DESALOJADOS A SANGRE Y FUEGO
Nativos y policías mueren en operativo para desbloquear carretera. Miles de nativos mantenían tomado desde hace doce días el tramo de la carretera Fernando Belaunde conocido como la “Curva del Diablo”.
Elízabeth Prado y corresponsales.
Un número no determinado de indígenas muertos, once policías caídos y cientos de heridos fueron el resultado de la intervención policial para despejar el km 202 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua, donde más de tres mil indígenas de las etnias awajún y wampis, así como campesinos, ronderos y ex combatientes del Cenepa, estaban posesionados de la zona denominada ‘Curva del Diablo’.
A las seis de la mañana, tres helicópteros MI-17 de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, salidos de la base El Milagro, sobrevolaron la zona arrojando bombas lacrimógenas sobre la población atrincherada en la vía. Simultáneamente un grueso contingente policial arremetió en tierra haciendo uso de fusiles AKM.
En pocos minutos, la carretera tomada se vio sembrada de cadáveres y heridos que sus propios hermanos trataban de reanimar en medio del ataque policial.
Tan pronto se enteraron de la masacre, la población de Bagua Chica –la ciudad más cercana al lugar del enfrentamiento– entró en rebelión, y grupos enardecidos se lanzaron a prender fuego al local del Partido Aprista, así como también a las instalaciones de organismos estatales como Cofopri, Pronaa y el módulo del Poder Judicial.
BLOQUEAN AYUDA
Otros pobladores procedentes de Bagua Grande que acudieron en apoyo de los nativos sólo llegaron hasta la zona de El Reposo, seis kilómetros antes de la “Curva del Diablo”. Allí, un fuerte contingente policial impidió su paso. Los efectivos no permitieron el ingreso de agua e insumos de primeros auxilios para las víctimas.
A las 10.30 de la mañana, el fiscal superior de Utcubamba, Ventura Loayza, llegó al lugar con la intención de tomar conocimiento de los hechos, pero los indígenas reaccionaron violentamente contra el representante del Ministerio Público. A pesar de la intervención de la Defensoría del Pueblo para retomar la cordura, una camioneta de la fiscalía fue totalmente quemada.
La Policía nuevamente entró en acción. Desde un helicóptero arrojó bombas lacrimógenas y disparó con armas de fuego. Doblegados por el pánico, los manifestantes corrieron despavoridos llevándose consigo a algunos de los heridos, varios de ellos con impactos de bala.
Al mediodía, el tránsito por la carretera Fernando Belaunde Terry fue completamente restablecido, pero los actos de protesta se trasladaron hacia Bagua Grande y Bagua Chica.
El enfrentamiento entre la Policía y los pobladores se prolongó hasta la tarde. La población se enfrentó a las fuerzas del orden lanzándoles una lluvia de piedras. Se observó un grupo de personas que portaba potes de gasolina en las manos.
CAPTURA PARA PIZANGO
En tanto, al mediodía en Lima Alberto Pizango culpó al gobierno por “romper la paz” que acompañaba la protesta amazónica durante 54 días, y rechazó la versión oficial que señala que los nativos usaron armas de fuego para atacar a la Policía durante la protesta. Horas más tarde, la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó al Poder Judicial la captura del dirigente amazónico, quien hasta el cierre de esta edición se encontraba con paradero desconocido.
MÁS MUERTOS EN BAGUA
En Bagua Grande, voceros de las comunidades indígenas reportaron la muerte de dos adolescentes supuestamente victimados cuando la muchedumbre protestaba en la plaza de armas. Asimismo, señalaron que los apus de la etnia awajún Felipe Sabio César y Mateo Inti también habrían fallecido.
Entre las víctimas figura igualmente el conocido dirigente aguaruna huambisa Santiago Manuin Valera, quien fue abaleado mientras participaba en las protestas.
Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), denunció que algunos cadáveres de los indígenas habrían sido quemados por los miembros de la Diroes y arrojados al río Marañón a la altura del caserío El Reposo.
La cantidad de personal médico también resultó insuficiente para atender a los heridos que sumaron más de cien, según reportes de responsables de los nosocomios.
DETENIDOS
Aunque las autoridades del gobierno no han entregado un reporte oficial, se estima en más de cuarenta los detenidos, entre pobladores y nativos. Estas personas estarían confinadas en la base militar El Milagro por determinación del Ministerio Público, debido a que la comisaría de la ciudad no presenta las garantías necesarias dadas la situación de inestabilidad.
Extraoficialmente se sabe que parte de los detenidos en el enfrentamiento ocurrido en la “Curva del Diablo” fueron conducidos hasta Chiclayo y recluidos en los calabozos de la División Contra el Terrorismo de esa ciudad, también por razones de seguridad. Entre los detenidos figuran Dany López Shawi (26), Mariano Mayak Payash (63), Santiago Visalot Isuiza (31), Samuel Sánchez Cotrina (33), Gonzalo Campos Bautista (32) y Alberto Alberca Meléndrez (34).
