MIL 200 COMUNEROS Y 80 POLICÍAS APOSTADOS EN CERRO MOGOL
Desde el 9 de agosto del 2007 que la población tomó por tres meses el cerro Mogol, continúa hasta el momento los problemas con la empresa minera Miski Mayo, en declaraciones, el consejero regional, Chanell Ruiz, por la provincia de San Marcos dijo que la decisión de la comunidad es la nulidad de la concesión minera en el Valle de Condebamba.
El problema se solucionaría hoy, según el Consejero Regional, si las autoridades como el director Regional de Energía y Minas y el Gobernador departamental llegan acuerdos con la población que es la más afectada.
“Por lo pronto, lo que estamos buscando es la conformación de una comisión de alto nivel para dialogar con el Consejo de Ministros, especialmente con el premier Yehude Simon, asimismo la paralización de los trabajos de exploración de la empresa minera hasta que se solucione el problema”, indicó Chanell.
Precisó que la población apostada en el cerro Mogol ha dialogado, hace unos días, con el director de energía y minas, Eduardo Barreto Blanco, donde acordó reunirse hoy para elevar un informe al Gobierno Regional de la problemática que está pasado. “Ahora el diálogo está en manos de las autoridades”, enfatizó.
La decisión de la comunidad de no llegar a ningún acuerdo hoy, es radicalizar las medidas de protestas. Chanell confirmó que un promedio de mil 200 comuneros se encuentran apostados en el cerro y otro grupo formado en comisiones se ha dirigido a las distintas comunidades para convocar a más gente.
Un vocero policial manifestó que 80 efectivos al mando del mayor Edin Merino Sánchez se encuentran apostados en el cerro para resguardar el orden y prevenir cualquier desmán.
Al respecto el gobernado Manuel Bacón Tanta, sostuvo que no ha recibido ninguna invitación para asistir a la reunión pero que es recomendable que asista el Director de Energía y Minas y de Agricultura. Así mismo añadió que no habrá ninguna nulidad con respecto a la concesión minera, las normas ya están dadas y la población debe resignarse, ¿qué hacen con tomar el cerro Mogol? Y si radicalizan sus medidas que lo hagan de manera pacífica sin invadir la propiedad privada, indicó el gobernador.
2 MIL NIÑOS TRABAJADORES MINEROS EN ALGAMARCA
De acuerdo a la información que maneja la Gerencia Regional de Desarrollo Social, son alrededor de dos mil niños, quienes trabajan en minería informal en el cerro Algamarca (jurisdicción de Cajabamba).
Este tipo de trabajo es considerado explotación, pues expone de sobre manera la salud y el adecuado desarrollo de los menores. La minería es uno de los rubros de alto riesgo para los niños trabajadores.
Es difícil abordar adecuadamente es problema y darle una solución, en Algamarca trabajan familias completas, los niños cumplen una labor de apoyo a los padres, es una situación lamentable, señaló Marcial González Escalante, subgerente regional de Desarrollo Social.
La población no toma conciencia de los graves daños que se causan a los niños en estas jornadas laborales. Se puede tomar como motivo de esta situación la pobreza extrema de los padres, pero se tiene que frenar este tipo de maltrato a los niños, agregó.
Además, de esta elevada cifra de niños mineros, también debe tomarse en cuenta que cada año son más los menores que salen a las calles a buscar un medio de sustento para ellos y sus familias, acotó González.
Los niños en Algamarca transportan cargas de carbón y minerales demasiado pesadas para su espalda.
Se encuentran expuestos a productos químicos tóxicos, explosivos y peligrosos. El dinero que gana es fundamental para asegurar que tanto él como su familia puedan satisfacer, al menos, sus necesidades más básicas. Trabajan en minas y excavan para sobrevivir.
Si bien todas las formas de trabajo infantil son perjudiciales para los niños, los que trabajan en las minas corren mayor peligro ya que trabajan en condiciones que suponen un grave riesgo para su salud y bienestar, y les exponen diariamente a graves lesiones o incluso a la muerte.
Debido a que los ingresos que obtienen estos niños son cruciales para la supervivencia de toda su familia, la educación no representa una alternativa para ellos
Diario Panorama Cajamarquino 10/06/2009
Además, advierten irregularidades sobre situación de detenidos en cuartel El Milagro
DENUNCIAN VIOLACIÓN DE DD.HH. EN COMISARÍA DE BAGUA
En la comisaría de Bagua han permanecido 3 menores de edad detenidos desde el 5 de junio, el día de los enfrentamientos entre la policía y los nativos. No ha sido hasta ayer que fueron liberados, denunció desde Bagua Juan José Quispe, asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Además, según el abogado, a los que continúan arrestados no se les permite que un abogado de su elección esté presente, conferencie con ellos y les asesore; sólo les asignan abogados de oficio y no permiten la participación de un intérprete.
En diálogo con la CNR, el abogado explicó que por orden del juez se impide la participación de los intérpretes, pese a que los nativos manejan un castellano precario. “Si se les hace una pregunta con lenguaje jurídico, tendrían serias dificultades. Necesitan desde un inicio un intérprete y no lo tienen”, afirmó.
Asimismo, informó que el número de desaparecidos es incierto ya que hay que cotejar las listas de personas detenidas en Bagua Chica, Bagua Grande, el cuartel El Milagro, los derivados a Seguridad del Estado de Chiclayo, además de otro grupo de detenidos recientemente por no tener documentos.
Acerca de los detenidos en el cuartel El Milagro, Quispe informó que la cifra oficial es de 25 comuneros. Explicó que si bien por ley el Ejército puede detener, inmediatamente debe poner a disposición de la policía y comunicar el hecho al Ministerio Público para iniciar la investigación, pero estas personas se hallan internadas desde el viernes.
“Nos pusimos en contacto con el Ministerio Público, que ha ordenado que 42 personas, luego 35 y ahora 25 se queden en calidad de depositados en el cuartel porque no tienen la infraestructura necesaria. Esos indígenas están ahora en calidad de depositados con custodia de la policía nacional”, apuntó.
Con ello, negó la versión de que el Ejército habría detenido a estos nativos y estaría manteniéndolos internados, porque es una disposición de la fiscalía. No obstante, destacó que es un hecho insólito que la fiscalía haya dispuesto depositar a un grupo de personas en una base militar.
Por otra parte, denunció que recién hoy se ha abierto la ayuda humanitaria en víveres y ropa, y trascendió que hasta ahora se seguiría impidiendo en ingreso de raciones alimenticias.
Otra denuncia del representante de Aprodeh fue sobre un grupo grande de refugiados en una casa pastoral de Bagua Grande. Según información recogida en el lugar, cuando la policía hace el registro para llevarlos en camión y devolverlos a sus comunidades, acusan a los nativos de portar algún polo, lentes u otra prenda pertenecientes a la policía y les obligan a quedarse, pese a que son donaciones que ellos han recibido para cambiarse la ropa que quedó raída durante la protesta.
Lo que también pudo constatar fue que muchos indígenas están ocultos y se les estaría considerando como desaparecidos. “Con el toque de queda, la policía y el Ejército hacen operativos continuos y eso hace que muchos estén temerosos de regresar”, observó.
El letrado indicó que todas estas irregularidades fueron informadas a las autoridades y que a través de una conferencia de prensa en Bagua dieron cuenta a la opinión pública.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/06/2009
CIERRAN RADIOS POR PROTESTAS
Carlos Flores, corresponsal de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) en Bagua, informó que hay intenciones de desaparecer Radio La Voz por cubrir las protestas en la Amazonía. Además, señaló se ha cancelado la licencia de funcionamiento de otras dos emisoras en Amazonas.
Por otro lado, el director de Radio TV Oriente, Geovani Acate, denunció en la CNR que periodistas de diversos medios de comunicación son amenazados para que no hagan informes a nivel nacional.
Diario La República-Lima 10/06/2009
Desde el 9 de agosto del 2007 que la población tomó por tres meses el cerro Mogol, continúa hasta el momento los problemas con la empresa minera Miski Mayo, en declaraciones, el consejero regional, Chanell Ruiz, por la provincia de San Marcos dijo que la decisión de la comunidad es la nulidad de la concesión minera en el Valle de Condebamba.
El problema se solucionaría hoy, según el Consejero Regional, si las autoridades como el director Regional de Energía y Minas y el Gobernador departamental llegan acuerdos con la población que es la más afectada.
