COMUNEROS DE CONDEBAMBA INICIAN DIÁLOGO CON EL EJECUTIVO
Este veintitrés de junio, a las diez de la mañana, en cerro Mogol (distrito Eduardo Villanueva, provincia San Marcos), inicia el diálogo entre comunidades, ejecutivos de la minera Miski Mayo y directores generales de los ministerios de Energía y Minas, y del Ambiente.
Esta reunión busca poner fin a los conflictos sociales suscitados en la zona por el proyecto minero Mogol. Posiciones a favor y en contra, protestas y denuncias ante el Poder Judicial, son sólo capítulos que anteceden a esta mesa de diálogo.
Desde Lima, vienen a esta cita los directores generales de minería, de gestión social y del ambiente. Ellos tienen como línea base de trabajo el diagnóstico presentado por funcionarios del Gobierno Regional Cajamarca, informó Eduardo Barreto Blanco, director regional de energía y minas.
La situación en el lugar es tensa. Decenas de pobladores se han organizado de tal manera que el campamento de Miski Mayo ha quedado rodeado. Hay presencia de efectivos policiales. Urge una solución a este conflicto antes que la situación alcance niveles mayores, señaló Barreto.
Los que también estarán presentes
Se sabe que estarán presentes en esta asamblea diferentes frentes de defensa del Valle de Condebamba. También se advierte la presencia de rondas campesinas de las zonas aledañas.
DATOS
19 conflictos sociales fueron solucionados el 2008.
94 conflictos están en proceso de diálogo hasta el momento.
133 conflictos socioambientales se registraron en mayo.
Diario Panorama Cajamarquino 15/06/2009
GOBIERNO REGIONAL ESTUDIA PROBLEMÁTICA DEL CERRO MOGOL
El director regional de Energía y Minas, Eduardo Barreto Blanco arribó a la localidad de Condebamba, provincias de Cajabamba, el pasado 08 de junio, para aclarar la problemática existente a partir de un diálogo sincero con los dirigentes de la zona.
En un esfuerzo conjunto, tanto el director regional y el Coronel de la PNP- Cajamarca Jorge Santiago Iparraguirre Mestanza, conversaron con la población, quienes mostraron su disposición para el diálogo y la búsqueda de una pronta solución, toda vez que dicha problemática tiene una antigüedad de 08 años.
Barreto Blanco aclaró que es competencia del Gobierno Nacional dar solución a la problemática existente en la zona, por lo que confirmó la visita a la zona, de funcionarios de las direcciones: de Gestión Ambiental, Gestión Social y la Dirección General de Minera del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para el 23 de junio.
Como se recuerda, el 07 de junio, diversos pobladores del valle Condebamba, provincia de Cajabamba tomaron el Cerro Mogol, para dar a conocer su oposición a la actividad minera, emprendida por la empresa “Vale Perú”, aduciendo una probable contaminación en la zona.
Diario Panorama Cajamarquino 15/06/2009
DECOMISAN 500 KG. DE CIANURO DE MINERÍA INFORMAL
Un cargamento de 507 kilogramos de cianuro fue decomisado por la policía, cuando era transportado con destino al centro poblado de Algamarca, distrito de Cachachi, en la provincia de Cajabamba para ser comercializado entre los mineros informales que siguen operando en esa de la región.
El vehículo con placa de rodaje PL-4009, conducido por Benjamín Carranza Corchera, fue intervenido por una patrulla de la policía de Carreteras del distrito de Chancay, a la altura del Km. 88, sector de la Grama, carretera Cajamarca - Cajabamba. La intervención policial ocurrió anteayer sábado en horas del mediodía.
Hechas las investigaciones policiales se llegó a determinar que el propietario del cargamento de cianuro era el propio chofer del vehículo, Benjamín Carranza Corcuera, quien ante los interrogatorios a los que fue sometido señaló que la sustancia ilegalmente transportada, había sido recogida en la ciudad de Cajamarca para ser comercializada entre los mineros informales de Algamarca.
Luego de la intervención policial, el detenido y el correspondiente cargamento de cianuro fueron puestos a disposición del representante del Ministerio Público de la provincia de Cajabamba, con la finalidad de continuar con las investigaciones pertinentes y efectuar la denuncia penal correspondiente ante el poder judicial.
Por su parte la Policía se mantiene alerta ante la permanente presencia de sujetos que a pesar de las prohibiciones siguen transportando sustancias ilegales hacia el centro minero informal de Algamarca.
Otra de las preocupaciones se dan en el sentido de que a pesar autoridades de Minería de la Región han señalado que la minería informal en Algamarca estaría quedando de lado, luego que se llegara a una solución al conflicto judicial entre las empresas que se disputaban la propiedad de este centro minero, todo parece indicar que la minería informal sigue trabajando en la zona, con el consiguiente perjuicio al medio ambiente, contaminado importantes recursos naturales como el agua y las zonas agrícolas del valle de Condebamba en la provincia de Cajabamba.
CLARIDATO
En Algamarca existen unos 3 mil mineros informales que requieren de diversos productos para su labor, entre ellos el cianuro para la extracción del oro.
Diario El Clarín-Cajamarca 15/06/2009
9 PETROLERAS OPERAN EN ZONA DE NATIVOS
Algunas compañías mantienen conflictos no resueltos con Achuar y Aguaruna-Huambisa. Seis de once de los lotes fueron dados por este gobierno a las compañías para operaciones de exploración y explotación.
Miguel Gutiérrez R.
Seis lotes entregados por el Ejecutivo desde diciembre del 2006 a compañías petroleras extranjeras se hallan superpuestos dentro de los territorios de las comunidades nativas Aguaruna-Huambisa y Achuar. En caso de hallar hidrocarburos, el promedio de regalías que pagarán al Estado es de aproximadamente el 30 por ciento del valor de la producción del petróleo o gas extraído.
Sin embargo, este argumento no convence a la mayor parte de las comunidades nativas que, salvo algunas excepciones, se resiste aún al ingreso de las petroleras. Los nativos manifiestan a través de sus apus (dirigentes) su temor porque se repitan las malas prácticas de años anteriores que llevaron a la contaminación de los ríos Pastaza y Corrientes. En otros casos, acusan al gobierno de no haberles consultado previamente del ingreso de las compañías en la zona.
Más lotes
Pese a esta situación de conflicto que viene desde hace tiempo, el gobierno ha seguido otorgando lotes sobre esta zona. En abril del 2009, el presidente Alan García suscribió un contrato con Olympic Perú, sucursal de la matriz estadounidense, para que esta se hiciera del lote 145, una extensión de 500 mil hectáreas, ubicada en la cuenca del Bagua, donde habitan comunidades aguarunas.
En setiembre del 2008, Perupetro otorgó al consorcio hindú Jindal Steel & Power Limited-Enigma Oil & Gas, el lote 147, ubicado dentro en la cuenca del río Morona, donde se encuentran agrupadas en comunidades los indígenas Achuar. El otorgamiento del lote fue suspendido un mes después por el gobierno, así como los demás entregados luego de que audios revelaran el favorecimiento de funcionarios a la firma noruega Discover Petroleum.
En octubre pasado, la canadiense Talismán Energy, que opera en el lote 64 de la provincia de Datem del Marañón (Loreto) desde 2007, fue obligada por los Achuar a retirar su personal y equipos. La petrolera prometió a los líderes nativos no trabajar en áreas en las que no haya acuerdo expreso con las comunidades. La situación se empeoró en abril pasado con el paro amazónico al punto de que los directivos ordenaron la evacuación de sus funcionarios.
En setiembre del 2006, el gobierno otorgó un contrato de exploración y explotación a la francesa Hocol del lote 116, superpuesta en el área del río Santiago, donde las comunidades Aguaruna-Huambisa habitan. En mayo del 2008, Hocol firmó un acuerdo con los presidentes de las federaciones nativas de Condorcanqui para ingresar a la zona, pero sus dirigentes fueron destituidos por no haber consultado antes a la población.
La española Repsol Exploración en diciembre del 2006 ejerció el derecho de opción para explorar el lote 109, que se ubica debajo de comunidades aguarunas. En marzo del 2008, la comunidad indígena de Palestina expulsó de la zona a trabajadores de la empresa.
Finalmente, el lote 143 a cargo desde julio del 2007 de la estadounidense Hunt Oil está ubicado en el río Corrientes, donde se concentra la mayor parte de las comunidades Achuar.
Nativos se sienten amenazados
El Decreto Ley Nº 20656, Ley de Comunidades Nativas, del 24 de junio en 1974, permitió a los Aguaruna-Huambisa y a todos los pueblos de la Amazonía que sus territorios sean declarados inalienables, imprescritibles e inembargables. La ley dio pie a la creación de las primeras organizaciones, entre ellas el poderoso Consejo Aguaruna-Huambisa (CAH), liderado por el aguaruna Evaristo Nugkuag que más tarde daría lugar a la formación a Aidesep.
La Constitución de 1993 retiró el carácter inalienable y enajenable. “Solo mantuvieron el carácter imprescriptible pero con una trampa al igual que los actuales dispositivos”, sostiene el experto en Amazonía, Roger Rumrrill. “Señala que es imprescriptible a menos que la tierra esté abandonada. En la realidad indígena no cabe el concepto de tierra ociosa. La comunidad tiene mil hectáreas y las otras hectáreas siguen un ciclo natural de reproducción de flora y fauna. Para la cultura occidental, si no está cultivada es tierra ociosa”, agregó Rumrrill.
Diario La República-Lima 15/06/2009
EMPRESAS CHILENAS INVADEN LA SELVA
El parlamentario Róger Nájar (Bloque Popular) denunció que hay más de cuatro millones de hectáreas pertenecientes a las regiones amazónicas del Perú que tienen solicitudes de adjudicación por parte de empresas transnacionales de producción de etanol y biodiesel, en su mayoría chilenas.
“La región Loreto es la que tiene la mayor cantidad de solicitudes de adjudicación, pues tiene 1 millón 600 mil hectáreas en proceso de adjudicación. Le sigue la región Ucayali con 12 mil hectáreas”, manifestó.
Nájar informó que las solicitudes provienen desde antes que el Ejecutivo promulgue el decreto legislativo 1090, incluido en el paquete de decretos legislativos del año pasado. Según el congresista, las empresas empezaron a solicitar adjudicaciones cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 840, conocido como la “Ley de la selva”.
Nájar mostró una relación oficial de empresas que ya tienen sus solicitudes aprobadas para adjudicarse tierras de la región Ucayali. Lo curioso es que la mayoría de empresas son de capitales chilenos como la empresa “Selva Maestra” (Grupo SEM), que tiene 12 mil hectáreas adjudicadas, ubicadas en la zona de Quebrada de Maputay.
Además, “Campo Verde SAC y Bosques Amazónicos SAC”, (Grupo SEM), tiene 6 mil 900 hectáreas en la zona Río Pachitea. “SEM Perú Selva SAC” tiene 24 mil 800 hectáreas en la zona Masisea-Iparia. Además, JCC Inversiones (Grupo SEM) está en trámites para adjudicarse otras 8 mil hectáreas, ubicadas en la zona de Campo Verde-Mamantay.
