SALVATAJE A MINERA DOE RUN SUPERA LOS 150 MILLONES DE DÓLARES
La minera Doe Run Perú (DRP) ha solicitado al Estado un préstamo de 150 millones de dólares para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya (Junín), admitió José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de la referida compañía estadounidense.
Aunque evitó brindar precisiones sobre la deuda contraída con sus distribuidores de minerales, el funcionario de DRP informó que necesitan los 71 millones de dólares comprometidos en su PAMA y otros 84 millones adicionales para ejecutar proyectos de infraestructura.
“Si logramos estos fondos, nosotros nos comprometemos a cumplir con el PAMA pactado”, aseguró Mogrovejo, quien tampoco quiso precisar un plazo de tiempo para la aplicación del PAMA.
“Todas las obras que faltan para cumplir con el PAMA están avanzadas en un 50%”, se limitó a decir, obviando que se trata de la quinta oportunidad en que la compañía norteamericana solicita una prórroga para atender sus obligaciones para con el ambiente y la salud en el Valle del Mantaro.
En la misma línea, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de DRP se negó a determinar si estos 150 millones de dólares constituyen el monto total del salvataje que evalúa el Ejecutivo..
“Ese monto está en discusión y no puedo hablar de eso hasta que informe primero a la Comisión de Energía y Minas del Congreso”, justificó ante las sospechas de que el préstamo final solicitado pueda duplicar esa cifra debido a las deudas contraídas por Doe Run con sus proveedores de concentrados minerales.
Estas declaraciones fueron recogidas ayer en los bastidores de la sesión especial de la Comisión de Energía y Minas del Legislativo que evalúa el salvataje a Doe Run.
:: Ejecutivo y Doe Run incumplen cita con el Congreso
A pesar de haber sido convocados, no asistieron a la sesión de la Comisión ni el viceministro de Minas, Juan Felipe Isasi, ni el presidente ejecutivo de COFIDE, Alfonso Zárate Rivas. Tampoco estuvo el gerente general de Doe Run, Juan Carlos Huyhua.
Por este motivo, previa votación de los integrantes del grupo de trabajo parlamentario, se negó la palabra al José Mogrovejo, al considerarse que el Congreso había sido burlado por el Ejecutivo y por la empresa minera.
“El tema es que ya el Ejecutivo está decidiendo destinar un monto de dinero (a Doe Run) y no quiere venir acá”, resaltó la congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca en el debate de la comisión de Energía y Minas. “¿No será que están habiendo faenones y aceitadas? Eso nos preocupa. Es importante exigir la presencia del Ejecutivo, del premier (Yehude Simon) para que expliquen que es lo que se está negociando con el dinero de todos los peruanos”.
Esta posición fue compartida por el titular del grupo congresal, Rolando Reátegui, la también congresista fujimorista Cecilia Chacón, Víctor Andres García Belaúnde (AP) y David Waissman (AP), entre otros, quienes solicitaron la presencia en la comisión del premier Yehude Simon y el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, para dar explicaciones sobre el monto final del préstamo que el Ejecutivo quiere conceder a Doe Run.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/04/2009
EL CONGRESO RECHAZA EL POSIBLE SALVATAJE A DOE RUN
Hubo coincidencia multipartidaria en la Comisión de Energía y Minas. El Gobierno pide que la empresa ponga su patrimonio en garantía, dice la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso se pronunció ayer en contra de cualquier posibilidad de salvataje del Estado en favor de la empresa minera Doe Run, que atraviesa una aguda crisis financiera debido a la cancelación de un crédito sindicado de US$75 millones.
El presidente de dicha comisión, Rolando Reátegui, afirmó que, por acuerdo de sus miembros, enviarán un pronunciamiento a la Presidencia del Consejo de Ministros. Solicitarán que no se comprometan recursos económicos ni garantías financieras estatales en beneficio de la compañía.
Sostuvo que el ministro de Economía, Luis Carranza, debe explicar al Poder Legislativo las condiciones en las que el Gobierno pretende brindar un salvataje, situación que los legisladores rechazan tajantemente. Aseveraron que el problema financiero debe ser resuelto por sus accionistas.