“Por lo pronto, lo que estamos buscando es la conformación de una comisión de alto nivel para dialogar con el Consejo de Ministros, especialmente con el premier Yehude Simon, asimismo la paralización de los trabajos de exploración de la empresa minera hasta que se solucione el problema”, indicó Chanell.
Precisó que la población apostada en el cerro Mogol ha dialogado, hace unos días, con el director de energía y minas, Eduardo Barreto Blanco, donde acordó reunirse hoy para elevar un informe al Gobierno Regional de la problemática que está pasado. “Ahora el diálogo está en manos de las autoridades”, enfatizó.
La decisión de la comunidad de no llegar a ningún acuerdo hoy, es radicalizar las medidas de protestas. Chanell confirmó que un promedio de mil 200 comuneros se encuentran apostados en el cerro y otro grupo formado en comisiones se ha dirigido a las distintas comunidades para convocar a más gente.
Un vocero policial manifestó que 80 efectivos al mando del mayor Edin Merino Sánchez se encuentran apostados en el cerro para resguardar el orden y prevenir cualquier desmán.
Al respecto el gobernado Manuel Bacón Tanta, sostuvo que no ha recibido ninguna invitación para asistir a la reunión pero que es recomendable que asista el Director de Energía y Minas y de Agricultura. Así mismo añadió que no habrá ninguna nulidad con respecto a la concesión minera, las normas ya están dadas y la población debe resignarse, ¿qué hacen con tomar el cerro Mogol? Y si radicalizan sus medidas que lo hagan de manera pacífica sin invadir la propiedad privada, indicó el gobernador.
2 MIL NIÑOS TRABAJADORES MINEROS EN ALGAMARCA
De acuerdo a la información que maneja la Gerencia Regional de Desarrollo Social, son alrededor de dos mil niños, quienes trabajan en minería informal en el cerro Algamarca (jurisdicción de Cajabamba).
Este tipo de trabajo es considerado explotación, pues expone de sobre manera la salud y el adecuado desarrollo de los menores. La minería es uno de los rubros de alto riesgo para los niños trabajadores.
Es difícil abordar adecuadamente es problema y darle una solución, en Algamarca trabajan familias completas, los niños cumplen una labor de apoyo a los padres, es una situación lamentable, señaló Marcial González Escalante, subgerente regional de Desarrollo Social.
La población no toma conciencia de los graves daños que se causan a los niños en estas jornadas laborales. Se puede tomar como motivo de esta situación la pobreza extrema de los padres, pero se tiene que frenar este tipo de maltrato a los niños, agregó.
Además, de esta elevada cifra de niños mineros, también debe tomarse en cuenta que cada año son más los menores que salen a las calles a buscar un medio de sustento para ellos y sus familias, acotó González.
Los niños en Algamarca transportan cargas de carbón y minerales demasiado pesadas para su espalda.
Se encuentran expuestos a productos químicos tóxicos, explosivos y peligrosos. El dinero que gana es fundamental para asegurar que tanto él como su familia puedan satisfacer, al menos, sus necesidades más básicas. Trabajan en minas y excavan para sobrevivir.
Si bien todas las formas de trabajo infantil son perjudiciales para los niños, los que trabajan en las minas corren mayor peligro ya que trabajan en condiciones que suponen un grave riesgo para su salud y bienestar, y les exponen diariamente a graves lesiones o incluso a la muerte.
Debido a que los ingresos que obtienen estos niños son cruciales para la supervivencia de toda su familia, la educación no representa una alternativa para ellos
Diario Panorama Cajamarquino 10/06/2009
Además, advierten irregularidades sobre situación de detenidos en cuartel El Milagro
DENUNCIAN VIOLACIÓN DE DD.HH. EN COMISARÍA DE BAGUA
En la comisaría de Bagua han permanecido 3 menores de edad detenidos desde el 5 de junio, el día de los enfrentamientos entre la policía y los nativos. No ha sido hasta ayer que fueron liberados, denunció desde Bagua Juan José Quispe, asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Además, según el abogado, a los que continúan arrestados no se les permite que un abogado de su elección esté presente, conferencie con ellos y les asesore; sólo les asignan abogados de oficio y no permiten la participación de un intérprete.
En diálogo con la CNR, el abogado explicó que por orden del juez se impide la participación de los intérpretes, pese a que los nativos manejan un castellano precario. “Si se les hace una pregunta con lenguaje jurídico, tendrían serias dificultades. Necesitan desde un inicio un intérprete y no lo tienen”, afirmó.
Asimismo, informó que el número de desaparecidos es incierto ya que hay que cotejar las listas de personas detenidas en Bagua Chica, Bagua Grande, el cuartel El Milagro, los derivados a Seguridad del Estado de Chiclayo, además de otro grupo de detenidos recientemente por no tener documentos.
Acerca de los detenidos en el cuartel El Milagro, Quispe informó que la cifra oficial es de 25 comuneros. Explicó que si bien por ley el Ejército puede detener, inmediatamente debe poner a disposición de la policía y comunicar el hecho al Ministerio Público para iniciar la investigación, pero estas personas se hallan internadas desde el viernes.
“Nos pusimos en contacto con el Ministerio Público, que ha ordenado que 42 personas, luego 35 y ahora 25 se queden en calidad de depositados en el cuartel porque no tienen la infraestructura necesaria. Esos indígenas están ahora en calidad de depositados con custodia de la policía nacional”, apuntó.
Con ello, negó la versión de que el Ejército habría detenido a estos nativos y estaría manteniéndolos internados, porque es una disposición de la fiscalía. No obstante, destacó que es un hecho insólito que la fiscalía haya dispuesto depositar a un grupo de personas en una base militar.
Por otra parte, denunció que recién hoy se ha abierto la ayuda humanitaria en víveres y ropa, y trascendió que hasta ahora se seguiría impidiendo en ingreso de raciones alimenticias.
Otra denuncia del representante de Aprodeh fue sobre un grupo grande de refugiados en una casa pastoral de Bagua Grande. Según información recogida en el lugar, cuando la policía hace el registro para llevarlos en camión y devolverlos a sus comunidades, acusan a los nativos de portar algún polo, lentes u otra prenda pertenecientes a la policía y les obligan a quedarse, pese a que son donaciones que ellos han recibido para cambiarse la ropa que quedó raída durante la protesta.
Lo que también pudo constatar fue que muchos indígenas están ocultos y se les estaría considerando como desaparecidos. “Con el toque de queda, la policía y el Ejército hacen operativos continuos y eso hace que muchos estén temerosos de regresar”, observó.
El letrado indicó que todas estas irregularidades fueron informadas a las autoridades y que a través de una conferencia de prensa en Bagua dieron cuenta a la opinión pública.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/06/2009
CIERRAN RADIOS POR PROTESTAS
Carlos Flores, corresponsal de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) en Bagua, informó que hay intenciones de desaparecer Radio La Voz por cubrir las protestas en la Amazonía. Además, señaló se ha cancelado la licencia de funcionamiento de otras dos emisoras en Amazonas.
Por otro lado, el director de Radio TV Oriente, Geovani Acate, denunció en la CNR que periodistas de diversos medios de comunicación son amenazados para que no hagan informes a nivel nacional.
Diario La República-Lima 10/06/2009
ALAN, TE EQUIVOCAS!!!
A propósito del conflicto en Bagua
Carlos Alza Barco
Profesor de la Escuela de Gobierno
PUCP
“¿Y ahora qué hago?” –le preguntó Napoléon, el Cerdo, al Cuervo que hacía las veces de su asesor. “La palabra clave –le dijo el Cuervo- si la granja se alborota, si hay crisis, usa la palabra clave: ¡Complot!”
Cualquier parecido con la realidad NO es pura coincidencia. Orwell retrató bien la naturaleza humana y la precariedad de la política. Y el Presidente García, al puro estilo del personaje Orwelliano, nos habla de un “complot internacional contra el Perú”, para justificar su impericia y la de sus ministros, en el manejo del conflicto social generado con los indígenas, y que ha dejado como saldo la lamentable muerte de numerosos policías y civiles. Y es que el Presidente cree que con un argumento como ese vamos a dejar pasar la irresponsable acción del gobierno y las políticas públicas en materia ambiental e indígena, que retroceden en lugar de avanzar en la vigencia de derechos. Una estrategia –como la utilizada por el cerdo Napoleón- es efectista para una granja, pero no deberá serlo para nuestro país. Efectista para ocultar los temas de fondo, hablando de terrorismo, sedición, y complots.