“Es falso de que no ha habido otra opción más que el 1090. El 18 de diciembre del año pasado, la comisión de Pueblos Andinos presentó el proyecto de ley 2691 en el que recogimos las propuestas de los técnicos de Aidesep, los empresarios y las organizaciones amazónicas”, dijo.
Diario La Primera-Lima 15/06/2009
MINISTRA EVADE RESPONSABILIDAD
Cabanillas ahora dice que FFAA debieron relevar a policías en la estación 6. Señala que plan para desalojar a nativos se elaboró en el Comando Conjunto e incluía reemplazar a policías por militares en la estación petrolera.
Redacción.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, señaló que el plan diseñado para recuperar la carretera Fernando Belaunde Terry y las estaciones del Oleoducto Norperuano de Petroperú tenía previsto el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Como parte de esa cooperación, los militares debían no solo apoyar logísticamente sino relevar al personal policial que estaba dentro de la estación 6 bloqueada por los nativos desde abril pasado.
“El plan operativo –dijo– fue realizado en el Comando Conjunto porque la situación en la selva se tornaba complicada. Hubo reuniones de coordinación durante mayo y, específicamente, cinco días antes de la operación de desalojo.
“El 31 de mayo, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el ministro de Energía y Minas, el presidente de Petroperú y quien habla identificamos los puntos de las estaciones tomadas y bloqueadas y las que estaban a punto de tomar”, anotó.
“Hubo una cooperación donde las Fuerzas Armadas se comprometieron a trasladar fuerzas a través de naves de la Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional”, afirmó.
Cabanillas aclaró que dicho plan no tenía previsto que los militares realizaran la operación de desalojo, sino reemplazar a los efectivos policiales en las estaciones del Oleoducto tomadas o bloqueadas; una medida que, finalmente, no se llegaría a producir.
La titular del Interior señaló además que, antes de la operación según ella elaborada en el Comando Conjunto, se emitió, asegura que a pedido suyo, dos resoluciones supremas que autorizaban a las Fuerzas Armadas a apoyar el control del orden interno.
“No nos olvidemos que se pidió oportunamente, y desde el 10 de mayo, y mediante dos resoluciones supremas, el respaldo logístico de las Fuerzas Armadas, que iban a cada una de las estaciones y muchos puntos donde estaba la policía. Con ese recurso humano reemplazaban a agentes de la policía, y la policía también pasaba a repotenciar otros lugares, como lo hicieron en la Curva del Diablo”, especificó.
“Deben esperar informe”
La ministra del Interior Mercedes Cabanillas volvió a rechazar que el plan policial en Bagua estuviera mal elaborado, y aclaró que no se puede comentar sin haber escuchado el informe de los mandos de las autoridades en el lugar.
“¿Cómo pueden sostener que está mal hecho si ni siquiera han oído el informe detallado, pormenorizado de los mandos, las autoridades especializadas que desarrollan un plan operativo”, indicó.
La titular del Interior manifestó luego que se trató de un plan operativo en función de los protocolos y mecanismos de desarrollo establecidos. “Este es un plan que en sus procedimientos es pulcro, sin interferencias y de acuerdo a la normatividad vigente al accionar de la policía”, detalló.
Asimismo, aclaró que como ministra del Interior no puede ser calificada de negligente ni irresponsable. “Es al revés. Yo sí recabo responsabilidad y eficiencia en mi función”, señaló.
Cabanillas también descartó que hubiera presiones en la decisión de liberar la carretera Fernando Belaunde, el viernes 5 de junio.
Datos
Policías. El reemplazo de militares por los policías dentro de la estación Nº 6 nunca se efectuó por razones que se desconocen faltó refuerzos. Dos días antes de la toma violenta de la estación 6, los policías pidieron a su alto mando la presencia de militares porque la situación podía tornarse incontrolable.
Pidió presencia de las Fuerzas Armadas
Las resoluciones a las cuales se refiere la ministra del Interior son las emitidas por el gobierno el pasado 15 de mayo, mediante las cuales se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en las medidas de seguridad de los servicios públicos y privados en varios distritos de la provincia de Bagua.
En esos sendos documentos se advierte que el pedido fue hecho por la ministra Mercedes Cabanillas con el fin de resguardar puntos críticos vitales. Dentro de estas medidas estaba previsto el resguardo de los campamentos petroleros y recuperación de las estaciones Nº 5 y 6 del Oleoducto Norperuano.
Diario La República-Lima 15/06/2009
‘‘QUE EL GOBIERNO NO CREA QUE VAMOS A RETROCEDER; EL PARO CONTINÚA’’
Entrevista/Salomón Awanash Wajush. Presidente del Comité de Lucha Nacional Amazónica de los Pueblos Indígenas. Estuvo a la cabeza de las cinco cuencas que apoyaron el paro amazónico en Bagua.
María Elena Hidalgo.
¿Cuál es la respuesta del pueblo Awajún al presidente Alan García, quien acusa a los indígenas de haber actuado con salvajismo al haber matado a 24 policías?
Además de haber perdido tantas vidas indígenas, ahora el gobierno toma represalias contra nosotros. No quiere aceptar su culpa en este enfrentamiento. Es culpa del gobierno habernos matado entre hermanos. Nosotros nunca buscamos arreglar las cosas con violencia, solo exigíamos nuestro derecho.
¿Ustedes han recibido alguna forma de financiamiento del extranjero para llevar adelante la protesta contra el gobierno?
Es falso que haya influencia de otros países. Nosotros no somos un pueblo armado, solo fuimos con nuestras lanzas. No somos violentos pero cuando nos maltratan nos defendemos. Este conflicto ha sido por capricho de los apristas que no quieren derogar la ley. Esperamos que lo reconsideren.
El gobierno los acusa de negarse al desarrollo del país. ¿Qué responde a eso?
No rechazamos el desarrollo. El gobierno tiene que cumplir con lo estipulado por la OIT . Nos debieron de consultar ¿Quién mejor que nosotros que somos conocedores de la selva para saber lo que le conviene?
¿Qué harán ahora? ¿Seguirán luchando por la derogatoria de las leyes?
Que el gobierno no crea que con lo sucedido vamos a retroceder.
Nosotros no hemos levantado el paro, solo estamos dispersos y no lo levantaremos hasta que se deroguen las leyes. El gobierno tiene que derogar los decretos para recién sentarnos a dialogar. Pero no aceptaremos ningún diálogo con el actual gabinete, ellos no son interlocutores válidos.
¿Alberto Pizango representa a los indígenas de la selva?
Pizango nos representa. Nosotros desconocemos la palabra del presidente que dice que no nos representa. Él es nuestro dirigente principal y en ningún momento nos ha inducido a enfrentarnos a la policía.
¿Qué significa la selva para ustedes?
La selva es nuestra madre, nuestra farmacia, nuestro mercado, nuestra casa. Aquí no es como en Lima que hay un Metro para comprar víveres. Aquí salimos durante cuatro o cinco días a cazar para traer nuestro alimento. El bosque nos da medicinas y techo y por eso lo consideramos nuestra madre. Por eso la gente de la selva defendió al Perú contra los ecuatorianos.
¿Cómo fue la negociación con la policía durante los días de paro? Tenemos entendido que en todo momento hubo contacto con el general PNP Javier Uribe Altamirano, quien había dado su palabra de no usar la fuerza y conversar hasta llegar a un entendimiento.
Así es. Tuvimos varias conversaciones en las que también participaron las autoridades de Amazonas y de la Iglesia. Es más, el viernes anterior al ataque, dialogamos pacíficamente con el general Uribe y llegamos al acuerdo de que para evitar el enfrentamiento con los camioneros, dejaríamos libres por ese día –de 2 a 6 de la tarde– los dos carriles de la carretera.
¿Es cierto que el viernes 5 de junio, el día del ataque, habían quedado en conversar a las 10 de la mañana?
Un día antes, el jueves 4, nos reunimos a las 6 de la tarde con el general Uribe. Nosotros ya sabíamos por la radio que había una orden para sacarnos y queríamos corroborarlo. El general nos dijo que ya no tenía más tiempo para darnos, que estaba fuera de sus manos la decisión de dejarnos protestar, y que si lo hacía, arriesgaba su cargo porque ya había recibido la orden de sus superiores de sacarnos de la carretera.
¿Y qué decidieron ante el inminente desalojo?
Nosotros le pedimos al general una tregua para salir de la carretera. Junto al obispo de Jaén le pedimos una tregua hasta las 10 de la mañana del viernes 5. Lo aceptó con la condición de que el único punto de la agenda era arreglar el pase y que si no abríamos la carretera luego de eso iba a restaurar el orden a la fuerza. Nosotros le preguntamos qué haría si recibía la orden antes de esa hora y dijo que así recibiera la orden de Lima, él nos esperaría hasta las 10 de la mañana porque su gente no haría nada sin su orden, que confiáramos en su palabra. Pero a las 5 y 50 de la mañana la policía comenzó a aparecer por el cerro de la Curva del Diablo. Me sorprendí y traté de ubicar al general Uribe. Llamaba al celular del general pero no contestaba, estaba apagado.
“Ataque empezó disparando de frente al cuerpo”
-¿Ustedes estaban dispuestos a irse luego de las 10 de la mañana?
Sí, esa misma noche acordamos regresar y dar el pase. Si pedimos hasta las 10 de la mañana fue para darnos tiempo, para comunicar a los 3 mil 500 hermanos que debían salir de la carretera, ver la manera de conseguir movilidad para irnos.
¿Consideran que el objetivo del gobierno era eliminarlos?
Sí, de otro modo no entendemos por qué atacaron por el cerro si lo que se quería era liberar la carretera. Eso demuestra que fueron a matar.
¿Cómo se inició el ataque?
Cuando vieron a personas apareciendo a lo lejos del cerro, los compañeros fueron a ver quiénes eran y se dieron cuenta de que eran policías. El ataque comenzó en el cerro y disparando de frente al cuerpo. En ese momento caen dos hermanos muertos. Cuando vemos esto empezamos a gritar que no disparen pero seguían y una bala le cayó a nuestro hermano Santiago (Manuin Valera).A los 10 minutos aparecieron los helicópteros, dos de la policía y uno del Ejército. Desde allí disparaban y lanzaban los gases acrimógenos y las balas mataron a David Jausito, de la comunidad de La Curva, y a Jesús Carlos Timias, de Uracuza. Cayeron casi juntos, baleados desde el helicóptero.
Diario La República-Lima 15/06/2009
Presidentes regionales se reunieron con dirigentes nativos y enviarán carta a premier.
EXIGEN DEROGAR LA LEY DE LA SELVA
Presidentes regionales respaldan el pedido para derogar los decretos, anunció César Villanueva.
DETALLE
La reunión fue desarrollada en el mismo kilómetro 4.5 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, desde la mañana hasta las 3 p.m. El presidente César Villanueva se reunió con los dirigentes nativos que lideran el bloqueo como Segundo Pizango y Vladimiro Tapayuri.