También Martínez Wampoqkit Akintui (30), Brombel Mendoza Espinoza (30), Joel Nancy Singuani (16), Segundo Raúl Pariatán Jara (35), Lorenzo Castillo Abad (30) y Jorge Maruluz González (61).
Asimismo, Adriana Taysh Ijusam (33), Gamaniel Ángel García Cumbay (38), Benito Soto Ortega (28), José Martín Quiaco Shimpucate (28) y Luis Yagkuug Vílchez (44).
En tanto, el representante de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, Roberto Guevara, informó que médicos legistas y un representante de la fiscalía levantaron los cuerpos de cinco cadáveres. Cuatro serían de indígenas y uno el de un miembro del grupo policial que estuvo en la operación de desbloqueo de la carretera.
En horas de la tarde, el Colegio Médico de Chachapoyas reportaba que la cifra de civiles muertos se elevaba a veinticinco. Al conocer lo sucedido, la población salió a las calles en una multitudinaria marcha para solidarizarse con los indígenas amazónicos, quienes exigen la derogatoria de los decretos legislativos lesivos a sus derechos constitucionales. Hasta el cierre de esta edición, la versión oficial sobre los violentos sucesos es confusa y contradictoria.
DATOS
Toque de queda. El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, anunció el Estado de Emergencia en Bagua y Utcubamba.
Se unen. En solidaridad con los indígenas, ronderos de la zona bloquearon dos tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry en los sectores conocidos como San Luis y Pedro Ruiz.
LA MISIÓN ERA DESALOJAR LA CARRETERA
El director general de la Policía Nacional, teniente general PNP José Sánchez Farfán, admitió desde temprano que la misión era recuperar la carretera Fernando Belaunde Terry bloqueada por los nativos indígenas desde hace 56 días. “Nuestra misión era desalojar a los que estaban obstruyendo el tránsito y eso se logró, obviamente con las bajas lamentables para nuestro personal”, señaló.
El máximo jefe de la institución policial indicó que cuando se inicia la operación los policías fueron atacada con lanzas, y luego los ataques se ampliaron contra objetivos del Estado. “Han incendiado los locales de la gobernación de Bagua, de Cofopri y la fiscalía”. Negó que la policía haya iniciado los hechos de violencia desde el aire como algunas señalaron versiones periodísticas. “El helicóptero policial ha disparado gases lacrimógenos y no disparos. No hemos ido a un enfrentamiento”, aseguró.
El jefe del Estado Mayor, general Miguel Hidalgo, aseguró que hubo un trabajo previó de la policía antes del operativo. “Hubo una planificación previa”, dijo aunque no explicó cómo entonces 12 efectivos fueron asesinados.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, refirió que los efectivos policiales cumplían su deber. “Solo estaban para restablecer el orden interno. Solo lanzaron bombas lacrimógenas”, afirmó la ministra. De acuerdo con la versión de la funcionaria del gobierno, se indicó que antes del operativo los indígenas asaltaron una caseta policial a dos kilómetros de la zona conocida como la “curva del diablo” asesinando a policías y despojándoles de sus fusiles AKM.
Diario La República-Lima 06/06/2009
LA ORDEN VINO DE ARRIBA
Ahora estarán frotándose las manos los que pedían sangre y fuego y restablecimiento del orden.
Para los pobres –incluidos los policías usados como carne de cañón- el “restablecimiento del orden” consiste en plomo a discreción y muerte difusa.
En el Congreso también debiera haber algunos arrepentimientos.
El de Velásquez Quesquén, por ejemplo, operador rastrero de los designios presidenciales dirigidos a imponer los decretos de urgencia que la Defensoría del Pueblo ya había considerado inconstitucionales.
¿Qué interés puede estar tan por encima del diálogo y la paz?
El interés de lo que John Dos Passos llamó “The big money”, título de su inmortal novela sobre ese capitalismo que todo lo devora.
¿Y por qué no funcionó la llamada Mesa de Diálogo presidida por el muy incompetente Yehude Simon?
Porque hubo mala fe de ambas partes. Tanto de Simon, encerrado en la loseta que García le ha puesto como destino y escenario, como de Alberto Pizango, ese misterio pétreo que no sabe de matices sino de victorias maximalistas.
Los irresponsables congresistas nacionalistas, que prefirieron un desayuno lento antes que estar a tiempo a la hora del debate, también han puesto su cuota.
Y el Apra, convertida en maquinaria presidencial y despojada de toda entidad partidaria, ha hecho lo suyo.
Al momento de escribir estas líneas ignoro, como todo el Perú, cuántos civiles han sido asesinados por las fuerzas del orden y cuántos cadáveres han sido ocultados o quemados al amparo del toque de queda.
Lo que sí sé es que once policías han caído cumpliendo la orden de despejar una carretera tomada hace demasiados días.
Y a mí que no me vengan con que hay muertes desdeñables ni cadáveres de segunda clase. Esos once policías son funcionarios públicos que han sido asesinados. Y lo lamento y esas muertes me duelen.