El problema, a diferencia de lo que dicen García, Yehude y Cabanillas, no es Pizango, AIDESEP, o los indígenas. El problema central radica en otros dos aspectos que muy pocos discuten, o nadie quiere discutir: la profunda exclusión que impera en nuestro país respecto del mundo indígena; y, la forma en que se hacen las políticas públicas en este gobierno, el modelo de desarrollo que está detrás de cada decisión pública, la forma y los criterios sobre los que se hacen y aprueban las leyes para darle forma al “desarrollo” de “nuestro país”. La pregunta es ¿de qué desarrollo hablamos? ¿El desarrollo de quién? ¿El país de quién?
Alan García y sus ministros insisten en decirnos que hay un “enemigo común al desarrollo”, que existen “algunos salvajes que quieren impedir el desarrollo del Perú”. Es más, afirman que “esos (los indígenas) se oponen a nuestra modernidad”. Sin duda, Alan García pasó por Francia, pero la Academia Francesa no pasó por él. Confunde modernidad con modernización. El desarrollo del que habla García responde a un modelo basado más en el crecimiento económico y la modernización del Estado, expresada en reformas y privatizaciones, que a un desarrollo en el que los peruanos sean ciudadanos, y ejerzan sus derechos y libertades. Dichos modelos no son excluyentes, pero el primero suele ser más elemental que el segundo. Si bien el segundo suele ser ineficaz sin el primero.
La modernidad, señor García, tiene que ver con la reubicación del hombre como centro de la discusión teórica y de la decisión científica y gubernamental. Tiene que ver con la construcción de políticas entre iguales respondiendo a las diferencias que nos hacen seres únicos. La modernidad tiene que ver con el cumplimiento de la ley, el respeto del Estado de Derecho. Y usted, señor García, aprueba normas sin cumplir con las normas vigentes, afectando derechos, sin cumplir con el Convenio 169 de la OIT. No diga entonces que los indígenas son el problema. Ellos no iniciaron este peligroso juego. El problema no son los indígenas, que con toda legitimidad reclaman que se respeten sus derechos; el problema es su gobierno que realiza acciones inconsultas, que desaparece el INDEPA como órgano del más alto nivel para la representación y el diálogo, que en lugar de apoyar la titulación de las tierras indígenas, pretende darlas en propiedad porque no están registradas, que aprueba normas que reducen el quórum para tomar decisiones en las comunidades. Ese es el problema.
Y en toda esta serie de errores repetidos. Los demás, pecamos por contemplación. Esperamos que el Perú desarrolle a costa de unos pocos (son miles, ni tan pocos!!) que están con “taparrabos” como dijo la Ministra Cabanillas, y que según el resto del país, tienen que sacrificarse para el “desarrollo del Perú”. ¡Qué descaro! Si se afecta la propiedad de los Parker, Shuldtz o de los Marsano, el Perú se levanta entero para defender la propiedad y las libertades. Cuando se trata de los pueblos indígenas, se trata de una propiedad que debe ser sacrificada para que “todos nosotros” nos beneficiemos del desarrollo. ¡Es inmoral Y sólo da cuenta de la profunda brecha que existe entre peruanos. Lamentablemente, para muchos siguen siendo “los pueblos indígenas”, los “otros”, los “salvajes”. Seguramente han cometido errores, y la justicia deberá cumplir su papel. Pero más allá de la coyuntura, ¿qué estamos haciendo por “nuestros” pueblos indígenas? ¿Nos solidarizamos con sus demandas? Así no se construye modernidad, aunque haya modernización. Así no se logra desarrollo, sino mero crecimiento. Es hora de pensar el desarrollo en serio.
PUCP-Lima 10/06/2009
A propósito del conflicto en Bagua
Carlos Alza Barco
Profesor de la Escuela de Gobierno
PUCP
“¿Y ahora qué hago?” –le preguntó Napoléon, el Cerdo, al Cuervo que hacía las veces de su asesor. “La palabra clave –le dijo el Cuervo- si la granja se alborota, si hay crisis, usa la palabra clave: ¡Complot!”
Cualquier parecido con la realidad NO es pura coincidencia. Orwell retrató bien la naturaleza humana y la precariedad de la política. Y el Presidente García, al puro estilo del personaje Orwelliano, nos habla de un “complot internacional contra el Perú”, para justificar su impericia y la de sus ministros, en el manejo del conflicto social generado con los indígenas, y que ha dejado como saldo la lamentable muerte de numerosos policías y civiles. Y es que el Presidente cree que con un argumento como ese vamos a dejar pasar la irresponsable acción del gobierno y las políticas públicas en materia ambiental e indígena, que retroceden en lugar de avanzar en la vigencia de derechos. Una estrategia –como la utilizada por el cerdo Napoleón- es efectista para una granja, pero no deberá serlo para nuestro país. Efectista para ocultar los temas de fondo, hablando de terrorismo, sedición, y complots.
El problema, a diferencia de lo que dicen García, Yehude y Cabanillas, no es Pizango, AIDESEP, o los indígenas. El problema central radica en otros dos aspectos que muy pocos discuten, o nadie quiere discutir: la profunda exclusión que impera en nuestro país respecto del mundo indígena; y, la forma en que se hacen las políticas públicas en este gobierno, el modelo de desarrollo que está detrás de cada decisión pública, la forma y los criterios sobre los que se hacen y aprueban las leyes para darle forma al “desarrollo” de “nuestro país”. La pregunta es ¿de qué desarrollo hablamos? ¿El desarrollo de quién? ¿El país de quién?
Alan García y sus ministros insisten en decirnos que hay un “enemigo común al desarrollo”, que existen “algunos salvajes que quieren impedir el desarrollo del Perú”. Es más, afirman que “esos (los indígenas) se oponen a nuestra modernidad”. Sin duda, Alan García pasó por Francia, pero la Academia Francesa no pasó por él. Confunde modernidad con modernización. El desarrollo del que habla García responde a un modelo basado más en el crecimiento económico y la modernización del Estado, expresada en reformas y privatizaciones, que a un desarrollo en el que los peruanos sean ciudadanos, y ejerzan sus derechos y libertades. Dichos modelos no son excluyentes, pero el primero suele ser más elemental que el segundo. Si bien el segundo suele ser ineficaz sin el primero.
La modernidad, señor García, tiene que ver con la reubicación del hombre como centro de la discusión teórica y de la decisión científica y gubernamental. Tiene que ver con la construcción de políticas entre iguales respondiendo a las diferencias que nos hacen seres únicos. La modernidad tiene que ver con el cumplimiento de la ley, el respeto del Estado de Derecho. Y usted, señor García, aprueba normas sin cumplir con las normas vigentes, afectando derechos, sin cumplir con el Convenio 169 de la OIT. No diga entonces que los indígenas son el problema. Ellos no iniciaron este peligroso juego. El problema no son los indígenas, que con toda legitimidad reclaman que se respeten sus derechos; el problema es su gobierno que realiza acciones inconsultas, que desaparece el INDEPA como órgano del más alto nivel para la representación y el diálogo, que en lugar de apoyar la titulación de las tierras indígenas, pretende darlas en propiedad porque no están registradas, que aprueba normas que reducen el quórum para tomar decisiones en las comunidades. Ese es el problema.
Y en toda esta serie de errores repetidos. Los demás, pecamos por contemplación. Esperamos que el Perú desarrolle a costa de unos pocos (son miles, ni tan pocos!!) que están con “taparrabos” como dijo la Ministra Cabanillas, y que según el resto del país, tienen que sacrificarse para el “desarrollo del Perú”. ¡Qué descaro! Si se afecta la propiedad de los Parker, Shuldtz o de los Marsano, el Perú se levanta entero para defender la propiedad y las libertades. Cuando se trata de los pueblos indígenas, se trata de una propiedad que debe ser sacrificada para que “todos nosotros” nos beneficiemos del desarrollo. ¡Es inmoral Y sólo da cuenta de la profunda brecha que existe entre peruanos. Lamentablemente, para muchos siguen siendo “los pueblos indígenas”, los “otros”, los “salvajes”. Seguramente han cometido errores, y la justicia deberá cumplir su papel. Pero más allá de la coyuntura, ¿qué estamos haciendo por “nuestros” pueblos indígenas? ¿Nos solidarizamos con sus demandas? Así no se construye modernidad, aunque haya modernización. Así no se logra desarrollo, sino mero crecimiento. Es hora de pensar el desarrollo en serio.