Yurimaguas (Loreto).- Tras reunirse ayer con los dirigentes nativos que lideran el bloqueo de la carretera Tarapoto-Yurimaguas en el kilómetro 4.5 de esta vía, el coordinador de la Asamblea de Presidentes Regionales, César Villanueva, anunció que enviará una carta, a nombre de los presidentes de región, dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y al Congreso, para recomendar la derogatoria de los decretos legislativos considerados lesivos a los derechos de los pueblos indígenas.
“Creemos que la suspensión de los decretos 1090 y 1064 no es suficiente ni claramente entendida por las comunidades nativas. No podemos pasar el tiempo intentado explicarles, pero es algo disfuncional. A pesar de que los presidentes apoyamos la suspensión hasta conocer el veredicto del Tribunal Constitucional, el camino para tranquilizar a la población, más allá de los requisitos legales del Congreso, es la derogatoria”, sentenció. El también presidente de la región San Martín afirmó discrepar con las declaraciones del presidente Alan García, en las que asegura que hay un complot internacional para desestabilizar al Perú, y que los nativos son manipulados por terroristas.
“Puedo decir que aquí no hay armas, sólo gente con la convicción de defender la Amazonía. La protesta es pacífica. No he escuchado una sola palabra de agravio en contra de nadie. Sí hay una gran pasión por el agua y la defensa de los recursos naturales”, dijo.
El vocero oficial de los Pueblos Amazónicos de la Provincia de Alto Amazonas, Denis Pashanase, dijo a LA PRIMERA que los nativos de las etnias etnias shawi, chayawita, shibilo, cocama-cocamilla, kandoshi, entre otras, que bloquean la vía, se han comprometido a permitir el pase de vehículos sólo durante el lunes y jueves, pero “seguiremos aquí hasta que el Ejecutivo derogue los decretos antiamazónicos”, puntualizó.
Diario La Primera-Lima 15/06/2009
PERSECUCIÓN A LA VISTA
El abogado Carlos Rivera denunció que nunca fue notificado y que su detención es arbitraria.
DETALLE
David Lovatón reafirmó sus suspicacias en torno a la detención del reconocido abogado debido a que se da justamente cuando esta institución ha criticado duramente al gobierno por su desinformación en el número de muertos durante los hechos de sangre producidos el pasado 5 de junio en Bagua. En un comunicado, el IDL exigió la liberación inmediata de Rivera.
Ilegal detención de abogado de IDL. Carlos Rivera litiga en casos por violación de derechos humanos cometidos en primer gobierno de Alan García y defiende a víctimas de Fujimori.
De manera ilegal, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, fue detenido ayer por la mañana en el aeropuerto internacional “Jorge Chávez” ni bien arribó de Estados Unidos, país al que viajó hace tres semanas para recibir una capacitación sobre derechos humanos.
Efectivos de la Dirección de Migraciones le informaron que en su contra existía una orden de detención por un delito contra la fe pública al presuntamente haber utilizado documentos falsificados en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), hecho por el cual tendría un juicio pendiente desde el año 2008. El letrado, sorprendido con el anuncio, no opuso resistencia y fue conducido a la sede de Requisitorias en el distrito de La Victoria.
El director del IDL, David Lovatón, explicó que la ilegalidad en esta detención radica en el hecho de que Rivera nunca fue notificado de la existencia del referido proceso y menos de que había una orden para detenerlo desde el pasado 20 de mayo. “Rivera salió del país el 24 de mayo, cuatro días después de que el juez César Díaz, titular del 40 Juzgado Penal, emitiera la referida orden. Pero no lo detuvieron cuando llegó al aeropuerto para viajar, no se explica por qué recién lo hacen hoy (ayer)”, cuestionó Lovatón.
Su trabajo incomoda
El abogado Antonio Salazar, quien visitó al letrado, mencionó que el desempeño de Rivera incomoda al gobierno porque participa en juicios relacionados a violación de derechos humanos cometidos durante el primer gobierno de Alan García. Mencionó, por ejemplo, el proceso por la desaparición forzada del teniente Marco Barrantes Torres en los sótanos del SIE, ocurrida en 1988; así como en la causa seguida por la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Centro en 1989 y actualmente se enfrenta al gobierno por el caso de la matanza en el penal de “El Frontón”. Por si fuera poco, el detenido se aprestaba a participar justo hoy en el juicio contra 41 ex oficiales del Ejército sindicados como responsables de la muerte de ocho pobladores de la localidad de Pucará, ocurrida en Junín, el 4 de noviembre de 1989, también durante el primer gobierno de García.
Diario La Primera-Lima 15/06/2009
“LAS ONG NO FOMENTAN LA VIOLENCIA SOCIAL EN EL PERÚ SINO EL DESARROLLO”
Directivo de ANC se pronunció sobre iniciativa que restringiría actividades de organismos. Congreso plantea que algunas ONG alteran el orden público.
El subdirector de la Asociación Nacional de Centros de Investigación (ANC), Rafael Goto Silva, aseguró que las ONG en el Perú no promueven violencia o disturbios públicos, sino fomentan su desarrollo, por eso dijo estar extrañado por el plan de restricción de acciones para estos organismos emprendido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
El grupo de trabajo analizará hoy una propuesta legislativa que plantea restringir actividades de “las ONG que promuevan la alteración del orden público en el país”.
Según Goto, detrás de la propuesta habría una voluntad coactiva y de control ante las ONG. “Nos parece no solo improcedente, sino infundada. No existen acciones violentas en el trabajo de las ONG. Su labor es muy conocida por que busca mejorar la condición de los pobres”, reiteró.
El subdirector de la ANC aclaró que estos organismos también son parte de la sociedad civil, componentes y animadores de la ciudadanía. “Tenemos derecho a opinar sobre los procesos y situaciones que vive el país” apuntó.
Goto añadió que las ONG se enfocan en la búsqueda de una sociedad más justa.
LA CLAVE
Gestor. Santiago Fujimori, presidente del grupo de trabajo, dijo ambiguamente que la iniciativa establece que toda ONG debe respetar “escrupulosamente” el concepto de orden público.
Diario La República-Lima 15/06/2009
GOBIERNO QUIERE ACALLAR A LAS ONG
El gobierno vuelve a la carga contra las organizaciones no gubernamentales. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso analizará hoy una propuesta que plantea restringir las actividades de las ONG que promuevan la alteración del orden público en el país.
Así lo anunció el presidente de este grupo de trabajo, Santiago Fujimori, quien indicó que para tal efecto se propone modificar dos artículos de la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
La agencia oficial Andina informa que el legislador precisó que la iniciativa establece que toda ONG, constituida con recursos de la cooperación técnica internacional y que realiza actividades en el Perú, deberá respetar “escrupulosamente” el concepto de orden público. En ese sentido, dijo que no se permitirá que se utilicen recursos extranjeros para perturbar el orden y la tranquilidad en el país.
“No puede haber financiamiento externo para subvertir el orden público. Este es un tema que vamos a discutir en la comisión, este lunes”, indicó Santiago Fujimori, hermano del sentenciado ex dictador Alberto Fujimori, quien enfrenta un proceso por corrupción.
Esta es la segunda oportunidad en que el gobierno quiere intervenir las ONG que le son críticas, pues anteriormente dio un dispositivo para fiscalizar sus fondos, el mismo que no prosperó luego que el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de la medida.
Ahora, al no poder fiscalizar los fondos de la cooperación internacional, el gobierno pretende impedir el funcionamiento de las ONG so pretexto de “orden público”, denunció ayer el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Diario La Primera-Lima 15/06/2009
RADIO LA VOZ APELARÁ ANTE EL PODER JUDICIAL POR UN CIERRE “ARBITRARIO”
Propietarios denunció. Represalias por ser un medio incómodo al gobierno. Aseguran que de ningún modo azuzaron a la población oriental.
El propietario y director de Radio La Voz, Carlos Flores Borja, anunció que apelará ante el Poder Judicial por el cierre de este medio de comunicación al considerarlo arbitrario.
Flores asegura que en la cancelación de la licencia de funcionamiento del medio se debe a un ensañamiento del gobierno con la radio, pues recordó que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, declaró el 5 de junio que se iba a castigar a radio La Voz.
Según Flores, la actitud de Cabanillas se debe a que su emisora cuestionó el programa político del Apra en esa zona, sobre todo al gobernador, quien –asegura– no cumplía a cabalidad su labor.
“Aprovechando que transmitimos los sucesos del 5 de junio, el gobernador Elver Alcántara denunció que éramos subversivos”, dijo.
Sobre las cifras difundidas de muertos y heridos en Bagua, aclaró que esos datos eran referidos por corresponsales que estaban en la zona, y también por el público que llamaba a la emisora.
El propietario explicó en el programa “El perro del hortelano” que la línea editorial del medio de comunicación tuvo un perfil de crítica para los apristas, y ahora se reafirman en esta posición.
El Instituto Prensa y Sociedad ha lanzado una alerta al respecto.
Diario La República-Lima 15/06/2009
NEGLIGENCIA CRIMINAL
Por Fernando Rospigliosi
No hay duda, a estas alturas, de que los responsables políticos de la catástrofe de Bagua y de la mayor matanza de policías en la historia del Perú son el presidente Alan García y la ministra del Interior Mercedes Cabanillas. Pero las informaciones aparecidas en los últimos días muestran que, además, Cabanillas es culpable de negligencia criminal.
El premier Yehude Simon ha reconocido que la orden para el desalojo en Bagua la dio el presidente García el miércoles 3, en el Consejo de Ministros. Así, se pasó de la pasividad casi total de más de 50 días, a la decisión de ejercer la violencia. Típico cambio de humor de García, que pasa de la displicencia a la exaltación en un abrir y cerrar de ojos.
La revista “Caretas” confirma, en términos comedidos, lo que parece fue una reprimenda en regla: “El presidente Alan García le llamó la atención a Cabanillas en el Consejo de Ministros del miércoles 3 por lo que consideró la inacción del sector.” (“Sangre y caras duras”, 11.6.09).
El diario “Perú.21” tiene la misma versión, que explica en parte por qué las cosas salieron tan mal: “el aparente apresuramiento de la operación habría tenido su origen en una decisión política de desbloquear la carretera Fernando Belaunde a como diera lugar”. (Daniel Yovera, “Nunca antes tuvimos un operativo tan mal planeado”, 12.6.09).
PARECÍA LA DIRECTORA DE LA PNP
Cabanillas llevó la orden de García a la Policía y ella personalmente se puso a dirigir el operativo, según el reporte de IDL-Seguridad Ciudadana que dirige Gustavo Gorriti. Un policía relata que “la noche del día jueves (4) la ministra estaba en la Central de Operaciones de la Dirección General de la Policía (CEOPOL) dando órdenes al coronel de esa oficina sobre el desbloqueo del día siguiente. Parecía la directora general de la Policía”. (“El horror”, 11.6.09).
