estaban plenamente informados de los abusos cometidos contra los campesinos -que acudieron en marcha pacífica a una supuesta mesa de diálogo.
La letrada refirió que, incluso, existe en el expediente del caso un documento previamente preparado por la Policía, rotulado como "secreto", donde se plantean lineamientos para reprimir la movilización de los comuneros piuranos y cajamarquinos.
En tal sentido, informó que FEDEPAZ ha formulado es un recurso de queja respecto estos jefes conocían del operativo y que habían coordinado los vejámenes a los que fueron sometidos los manifestantes -que incluyeron el rociado de polvo lacrimógeno sobre sus cabezas.
"Definitivamente, esto no lo pueden -como quieren señalar- que habría sido parte del mal accionar de malos elementos policiales. Acá se trato de un operativo", insistió.
Por último, la abogada señaló que el ex gerente de Operaciones de la minera Río Blanco (ex Majaz), Andrew Bristow, no puede evadir su responsabilidad por este caso. "Definitivamente nadie puede hacer uso de las instalaciones de cualquier empresa sin conocimiento de los jefes", concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 18/03/2009
La Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura decidió denunciar a los miembros de la Policía involucrados en la tortura y secuestro en el 2006 de dirigentes campesinos de las comunidades de Yanta, Segunda y Cajas (Piura) y Jaén (Cajamarca). La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz informó que la Fiscalía ha decidido denunciar sólo a algunos de los policías identificados como autores directos de las torturas perpetradas dentro de las instalaciones del campamento Henry´s Hill de la ex minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A.). La Fiscalía libró de responsabilidad a quienes serían los autores intelectuales: los directivos de Majaz que ordenaron reprimir la manifestación de los campesinos, quienes se dirigían a las instalaciones de la minera para solicitar el inicio de un diálogo de alto nivel con la participación del gobierno y representantes de Majaz.
Diario La Primera-Lima 18/03/2009
Indígenas obligados a huir de la selva peruana rumbo a Brasil, para evitar acoso de traficantes de madera.
NATIVOS PELIGRAN POR TALA ILEGAL
Sin protección frente al poder de la mafia maderera.
AMENAZA
Survival también reveló que los madereros ilegales llegan a las comunidades armados y que exponen a los nativos a enfermedades que pueden acarrear la muerte de estas etnias, pues no son inmunes a estos virus o enfermedades que para nosotros es común.
Debido al avance de los madereros ilegales, decenas de comunidades nativas peruanas que no han tenido contacto con el exterior son constantemente hostigadas por los traficantes, quienes los obligan a desplazarse hacia el territorio de Brasil para escapar del constante peligro para su supervivencia, según denunció la institución Survival.
“En estos momentos, estos indígenas que nunca han mantenido contacto con el exterior afrontan un gran riesgo y están en peligro de extinción”, señala el informe de Survival, en el que se insta al gobierno peruano para que expulse a los madereros que explotan ilegalmente la caoba.
El estudio elaborado por la institución se basa en las denuncias que desde el 2004 ha hecho la Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasil, donde se detalló que en numerosas ocasiones se avistó a estos nativos de la Amazonía en la zona de frontera entre ambos países.
Producto del acoso y constante invasión de los terrenos de estas tribus, cientos de nativos dejaron sus tierras originarias ubicadas en las zonas altas de los ríos Juruá, Purús y Envira. Por su parte, José Carlos Meirelles, funcionario de Funai, consideró que esta situación “sólo se resolverá cuando se deje en paz a los indígenas en el otro lado de la frontera (Perú)”.
Diario La Primera-Lima 18/03/2009
FEDEPAZ CUESTIONA EXCLUSIÓN DE JEFES POLICIALES EN DENUNCIA POR TORTURA A COMUNEROS
Rosa Quedena, abogada de de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), cuestionó la decisión de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura que resolvió formular denuncia penal sólo contra algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el delito de tortura en agravio de comuneros de Yanta, Segunda y Cajas (Piura) y de Jaén (Cajamarca) quienes realizaban una marcha de protesta contra la minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A.), en junio del 2005.
En declaraciones al programa "Diálogo Directo" de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Quedena consideró que si bien el Ministerio Público dio un paso importante al acoger esta denuncia, el titular de la citada fiscalía, Juan Ortiz Arévalo, habría cometido una inadecuada interpretación de los hechos.
En efecto, luego de culminadas las investigaciones, la fiscalía decidió formular denuncia sólo contra algunos de los agentes identificados como los autores directos de los vejámenes ocurridos dentro de las instalaciones del campamento Henry´s Hill de la entonces Minera Majaz.
Sin embargo, ha librado de responsabilidades a quienes serían los autores intelectuales; es decir, los responsables de decidir las acciones que se desarrollaron para reprimir la manifestación pacífica de los campesinos, quienes se dirigían a las instalaciones de la empresa minera Majaz para solicitar el inicio de un diálogo de alto nivel con la participación del gobierno y representantes de la citada minera.
Mediante la resolución Nº 105-2009-MP-5ta.FPP-PIURA, la fiscalía decidió archivar la investigación por delito contra la humanidad en la modalidad de tortura, iniciada contra el general Ricardo Benavides Rodríguez, jefe de la Primera Dirección Territorial de la PNP en Piura; el Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona; y el entonces capitán Marco González Santillán, jefe del destacamento policial con sede en el campamento minero.
De igual forma, ha resuelto archivar la denuncia contra funcionarios y empleados de la empresa Minera Majaz y de la empresa de seguridad Forza, quienes también se encontraban presentes en el campamento minero Henry´s Hill en el momento que se suscitaron las torturas contra los campesinos y a decir de los denunciantes no sólo dieron facilidades a los efectivos policiales sino que también habrían participado de los hechos.
Sobre el particular, Quedena indicó que, por testimonio de los propios secuestrados como de estas mismas personas que rindieron indagatorias ante el Ministerio Público, dichos responsables estaban plenamente informados de los abusos cometidos contra los campesinos -que acudieron en marcha pacífica a una supuesta mesa de diálogo.
La letrada refirió que, incluso, existe en el expediente del caso un documento previamente preparado por la Policía, rotulado como "secreto", donde se plantean lineamientos para reprimir la movilización de los comuneros piuranos y cajamarquinos.
En tal sentido, informó que FEDEPAZ ha formulado es un recurso de queja respecto estos jefes conocían del operativo y que habían coordinado los vejámenes a los que fueron sometidos los manifestantes -que incluyeron el rociado de polvo lacrimógeno sobre sus cabezas.
"Definitivamente, esto no lo pueden -como quieren señalar- que habría sido parte del mal accionar de malos elementos policiales. Acá se trato de un operativo", insistió.
Por último, la abogada señaló que el ex gerente de Operaciones de la minera Río Blanco (ex Majaz), Andrew Bristow, no puede evadir su responsabilidad por este caso. "Definitivamente nadie puede hacer uso de las instalaciones de cualquier empresa sin conocimiento de los jefes", concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 18/03/2009