Pero el paro de la selva, desatendido por el gobierno, era y es un paro político. Y en la selva los llamados “indígenas” –los que estuvieron antes que nosotros, cuando el Perú era una inmensa arboleda y algunos puñados de cazadores- están hartos de Lima, del gobierno, del Estado, de la autoridad.
Nada justifica el asesinato de los policías. Pero nada atenúa la responsabilidad de Alan García de haber dado la orden de “limpiar el puente y la carretera” justo 24 horas después de que el Congreso, sometido a sus órdenes, se burlara de la selva postergando el debate del decreto de urgencia 1090.
Quiso el Congreso, en provocación extrema, que el decreto 1090, ya señalado como inconstitucional por la propia Comisión de Constitución, no fuese derogado, como correspondía, sino derivado a la agenda de la Mesa del Diálogo. Y la Mesa del Diálogo había dejado de existir.
De modo que esa burla se convirtió en furia amazónica, en clamor exacerbado y en grito de guerra.
Yehude Simon, a pesar de su aciago papel, no puede cargar con todas las culpas. El responsable de esta tragedia se llama Alan García.
Es el mismo Alan García fuera de sí que alguna vez ordenó la matanza de los penales. El mismo Alan García que traicionó en paquete sus promesas electorales y gobernó sentándose a la diestra de Lourdes Flores.
Pedir la renuncia de Yehude Simon es fácil. Responsabilizar únicamente a Mercedes Cabanillas es un gesto insuficiente y radicalmente injusto.
Quien exigió que la autoridad se impusiese acribillando a quien fuera necesario es Alan García. Y la primicia la dio el diario “Correo” hace unos días. En efecto, en su sección de datos breves “Correo”, informado sin duda desde Palacio, festejó el hecho de que, en una sesión de gabinete, la ministra Cabanillas fuera amonestada “casi a gritos” por su “debilidad” en el caso del paro selvático.
Muy bien. Lo que se llamaba, desde la impaciencia presidencial, “debilidad” era prudencia y humanidad. Lo que García ha vuelto a imponer es su estilo. Su ensangrentado estilo.
La ministra Cabanillas debería renunciar. Yehude Simon debería apartarse. García tendría que quedarse con sus incondicionales.
Azuzar a la población es irresponsable y, en el fondo, criminal. Si la oposición existiese de un modo menos inorgánico, tendría que apostar por la derogatoria inmediata de los decretos venales de García, la restauración del diálogo y la demanda del enjuiciamiento de todos –repito: de todos- los culpables.
En la historia de la injusticia peruana, ¿a cuántos lutos nos someteremos antes de admitir que cuando el orden significa matanza y desvarío es que el orden no vale la pena? ¿No ha escuchado García la frase aquella de que la nobleza consiste en tener la fuerza para no tener que emplearla?
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
MASACRE EN LA AMAZONÍA
El responsable
El presidente Alan García justificó ayer la matanza en la Amazonía. Señaló que los indígenas “no son ciudadanos de primera clase” y que, por lo tanto, no tenían ningún derecho a decirle al resto “tú no tienes derecho de venir aquí”. Incluso García advirtió que en el desbloqueo de las carreteras, cada ministro debe asumir su responsabilidad, pues para eso los nombraron y no para que miren a otro lado mientras el Perú se queda sin gas y sin petróleo.
Terminado el acto en Palacio de Gobierno y pese a que no tenía otra actividad en su agenda, sólo atender en privado a la máxima dirigencia aprista, el mandatario voló inmediatamente a Olmos (Lambayeque), donde se encontraba el premier Yehude Simon. Allí ofreció más declaraciones, pero sólo al canal del Estado, donde deploró y lamentó el fallecimiento de los policías, de quienes dijo: “murieron en el cumplimiento de su deber”.
Represión policial termina en baño de sangre con un saldo de 40 muertos entre nativos, pobladores y policías. Pueblos de la selva se sublevan y gobierno decreta toque de queda.
El nororiente peruano estuvo convulsionado todo el día de ayer luego que la policía antimotines desalojó a balazos a miles de nativos y pobladores de Bagua que permanecían en la carretera Fernando Belaunde Terry en señal de protesta por la terquedad del gobierno y sus aliados políticos, Unidad Nacional y el fujimorismo, de no derogar las leyes antiamazónicas.
Por culpa de este desigual encuentro cayeron abatidos unos 15 nativos awajun y 11 pobladores bagüinos, 3 no identificados y también 11 policías de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). También, según informes de la zona, es posible que el número de muertos entre los awajun-wampis aumente.
La violencia estalló en las ciudades de Jaén (Cajamarca), Bagua Grande y Bagua Chica (Amazonas), con enfrentamientos entre la policía y pobladores.
Mientras tanto, en Tarapoto (San Martín), Yurimaguas (Loreto) y en Lima la población identificada con la lucha amazónica salió a las calles y carreteras a protestar y expresar su indignación.
Pasadas las 8 de la noche llegaron a Lima los cuerpos de los 9 policías que murieron ayer, y el gobierno ordenó el toque de queda en las ciudades estremecidas por los acontecimientos de este inolvidable Día del Medioambiente.