Esta y muchas otras versiones desmienten completamente a Cabanillas que, en acto de suprema cobardía, ha tratado de evadir toda responsabilidad echándoles la culpa del desastre a los mandos policiales. En la extraordinaria entrevista de Jorge Loayza en “La República”, dice que la operación la decidió la Policía por iniciativa propia y que le pregunten al director, José Sánchez Farfán. (“El informe de inteligencia que me dan a mí no es muy detallado”, 11.6.09).
Cabanillas miente con descaro. Es absolutamente imposible que la Policía por sí sola tome una decisión de esta envergadura. Peor todavía con un Director como Sánchez Farfán, pusilánime y sin don de mando que, además, acaba de tomar posesión del cargo. La orden vino de Alan García. Cabanillas, que postergó la intervención durante semanas para no meterse en problemas, la tuvo que acatar.
Y lo hizo de la peor manera posible. El general Luis Muguruza fue enviado a la zona recién el día anterior: “No sé nada, yo recién llegué a Bagua el día 4 de junio” (Doris Aguirre, “¿Quién dio la orden de desalojar a indígenas sin prevenir represalias?”, La República, 12.6.09).
Y Muguruza llegó con una orden terminante, según uno de los policías que estuvieron en Bagua: “Dijo que el operativo se hacía al día siguiente sí o sí. (…) él recibe órdenes de acá, de Lima” (Perú.21, 12.6.09).
SÓLO PIENSA EN ELLA
Con la orden perentoria de García, que Cabanillas transmitió, la Policía realizó el operativo con apresuramiento y falta de preparación inauditos. Con la carretera y la estación Nº 6 de Petroperú tomadas desde el 9 de abril, lo menos que podía esperarse es que la ministra hubiera planificado la operación con anticipación para el caso de tener que actuar. No lo hizo. Tenía otras ocupaciones.
Como recuerda “Caretas”, “en los días anteriores, la agenda de la ministra estuvo ocupada por eventos como la conferencia de prensa en la que devolvió la falsa banderola de la trinchera norte de Universitario de Deportes”. También se ocupó de la hija violada y muchas otras actividades que le dan puntos en las encuestas.
La única preocupación real de Cabanillas es su propia imagen. Vive pendiente de ella, siempre alerta para llamar a los medios de comunicación y exigir rectificaciones, entrevistas y notas laudatorias, amenazando e insultando a los periodistas que no se atienen a sus exigencias.
ESCASO NÚMERO
Varios policías que participaron en los funestos sucesos han revelado algunos detalles, a pesar de la orden terminante y las amenazas de Cabanillas para que no hablen.
Un problema fue el escaso número de efectivos. Según “Perú.21”, un policía anotó: “¿Con menos de 300 policías, íbamos a desbloquear 10 kilómetros de carretera? En agosto del año 2008, cuando ocurrió lo de Corral Quemado, eran dos mil indígenas que protestaban y nosotros éramos 1,300 ¿Por qué esta vez no se hizo lo mismo”. (12.6.09).
Según “Caretas”, el director de Operaciones de la Policía, el general Bernabé Garavito, había recomendado “una `operación masiva para causar impacto psicológico e infundir temor disuasivo.” No obstante Cabanillas “aprobó el ‘desbloqueo’ para el viernes 5, pero exigió que el número de policías sea el menor posible”.
Según algunas versiones eran 450 policías. Otras elevan el número hasta 550. Es decir, la tercera parte o menos de la mitad de los que intervinieron el 2008 contra un número menor de nativos.
SIN COMUNICACIONES
En realidad, casi todo se realizó de la peor manera. La Policía carecía de un sistema de comunicaciones, las órdenes y las informaciones no se podían transmitir con rapidez. Con el mayor presupuesto de la historia del Ministerio, en tres años de gobierno aprista deberían haber resuelto ese problema. En última instancia, podían haber comprado o alquilado los equipos indispensables para esa operación. Hubo más de 50 días para hacerlo.
A pesar de que había informes de inteligencia sobre la situación, no se tomaron en cuenta. (Ver Miguel Ramírez, “Inteligencia recomendó intervenir en zonas donde se desató la violencia”, El Comercio, 7.6.09). En cualquier caso, en más de 7 semanas, debería haberse acopiado información suficiente sobre el número de nativos en la zona, su equipamiento, su ubicación, etc. No se hizo o no se le dio importancia.
Tampoco se llevaron equipos médicos para atender a los heridos.
Pero lo peor de todo fueron las órdenes que confundieron a los policías y les impidieron emplear sus armas cuando los secuestraron. En efecto, una de las primeras acciones fue tomar un cerro. Allí los nativos capturaron a los efectivos, los despojaron de fusiles AKM y los asesinaron. Luego usaron esos fusiles para matar a otros policías.
Eso jamás debió ocurrir. Las órdenes deben ser absolutamente claras. Los policías no deben dejarse secuestrar ni arrebatar las armas. Si la orden es no disparar, ¿para qué llevan fusiles entonces?
NEGLIGENCIA CRIMINAL
La ministra Cabanillas tiene una indudable responsabilidad política por el desastre detallado anteriormente. Pero lo ocurrido en la estación Nº 6, donde el comandante Miguel Montenegro y otros 11 policías fueron asesinados a sangre fría, es negligencia criminal.
Según IDL-SC y “Caretas”, los 38 policías de esa estación estaban secuestrados desde el 9 de abril. De acuerdo con “La República”, “Perú.21” y “Correo” había un acuerdo de paz entre los nativos y la policía que se encontraba rodeada. Eso tenía que saberlo el comando policial y la ministra Cabanillas. No hay manera que no estuviera al tanto de eso.
En cualquier caso, todos coinciden en que el operativo se inició el viernes 5 en la madrugada, sin que Montenegro y los policías de la estación Nº 6 fueran informados. Ellos, además, no tenían comunicación con sus comandos.
El resto es historia conocida. Luego de iniciado el desalojo, circuló la versión de que la policía estaba masacrando a los nativos, y los de la estación capturaron a Montenegro y los otros policías, que no se defendieron porque no sabían lo que pasaba, y los asesinaron.
“`La ministra los mandó a la muerte denunció indignado José Montenegro, hermano del asesinado comandante PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo. (…) Hubo mala coordinación, es imperdonable que los hayan expuesto de ese modo, sabiendo que podían ser desarmados y victimados” (Alexis Velásquez, “Les ordenaron rendirse”, La República, 10.6.09).
Como puso La República en portada, “Hubo negligencia. Cruel matanza pudo haberse evitado”. (11.6.09).
¿Quién responde por eso?
Considera Gloria Cano sobre detención del abogado de IDL Carlos Rivera
Diario La República-Lima 14/06/2009
DETENCIÓN PUEDE ESTAR RELACIONADA CON PROCESOS POR VIOLACIONES DE DD.HH DURANTE EL GOBIERNO DE GARCÍA
La abogada Gloria Cano, quien al igual que Carlos Rivera también es defensora de los familiares de La Cantuta y Barrios Altos, informó a CNR que justo mañana el letrado ahora detenido iniciaba un proceso por la ejecución extrajudicial en 1989 de 8 campesinos de la comunidad de Pucará (Junín). También que este miércoles iba a participar en un proceso por el secuestro y desaparición en 1989 del militar peruano Marco Barrantes, quien supuestamente vendió información militar al ecuatoriano Enrique Ducichela.
Ambos casos de violaciones de derechos humanos sucedieron durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). En el caso de los militares Barrantes y Duchicela, el ex Colina Jesús Sosa Saavedra ha involucrado directamente al actual presidente.
“A nosotros no nos parece casual que se haya emitido la orden de detención cuando él, esta semana que viene se va a ocupar de este tipo de denuncias”, señaló la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Carlos Rivera, jefe del área legal del IDL, fue detenido hoy por la mañana en el aeropuerto cuando regresaba de EE.UU. Según Gloria Cano, que ha visitado hoy al detenido, la orden de captura internacional proviene del Juzgado de Lima Nº 40 y es por un presunto delito de falsificación de firmas en un proceso electoral.
Sin embargo, debido a que el juez no ha ido hasta el lugar de la detención, Carlos Rivera ignora más precisiones sobre el motivo de su detención.
Su orden de captura internacional data del 20 de mayo pero no llegó a requisitorias hasta el 25. Por este motivo, Rivera pudo viajar a EE.UU el día 24 y ha sido a su regreso cuando ha sido detenido, según informa Cano.
La abogada Gloria Cano informó que se inició la investigación sobre este caso de presunta falsificación de firmas en 2008. Sin embargo, el detenido nunca fue informado.
El abogado del Instituto de Defensa Legal niega su participación en ningún proceso de recolección de firmas y asegura que nunca ha recibido ninguna notificación para declarar en una investigación preliminar.
“Nos extraña el porqué no recibió ninguna notificación para ninguna declaración y ninguna investigación preliminar para eso”, declara Cano. “Además, él no ha estado nunca como responsable para ningún tipo de recolección de firmas para ningún padrón electoral”.
La abogada llamó la atención sobre el hecho de que Carlos Rivera es un abogado muy conocido y que constantemente está en los juzgados, por lo que no entiende por qué no se le notificó sobre la investigación para esclarecer los hechos antes de emitir una orden de captura.
“Durante todo este tiempo que él ha salido en el periódico, en la radio y en la televisión (ha sido abogado de la parte civil en el caso Fujimori) pudo haber sido notificado”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/06/2009
CONGRESO ANALIZARÁ PLAN PARA RESTRINGIR ACCIONES DE ONG QUE ALTEREN EL ORDEN
Según la iniciativa, no se permitirá que se utilicen recursos extranjeros para perturbar el orden y la tranquilidad en el país
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso analizará mañana, lunes, una propuesta legislativa que plantea restringir las actividades de las ONG que promuevan la alteración del orden público en el país.
Así lo anunció el presidente de este grupo de trabajo, Santiago Fujimori, quien indicó que para tal efecto se propone modificar dos artículos de la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
La agencia oficial Andina informa que el legislador precisó que la iniciativa establece que toda ONG, constituida con recursos de la cooperación técnica internacional y que realiza actividades en el Perú, deberá respetar “escrupulosamente” el concepto de orden público. En ese sentido, dijo que no se permitirá que se utilicen recursos extranjeros para perturbar el orden y la tranquilidad en el país.
“No puede haber financiamiento externo para subvertir el orden público. Este es un tema que vamos a discutir en la comisión, este lunes”, indicó.
Fujimori explicó que el proyecto de ley guarda relación con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que señala expresamente que el orden público es un concepto fundamental para la vida en democracia.
Consultado si en el predictamen se contempla sanciones para las ONG, el parlamentario refirió que en el documento se plantea aplicar el Código Civil para resolver aquella institución que incurra en esta falta.
De otro lado, se informó que mañana concurrirá ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el director ejecutivo de la APCI, Carlos Pando Sánchez, quien deberá informar sobre las donaciones recibidas por Aidesep entre el 2006 y 2008 y el uso que se ha dado a estos recursos.