PUCP-Lima 10/06/2009
“ESTADO DESCONOCE LA REALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”
Dicen nativos Awajún-wampis, estudiantes en Lima. Jóvenes piden que el gobierno entienda las diferencias culturales de las comunidades nativas del país.
Rocío Maldonado.
Frente a los luctuosos sucesos acontecidos en Bagua, el Movimiento de Estudiantes Universitarios Indígenas alzó su voz para exigir que el Ejecutivo asuma su responsabilidad en los hechos, se sancione a los responsables y se conforme una comisión de alto nivel para esclarecer lo ocurrido.
Fernando Shuar Velásquez (huambisa) y Edinson Tsajuput (aguaruna), ambos estudiantes de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, refirieron que el gobierno tuvo un pésimo manejo de la situación porque desconoce la realidad de la amazonía.
“Como no conocen la realidad cultural de nuestros pueblos indígenas, simplemente dijeron que esto se soluciona desalojándolos y las consecuencias de ese accionar ya las conocemos”, dijo Shuar.
“Nuestro pueblo es orgulloso de su mundo, entonces cuando no les ha consultado (sobre los decretos legislativos) les han faltado el respeto”, añadió Edinson.
Ambos rechazaron que el gobierno y algunos medios de comunicación los tachen como salvajes, extremistas y hasta terroristas. Indicaron que los nativos awajún-wampis, a quienes se enfrentó la policía en la “Curva del Diablo”, son guerreros en el sentido de que defienden lo suyo, en este caso su territorio, pero que no tienen la idea de matar a los demás sin razón.
LEY ANCESTRAL
¿A qué responde entonces el asesinato de policías?, les preguntamos. Los estudiantes señalan que la respuesta es la venganza al enterarse de la muerte de sus hermanos. “En nuestros pueblos hay esa lógica si tú matas a mi hermano, tú vas pagar por esa muerte. Acaso los señores de inteligencia desconocían eso. Esa ley existe tradicionalmente”, explicaron los universitarios, quienes dejaron en claro que condenan la violencia de ambos lados y lamentan por igual la muerte de indígenas y policías.
Dijeron que esta situación debe llevar a reflexionar sobre la escasa y hasta nula presencia del Estado en regiones apartadas.
“El papel del Estado es incluir, informar, consultar, y eso no se ha hecho al aprobar los decretos legislativos”, subrayaron.
Claves
Apoyo. Los estudiantes universitarios dijeron que el liderazgo de Alberto Pizango no es cuestionado por las comunidades nativas y respaldaron su labor como vocero de las etnias de la selva. “Independientemente de los cuestionamiento internos se le respalda”.
ong. Shuar y Edinson estudian en universidades de Lima gracias al apoyo económico de organizaciones internacionales.
Crisol de naciones
En la amazonía peruana existen más de 40 naciones, con un mismo origen étnico, idioma y tradiciones y modo de ver y relacionarse con el mundo. Los awajún-wampis pertenecen a la familia etnolingüística jíbaro-jíbaro. Se trata de uno de los grupos más guerreros e indomables, por lo cual libraron una lucha a muerte para impedir el ingreso de los colonos europeos a sus territorios.
El relator de los Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), representantes de la Iglesia y ONG de derechos humanos, así como del gobierno y las comunidades nativas, deben integrar la comisión de alto nivel que se encargue de las investigaciones que esclarezcan los hechos de violencia en Bagua, plantearon los estudiantes amazónicos.
Diario La República-Lima 10/06/2009
“LA POLICÍA HABRÍA MATADO A LOS NATIVOS Y LOS HABRÍA ARROJADO AL RÍO”
Luego del desalojo de la carretera, según testimonio de una profesora de Bagua. Además, pide que gobierno investigue hechos con detenimiento.
Luego del desalojo de la carretera Fernando Belaunde Terry que dejó –oficialmente– 24 efectivos policiales y 9 nativos muertos, Delcy Roque, una de las profesoras de la zona, aseguró que existen testimonios de pobladores de la zona, quienes indican que la cifra de nativos muertos es mayor y que la policía había arrojado algunos cuerpos al río.
“(El viernes 5) la indignación empezó cuando se supo por pobladores (del sector) de Siempreviva que llamaban a la radio para avisar que la policía había matado nativos, los estaba metiendo a sacos negros para meterlos al helicóptero y de allí botarlos al río”, indica la profesora en una carta.
Según indicó Roque el jueves por la noche –horas antes de la intervención policial en la llamada “Curva del Diablo”– las aproximadamente 2 mil personas que se encontraban en el pase sabían que habría un desalojo, pero suponían que sería a medianoche.
“Veía el mensaje a la nación del gabinete y era indignante cómo no se han tomado la molestia de averiguar bien las cosas y se expresen en forma tan despectiva de un hecho tan lamentable”, agregó.
Aunque aseguró que la violencia no se puede justificar, esta se originó pues la policía se defendió con disparos y ante las muertes resultantes, “la población se enardeció y decidió tomar la justicia por sus manos”, detalló.
Diario La República-Lima 10/06/2009
AMAZÓNICOS MAÑANA COMIENZA JORNADA DE LUCHA
La CGTP y otros gremios anuncian movilizaciones de apoyo en lima y otros puntos del país. Afirman que ni el estado de Emergencia ni el toque de queda impedirán el paro indefinido. Exigen se derogue Ley de la Selva.
Elízabeth Prado.
Según los últimos reportes de dirigentes amazónicos, el paro indefinido que se inicia este jueves tiene la adhesión mayoritaria de la sociedad civil y los distintos gremios, los que en actitud solidaria, como ha ocurrido en Ucayali, les han brindado también apoyo logístico para asegurar el éxito de la nueva medida de protesta.
A partir de las cero horas de hoy, la localidad de Yarinacocha, en Pucallpa, recibirá a los primeros nativos de las treinta comunidades que llegarán a esta ciudad desde la lejana cuenca del río Ucayali.
El 11 de junio se les unirán los frentes de defensa, los gremios de la CGTP y también los cocaleros de los valles de Aguaytía y Campoverde.
En Jaén, a pesar del estado de emergencia, la población decidió salir a las calles el próximo jueves. El presidente de las rondas campesinas, Hidelso Hernández, dijo que ante la masacre a sus hermanos indígenas ellos no se pueden quedar con los brazos cruzados.
Representantes del magisterio, construcción civil, el Colegio de enfermeros, los comités del Vaso de Leche y del Club de Madres, así como de las rondas campesinas, acordaron plegarse al reclamo indígena en una reunión realizada el sábado.
En Jaén no hay toque de queda, pero a partir de la medianoche personal del Ejército solicita documentos a la población que se desplaza en el centro de la ciudad.
Rechazo al gobierno
La presidenta del Frente de Defensa de Yurimaguas, Abilia Tapullima, dijo que todas sus bases ya se encuentran listas para radicalizar la protesta dentro de la ciudad.
En tanto, los indígenas apostados en el kilómetro 4.5 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto han permitido que esta vía se abra una sola vez por semana, durante cuatro horas. Ellos también tienen tomados cinco puertos sobre los ríos Shanusi, Paranapuri y Huallaga.
Toribio Amasifuén, de la Coordinadora General de Desarrollo y Defensa de los pueblos Awajún, Chayahuita y Kichua, indicó que ellos rechazan la política del gobierno de desconocer los derechos de los indígenas amazónicos, por lo que participarán decididamente en la protesta nacional de mañana jueves para exigir la derogatoria de los diez decretos legislativos lesivos a sus derechos.
No hay clases en Bagua
Desde el lunes, todos los centros educativos de Bagua optaron por suspender las clases para salvaguardar la integridad de los estudiantes ante una posible intervención policial o militar.
Ese mismo día llegó a esta ciudad una comitiva de derechos humanos. Ayer visitó el cuartel El Milagro y las comisarías de Bagua Chica y Bagua Grande. Constató que a los detenidos se les impide elegir a sus abogados, imponiéndoles abogados de oficio.