La masacre
En la zona conocida como “Curva del Diablo” comenzó, aproximadamente a las 5 de la madrugada de ayer, un operativo policial de desbloqueo, con el apoyo de helicópteros que lanzaron bombas lacrimógenas sobre los indígenas (unos 2,000) y pobladores de Bagua Grande y Bagua Chica solidarios con la protesta amazónica.
Según Darío García Bustamante, uno de los heridos de este enfrentamiento, el primer encuentro contra la policía fue en el sector “Siempre Viva”, a pocos kilómetros de la “Curva del Diablo”, cuando efectivos de la Dinoes lanzaron bombas lacrimógenas contra los indígenas apostados en la carretera. Esto motivó la enérgica reacción de los aguarunas que provistos sólo de lanzas, piedras y palos trataban de ponerse a salvo entre la vegetación de la zona y algunos montículos de tierra.
El operativo policial fue realizado por unos 600 policías armados de la Dinoes y de la Dirección Antidrogas (DINANDRO), que dispararon frontalmente al cuerpo de los manifestantes.
Otro testigo, Alexander Sacay, brazo derecho de Santiago Mauig (representante notable del pueblo indígena), dijo que mientras eran bombardeados desde los helicópteros, algunos francotiradores (policías) les disparaban desde los techos de las casas y edificios.
“En un momento, los ex combatientes del Cenepa trataron de impedir la masacre, pero también fueron repelidos por la policía a balazos, resultando heridos y auxiliados por los manifestantes, quienes trataron de ponerlos a buen recaudo en medio de la Plaza de Armas de Bagua y debajo de la tolva de un camión. Sin embargo, allí perecieron varios de los heridos, entre ellos, un rondero”, indicó Sacay.
Bagua Chica
Indignados ante estos acontecimientos, los habitantes de Bagua Chica salieron a las calles a apoyar a los nativos, pero la policía no cesó su ataque hiriendo gravemente a niños, jóvenes y adultos, quienes inmediatamente fueron traslados a los hospitales de EsSalud y del Lanatta Luján del Ministerio de Salud.
Hasta las 2 de la tarde, los fallecidos en Bagua Chica eran cinco policías, siete aguarunas y tres civiles. Entre los muertos fue identificado el policía Julio César Valera Quilcate (26), natural de La Libertad, quien presentó una perforación de bala cerca de la oreja. También murieron Cernia Severo Wawat, Felipe Sabio Wawas y Abel Ticlia Sánchez (27), natural del centro poblado La Peca.
Mario Linares, de la red de Salud de Bagua, confirmó que entre los heridos estaba el director de Radio Fuego, Javier Santa Cruz, con una bala en la pierna. Denunció, asimismo, el colapso de los centros de salud debido a la falta de medicamentos. La enfermera Teresa Romero dijo que todos los heridos eran de bala “en la cabeza, el brazo y abdomen”.
Los manifestantes incendiaron el local del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PRONAMACHS), las instalaciones del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y las instalaciones de la Subprefectura, el Poder Judicial y una unidad móvil de este organismo del Estado.
La caótica situación fue aprovechada por ladrones que cometieron saqueos en la zona comercial.
El alcalde de la provincia de Bagua, Jaime Vílchez Oblitas, condenó al gobierno central por los actos de violencia que se registran en Jaén, Bagua y Utcubamba. “No supieron manejar la situación, ahora huyen y no afrontan las consecuencias”, señaló.
El burgomaestre lamentó la pérdida de vidas humanas. Dijo que si el presidente de la República Alan García y el premier Yehude Simon hubiesen actuado de manera correcta, ahora no estaríamos lamentando las muertes.
“Es lamentable que el jefe de Estado no haya podido manejar el conflicto propiciado por el reclamo de los aguarunas en protección del medio ambiente”, señaló. Asimismo, lamentó la histeria colectiva que se vive en esa provincia y en otras localidades del nororiente del país.
Bagua Grande
Los actos de mayor violencia ocurrieron en Bagua. En esta provincia más de dos mil aguarunas y ronderos tomaron las calles y el parque principal de la ciudad, quemando el local de la Policía Nacional del Perú, el local del Partido Aprista, la Gobernación y otros establecimientos. Conforme pasaban las horas el temor crecía, debido a que para evitar mayores incendios las autoridades de la provincia decidieron cortar el suministro eléctrico.
Los enfrentamientos se registraron en el sector El Reposo, 4 kilómetros antes de llegar a Utcubamba. En este lugar los manifestantes tomaron por asalto el puesto policial, que dejó como saldo cuatro policías muertos.
Por su parte, el doctor Rodas, del hospital de EsSalud “El Buen Samaritano” de Bagua Grande, informó que tenían en el hospital a siete heridos, entre ellos dos niños heridos de bala como Laydi Montes Gonzáles (7) y a un adolescente de 12 años de edad que trató de salvar a sus hermanitos menores; mientras que en el hospital Santiago Apóstol de Utcubamba se atendían 36 heridos de bala, tres de suma gravedad.