Diario El Comercio-Lima 14/06/2009
Este veintitrés de junio, a las diez de la mañana, en cerro Mogol (distrito Eduardo Villanueva, provincia San Marcos), inicia el diálogo entre comunidades, ejecutivos de la minera Miski Mayo y directores generales de los ministerios de Energía y Minas, y del Ambiente.
Esta reunión busca poner fin a los conflictos sociales suscitados en la zona por el proyecto minero Mogol. Posiciones a favor y en contra, protestas y denuncias ante el Poder Judicial, son sólo capítulos que anteceden a esta mesa de diálogo.
Desde Lima, vienen a esta cita los directores generales de minería, de gestión social y del ambiente. Ellos tienen como línea base de trabajo el diagnóstico presentado por funcionarios del Gobierno Regional Cajamarca, informó Eduardo Barreto Blanco, director regional de energía y minas.
La situación en el lugar es tensa. Decenas de pobladores se han organizado de tal manera que el campamento de Miski Mayo ha quedado rodeado. Hay presencia de efectivos policiales. Urge una solución a este conflicto antes que la situación alcance niveles mayores, señaló Barreto.
Los que también estarán presentes
Se sabe que estarán presentes en esta asamblea diferentes frentes de defensa del Valle de Condebamba. También se advierte la presencia de rondas campesinas de las zonas aledañas.
DATOS
19 conflictos sociales fueron solucionados el 2008.
94 conflictos están en proceso de diálogo hasta el momento.
133 conflictos socioambientales se registraron en mayo.
Diario Panorama Cajamarquino 15/06/2009
GOBIERNO REGIONAL ESTUDIA PROBLEMÁTICA DEL CERRO MOGOL
El director regional de Energía y Minas, Eduardo Barreto Blanco arribó a la localidad de Condebamba, provincias de Cajabamba, el pasado 08 de junio, para aclarar la problemática existente a partir de un diálogo sincero con los dirigentes de la zona.
En un esfuerzo conjunto, tanto el director regional y el Coronel de la PNP- Cajamarca Jorge Santiago Iparraguirre Mestanza, conversaron con la población, quienes mostraron su disposición para el diálogo y la búsqueda de una pronta solución, toda vez que dicha problemática tiene una antigüedad de 08 años.
Barreto Blanco aclaró que es competencia del Gobierno Nacional dar solución a la problemática existente en la zona, por lo que confirmó la visita a la zona, de funcionarios de las direcciones: de Gestión Ambiental, Gestión Social y la Dirección General de Minera del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para el 23 de junio.
Como se recuerda, el 07 de junio, diversos pobladores del valle Condebamba, provincia de Cajabamba tomaron el Cerro Mogol, para dar a conocer su oposición a la actividad minera, emprendida por la empresa “Vale Perú”, aduciendo una probable contaminación en la zona.
Diario Panorama Cajamarquino 15/06/2009
DECOMISAN 500 KG. DE CIANURO DE MINERÍA INFORMAL
Un cargamento de 507 kilogramos de cianuro fue decomisado por la policía, cuando era transportado con destino al centro poblado de Algamarca, distrito de Cachachi, en la provincia de Cajabamba para ser comercializado entre los mineros informales que siguen operando en esa de la región.
El vehículo con placa de rodaje PL-4009, conducido por Benjamín Carranza Corchera, fue intervenido por una patrulla de la policía de Carreteras del distrito de Chancay, a la altura del Km. 88, sector de la Grama, carretera Cajamarca - Cajabamba. La intervención policial ocurrió anteayer sábado en horas del mediodía.
Hechas las investigaciones policiales se llegó a determinar que el propietario del cargamento de cianuro era el propio chofer del vehículo, Benjamín Carranza Corcuera, quien ante los interrogatorios a los que fue sometido señaló que la sustancia ilegalmente transportada, había sido recogida en la ciudad de Cajamarca para ser comercializada entre los mineros informales de Algamarca.
Luego de la intervención policial, el detenido y el correspondiente cargamento de cianuro fueron puestos a disposición del representante del Ministerio Público de la provincia de Cajabamba, con la finalidad de continuar con las investigaciones pertinentes y efectuar la denuncia penal correspondiente ante el poder judicial.
Por su parte la Policía se mantiene alerta ante la permanente presencia de sujetos que a pesar de las prohibiciones siguen transportando sustancias ilegales hacia el centro minero informal de Algamarca.
Otra de las preocupaciones se dan en el sentido de que a pesar autoridades de Minería de la Región han señalado que la minería informal en Algamarca estaría quedando de lado, luego que se llegara a una solución al conflicto judicial entre las empresas que se disputaban la propiedad de este centro minero, todo parece indicar que la minería informal sigue trabajando en la zona, con el consiguiente perjuicio al medio ambiente, contaminado importantes recursos naturales como el agua y las zonas agrícolas del valle de Condebamba en la provincia de Cajabamba.
CLARIDATO
En Algamarca existen unos 3 mil mineros informales que requieren de diversos productos para su labor, entre ellos el cianuro para la extracción del oro.
Diario El Clarín-Cajamarca 15/06/2009
9 PETROLERAS OPERAN EN ZONA DE NATIVOS
Algunas compañías mantienen conflictos no resueltos con Achuar y Aguaruna-Huambisa. Seis de once de los lotes fueron dados por este gobierno a las compañías para operaciones de exploración y explotación.
Miguel Gutiérrez R.
Seis lotes entregados por el Ejecutivo desde diciembre del 2006 a compañías petroleras extranjeras se hallan superpuestos dentro de los territorios de las comunidades nativas Aguaruna-Huambisa y Achuar. En caso de hallar hidrocarburos, el promedio de regalías que pagarán al Estado es de aproximadamente el 30 por ciento del valor de la producción del petróleo o gas extraído.
Sin embargo, este argumento no convence a la mayor parte de las comunidades nativas que, salvo algunas excepciones, se resiste aún al ingreso de las petroleras. Los nativos manifiestan a través de sus apus (dirigentes) su temor porque se repitan las malas prácticas de años anteriores que llevaron a la contaminación de los ríos Pastaza y Corrientes. En otros casos, acusan al gobierno de no haberles consultado previamente del ingreso de las compañías en la zona.
Más lotes
Pese a esta situación de conflicto que viene desde hace tiempo, el gobierno ha seguido otorgando lotes sobre esta zona. En abril del 2009, el presidente Alan García suscribió un contrato con Olympic Perú, sucursal de la matriz estadounidense, para que esta se hiciera del lote 145, una extensión de 500 mil hectáreas, ubicada en la cuenca del Bagua, donde habitan comunidades aguarunas.
En setiembre del 2008, Perupetro otorgó al consorcio hindú Jindal Steel & Power Limited-Enigma Oil & Gas, el lote 147, ubicado dentro en la cuenca del río Morona, donde se encuentran agrupadas en comunidades los indígenas Achuar. El otorgamiento del lote fue suspendido un mes después por el gobierno, así como los demás entregados luego de que audios revelaran el favorecimiento de funcionarios a la firma noruega Discover Petroleum.
En octubre pasado, la canadiense Talismán Energy, que opera en el lote 64 de la provincia de Datem del Marañón (Loreto) desde 2007, fue obligada por los Achuar a retirar su personal y equipos. La petrolera prometió a los líderes nativos no trabajar en áreas en las que no haya acuerdo expreso con las comunidades. La situación se empeoró en abril pasado con el paro amazónico al punto de que los directivos ordenaron la evacuación de sus funcionarios.
En setiembre del 2006, el gobierno otorgó un contrato de exploración y explotación a la francesa Hocol del lote 116, superpuesta en el área del río Santiago, donde las comunidades Aguaruna-Huambisa habitan. En mayo del 2008, Hocol firmó un acuerdo con los presidentes de las federaciones nativas de Condorcanqui para ingresar a la zona, pero sus dirigentes fueron destituidos por no haber consultado antes a la población.
La española Repsol Exploración en diciembre del 2006 ejerció el derecho de opción para explorar el lote 109, que se ubica debajo de comunidades aguarunas. En marzo del 2008, la comunidad indígena de Palestina expulsó de la zona a trabajadores de la empresa.
Finalmente, el lote 143 a cargo desde julio del 2007 de la estadounidense Hunt Oil está ubicado en el río Corrientes, donde se concentra la mayor parte de las comunidades Achuar.
Nativos se sienten amenazados
El Decreto Ley Nº 20656, Ley de Comunidades Nativas, del 24 de junio en 1974, permitió a los Aguaruna-Huambisa y a todos los pueblos de la Amazonía que sus territorios sean declarados inalienables, imprescritibles e inembargables. La ley dio pie a la creación de las primeras organizaciones, entre ellas el poderoso Consejo Aguaruna-Huambisa (CAH), liderado por el aguaruna Evaristo Nugkuag que más tarde daría lugar a la formación a Aidesep.
La Constitución de 1993 retiró el carácter inalienable y enajenable. “Solo mantuvieron el carácter imprescriptible pero con una trampa al igual que los actuales dispositivos”, sostiene el experto en Amazonía, Roger Rumrrill. “Señala que es imprescriptible a menos que la tierra esté abandonada. En la realidad indígena no cabe el concepto de tierra ociosa. La comunidad tiene mil hectáreas y las otras hectáreas siguen un ciclo natural de reproducción de flora y fauna. Para la cultura occidental, si no está cultivada es tierra ociosa”, agregó Rumrrill.
Diario La República-Lima 15/06/2009
EMPRESAS CHILENAS INVADEN LA SELVA
El parlamentario Róger Nájar (Bloque Popular) denunció que hay más de cuatro millones de hectáreas pertenecientes a las regiones amazónicas del Perú que tienen solicitudes de adjudicación por parte de empresas transnacionales de producción de etanol y biodiesel, en su mayoría chilenas.
“La región Loreto es la que tiene la mayor cantidad de solicitudes de adjudicación, pues tiene 1 millón 600 mil hectáreas en proceso de adjudicación. Le sigue la región Ucayali con 12 mil hectáreas”, manifestó.
Nájar informó que las solicitudes provienen desde antes que el Ejecutivo promulgue el decreto legislativo 1090, incluido en el paquete de decretos legislativos del año pasado. Según el congresista, las empresas empezaron a solicitar adjudicaciones cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 840, conocido como la “Ley de la selva”.
Nájar mostró una relación oficial de empresas que ya tienen sus solicitudes aprobadas para adjudicarse tierras de la región Ucayali. Lo curioso es que la mayoría de empresas son de capitales chilenos como la empresa “Selva Maestra” (Grupo SEM), que tiene 12 mil hectáreas adjudicadas, ubicadas en la zona de Quebrada de Maputay.
Además, “Campo Verde SAC y Bosques Amazónicos SAC”, (Grupo SEM), tiene 6 mil 900 hectáreas en la zona Río Pachitea. “SEM Perú Selva SAC” tiene 24 mil 800 hectáreas en la zona Masisea-Iparia. Además, JCC Inversiones (Grupo SEM) está en trámites para adjudicarse otras 8 mil hectáreas, ubicadas en la zona de Campo Verde-Mamantay.