Debido a la innumerable cantidad de indígenas desaparecidos en el ataque policial del 5 de junio, cuatro balsas manejadas por nativos conocedores del río Marañón están en busca de sus hermanos. Ellos peinan el río desde el puente Corral Quemado hasta el pongo de Rentema, donde confluyen los ríos Utcubamba y Chinchipe con el Marañón. El toque de queda en Bagua y Utcubamba es ahora desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Al sur del país, en Quillabamba (Cusco), los indígenas del Bajo Urubamba seguían reunidos coordinando las acciones que tomarán en la protesta de mañana.
La clave
Convocatoria aprista. Frente al anuncio del congresista Mauricio Mulder de convocar a otra movilización para mañana jueves, el dirigente de la CGTP Mario Huamán opinó que la vieja táctica aprista de enfrentar al pueblo contra el pueblo no resultará. Advirtió que si hubiera violencia en las calles, será de responsabilidad del partido de gobierno. “Nosotros no vamos a producir violencia en la jornada de ese día porque tenemos la razón”, añadió.
Acuerdos de la CGTP y del Frente Unitario
Ratificar la jornada de lucha del día 11 de junio por la derogatoria de los decretos leyes que atentan contra la vida, la soberanía y los derechos de los pueblos indígenas.
Demandar la renuncia de todo el gabinete ministerial por haber perdido legitimidad al ordenar la masacre de los hermanos amazónicos. El primer ministro Yehude Simon ya no es interlocutor válido, por caer en mentiras y tildar con adjetivos a los nativos.
Plantear una comisión mediadora para restablecer el diálogo con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia y de las instituciones de derechos humanos.
Realizar una investigación de los hechos acaecidos en Bagua con la participación de veedores internacionales, y no solo del lado del gobierno.
Cese a la represión, al estado de emergencia y al toque de queda en los pueblos amazónicos. Los territorios donde ellos caminan libremente no deben ser militarizados.
Diario La República-Lima 10/06/2009
Dicen nativos Awajún-wampis, estudiantes en Lima. Jóvenes piden que el gobierno entienda las diferencias culturales de las comunidades nativas del país.
Rocío Maldonado.
Frente a los luctuosos sucesos acontecidos en Bagua, el Movimiento de Estudiantes Universitarios Indígenas alzó su voz para exigir que el Ejecutivo asuma su responsabilidad en los hechos, se sancione a los responsables y se conforme una comisión de alto nivel para esclarecer lo ocurrido.
Fernando Shuar Velásquez (huambisa) y Edinson Tsajuput (aguaruna), ambos estudiantes de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, refirieron que el gobierno tuvo un pésimo manejo de la situación porque desconoce la realidad de la amazonía.
“Como no conocen la realidad cultural de nuestros pueblos indígenas, simplemente dijeron que esto se soluciona desalojándolos y las consecuencias de ese accionar ya las conocemos”, dijo Shuar.
“Nuestro pueblo es orgulloso de su mundo, entonces cuando no les ha consultado (sobre los decretos legislativos) les han faltado el respeto”, añadió Edinson.
Ambos rechazaron que el gobierno y algunos medios de comunicación los tachen como salvajes, extremistas y hasta terroristas. Indicaron que los nativos awajún-wampis, a quienes se enfrentó la policía en la “Curva del Diablo”, son guerreros en el sentido de que defienden lo suyo, en este caso su territorio, pero que no tienen la idea de matar a los demás sin razón.
LEY ANCESTRAL
¿A qué responde entonces el asesinato de policías?, les preguntamos. Los estudiantes señalan que la respuesta es la venganza al enterarse de la muerte de sus hermanos. “En nuestros pueblos hay esa lógica si tú matas a mi hermano, tú vas pagar por esa muerte. Acaso los señores de inteligencia desconocían eso. Esa ley existe tradicionalmente”, explicaron los universitarios, quienes dejaron en claro que condenan la violencia de ambos lados y lamentan por igual la muerte de indígenas y policías.
Dijeron que esta situación debe llevar a reflexionar sobre la escasa y hasta nula presencia del Estado en regiones apartadas.
“El papel del Estado es incluir, informar, consultar, y eso no se ha hecho al aprobar los decretos legislativos”, subrayaron.
Claves
Apoyo. Los estudiantes universitarios dijeron que el liderazgo de Alberto Pizango no es cuestionado por las comunidades nativas y respaldaron su labor como vocero de las etnias de la selva. “Independientemente de los cuestionamiento internos se le respalda”.
ong. Shuar y Edinson estudian en universidades de Lima gracias al apoyo económico de organizaciones internacionales.
Crisol de naciones
En la amazonía peruana existen más de 40 naciones, con un mismo origen étnico, idioma y tradiciones y modo de ver y relacionarse con el mundo. Los awajún-wampis pertenecen a la familia etnolingüística jíbaro-jíbaro. Se trata de uno de los grupos más guerreros e indomables, por lo cual libraron una lucha a muerte para impedir el ingreso de los colonos europeos a sus territorios.
El relator de los Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), representantes de la Iglesia y ONG de derechos humanos, así como del gobierno y las comunidades nativas, deben integrar la comisión de alto nivel que se encargue de las investigaciones que esclarezcan los hechos de violencia en Bagua, plantearon los estudiantes amazónicos.
Diario La República-Lima 10/06/2009
“LA POLICÍA HABRÍA MATADO A LOS NATIVOS Y LOS HABRÍA ARROJADO AL RÍO”
Luego del desalojo de la carretera, según testimonio de una profesora de Bagua. Además, pide que gobierno investigue hechos con detenimiento.
Luego del desalojo de la carretera Fernando Belaunde Terry que dejó –oficialmente– 24 efectivos policiales y 9 nativos muertos, Delcy Roque, una de las profesoras de la zona, aseguró que existen testimonios de pobladores de la zona, quienes indican que la cifra de nativos muertos es mayor y que la policía había arrojado algunos cuerpos al río.
“(El viernes 5) la indignación empezó cuando se supo por pobladores (del sector) de Siempreviva que llamaban a la radio para avisar que la policía había matado nativos, los estaba metiendo a sacos negros para meterlos al helicóptero y de allí botarlos al río”, indica la profesora en una carta.
Según indicó Roque el jueves por la noche –horas antes de la intervención policial en la llamada “Curva del Diablo”– las aproximadamente 2 mil personas que se encontraban en el pase sabían que habría un desalojo, pero suponían que sería a medianoche.
“Veía el mensaje a la nación del gabinete y era indignante cómo no se han tomado la molestia de averiguar bien las cosas y se expresen en forma tan despectiva de un hecho tan lamentable”, agregó.
Aunque aseguró que la violencia no se puede justificar, esta se originó pues la policía se defendió con disparos y ante las muertes resultantes, “la población se enardeció y decidió tomar la justicia por sus manos”, detalló.
Diario La República-Lima 10/06/2009
AMAZÓNICOS MAÑANA COMIENZA JORNADA DE LUCHA
La CGTP y otros gremios anuncian movilizaciones de apoyo en lima y otros puntos del país. Afirman que ni el estado de Emergencia ni el toque de queda impedirán el paro indefinido. Exigen se derogue Ley de la Selva.
Elízabeth Prado.
Según los últimos reportes de dirigentes amazónicos, el paro indefinido que se inicia este jueves tiene la adhesión mayoritaria de la sociedad civil y los distintos gremios, los que en actitud solidaria, como ha ocurrido en Ucayali, les han brindado también apoyo logístico para asegurar el éxito de la nueva medida de protesta.
A partir de las cero horas de hoy, la localidad de Yarinacocha, en Pucallpa, recibirá a los primeros nativos de las treinta comunidades que llegarán a esta ciudad desde la lejana cuenca del río Ucayali.
El 11 de junio se les unirán los frentes de defensa, los gremios de la CGTP y también los cocaleros de los valles de Aguaytía y Campoverde.
En Jaén, a pesar del estado de emergencia, la población decidió salir a las calles el próximo jueves. El presidente de las rondas campesinas, Hidelso Hernández, dijo que ante la masacre a sus hermanos indígenas ellos no se pueden quedar con los brazos cruzados.
Representantes del magisterio, construcción civil, el Colegio de enfermeros, los comités del Vaso de Leche y del Club de Madres, así como de las rondas campesinas, acordaron plegarse al reclamo indígena en una reunión realizada el sábado.