Jaén
A un día de su aniversario, la ciudad de Jaén se vio convulsionada por los actos de violencia. Desde las primeras horas los manifestantes tomaron el cruce Chamaya, interrumpiendo así el tránsito de buses interprovinciales al nororiente peruano.
En esta ciudad, los ánimos se caldearon cuando la policía intentó frenar a los manifestantes que procedieron a quemar el local de la Compañía de Bomberos. Los muertos serían cuatro policías. Mientras tanto, otros cuerpos eran trasladados al cuartel “El Milagro” desconociéndose la intención.
Desaparecen los cuerpos
El representante de la Vicaría de Medio Ambiente Apostólico de Jaén, Nicanor Alvarado, exigió a las autoridades que expliquen urgentemente por qué un grupo de heridos y muertos civiles que dejó la intervención policial en la zona denominada la “Curva del Diablo” está siendo trasladado de manera sospechosa al cuartel “El Milagro”, denunció ante Ideeleradio.
“Aún no hay una relación de personas y las cosas son inciertas, lo único que hemos visto es que los heridos están siendo trasladados al cuartel “El Milagro”, mentiría si digo cuántos son, pero eso es lo que hemos visto. Pido a los organismos internacionales que intervengan y que el Congreso forme inmediatamente una Comisión de Alto Nivel para acabar con esta persecución y muerte de nativos”, demandó.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
:: Según denuncia de estudiantes indígenas
CADÁVERES HABRÍAN SIDO ARROJADOS AL RÍO MARAÑÓN
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.
El Movimiento Estudiantil Indígena, que agrupa a los universitarios indígenas en Lima, rechazó el acto de violencia ocurrido esta mañana en Bagua y expresó su profunda preocupación por estos acontecimientos que consideran fueron provocados por el actual gobierno.
Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.
“Este es un acto lesivo que atenta contra los derechos humanos, que atenta además contra el derecho a la libre información”, afirmó el coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena.
Los jóvenes universitarios indígenas, a través de un pronunciamiento, hicieron también un llamado público a a la sociedad civil y a las partes para que de inmediato reanuden el diálogo para alcanzar la justicia requerida.
Finalmente, ante esta situación solicitan la presencia del Relator de los asuntos Indígenas de las Naciones Unidas y la OEA para que realice una investigación exhaustiva sobre la muerte de indígenas en Bagua.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/06/2009
GARCÍA, A SANGRE FRÍA
Alan García ha vuelto a manchar de sangre sus manos, esas manos que ordenaron la matanza de El Frontón y firmaron en su actual período el decreto que permite a las fuerzas del orden abrir fuego contra civiles y les garantiza impunidad.
Yehude Simon, el secuaz, reveló ayer, en conferencia de prensa, el origen de la tragedia: “Teníamos que imponer el orden y la disciplina”, dijo. Mercedes Cabanillas lo confirmó a Canal N: “Era necesario restablecer el orden”.
Periodistas enviados a Bagua establecen este cronograma: primero, algunos policías emboscan y disparan contra rebeldes; luego, algunos nativos arrojan sus lanzas contra aquellos, y los matan. Después se apoderan de las armas de los caídos y con ellas contraatacan.
Es evidente que la orden de emplear la violencia contra el pueblo amazónico provino de Palacio, con la complicidad de Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, y de Mercedes Cabanillas, ministra del Interior.
A Simon, en días en que era propagandista furioso del MRTA, no le tembló la mano cuando, en una sesión documentada, condenó a muerte a un militante que había llegado a la conclusión de que la lucha del pueblo no iba por la ruta de las armas.
Ahora, Simon, convencido de que el poder no nace del fusil, cree que el fusil nace del poder y que el poder lo puede todo.
En el conflicto hay un problema de fondo: los Decretos Legislativos que, con el fin de aplicar el TLC con Estados Unidos, pisotean intereses del país y de los nativos de la selva.
El ministro del Medio Ambiente se desgañita repitiendo que los nativos pueden ser dueños de tierra superficial, pero no del subsuelo, que es de todos los peruanos.
Pero es evidente que la actividad petrolera puede afectar la propiedad y la vida de los nativos, sobre todo si envenena ríos y arrasa suelos.
Puede, decimos, en un régimen entreguista y corrupto como el actual, bajo el cual se concede todo, sin condiciones, a las transnacionales.
Sabido es que la gran minería y las empresas de hidrocarburos aplican en sus países de origen tecnologías que preservan al máximo el medio ambiente y la biodiversidad. Acá, algunas empresas concesionarias de la selva se declaran dispuestas a negociar con los nativos.
Frente a la matanza desatada por orden de Alan García hay que decir con claridad: estamos gobernados por políticos que no calculan las consecuencias de sus actos.
La selva no es un pueblo joven indefenso. Tampoco es el campo de maniobra de un manípulo de agitadores. Es una región abandonada por siglos, despreciada por las maniobras criollas del Congreso y que no se va a rendir mediante balazos, represión de sus líderes o prisión de Alberto Pizango, dirigente reconocido y admirado por los amazónicos y todo el pueblo.