“Es falso de que no ha habido otra opción más que el 1090. El 18 de diciembre del año pasado, la comisión de Pueblos Andinos presentó el proyecto de ley 2691 en el que recogimos las propuestas de los técnicos de Aidesep, los empresarios y las organizaciones amazónicas”, dijo.
Diario La Primera-Lima 15/06/2009
MINISTRA EVADE RESPONSABILIDAD
Cabanillas ahora dice que FFAA debieron relevar a policías en la estación 6. Señala que plan para desalojar a nativos se elaboró en el Comando Conjunto e incluía reemplazar a policías por militares en la estación petrolera.
Redacción.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, señaló que el plan diseñado para recuperar la carretera Fernando Belaunde Terry y las estaciones del Oleoducto Norperuano de Petroperú tenía previsto el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Como parte de esa cooperación, los militares debían no solo apoyar logísticamente sino relevar al personal policial que estaba dentro de la estación 6 bloqueada por los nativos desde abril pasado.
“El plan operativo –dijo– fue realizado en el Comando Conjunto porque la situación en la selva se tornaba complicada. Hubo reuniones de coordinación durante mayo y, específicamente, cinco días antes de la operación de desalojo.
“El 31 de mayo, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el ministro de Energía y Minas, el presidente de Petroperú y quien habla identificamos los puntos de las estaciones tomadas y bloqueadas y las que estaban a punto de tomar”, anotó.
“Hubo una cooperación donde las Fuerzas Armadas se comprometieron a trasladar fuerzas a través de naves de la Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional”, afirmó.
Cabanillas aclaró que dicho plan no tenía previsto que los militares realizaran la operación de desalojo, sino reemplazar a los efectivos policiales en las estaciones del Oleoducto tomadas o bloqueadas; una medida que, finalmente, no se llegaría a producir.
La titular del Interior señaló además que, antes de la operación según ella elaborada en el Comando Conjunto, se emitió, asegura que a pedido suyo, dos resoluciones supremas que autorizaban a las Fuerzas Armadas a apoyar el control del orden interno.
“No nos olvidemos que se pidió oportunamente, y desde el 10 de mayo, y mediante dos resoluciones supremas, el respaldo logístico de las Fuerzas Armadas, que iban a cada una de las estaciones y muchos puntos donde estaba la policía. Con ese recurso humano reemplazaban a agentes de la policía, y la policía también pasaba a repotenciar otros lugares, como lo hicieron en la Curva del Diablo”, especificó.
“Deben esperar informe”
La ministra del Interior Mercedes Cabanillas volvió a rechazar que el plan policial en Bagua estuviera mal elaborado, y aclaró que no se puede comentar sin haber escuchado el informe de los mandos de las autoridades en el lugar.
“¿Cómo pueden sostener que está mal hecho si ni siquiera han oído el informe detallado, pormenorizado de los mandos, las autoridades especializadas que desarrollan un plan operativo”, indicó.
La titular del Interior manifestó luego que se trató de un plan operativo en función de los protocolos y mecanismos de desarrollo establecidos. “Este es un plan que en sus procedimientos es pulcro, sin interferencias y de acuerdo a la normatividad vigente al accionar de la policía”, detalló.
Asimismo, aclaró que como ministra del Interior no puede ser calificada de negligente ni irresponsable. “Es al revés. Yo sí recabo responsabilidad y eficiencia en mi función”, señaló.
Cabanillas también descartó que hubiera presiones en la decisión de liberar la carretera Fernando Belaunde, el viernes 5 de junio.
Datos
Policías. El reemplazo de militares por los policías dentro de la estación Nº 6 nunca se efectuó por razones que se desconocen faltó refuerzos. Dos días antes de la toma violenta de la estación 6, los policías pidieron a su alto mando la presencia de militares porque la situación podía tornarse incontrolable.
Pidió presencia de las Fuerzas Armadas
Las resoluciones a las cuales se refiere la ministra del Interior son las emitidas por el gobierno el pasado 15 de mayo, mediante las cuales se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en las medidas de seguridad de los servicios públicos y privados en varios distritos de la provincia de Bagua.
En esos sendos documentos se advierte que el pedido fue hecho por la ministra Mercedes Cabanillas con el fin de resguardar puntos críticos vitales. Dentro de estas medidas estaba previsto el resguardo de los campamentos petroleros y recuperación de las estaciones Nº 5 y 6 del Oleoducto Norperuano.
Diario La República-Lima 15/06/2009
‘‘QUE EL GOBIERNO NO CREA QUE VAMOS A RETROCEDER; EL PARO CONTINÚA’’
Entrevista/Salomón Awanash Wajush. Presidente del Comité de Lucha Nacional Amazónica de los Pueblos Indígenas. Estuvo a la cabeza de las cinco cuencas que apoyaron el paro amazónico en Bagua.
María Elena Hidalgo.
¿Cuál es la respuesta del pueblo Awajún al presidente Alan García, quien acusa a los indígenas de haber actuado con salvajismo al haber matado a 24 policías?
Además de haber perdido tantas vidas indígenas, ahora el gobierno toma represalias contra nosotros. No quiere aceptar su culpa en este enfrentamiento. Es culpa del gobierno habernos matado entre hermanos. Nosotros nunca buscamos arreglar las cosas con violencia, solo exigíamos nuestro derecho.
¿Ustedes han recibido alguna forma de financiamiento del extranjero para llevar adelante la protesta contra el gobierno?
Es falso que haya influencia de otros países. Nosotros no somos un pueblo armado, solo fuimos con nuestras lanzas. No somos violentos pero cuando nos maltratan nos defendemos. Este conflicto ha sido por capricho de los apristas que no quieren derogar la ley. Esperamos que lo reconsideren.
El gobierno los acusa de negarse al desarrollo del país. ¿Qué responde a eso?
No rechazamos el desarrollo. El gobierno tiene que cumplir con lo estipulado por la OIT . Nos debieron de consultar ¿Quién mejor que nosotros que somos conocedores de la selva para saber lo que le conviene?
¿Qué harán ahora? ¿Seguirán luchando por la derogatoria de las leyes?
Que el gobierno no crea que con lo sucedido vamos a retroceder.
Nosotros no hemos levantado el paro, solo estamos dispersos y no lo levantaremos hasta que se deroguen las leyes. El gobierno tiene que derogar los decretos para recién sentarnos a dialogar. Pero no aceptaremos ningún diálogo con el actual gabinete, ellos no son interlocutores válidos.
¿Alberto Pizango representa a los indígenas de la selva?
Pizango nos representa. Nosotros desconocemos la palabra del presidente que dice que no nos representa. Él es nuestro dirigente principal y en ningún momento nos ha inducido a enfrentarnos a la policía.
¿Qué significa la selva para ustedes?
La selva es nuestra madre, nuestra farmacia, nuestro mercado, nuestra casa. Aquí no es como en Lima que hay un Metro para comprar víveres. Aquí salimos durante cuatro o cinco días a cazar para traer nuestro alimento. El bosque nos da medicinas y techo y por eso lo consideramos nuestra madre. Por eso la gente de la selva defendió al Perú contra los ecuatorianos.
¿Cómo fue la negociación con la policía durante los días de paro? Tenemos entendido que en todo momento hubo contacto con el general PNP Javier Uribe Altamirano, quien había dado su palabra de no usar la fuerza y conversar hasta llegar a un entendimiento.
Así es. Tuvimos varias conversaciones en las que también participaron las autoridades de Amazonas y de la Iglesia. Es más, el viernes anterior al ataque, dialogamos pacíficamente con el general Uribe y llegamos al acuerdo de que para evitar el enfrentamiento con los camioneros, dejaríamos libres por ese día –de 2 a 6 de la tarde– los dos carriles de la carretera.
¿Es cierto que el viernes 5 de junio, el día del ataque, habían quedado en conversar a las 10 de la mañana?
Un día antes, el jueves 4, nos reunimos a las 6 de la tarde con el general Uribe. Nosotros ya sabíamos por la radio que había una orden para sacarnos y queríamos corroborarlo. El general nos dijo que ya no tenía más tiempo para darnos, que estaba fuera de sus manos la decisión de dejarnos protestar, y que si lo hacía, arriesgaba su cargo porque ya había recibido la orden de sus superiores de sacarnos de la carretera.
¿Y qué decidieron ante el inminente desalojo?
Nosotros le pedimos al general una tregua para salir de la carretera. Junto al obispo de Jaén le pedimos una tregua hasta las 10 de la mañana del viernes 5. Lo aceptó con la condición de que el único punto de la agenda era arreglar el pase y que si no abríamos la carretera luego de eso iba a restaurar el orden a la fuerza. Nosotros le preguntamos qué haría si recibía la orden antes de esa hora y dijo que así recibiera la orden de Lima, él nos esperaría hasta las 10 de la mañana porque su gente no haría nada sin su orden, que confiáramos en su palabra. Pero a las 5 y 50 de la mañana la policía comenzó a aparecer por el cerro de la Curva del Diablo. Me sorprendí y traté de ubicar al general Uribe. Llamaba al celular del general pero no contestaba, estaba apagado.
“Ataque empezó disparando de frente al cuerpo”
-¿Ustedes estaban dispuestos a irse luego de las 10 de la mañana?
Sí, esa misma noche acordamos regresar y dar el pase. Si pedimos hasta las 10 de la mañana fue para darnos tiempo, para comunicar a los 3 mil 500 hermanos que debían salir de la carretera, ver la manera de conseguir movilidad para irnos.
¿Consideran que el objetivo del gobierno era eliminarlos?
Sí, de otro modo no entendemos por qué atacaron por el cerro si lo que se quería era liberar la carretera. Eso demuestra que fueron a matar.
¿Cómo se inició el ataque?
Cuando vieron a personas apareciendo a lo lejos del cerro, los compañeros fueron a ver quiénes eran y se dieron cuenta de que eran policías. El ataque comenzó en el cerro y disparando de frente al cuerpo. En ese momento caen dos hermanos muertos. Cuando vemos esto empezamos a gritar que no disparen pero seguían y una bala le cayó a nuestro hermano Santiago (Manuin Valera).A los 10 minutos aparecieron los helicópteros, dos de la policía y uno del Ejército. Desde allí disparaban y lanzaban los gases acrimógenos y las balas mataron a David Jausito, de la comunidad de La Curva, y a Jesús Carlos Timias, de Uracuza. Cayeron casi juntos, baleados desde el helicóptero.
Diario La República-Lima 15/06/2009
Presidentes regionales se reunieron con dirigentes nativos y enviarán carta a premier.
EXIGEN DEROGAR LA LEY DE LA SELVA
Presidentes regionales respaldan el pedido para derogar los decretos, anunció César Villanueva.
DETALLE
La reunión fue desarrollada en el mismo kilómetro 4.5 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, desde la mañana hasta las 3 p.m. El presidente César Villanueva se reunió con los dirigentes nativos que lideran el bloqueo como Segundo Pizango y Vladimiro Tapayuri.