En Jaén no hay toque de queda, pero a partir de la medianoche personal del Ejército solicita documentos a la población que se desplaza en el centro de la ciudad.
Rechazo al gobierno
La presidenta del Frente de Defensa de Yurimaguas, Abilia Tapullima, dijo que todas sus bases ya se encuentran listas para radicalizar la protesta dentro de la ciudad.
En tanto, los indígenas apostados en el kilómetro 4.5 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto han permitido que esta vía se abra una sola vez por semana, durante cuatro horas. Ellos también tienen tomados cinco puertos sobre los ríos Shanusi, Paranapuri y Huallaga.
Toribio Amasifuén, de la Coordinadora General de Desarrollo y Defensa de los pueblos Awajún, Chayahuita y Kichua, indicó que ellos rechazan la política del gobierno de desconocer los derechos de los indígenas amazónicos, por lo que participarán decididamente en la protesta nacional de mañana jueves para exigir la derogatoria de los diez decretos legislativos lesivos a sus derechos.
No hay clases en Bagua
Desde el lunes, todos los centros educativos de Bagua optaron por suspender las clases para salvaguardar la integridad de los estudiantes ante una posible intervención policial o militar.
Ese mismo día llegó a esta ciudad una comitiva de derechos humanos. Ayer visitó el cuartel El Milagro y las comisarías de Bagua Chica y Bagua Grande. Constató que a los detenidos se les impide elegir a sus abogados, imponiéndoles abogados de oficio.
Debido a la innumerable cantidad de indígenas desaparecidos en el ataque policial del 5 de junio, cuatro balsas manejadas por nativos conocedores del río Marañón están en busca de sus hermanos. Ellos peinan el río desde el puente Corral Quemado hasta el pongo de Rentema, donde confluyen los ríos Utcubamba y Chinchipe con el Marañón. El toque de queda en Bagua y Utcubamba es ahora desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Al sur del país, en Quillabamba (Cusco), los indígenas del Bajo Urubamba seguían reunidos coordinando las acciones que tomarán en la protesta de mañana.
La clave
Convocatoria aprista. Frente al anuncio del congresista Mauricio Mulder de convocar a otra movilización para mañana jueves, el dirigente de la CGTP Mario Huamán opinó que la vieja táctica aprista de enfrentar al pueblo contra el pueblo no resultará. Advirtió que si hubiera violencia en las calles, será de responsabilidad del partido de gobierno. “Nosotros no vamos a producir violencia en la jornada de ese día porque tenemos la razón”, añadió.
Acuerdos de la CGTP y del Frente Unitario
Ratificar la jornada de lucha del día 11 de junio por la derogatoria de los decretos leyes que atentan contra la vida, la soberanía y los derechos de los pueblos indígenas.
Demandar la renuncia de todo el gabinete ministerial por haber perdido legitimidad al ordenar la masacre de los hermanos amazónicos. El primer ministro Yehude Simon ya no es interlocutor válido, por caer en mentiras y tildar con adjetivos a los nativos.
Plantear una comisión mediadora para restablecer el diálogo con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia y de las instituciones de derechos humanos.
Realizar una investigación de los hechos acaecidos en Bagua con la participación de veedores internacionales, y no solo del lado del gobierno.
Cese a la represión, al estado de emergencia y al toque de queda en los pueblos amazónicos. Los territorios donde ellos caminan libremente no deben ser militarizados.
Diario La República-Lima 10/06/2009
MUERTOS SIN SEPULTURA
Las matanzas en la selva ordenadas por Alan García han producido un número muy alto de muertes. Testimonios de campo indican que pueden ser decenas. Pero si, como indican los informes periodísticos, muchos cadáveres han sido arrojados al río Marañón, van a ser muertos sin sepultura. Los ahogados del mar aparecen, los de los ríos de la selva, no.
La hecatombe en que han perecido policías y civiles merece, sin embargo, ser cuantificada. Los organismos internacionales de derechos humanos deberían participar en una investigación acerca de éste y otros aspectos de la matanza.
Hasta la Organización de Estados Americanos se ha espantado con la tragedia y todo indica que no confía en la versión de los hechos y la estadística de muertes difundidas por García. Ha decidido averiguar por su cuenta.
Una de las bajas más graves de este caso es la pérdida de sensatez del régimen y sus adulones. Eso se reveló ayer en el ataque matonesco y cobarde, bufalesco en suma, a la reportera gráfica de LA PRIMERA Melina Mejía y otros colegas.
Hay otra baja que debe preocupar al país: la pérdida de sentido nacional que padece el primer mandatario de la nación. Su delirio de poder no se ha percatado del daño que ocasiona el agredir cruel y masivamente a los nativos de la selva, que son baluarte de nuestra integridad y soberanía, así en la paz como en la guerra, como lo demostraron en la guerra del Cenepa.
Jorge Basadre advirtió más de una vez que en el Perú existen fuerzas centrífugas que amenazan la unidad de ésta nuestra patria multinacional y pluricultural.
¿No sabe García que en el Oriente peruano ha surgido más de una vez la tentación separatista?
El presidente de la República habla de agentes extranjeros en el conflicto, con lo cual convoca la protesta y también la preocupación internacional.
Al pretender (¿gratuitamente?) pisotear los derechos y la vida de las etnias amazónicas en beneficio de saqueadores nacionales e internacionales, el ocupante de Palacio resulta el más peligroso agente de intereses foráneos.
No es sólo la conducta represiva de estos días lo que juzgará el tribunal de la historia --u otros tribunales-- en la actuación de García. Es también el interés desenfrenado que ha puesto en la defensa de Decretos Legislativos probadamente inconstitucionales, o de la venta, con coima evidente, del aeropuerto de Collique, o de la gran minería, o de los negociados de tierras en Piura.
Por todo eso es de desear que se ponga fin a su arbitrariedad. Por el momento, como rama de olivo, García debería despedir a todo su Consejo de Ministros, ordenar el cese de la represión y aceptar la instalación de una mesa de diálogo nueva y auténtica con los representantes del pueblo amazónico.
La legitimidad del régimen sufre una muerte lenta. Sin sepultura aún.
La hecatombe en que han perecido policías y civiles merece, sin embargo, ser cuantificada. Los organismos internacionales de derechos humanos deberían participar en una investigación acerca de éste y otros aspectos de la matanza.
Hasta la Organización de Estados Americanos se ha espantado con la tragedia y todo indica que no confía en la versión de los hechos y la estadística de muertes difundidas por García. Ha decidido averiguar por su cuenta.
Una de las bajas más graves de este caso es la pérdida de sensatez del régimen y sus adulones. Eso se reveló ayer en el ataque matonesco y cobarde, bufalesco en suma, a la reportera gráfica de LA PRIMERA Melina Mejía y otros colegas.
Hay otra baja que debe preocupar al país: la pérdida de sentido nacional que padece el primer mandatario de la nación. Su delirio de poder no se ha percatado del daño que ocasiona el agredir cruel y masivamente a los nativos de la selva, que son baluarte de nuestra integridad y soberanía, así en la paz como en la guerra, como lo demostraron en la guerra del Cenepa.
Jorge Basadre advirtió más de una vez que en el Perú existen fuerzas centrífugas que amenazan la unidad de ésta nuestra patria multinacional y pluricultural.
¿No sabe García que en el Oriente peruano ha surgido más de una vez la tentación separatista?
El presidente de la República habla de agentes extranjeros en el conflicto, con lo cual convoca la protesta y también la preocupación internacional.
Al pretender (¿gratuitamente?) pisotear los derechos y la vida de las etnias amazónicas en beneficio de saqueadores nacionales e internacionales, el ocupante de Palacio resulta el más peligroso agente de intereses foráneos.
No es sólo la conducta represiva de estos días lo que juzgará el tribunal de la historia --u otros tribunales-- en la actuación de García. Es también el interés desenfrenado que ha puesto en la defensa de Decretos Legislativos probadamente inconstitucionales, o de la venta, con coima evidente, del aeropuerto de Collique, o de la gran minería, o de los negociados de tierras en Piura.
Por todo eso es de desear que se ponga fin a su arbitrariedad. Por el momento, como rama de olivo, García debería despedir a todo su Consejo de Ministros, ordenar el cese de la represión y aceptar la instalación de una mesa de diálogo nueva y auténtica con los representantes del pueblo amazónico.