EN GARANTÍA. En tanto, la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, también congresista natural de Junín, comentó que para completar el rescate de Doe Run, el Gobierno requiere que “la empresa ponga su patrimonio en garantía” como condición previa.
“Sí se le va a ayudar, el Ministerio de Economía está preparando el esquema, pero bajo ciertas condiciones”, enfatizó.
Vilchez dejó entrever que al interior del Consejo de Ministros hay discrepancias respecto de que se postergue la aplicación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) hasta 2011, tal como lo ha pedido la minera y con lo que estaría de acuerdo el Ministerio del Ambiente.
DATOS
* Los ministros Luis Carranza y Pedro Sánchez serán citados a la Comisión de Energía y Minas.
* Ni el viceministro de Minas, ni los funcionarios de Cofide atendieron ayer la invitación del Congreso.
* Tampoco se presentó el gerente de Doe Run, solo el vicepresidente de Asuntos Ambientales.
Diario Perú 21-Lima 01/04/2009
DOE RUN: EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES
La crisis de la minera Doe Run ha adquirido matices insospechados ante la inminente decisión del Gobierno de intervenir para rescatarla de la insolvencia asumiendo el riesgo de su salvataje.
Es evidente que la cuenta no será pagada por los banqueros, quienes raudamente se retiraron del riesgo. Tampoco quieren pagarla los proveedores pues se sabe que la posición de aquellos que surten de concentrado al complejo metalúrgico es no continuar con el suministro de mineral si las deudas no son saldadas en forma integral y se conceden garantías suficientes para futuras entregas.
Debe entonces ser pagada por los accionistas, pero sucede que el accionista es, además, el principal acreedor de Doe Run, quien lejos de reinvertir sus utilidades, a lo que estaba obligado por la RM 257-2006-EM, se ha colocado primero en la lista de acreedores, con una suma de más de 100 millones de dólares a través de su matriz Doe Run USA.
¿Por qué entonces debe pagarla el Estado? La obligación del gobierno de evitar que se afecte a un importante número de trabajadores no tiene que atenderse asumiendo “graciosamente” el pago de la factura de los potenciales riesgos de quienes participan de la crisis de Doe Run.
Primero se debe decidir entre realizar las pérdidas de los accionistas, o socializar las mismas a través de un salvataje estatal que hará que los contribuyentes asuman el riesgo que hoy rehúyen banqueros y mineros. Allí el Estado no debe intervenir alterando el orden de asunción de perjuicios económicos que genera la insolvencia de una empresa, poniendo en primera fila las arcas fiscales.
La legislación peruana para este tipo de crisis señala que cuando se pone en riesgo la supervivencia de una empresa, es lícito solicitar protección patrimonial y suspender pagos en el marco de un entendimiento entre los acreedores y el deudor; también señala que es el deudor el responsable de pedir esa protección. Esos mecanismos existen pero Doe Run no hizo uso de ellos.
Lejos de confesar su incapacidad de pago, recurrir a estos procedimientos y protegerse, recurrió al MEF en busca de ayuda financiera... y alguien en ese ministerio les abrió la puerta.
Estamos a tiempo de atender el conflicto social separándolo del conflicto empresarial. El Estado debe intervenir, por cierto, pero no salvando a los accionistas ni reduciendo las pérdidas de los acreedores –estas deben realizarse –, debe hacerlo en defensa de los miles de trabajadores afectados. Ni un centavo del dinero de todos los peruanos debe utilizarse para mantener los dividendos de empresas mineras, bancos y quienes confiaron comercialmente en los gestores de Doe Run.
En suma la empresa que conduce Doe Run debe ser protegida pero no para quedarse bajo el control de un avaro inversor. Si hay créditos que conceder, estos deben otorgarse tras la realización de las pérdidas, garantizarse vía la capitalización de los mismos, y ser usados para mantener la operación de la empresa hasta que se encuentre un mejor operador.