Yurimaguas (Loreto).- Tras reunirse ayer con los dirigentes nativos que lideran el bloqueo de la carretera Tarapoto-Yurimaguas en el kilómetro 4.5 de esta vía, el coordinador de la Asamblea de Presidentes Regionales, César Villanueva, anunció que enviará una carta, a nombre de los presidentes de región, dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y al Congreso, para recomendar la derogatoria de los decretos legislativos considerados lesivos a los derechos de los pueblos indígenas.
“Creemos que la suspensión de los decretos 1090 y 1064 no es suficiente ni claramente entendida por las comunidades nativas. No podemos pasar el tiempo intentado explicarles, pero es algo disfuncional. A pesar de que los presidentes apoyamos la suspensión hasta conocer el veredicto del Tribunal Constitucional, el camino para tranquilizar a la población, más allá de los requisitos legales del Congreso, es la derogatoria”, sentenció. El también presidente de la región San Martín afirmó discrepar con las declaraciones del presidente Alan García, en las que asegura que hay un complot internacional para desestabilizar al Perú, y que los nativos son manipulados por terroristas.
“Puedo decir que aquí no hay armas, sólo gente con la convicción de defender la Amazonía. La protesta es pacífica. No he escuchado una sola palabra de agravio en contra de nadie. Sí hay una gran pasión por el agua y la defensa de los recursos naturales”, dijo.
El vocero oficial de los Pueblos Amazónicos de la Provincia de Alto Amazonas, Denis Pashanase, dijo a LA PRIMERA que los nativos de las etnias etnias shawi, chayawita, shibilo, cocama-cocamilla, kandoshi, entre otras, que bloquean la vía, se han comprometido a permitir el pase de vehículos sólo durante el lunes y jueves, pero “seguiremos aquí hasta que el Ejecutivo derogue los decretos antiamazónicos”, puntualizó.
Diario La Primera-Lima 15/06/2009
PERSECUCIÓN A LA VISTA
El abogado Carlos Rivera denunció que nunca fue notificado y que su detención es arbitraria.
DETALLE
David Lovatón reafirmó sus suspicacias en torno a la detención del reconocido abogado debido a que se da justamente cuando esta institución ha criticado duramente al gobierno por su desinformación en el número de muertos durante los hechos de sangre producidos el pasado 5 de junio en Bagua. En un comunicado, el IDL exigió la liberación inmediata de Rivera.
Ilegal detención de abogado de IDL. Carlos Rivera litiga en casos por violación de derechos humanos cometidos en primer gobierno de Alan García y defiende a víctimas de Fujimori.
De manera ilegal, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, fue detenido ayer por la mañana en el aeropuerto internacional “Jorge Chávez” ni bien arribó de Estados Unidos, país al que viajó hace tres semanas para recibir una capacitación sobre derechos humanos.
Efectivos de la Dirección de Migraciones le informaron que en su contra existía una orden de detención por un delito contra la fe pública al presuntamente haber utilizado documentos falsificados en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), hecho por el cual tendría un juicio pendiente desde el año 2008. El letrado, sorprendido con el anuncio, no opuso resistencia y fue conducido a la sede de Requisitorias en el distrito de La Victoria.
El director del IDL, David Lovatón, explicó que la ilegalidad en esta detención radica en el hecho de que Rivera nunca fue notificado de la existencia del referido proceso y menos de que había una orden para detenerlo desde el pasado 20 de mayo. “Rivera salió del país el 24 de mayo, cuatro días después de que el juez César Díaz, titular del 40 Juzgado Penal, emitiera la referida orden. Pero no lo detuvieron cuando llegó al aeropuerto para viajar, no se explica por qué recién lo hacen hoy (ayer)”, cuestionó Lovatón.
Su trabajo incomoda
El abogado Antonio Salazar, quien visitó al letrado, mencionó que el desempeño de Rivera incomoda al gobierno porque participa en juicios relacionados a violación de derechos humanos cometidos durante el primer gobierno de Alan García. Mencionó, por ejemplo, el proceso por la desaparición forzada del teniente Marco Barrantes Torres en los sótanos del SIE, ocurrida en 1988; así como en la causa seguida por la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Centro en 1989 y actualmente se enfrenta al gobierno por el caso de la matanza en el penal de “El Frontón”. Por si fuera poco, el detenido se aprestaba a participar justo hoy en el juicio contra 41 ex oficiales del Ejército sindicados como responsables de la muerte de ocho pobladores de la localidad de Pucará, ocurrida en Junín, el 4 de noviembre de 1989, también durante el primer gobierno de García.
Diario La Primera-Lima 15/06/2009
“LAS ONG NO FOMENTAN LA VIOLENCIA SOCIAL EN EL PERÚ SINO EL DESARROLLO”
Directivo de ANC se pronunció sobre iniciativa que restringiría actividades de organismos. Congreso plantea que algunas ONG alteran el orden público.
El subdirector de la Asociación Nacional de Centros de Investigación (ANC), Rafael Goto Silva, aseguró que las ONG en el Perú no promueven violencia o disturbios públicos, sino fomentan su desarrollo, por eso dijo estar extrañado por el plan de restricción de acciones para estos organismos emprendido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
El grupo de trabajo analizará hoy una propuesta legislativa que plantea restringir actividades de “las ONG que promuevan la alteración del orden público en el país”.
Según Goto, detrás de la propuesta habría una voluntad coactiva y de control ante las ONG. “Nos parece no solo improcedente, sino infundada. No existen acciones violentas en el trabajo de las ONG. Su labor es muy conocida por que busca mejorar la condición de los pobres”, reiteró.
El subdirector de la ANC aclaró que estos organismos también son parte de la sociedad civil, componentes y animadores de la ciudadanía. “Tenemos derecho a opinar sobre los procesos y situaciones que vive el país” apuntó.
Goto añadió que las ONG se enfocan en la búsqueda de una sociedad más justa.
LA CLAVE
Gestor. Santiago Fujimori, presidente del grupo de trabajo, dijo ambiguamente que la iniciativa establece que toda ONG debe respetar “escrupulosamente” el concepto de orden público.
Diario La República-Lima 15/06/2009
GOBIERNO QUIERE ACALLAR A LAS ONG
El gobierno vuelve a la carga contra las organizaciones no gubernamentales. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso analizará hoy una propuesta que plantea restringir las actividades de las ONG que promuevan la alteración del orden público en el país.
Así lo anunció el presidente de este grupo de trabajo, Santiago Fujimori, quien indicó que para tal efecto se propone modificar dos artículos de la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
La agencia oficial Andina informa que el legislador precisó que la iniciativa establece que toda ONG, constituida con recursos de la cooperación técnica internacional y que realiza actividades en el Perú, deberá respetar “escrupulosamente” el concepto de orden público. En ese sentido, dijo que no se permitirá que se utilicen recursos extranjeros para perturbar el orden y la tranquilidad en el país.
“No puede haber financiamiento externo para subvertir el orden público. Este es un tema que vamos a discutir en la comisión, este lunes”, indicó Santiago Fujimori, hermano del sentenciado ex dictador Alberto Fujimori, quien enfrenta un proceso por corrupción.
Esta es la segunda oportunidad en que el gobierno quiere intervenir las ONG que le son críticas, pues anteriormente dio un dispositivo para fiscalizar sus fondos, el mismo que no prosperó luego que el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de la medida.
Ahora, al no poder fiscalizar los fondos de la cooperación internacional, el gobierno pretende impedir el funcionamiento de las ONG so pretexto de “orden público”, denunció ayer el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Diario La Primera-Lima 15/06/2009
RADIO LA VOZ APELARÁ ANTE EL PODER JUDICIAL POR UN CIERRE “ARBITRARIO”
Propietarios denunció. Represalias por ser un medio incómodo al gobierno. Aseguran que de ningún modo azuzaron a la población oriental.
El propietario y director de Radio La Voz, Carlos Flores Borja, anunció que apelará ante el Poder Judicial por el cierre de este medio de comunicación al considerarlo arbitrario.
Flores asegura que en la cancelación de la licencia de funcionamiento del medio se debe a un ensañamiento del gobierno con la radio, pues recordó que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, declaró el 5 de junio que se iba a castigar a radio La Voz.
Según Flores, la actitud de Cabanillas se debe a que su emisora cuestionó el programa político del Apra en esa zona, sobre todo al gobernador, quien –asegura– no cumplía a cabalidad su labor.
“Aprovechando que transmitimos los sucesos del 5 de junio, el gobernador Elver Alcántara denunció que éramos subversivos”, dijo.
Sobre las cifras difundidas de muertos y heridos en Bagua, aclaró que esos datos eran referidos por corresponsales que estaban en la zona, y también por el público que llamaba a la emisora.
El propietario explicó en el programa “El perro del hortelano” que la línea editorial del medio de comunicación tuvo un perfil de crítica para los apristas, y ahora se reafirman en esta posición.
El Instituto Prensa y Sociedad ha lanzado una alerta al respecto.
Diario La República-Lima 15/06/2009
NEGLIGENCIA CRIMINAL
Por Fernando Rospigliosi
No hay duda, a estas alturas, de que los responsables políticos de la catástrofe de Bagua y de la mayor matanza de policías en la historia del Perú son el presidente Alan García y la ministra del Interior Mercedes Cabanillas. Pero las informaciones aparecidas en los últimos días muestran que, además, Cabanillas es culpable de negligencia criminal.
El premier Yehude Simon ha reconocido que la orden para el desalojo en Bagua la dio el presidente García el miércoles 3, en el Consejo de Ministros. Así, se pasó de la pasividad casi total de más de 50 días, a la decisión de ejercer la violencia. Típico cambio de humor de García, que pasa de la displicencia a la exaltación en un abrir y cerrar de ojos.
La revista “Caretas” confirma, en términos comedidos, lo que parece fue una reprimenda en regla: “El presidente Alan García le llamó la atención a Cabanillas en el Consejo de Ministros del miércoles 3 por lo que consideró la inacción del sector.” (“Sangre y caras duras”, 11.6.09).
El diario “Perú.21” tiene la misma versión, que explica en parte por qué las cosas salieron tan mal: “el aparente apresuramiento de la operación habría tenido su origen en una decisión política de desbloquear la carretera Fernando Belaunde a como diera lugar”. (Daniel Yovera, “Nunca antes tuvimos un operativo tan mal planeado”, 12.6.09).
PARECÍA LA DIRECTORA DE LA PNP
Cabanillas llevó la orden de García a la Policía y ella personalmente se puso a dirigir el operativo, según el reporte de IDL-Seguridad Ciudadana que dirige Gustavo Gorriti. Un policía relata que “la noche del día jueves (4) la ministra estaba en la Central de Operaciones de la Dirección General de la Policía (CEOPOL) dando órdenes al coronel de esa oficina sobre el desbloqueo del día siguiente. Parecía la directora general de la Policía”. (“El horror”, 11.6.09).