La legitimidad del régimen sufre una muerte lenta. Sin sepultura aún.
Diario La Primera-Lima 10/06/2009
Palabra Del Lector
LAS LEYES DEBEN SER EXPLICADAS
Todo este problema se dio por no informar a la población sobre los alcances de los decretos. Otros aprovecharon esto para desinformar y ahora vemos las consecuencias. ¿Qué le costaba al gobierno explicar estas leyes, o el gobierno en su soberbia pensó que los pobladores no pueden entender esta explicación? El gobierno de Alan García está pecando de soberbio, y lo peor de todo es que está poniendo en peligro la democracia.
Diario El Comercio-Lima 10/06/2009
OEA convocó reunión urgente y vienen observadores de Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CONDENA MUNDIAL
Consejo tomó nota del compromiso del gobierno de proteger los derechos humanos de amazónicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, condenó ayer “enérgicamente” los “graves hechos de violencia” de la semana pasada, y pidió al Estado peruano “esclarecer judicialmente” lo sucedido y “reparar sus consecuencias”, mientras se espera la llegada a Perú de veedores de ese organismo y de las Naciones Unidas.
La CIDH abogó por la promoción de un “proceso de diálogo” para hallar una solución al conflicto. “La CIDH hace un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos. Cabe resaltar la importancia de adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”, señaló en evidente alusión a las operaciones policiales y militares.
El ex congresista Javier Diez Canseco informó que está por llegar a nuestro país el relator sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para conocer directamente la situación de la Amazonía.
Asimismo, dijo que una delegación de la CIDH llegará también en los próximos días a informarse de los sangrientos sucesos y agregó que organizaciones defensoras de los derechos humanos de Estados Unidos han solicitado al Congreso de ese país un pronunciamiento sobre las muertes de civiles y policías en el Perú.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomó por su parte nota del compromiso del gobierno peruano de proteger los derechos humanos de la población amazónica, y de esclarecer los hechos violentos ocurridos durante el pasado fin de semana en el nororiente, en el que al menos (oficialmente) 34 personas resultaron muertas, aseguró la representante peruana ante la OEA, María Zavala, quien dijo que el Consejo Permanente de la OEA se solidarizó con el Perú ante la tragedia.
Diario La Primera-Lima 10/06/2009
VIDA ES MÁS IMPORTANTE
Amnistía Internacional (AI) declaró su “profunda preocupación” por la situación en la Amazonía, en donde perdieron la vida al menos 33 personas, fueron heridos otras 200 y hay al menos 79 detenidos, entre los cuales hay menores de edad.
“La situación en la Amazonía sigue crítica”, informó Nuria García, la investigadora de AI en Perú. “Es esencial que las autoridades tomen medidas decisivas para impedir que se cometan violaciones contra los derechos humanos y que sus acciones faciliten un incremento de la violencia”, afirmó.
“El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias”, afirmó Nuria García, investigadora para Perú de Amnistía Internacional.
Diario La Primera-Lima 10/06/2009
Piden al Apra dejar la soberbia y derogar los decretos legislativos que pisotean los derechos de los nativos.
AGRICULTORES TILDAN DE INDOLENTE AL GOBIERNO
Violencia es consecuencia de inacción gubernamental.
DETALLE
La Cámara de Comercio de Bagua estimó que las pérdidas económicas en todo el departamento de Amazonas sobrepasan los 200 millones de soles, toda vez que parte de la producción de arroz, café, cacao y frutales, que principalmente se traslada a la costa, se ha malogrado como consecuencia de los diversos bloqueos de la vía.
La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) pidió ayer al gobierno dejar de lado la soberbia y la prepotencia para resolver de una vez por todas el cruento enfrentamiento que se viene desarrollando en Bagua desde el pasado viernes y que trajo como consecuencia el injustificable derramamiento de sangre de peruanos.
“Los nativos protestaban por hacer prevalecer sus derechos previstos en la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT que están siendo vulnerados por algunos decretos legislativos inconstitucionales. Es indignante la indolencia que ha mostrado el gobierno por ponerle fin a esta atroz afrenta, por lo cual, invocamos a las autoridades a actuar de inmediato y no permitir que las cifras de inocentes víctimas continúe incrementándose”, sostuvo el Presidente de la JNUDRP, Enrique Málaga Málaga.
En ese sentido, el gremio agrario pidió al gobierno escuchar y recoger las propuestas y las demandas de los indígenas y comunidades nativas, apelando al diálogo y no a la imposición de este tipo de medidas.
“El gobierno debe hacer un autoanálisis y reconocer que no consensuó sino que impuso, por lo cual, es preciso que declare la inconstitucionalidad los Decretos Legislativos N° 1090, 994 y 1064. Se está demostrando autoritarismo mediático, al no bajar al llano y entender que antes de imponer es mejor consensuar, por ende viene cometiendo error tras error, pretendiendo luego buscar culpables de su ineficiencia”, dijo el dirigente.
En ese sentido, advirtió que los gremios agrarios estarán atentos a la actitud que pueda tomar el Ejecutivo, y esperan que esta sea oportuna, para solucionar la problemática que se viene atravesando.
Diario La Primera-Lima 10/06/2009
En Yurimaguas, bloqueo de carretera se romperá por dos horas diarias para evitar desabastecimiento
DENUNCIAN QUE SIGUEN AMENAZAS CONTRA PERIODISTAS EN LA AMAZONÍA
Pese a que se restablece parcialmente la calma en la zona de enfrentamientos en la amazonía, periodistas de diversos medios de comunicación reciben amenazas para que no envíen informes a nivel nacional, denunció hoy el director de Radio TV Oriente, Geovani Acate.
Explicó que a su retorno de la ciudad de Tarapoto, en San Martín, se reunió con periodistas de televisión, quienes le informaron que habían recibido llamadas telefónicas exigiendo que dejen de informar sobre la protesta amazónica.
“Es el caso, por ejemplo, de Jerry Izquierdo, camarógrafo de TV Oriente, hasta cuyo domicilio llegaron unas personas y hablaron con su esposa, a quien le advirttieron que dejen de mandar reportes a medios de Lima porque podrían tener problemas”, relató el hombre de prensa.
Según Acate, los autores de las amenazas serían presuntamente agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la policía.
En conversación con el programa Diálogo Directo de la CNR, Acate informó asimismo que se ha iniciado un diálogo permanente entre la policía, la Defensoría del Pueblo, las autoridades locales y los dirigentes indígenas.
La posición de la Defensoría del Pueblo es que se mantendrá presente en la zona del conflicto el tiempo que sea necesario para evitar cualquier futuro enfrentamiento.
Por otro lado, los pueblos indígenas apostados en la carretera Yurimaguas-Tarapoto, bloqueada hasta ayer en tres tramos distintos, acordaron abrir durante dos horas diarias el tránsito de vehículos para no producir desabastecimiento de alimentos y combustible en las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas.
Con esta decisión, según informó Geovanni Acate, los pueblos de Alto Amazonas quieren mostrar su voluntad de dialogar y persistir en su protesta de forma pacífica.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/06/2009
ORGANISMOS DE DD.HH APELAN POR SITUACIÓN DE DETENIDOS EN BAGUA
Representantes de las organizaciones de derechos humanos, manifestaron que se registraron una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos en el desalojo de la carretera Fernando Belaunde, en Bagua, el último viernes 05 de junio y se informó sobre la situación incierta de los 25 detenidos en el cuartel "El Milagro".
En conferencia de prensa, los representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, informaron que se apersonaron a las oficinas de Ministerio Público a fin de tomar conocimiento de la real situación de los doce detenidos en la comisaría de Bagua Chica, de los cuales 3 son menores de edad.
Entre los principales acontecimientos registrados resalta la imposibilidad de los detenidos de contar con un abogado de su libre elección y la debida presencia de un intérprete, la falta de información sobre los hechos imputados y la negativa de las autoridades de brindar información sobre la identificación de los encargados en las investigaciones.
Ante esta situación, invocaron al Ministerio Público, como defensor de la legalidad, a actuar en el marco de sus atribuciones y cumplir con los derechos contemplados en la constitución y en las normas internacionales.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/06/2009
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA CRÍTICA SITUACIÓN EN LA AMAZONÍA
Amnistía Internacional muestra profunda preocupación por la situación en la Amazonía peruana tras los sucesos del 5 de junio en la ciudad de Bagua, Departamento de Amazonas, que se han saldado con al menos 30 manifestantes y 22 policías muertos y más de 150 manifestantes y 24 policías heridos, así como más de 70 detenidos, incluidos varios menores.