La selva es inmensa y allí todas las armas resultan cortas.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
Sostiene líder de Aidesep, Alberto Pizango, cuya libertad se ve amenazada por una detención.
EL RESPONSABLE ES EL GOBIERNO
Líder amazónico hace evaluación luego de matanza de nativos y policías.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, responsabilizó ayer al gobierno por las muertes de nativos amazónicos y los policías en Bagua Chica.
Pizango a mediodía de ayer acusó directamente a los efectivos de la Policía y del Ejército de haber asesinado a 25 amazónicos. “Esto es un genocidio. El señor Javier Velásquez (presidente del Congreso) es el culpable por no solucionar ni escuchar las demandas de los pueblos indígenas que salieron a protestar desde el 9 de abril en defensa de la soberanía nacional”, afirmó.
Responsabilizó también al Ejecutivo, principalmente a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por haber ordenado el ataque a los pobladores manifestantes de Bagua. “Las protestas son justas y en 54 días habían sido pacíficas. Ordenaron por la madrugada asesinar vía aérea a los hermanos indígenas”, observó.
“Nosotros hemos sido claros desde un principio: no mandamos, sólo hemos cumplido con el mandato de nuestro pueblo. Los territorios son de la nación”, precisó en relación a los cuestionamientos de liderar las protestas.
Amenazado
Congresistas del Partido Nacionalista informaron ayer que existe una orden de captura contra el líder amazónico Alberto Pizango por supuestamente ser el responsable de las muertes en Bagua.
El abogado Antonio Salazar, del Instituto de Defensa Legal, asumió la defensa de Pizango. “La Fiscalía está en proceso de investigación para determinar si procede la denuncia penal, pero el señor Pizango teme que la presión política acelere ese proceso. En ese caso la orden de captura podría hacerse efectiva en cualquier momento”, afirmó Salazar.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
GENOCIDIO
El día de la matanza de los penales en El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, Alan García salió a las calles a decirle a la gente que no pasaba nada y que no se preocupara. Horas después se conocería que el saldo de la operación tuvo un saldo de 300 muertos.
Tras la indignación por la masacre, dijo: “O se van ellos, o me voy yo”. No se fueron ni los marinos encabezados por Giampietri ni los ministros que lo acompañaron en el genocidio. Salieron apenas algunos oficiales de La Republicana, que pagaron los costos de haber cumplido la orden palaciega.
Meses antes, García había destituido al comandante general de la FAP, César Enrico Praeli, que también fungía de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tras responsabilizarlo de la masacre de Accomarca. Lo cierto era que el general se oponía a su negociado con los aviones Mirage. El principal responsable de la ejecución, Telmo Hurtado, nunca fue separado del Ejército.
En 1988, tras la masacre de Cayara, los principales ministros de García, entre ellos Armando Villanueva, salieron a negar los hechos, pero el fiscal Carlos Escobar logró rescatar unos cuantos testigos, que luego serían ejecutados para no cuestionar la versión oficial. En esas operaciones anduvo Vladimiro Montesinos.
En 1989, tras la masacre de emerretistas en el poblado de Los Molinos, García llegó para respaldar los hechos, en momentos que decenas de pobladores eran detenidos y desaparecidos por miembros del Ejército. Él, no se dio por enterado.
Alan García, pues, tiene amplia experiencia en genocidios. “Ya llegó el momento de abrir las carreteras, de abrir los ríos, y asumir las responsabilidades. Para eso se ha nombrado a los ministros, no para lavarnos las manos", afirmó ayer tras la matanza de los nativos, sin importarle las vidas humanas.
El asesinato de indígenas lo cubre una vez más con sangre peruana, pero esta debe ser su última hazaña. Sus negociados con la selva, el último pulmón de la humanidad, deben terminar con una acusación por delito de genocidio. Y con su destitución del cargo.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
Defensora del Pueblo, Iglesia y defensores de derechos humanos exigen respeto al diálogo y rechazan la violencia.
VOCES DE INDIGNACIÓN
Defensora llama a resolver conflicto de manera pacífica.
DETALLE
El secretario general del Sutep, Hamer Villena, condenó la represión brutal por parte del gobierno contra los pobladores y dirigentes nativos que se encuentran en huelga pidiendo la nulidad de 8 decretos legislativos que atentan contra los derechos del pueblo indígena. Informó que entre los fallecidos se encuentra el dirigente del Sutep Utcubamba, Eleodoro Gonzales.
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y el Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, lamentaron ayer el desenlace violento ocurrido en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande que ocasionó la muerte de civiles y policías.
“La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como las de quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden”, dijo Merino en un pronunciamiento y luego demandó el retorno del diálogo.
“Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo, que nunca debió ser interrumpido, y que debe ser utilizado como la única vía para resolver pacíficamente los conflictos. Invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz”, señaló.