Diario La República-Lima 01/04/2009
La minera Doe Run Perú (DRP) ha solicitado al Estado un préstamo de 150 millones de dólares para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya (Junín), admitió José Mogrovejo, vicepresidente de Asuntos Ambientales de la referida compañía estadounidense.
Aunque evitó brindar precisiones sobre la deuda contraída con sus distribuidores de minerales, el funcionario de DRP informó que necesitan los 71 millones de dólares comprometidos en su PAMA y otros 84 millones adicionales para ejecutar proyectos de infraestructura.
“Si logramos estos fondos, nosotros nos comprometemos a cumplir con el PAMA pactado”, aseguró Mogrovejo, quien tampoco quiso precisar un plazo de tiempo para la aplicación del PAMA.
“Todas las obras que faltan para cumplir con el PAMA están avanzadas en un 50%”, se limitó a decir, obviando que se trata de la quinta oportunidad en que la compañía norteamericana solicita una prórroga para atender sus obligaciones para con el ambiente y la salud en el Valle del Mantaro.
En la misma línea, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de DRP se negó a determinar si estos 150 millones de dólares constituyen el monto total del salvataje que evalúa el Ejecutivo..
“Ese monto está en discusión y no puedo hablar de eso hasta que informe primero a la Comisión de Energía y Minas del Congreso”, justificó ante las sospechas de que el préstamo final solicitado pueda duplicar esa cifra debido a las deudas contraídas por Doe Run con sus proveedores de concentrados minerales.
Estas declaraciones fueron recogidas ayer en los bastidores de la sesión especial de la Comisión de Energía y Minas del Legislativo que evalúa el salvataje a Doe Run.
:: Ejecutivo y Doe Run incumplen cita con el Congreso
A pesar de haber sido convocados, no asistieron a la sesión de la Comisión ni el viceministro de Minas, Juan Felipe Isasi, ni el presidente ejecutivo de COFIDE, Alfonso Zárate Rivas. Tampoco estuvo el gerente general de Doe Run, Juan Carlos Huyhua.
Por este motivo, previa votación de los integrantes del grupo de trabajo parlamentario, se negó la palabra al José Mogrovejo, al considerarse que el Congreso había sido burlado por el Ejecutivo y por la empresa minera.
“El tema es que ya el Ejecutivo está decidiendo destinar un monto de dinero (a Doe Run) y no quiere venir acá”, resaltó la congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca en el debate de la comisión de Energía y Minas. “¿No será que están habiendo faenones y aceitadas? Eso nos preocupa. Es importante exigir la presencia del Ejecutivo, del premier (Yehude Simon) para que expliquen que es lo que se está negociando con el dinero de todos los peruanos”.
Esta posición fue compartida por el titular del grupo congresal, Rolando Reátegui, la también congresista fujimorista Cecilia Chacón, Víctor Andres García Belaúnde (AP) y David Waissman (AP), entre otros, quienes solicitaron la presencia en la comisión del premier Yehude Simon y el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, para dar explicaciones sobre el monto final del préstamo que el Ejecutivo quiere conceder a Doe Run.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/04/2009
EL CONGRESO RECHAZA EL POSIBLE SALVATAJE A DOE RUN
Hubo coincidencia multipartidaria en la Comisión de Energía y Minas. El Gobierno pide que la empresa ponga su patrimonio en garantía, dice la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso se pronunció ayer en contra de cualquier posibilidad de salvataje del Estado en favor de la empresa minera Doe Run, que atraviesa una aguda crisis financiera debido a la cancelación de un crédito sindicado de US$75 millones.
El presidente de dicha comisión, Rolando Reátegui, afirmó que, por acuerdo de sus miembros, enviarán un pronunciamiento a la Presidencia del Consejo de Ministros. Solicitarán que no se comprometan recursos económicos ni garantías financieras estatales en beneficio de la compañía.
Sostuvo que el ministro de Economía, Luis Carranza, debe explicar al Poder Legislativo las condiciones en las que el Gobierno pretende brindar un salvataje, situación que los legisladores rechazan tajantemente. Aseveraron que el problema financiero debe ser resuelto por sus accionistas.