“El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias”, afirmó Nuria García, investigadora para Perú de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional recordó que si bien las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar la ley y el orden, deben hacer un uso proporcional de la fuerza, acatando en todo momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos.
Igualmente, la organización de derechos humanos hizo un llamado a los líderes de las organizaciones indígenas para que envíen una clara señal a los manifestantes de que la toma de rehenes y el homicidio de agentes de las fuerzas del orden son acciones inaceptables.
“La situación alrededor de las protestas en la Amazonía sigue crítica y es vital que las autoridades tomen medidas decisivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos o que sus acciones pudieran resultar en una escalada de violencia”, dijo Nuria García.
“Es igualmente esencial que las autoridades competentes aseguren una investigación imparcial y pronta para establecer la verdad de los hechos de los crímenes cometidos, y llevar ante la justicia a todos los responsables, sean quien sean.”
Amnistía Internacional instó también a las autoridades a que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencia policiales y militares, y se garantice el derecho de todos los detenidos tanto a la vida e integridad física, como su derecho a la defensa.
La organización exhorto a las autoridades peruanas a garantizar que se consulta y se coopera de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Información complementaria
Durante más de 50 días comunidades indígenas en la Amazonía peruana se han movilizado en protesta por una seria de decretos ley sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales en la selva amazónica dentro del marco del tratado de libre comercio entre Perú y los EE.UU. Dicha legislación no habría sido consultada con las comunidades indígenas, de acuerdo a las obligaciones del Estado peruano incluidas en la Convención 169 de la OIT. En respuesta a estas protestas, el 9 de mayo el gobierno declaró un estado de emergencia en la zona por un período de 60 días.
El 5 de junio el desalojo por parte de efectivos de la Policía Nacional de grupos de las comunidades indígenas que tenían bloqueada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua resultó en víctimas mortales y numerosos heridos tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales. A raíz de estos hechos, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre una escalada de uso de la violencia que incluiría tanto casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, como casos de secuestros y homicidios de policías por parte de miembros de comunidades indígenas.
Varios líderes de las organizaciones indígenas tienen cargos en su contra por rebelión, sedición y conspiración para una rebelión y contra la tranquilidad pública. Entre ellos se encuentra Alberto Pizango Chota, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). El 6 de junio las autoridades dictaron orden de detención contra Alberto Pizango.
Amnistía Internacional-Londres 08/06/2009
DENUNCIAN QUE SIGUEN AMENAZAS CONTRA PERIODISTAS EN LA AMAZONÍA
Pese a que se restablece parcialmente la calma en la zona de enfrentamientos en la amazonía, periodistas de diversos medios de comunicación reciben amenazas para que no envíen informes a nivel nacional, denunció hoy el director de Radio TV Oriente, Geovani Acate.
Explicó que a su retorno de la ciudad de Tarapoto, en San Martín, se reunió con periodistas de televisión, quienes le informaron que habían recibido llamadas telefónicas exigiendo que dejen de informar sobre la protesta amazónica.
“Es el caso, por ejemplo, de Jerry Izquierdo, camarógrafo de TV Oriente, hasta cuyo domicilio llegaron unas personas y hablaron con su esposa, a quien le advirttieron que dejen de mandar reportes a medios de Lima porque podrían tener problemas”, relató el hombre de prensa.
Según Acate, los autores de las amenazas serían presuntamente agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la policía.
En conversación con el programa Diálogo Directo de la CNR, Acate informó asimismo que se ha iniciado un diálogo permanente entre la policía, la Defensoría del Pueblo, las autoridades locales y los dirigentes indígenas.
La posición de la Defensoría del Pueblo es que se mantendrá presente en la zona del conflicto el tiempo que sea necesario para evitar cualquier futuro enfrentamiento.
Por otro lado, los pueblos indígenas apostados en la carretera Yurimaguas-Tarapoto, bloqueada hasta ayer en tres tramos distintos, acordaron abrir durante dos horas diarias el tránsito de vehículos para no producir desabastecimiento de alimentos y combustible en las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas.
Con esta decisión, según informó Geovanni Acate, los pueblos de Alto Amazonas quieren mostrar su voluntad de dialogar y persistir en su protesta de forma pacífica.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/06/2009
ORGANISMOS DE DD.HH APELAN POR SITUACIÓN DE DETENIDOS EN BAGUA
Representantes de las organizaciones de derechos humanos, manifestaron que se registraron una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos en el desalojo de la carretera Fernando Belaunde, en Bagua, el último viernes 05 de junio y se informó sobre la situación incierta de los 25 detenidos en el cuartel "El Milagro".
En conferencia de prensa, los representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, informaron que se apersonaron a las oficinas de Ministerio Público a fin de tomar conocimiento de la real situación de los doce detenidos en la comisaría de Bagua Chica, de los cuales 3 son menores de edad.
Entre los principales acontecimientos registrados resalta la imposibilidad de los detenidos de contar con un abogado de su libre elección y la debida presencia de un intérprete, la falta de información sobre los hechos imputados y la negativa de las autoridades de brindar información sobre la identificación de los encargados en las investigaciones.
Ante esta situación, invocaron al Ministerio Público, como defensor de la legalidad, a actuar en el marco de sus atribuciones y cumplir con los derechos contemplados en la constitución y en las normas internacionales.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/06/2009
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA CRÍTICA SITUACIÓN EN LA AMAZONÍA
Amnistía Internacional muestra profunda preocupación por la situación en la Amazonía peruana tras los sucesos del 5 de junio en la ciudad de Bagua, Departamento de Amazonas, que se han saldado con al menos 30 manifestantes y 22 policías muertos y más de 150 manifestantes y 24 policías heridos, así como más de 70 detenidos, incluidos varios menores.
“El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias”, afirmó Nuria García, investigadora para Perú de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional recordó que si bien las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar la ley y el orden, deben hacer un uso proporcional de la fuerza, acatando en todo momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos.
Igualmente, la organización de derechos humanos hizo un llamado a los líderes de las organizaciones indígenas para que envíen una clara señal a los manifestantes de que la toma de rehenes y el homicidio de agentes de las fuerzas del orden son acciones inaceptables.
“La situación alrededor de las protestas en la Amazonía sigue crítica y es vital que las autoridades tomen medidas decisivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos o que sus acciones pudieran resultar en una escalada de violencia”, dijo Nuria García.
“Es igualmente esencial que las autoridades competentes aseguren una investigación imparcial y pronta para establecer la verdad de los hechos de los crímenes cometidos, y llevar ante la justicia a todos los responsables, sean quien sean.”
Amnistía Internacional instó también a las autoridades a que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencia policiales y militares, y se garantice el derecho de todos los detenidos tanto a la vida e integridad física, como su derecho a la defensa.
La organización exhorto a las autoridades peruanas a garantizar que se consulta y se coopera de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Información complementaria
Durante más de 50 días comunidades indígenas en la Amazonía peruana se han movilizado en protesta por una seria de decretos ley sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales en la selva amazónica dentro del marco del tratado de libre comercio entre Perú y los EE.UU. Dicha legislación no habría sido consultada con las comunidades indígenas, de acuerdo a las obligaciones del Estado peruano incluidas en la Convención 169 de la OIT. En respuesta a estas protestas, el 9 de mayo el gobierno declaró un estado de emergencia en la zona por un período de 60 días.
El 5 de junio el desalojo por parte de efectivos de la Policía Nacional de grupos de las comunidades indígenas que tenían bloqueada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua resultó en víctimas mortales y numerosos heridos tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales. A raíz de estos hechos, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre una escalada de uso de la violencia que incluiría tanto casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, como casos de secuestros y homicidios de policías por parte de miembros de comunidades indígenas.
Varios líderes de las organizaciones indígenas tienen cargos en su contra por rebelión, sedición y conspiración para una rebelión y contra la tranquilidad pública. Entre ellos se encuentra Alberto Pizango Chota, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). El 6 de junio las autoridades dictaron orden de detención contra Alberto Pizango.
Amnistía Internacional-Londres 08/06/2009