A su vez, Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), envió una carta al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Canto, solicitándole la intervención de este organismo ante las autoridades peruanas a fin de que dispongan medidas inmediatas que permitan el cese de la violencia y restablecer el orden público.
La CNDDHH expresó su preocupación por los sucesos violentos y criticó el uso desproporcionado de la fuerza. “Expresamos nuestra profunda consternación por el número de víctimas. Asimismo, preocupación por la presunta detención de civiles que estarían siendo remitidos a la Base Militar El Milagro”, sostuvo Gamarra.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
REACCIONES
JUICIO PARA GARCÍA
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas informó que impulsará el juzgamiento internacional de García por la represión sangrienta en la Amazonía peruana como respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena.
CRUZ ROJA
La bancada nacionalista presentó una solicitud ante la Comisión Internacional de la Cruz Roja para que intervenga y se eviten mayor caos y vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades nativas.
CONTRA EL GENOCIDIO
La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) condenó enérgicamente el genocidio contra las comunidades nativas y deploró el toque de queda en la selva.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
ANTE DESBORDE DE LA CRISIS, GOBIERNO ENDURECE SU POSICIÓN
BAGUA SE DESANGRA
Autoridades del Gobierno hablan de 14 muertos: 11 policías y 3 nativos. Extraoficialmente se dice que son 25 los lugareños fallecidos. Hospitales no se dieron abasto para atender a más de un centenar de heridos hicieron colapsar varios. Indígenas secuestran a 38 policías que vigilaban la Estación 6 de Petro-Perú. Gobierno declara estado de emergencia y toque de queda en la zona. Presentan denuncia penal contra Alberto Pizango, líder de los nativos
Ver la semana pasada al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y al titular de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, sentados en una mesa instalando una comisión multisectorial que buscaba poner fin a la huelga amazónica parecía indicar que la apuesta por el diálogo favorecería el término de la protesta nativa que ya llevaba casi dos meses.
La jornada de ayer, sin embargo, no solo echó por tierra todo viso de solución al problema, sino que lo agravó más. El desalojo de varios tramos de la carretera Fernando Belaunde que permanecían bloqueados por unos 3.000 nativos, en Amazonas, desató un feroz enfrentamiento entre policías y manifestantes, dejando varios muertos y heridos de los dos grupos. Ello sin contar los saqueos y disturbios producidos en la ciudad de Bagua.
Las operaciones en los sectores de Corral Quemado, Curva del Diablo y Reposo, ubicados en los kilómetros 180, 201 y 207 de la vía Fernando Belaunde, respectivamente, se iniciaron cerca de las 6:30 a.m. En estas participaron 639 agentes, indicaría después desde Lima el director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán. Estos fueron apoyados por miembros del Ejército.
Al ver el accionar de los agentes del orden en Curva del Diablo, manifestantes que se hallaban en cerros aledaños desde la noche anterior comenzaron a arrojarles piedras y objetos contundentes. De pronto, un grupo comenzó a disparar con escopetas y armas de guerra e hirió a numerosos policías, lo que motivó que estos últimos subieran a las lomas para enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Una vez allí, estos fueron atacados por otra agrupación de indígenas que llegó por la parte de abajo. Al tratar de defenderse, los policías también habrían disparado, por lo que el tiroteo produjo una cantidad de heridos que luego fueron trasladados a los hospitales de Bagua y Utcubamba, varios de los cuales no se dieron abasto para atenderlos.
En ese enfrentamiento murieron cinco agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), todos degollados y por heridas causadas con lanzas y disparos de escopeta de calibre 12. Sus cuerpos fueron lanzados al precipicio, de donde luego serían recuperados.
En tanto, en Reposo, murieron dos indígenas. En este lugar también se quemó un vehículo de los bomberos, una ambulancia y la camioneta de la fiscalía de Utcubamba.
Según la Aidesep, los indígenas fueron atacados inopinadamente por los policías, que les dispararon ráfagas incluso desde cuatro helicópteros.
Fue al mediodía que se logró despejar por completo la mencionada vía. Otros cuatro policías perdieron la vida en diferentes tramos de la carretera con ese cometido. Al cierre de esta edición, dos agentes se encontraban desaparecidos.
Desde Lambayeque, el presidente de la República, Alan García, responsabilizó de lo sucedido a “los seudodirigentes” de las comunidades nativas que incentivan la violencia. En el Congreso, en Lima, la oposición pedía una sesión plenaria para tratar la derogatoria de los decretos legislativos por los que protestan los nativos. Pizango, por su parte, daba conferencias de prensa en Lima.
A ello se suma que mientras decenas de heridos eran atendidos en hospitales de Utcubamba y Bagua, en esta última ciudad turbas de manifestantes atacaron y saquearon diversos locales públicos como el Módulo Básico de Justicia, la Gobernación, la oficina del Ministerio Público, así como los locales del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entre otros. Para repeler los ataques, policías lanzaron bombas lacrimógenas en varias zonas de esa urbe.