EN GARANTÍA. En tanto, la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, también congresista natural de Junín, comentó que para completar el rescate de Doe Run, el Gobierno requiere que “la empresa ponga su patrimonio en garantía” como condición previa.
“Sí se le va a ayudar, el Ministerio de Economía está preparando el esquema, pero bajo ciertas condiciones”, enfatizó.
Vilchez dejó entrever que al interior del Consejo de Ministros hay discrepancias respecto de que se postergue la aplicación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) hasta 2011, tal como lo ha pedido la minera y con lo que estaría de acuerdo el Ministerio del Ambiente.
DATOS
* Los ministros Luis Carranza y Pedro Sánchez serán citados a la Comisión de Energía y Minas.
* Ni el viceministro de Minas, ni los funcionarios de Cofide atendieron ayer la invitación del Congreso.
* Tampoco se presentó el gerente de Doe Run, solo el vicepresidente de Asuntos Ambientales.
Diario Perú 21-Lima 01/04/2009
DOE RUN: EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES
La crisis de la minera Doe Run ha adquirido matices insospechados ante la inminente decisión del Gobierno de intervenir para rescatarla de la insolvencia asumiendo el riesgo de su salvataje.
Es evidente que la cuenta no será pagada por los banqueros, quienes raudamente se retiraron del riesgo. Tampoco quieren pagarla los proveedores pues se sabe que la posición de aquellos que surten de concentrado al complejo metalúrgico es no continuar con el suministro de mineral si las deudas no son saldadas en forma integral y se conceden garantías suficientes para futuras entregas.
Debe entonces ser pagada por los accionistas, pero sucede que el accionista es, además, el principal acreedor de Doe Run, quien lejos de reinvertir sus utilidades, a lo que estaba obligado por la RM 257-2006-EM, se ha colocado primero en la lista de acreedores, con una suma de más de 100 millones de dólares a través de su matriz Doe Run USA.
¿Por qué entonces debe pagarla el Estado? La obligación del gobierno de evitar que se afecte a un importante número de trabajadores no tiene que atenderse asumiendo “graciosamente” el pago de la factura de los potenciales riesgos de quienes participan de la crisis de Doe Run.
Primero se debe decidir entre realizar las pérdidas de los accionistas, o socializar las mismas a través de un salvataje estatal que hará que los contribuyentes asuman el riesgo que hoy rehúyen banqueros y mineros. Allí el Estado no debe intervenir alterando el orden de asunción de perjuicios económicos que genera la insolvencia de una empresa, poniendo en primera fila las arcas fiscales.
La legislación peruana para este tipo de crisis señala que cuando se pone en riesgo la supervivencia de una empresa, es lícito solicitar protección patrimonial y suspender pagos en el marco de un entendimiento entre los acreedores y el deudor; también señala que es el deudor el responsable de pedir esa protección. Esos mecanismos existen pero Doe Run no hizo uso de ellos.
Lejos de confesar su incapacidad de pago, recurrir a estos procedimientos y protegerse, recurrió al MEF en busca de ayuda financiera... y alguien en ese ministerio les abrió la puerta.
Estamos a tiempo de atender el conflicto social separándolo del conflicto empresarial. El Estado debe intervenir, por cierto, pero no salvando a los accionistas ni reduciendo las pérdidas de los acreedores –estas deben realizarse –, debe hacerlo en defensa de los miles de trabajadores afectados. Ni un centavo del dinero de todos los peruanos debe utilizarse para mantener los dividendos de empresas mineras, bancos y quienes confiaron comercialmente en los gestores de Doe Run.
En suma la empresa que conduce Doe Run debe ser protegida pero no para quedarse bajo el control de un avaro inversor. Si hay créditos que conceder, estos deben otorgarse tras la realización de las pérdidas, garantizarse vía la capitalización de los mismos, y ser usados para mantener la operación de la empresa hasta que se encuentre un mejor operador.
Diario La República-Lima 01/04/2009