Esta y muchas otras versiones desmienten completamente a Cabanillas que, en acto de suprema cobardía, ha tratado de evadir toda responsabilidad echándoles la culpa del desastre a los mandos policiales. En la extraordinaria entrevista de Jorge Loayza en “La República”, dice que la operación la decidió la Policía por iniciativa propia y que le pregunten al director, José Sánchez Farfán. (“El informe de inteligencia que me dan a mí no es muy detallado”, 11.6.09).
Cabanillas miente con descaro. Es absolutamente imposible que la Policía por sí sola tome una decisión de esta envergadura. Peor todavía con un Director como Sánchez Farfán, pusilánime y sin don de mando que, además, acaba de tomar posesión del cargo. La orden vino de Alan García. Cabanillas, que postergó la intervención durante semanas para no meterse en problemas, la tuvo que acatar.
Y lo hizo de la peor manera posible. El general Luis Muguruza fue enviado a la zona recién el día anterior: “No sé nada, yo recién llegué a Bagua el día 4 de junio” (Doris Aguirre, “¿Quién dio la orden de desalojar a indígenas sin prevenir represalias?”, La República, 12.6.09).
Y Muguruza llegó con una orden terminante, según uno de los policías que estuvieron en Bagua: “Dijo que el operativo se hacía al día siguiente sí o sí. (…) él recibe órdenes de acá, de Lima” (Perú.21, 12.6.09).
SÓLO PIENSA EN ELLA
Con la orden perentoria de García, que Cabanillas transmitió, la Policía realizó el operativo con apresuramiento y falta de preparación inauditos. Con la carretera y la estación Nº 6 de Petroperú tomadas desde el 9 de abril, lo menos que podía esperarse es que la ministra hubiera planificado la operación con anticipación para el caso de tener que actuar. No lo hizo. Tenía otras ocupaciones.
Como recuerda “Caretas”, “en los días anteriores, la agenda de la ministra estuvo ocupada por eventos como la conferencia de prensa en la que devolvió la falsa banderola de la trinchera norte de Universitario de Deportes”. También se ocupó de la hija violada y muchas otras actividades que le dan puntos en las encuestas.
La única preocupación real de Cabanillas es su propia imagen. Vive pendiente de ella, siempre alerta para llamar a los medios de comunicación y exigir rectificaciones, entrevistas y notas laudatorias, amenazando e insultando a los periodistas que no se atienen a sus exigencias.
ESCASO NÚMERO
Varios policías que participaron en los funestos sucesos han revelado algunos detalles, a pesar de la orden terminante y las amenazas de Cabanillas para que no hablen.
Un problema fue el escaso número de efectivos. Según “Perú.21”, un policía anotó: “¿Con menos de 300 policías, íbamos a desbloquear 10 kilómetros de carretera? En agosto del año 2008, cuando ocurrió lo de Corral Quemado, eran dos mil indígenas que protestaban y nosotros éramos 1,300 ¿Por qué esta vez no se hizo lo mismo”. (12.6.09).
Según “Caretas”, el director de Operaciones de la Policía, el general Bernabé Garavito, había recomendado “una `operación masiva para causar impacto psicológico e infundir temor disuasivo.” No obstante Cabanillas “aprobó el ‘desbloqueo’ para el viernes 5, pero exigió que el número de policías sea el menor posible”.
Según algunas versiones eran 450 policías. Otras elevan el número hasta 550. Es decir, la tercera parte o menos de la mitad de los que intervinieron el 2008 contra un número menor de nativos.
SIN COMUNICACIONES
En realidad, casi todo se realizó de la peor manera. La Policía carecía de un sistema de comunicaciones, las órdenes y las informaciones no se podían transmitir con rapidez. Con el mayor presupuesto de la historia del Ministerio, en tres años de gobierno aprista deberían haber resuelto ese problema. En última instancia, podían haber comprado o alquilado los equipos indispensables para esa operación. Hubo más de 50 días para hacerlo.
A pesar de que había informes de inteligencia sobre la situación, no se tomaron en cuenta. (Ver Miguel Ramírez, “Inteligencia recomendó intervenir en zonas donde se desató la violencia”, El Comercio, 7.6.09). En cualquier caso, en más de 7 semanas, debería haberse acopiado información suficiente sobre el número de nativos en la zona, su equipamiento, su ubicación, etc. No se hizo o no se le dio importancia.
Tampoco se llevaron equipos médicos para atender a los heridos.
Pero lo peor de todo fueron las órdenes que confundieron a los policías y les impidieron emplear sus armas cuando los secuestraron. En efecto, una de las primeras acciones fue tomar un cerro. Allí los nativos capturaron a los efectivos, los despojaron de fusiles AKM y los asesinaron. Luego usaron esos fusiles para matar a otros policías.
Eso jamás debió ocurrir. Las órdenes deben ser absolutamente claras. Los policías no deben dejarse secuestrar ni arrebatar las armas. Si la orden es no disparar, ¿para qué llevan fusiles entonces?
NEGLIGENCIA CRIMINAL
La ministra Cabanillas tiene una indudable responsabilidad política por el desastre detallado anteriormente. Pero lo ocurrido en la estación Nº 6, donde el comandante Miguel Montenegro y otros 11 policías fueron asesinados a sangre fría, es negligencia criminal.
Según IDL-SC y “Caretas”, los 38 policías de esa estación estaban secuestrados desde el 9 de abril. De acuerdo con “La República”, “Perú.21” y “Correo” había un acuerdo de paz entre los nativos y la policía que se encontraba rodeada. Eso tenía que saberlo el comando policial y la ministra Cabanillas. No hay manera que no estuviera al tanto de eso.
En cualquier caso, todos coinciden en que el operativo se inició el viernes 5 en la madrugada, sin que Montenegro y los policías de la estación Nº 6 fueran informados. Ellos, además, no tenían comunicación con sus comandos.
El resto es historia conocida. Luego de iniciado el desalojo, circuló la versión de que la policía estaba masacrando a los nativos, y los de la estación capturaron a Montenegro y los otros policías, que no se defendieron porque no sabían lo que pasaba, y los asesinaron.
“`La ministra los mandó a la muerte denunció indignado José Montenegro, hermano del asesinado comandante PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo. (…) Hubo mala coordinación, es imperdonable que los hayan expuesto de ese modo, sabiendo que podían ser desarmados y victimados” (Alexis Velásquez, “Les ordenaron rendirse”, La República, 10.6.09).
Como puso La República en portada, “Hubo negligencia. Cruel matanza pudo haberse evitado”. (11.6.09).
¿Quién responde por eso?
Considera Gloria Cano sobre detención del abogado de IDL Carlos Rivera
Diario La República-Lima 14/06/2009
DETENCIÓN PUEDE ESTAR RELACIONADA CON PROCESOS POR VIOLACIONES DE DD.HH DURANTE EL GOBIERNO DE GARCÍA
La abogada Gloria Cano, quien al igual que Carlos Rivera también es defensora de los familiares de La Cantuta y Barrios Altos, informó a CNR que justo mañana el letrado ahora detenido iniciaba un proceso por la ejecución extrajudicial en 1989 de 8 campesinos de la comunidad de Pucará (Junín). También que este miércoles iba a participar en un proceso por el secuestro y desaparición en 1989 del militar peruano Marco Barrantes, quien supuestamente vendió información militar al ecuatoriano Enrique Ducichela.
Ambos casos de violaciones de derechos humanos sucedieron durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). En el caso de los militares Barrantes y Duchicela, el ex Colina Jesús Sosa Saavedra ha involucrado directamente al actual presidente.
“A nosotros no nos parece casual que se haya emitido la orden de detención cuando él, esta semana que viene se va a ocupar de este tipo de denuncias”, señaló la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Carlos Rivera, jefe del área legal del IDL, fue detenido hoy por la mañana en el aeropuerto cuando regresaba de EE.UU. Según Gloria Cano, que ha visitado hoy al detenido, la orden de captura internacional proviene del Juzgado de Lima Nº 40 y es por un presunto delito de falsificación de firmas en un proceso electoral.
Sin embargo, debido a que el juez no ha ido hasta el lugar de la detención, Carlos Rivera ignora más precisiones sobre el motivo de su detención.
Su orden de captura internacional data del 20 de mayo pero no llegó a requisitorias hasta el 25. Por este motivo, Rivera pudo viajar a EE.UU el día 24 y ha sido a su regreso cuando ha sido detenido, según informa Cano.
La abogada Gloria Cano informó que se inició la investigación sobre este caso de presunta falsificación de firmas en 2008. Sin embargo, el detenido nunca fue informado.
El abogado del Instituto de Defensa Legal niega su participación en ningún proceso de recolección de firmas y asegura que nunca ha recibido ninguna notificación para declarar en una investigación preliminar.
“Nos extraña el porqué no recibió ninguna notificación para ninguna declaración y ninguna investigación preliminar para eso”, declara Cano. “Además, él no ha estado nunca como responsable para ningún tipo de recolección de firmas para ningún padrón electoral”.
La abogada llamó la atención sobre el hecho de que Carlos Rivera es un abogado muy conocido y que constantemente está en los juzgados, por lo que no entiende por qué no se le notificó sobre la investigación para esclarecer los hechos antes de emitir una orden de captura.
“Durante todo este tiempo que él ha salido en el periódico, en la radio y en la televisión (ha sido abogado de la parte civil en el caso Fujimori) pudo haber sido notificado”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 14/06/2009
CONGRESO ANALIZARÁ PLAN PARA RESTRINGIR ACCIONES DE ONG QUE ALTEREN EL ORDEN
Según la iniciativa, no se permitirá que se utilicen recursos extranjeros para perturbar el orden y la tranquilidad en el país
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso analizará mañana, lunes, una propuesta legislativa que plantea restringir las actividades de las ONG que promuevan la alteración del orden público en el país.
Así lo anunció el presidente de este grupo de trabajo, Santiago Fujimori, quien indicó que para tal efecto se propone modificar dos artículos de la Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
La agencia oficial Andina informa que el legislador precisó que la iniciativa establece que toda ONG, constituida con recursos de la cooperación técnica internacional y que realiza actividades en el Perú, deberá respetar “escrupulosamente” el concepto de orden público. En ese sentido, dijo que no se permitirá que se utilicen recursos extranjeros para perturbar el orden y la tranquilidad en el país.
“No puede haber financiamiento externo para subvertir el orden público. Este es un tema que vamos a discutir en la comisión, este lunes”, indicó.
Fujimori explicó que el proyecto de ley guarda relación con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que señala expresamente que el orden público es un concepto fundamental para la vida en democracia.
Consultado si en el predictamen se contempla sanciones para las ONG, el parlamentario refirió que en el documento se plantea aplicar el Código Civil para resolver aquella institución que incurra en esta falta.
De otro lado, se informó que mañana concurrirá ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el director ejecutivo de la APCI, Carlos Pando Sánchez, quien deberá informar sobre las donaciones recibidas por Aidesep entre el 2006 y 2008 y el uso que se ha dado a estos recursos.
Diario El Comercio-Lima 14/06/2009