Varios pobladores fueron detenidos. Aunque no se sabe con precisión cuántos se hallan en Bagua, se conoce que 19 fueron llevados a Chiclayo.
CIFRAS ENCONTRADAS
Al llegar la noche, el primer ministro dio las lamentables primeras cifras oficiales de la jornada: 11 policías muertos (dos de ellos desaparecidos), 3 nativos fallecidos, 109 heridos — entre ellos cinco agentes del orden en estado de gravedad—- y 36 detenidos.
La cifra de muertos, anunciada en una conferencia de prensa a la que asistieron casi todos los ministros, contradice las versiones de indígenas que afirman que más de 20 nativos fallecieron. Y también la de los heridos, pues desde Bagua se informa que son más de 140.
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, anunció la implantación del toque de queda en varias localidades de Amazonas en las que hay tensión. Al cierre de esta edición, se conoció que patrullas del Ejército rondaban Bagua.
Diario El Comercio-Lima 06/06/2009
MINISTROS DESLINDAN RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Premier Yehude Simon y ministra cabanillas descartan renunciar a sus cargos. Titular de Justicia Rosario Fernández pide al Poder Judicial que ordene captura de Alberto Pizango.
Francesca García.
El primer ministro, Yehude Simon, acompañado de la mayor parte de su gabinete, deslindó cualquier responsabilidad del gobierno en los hechos de violencia acontecidos en la provincia de Bagua, pues aseguró que se insistió ‘hasta la saciedad’ en el diálogo con los nativos.
En ese sentido, Simon responsabilizó al líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, de incitar la violencia, de haber engañado al gobierno y a los pueblos amazónicos.
“El gobierno ha actuado como tenía que actuar un gobierno democrático, con respeto a la Constitución y para poner orden y disciplina en este país”, argumentó.
Por lo cual el titular de la PCM dijo que según cifras oficiales el saldo es de 11 efectivos policiales y 3 nativos muertos y una cantidad aproximada de 116 heridos.
Reiteró que la respuesta del gobierno pretendió hacer frente a las acciones de “un grupo de malos peruanos que estaban complotando contra la democracia y el país”.
“Estaban utilizando la causa de los nativos, que es una causa que a todos nos interesa, tratando de confundir a la opinión pública”, agregó Simon, quien no descartó que Alberto Pizango tenga el soporte de grupos políticos dentro y fuera del país.
Asimismo, Simon rechazó las declaraciones del ex presidente Alejandro Toledo, al considerar que este actúa ‘oportunistamente’; mientras la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo que antes de criticar, primero debería ‘limpiar su conciencia’.
NO RENUNCIARÁN
Consultados al respecto, tanto el presidente del Consejo de Ministros, como la ministra Mercedes Cabanillas descartaron la renuncia a sus respectivos cargos.
“¿A título de qué voy a renunciar?, indicó Cabanillas. “No se renuncia en momentos difíciles, eso sería cobarde”, dijo Simon.
Por su parte, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, exhortó al Poder Judicial a actuar ‘a la altura de las circunstancias’ y acelerar la orden de captura de Pizango.
“La sensación de impunidad nos hace mal a todos”, dijo.
Diario La República-Lima 06/06/2009
UN GOBIERNO EN LA CURVA DEL DIABLO
La más grave crisis social de Alan García.
Los que empujaron al gobierno a ‘resolver’ la crisis amazónica con un acto de fuerza que fuera ‘ejercicio de autoridad’, ya deben estar satisfechos por el desenlace sangriento en Bagua, pero la verdad es que ayer fue un día lamentable para el país que, además, significó la crisis social más grave del gobierno de Alan García y que, sin duda, perfilará los dos años que le quedan.
Las tres decenas de muertes contadas al cierre de esta columna, entre policías y pobladores, significan el fracaso de la política, de la sensatez, del diálogo y de la negociación como mecanismos de solución de las diferencias; y el triunfo de la intolerancia, de la prepotencia, de las balas y de la muerte.
Ambos lados del conflicto carecieron de prudencia para manejar el conflicto: las comunidades nativas radicalizándose peligrosamente a medida que el Ejecutivo y el Legislativo se peloteaban el problema con irresponsabilidad criminal.
El país ha estado sometido a una tensión creciente por una movilización social en la Amazonía debido a unos decretos bien intencionados pero que nacieron heridos de muerte, pues se promulgaron sin ningún tipo de consulta o acercamiento con las organizaciones que representan a sus comunidades.
La otra tensión estuvo en el presidente García. Unos reclamaban “resolver” este problema de chunchos, curas rojimios y ONG perversas con balas para que el gobierno no pareciera un timorato. Otros, sugerían que tantos años de desconfianza acumulada por un sentimiento profundo de desprecio ancestral no se podían solucionar con una cowboyada sangrienta.
El gobierno manejó el problema con dualidad: establecía mesas de diálogo pero abría juicios a los dirigentes y enviaba a APCI a perseguirlos. Al final, ganó la opción violenta, enfatizando de ese modo la arrogancia con que se conduce el gobierno y su convicción errada de que el único diálogo fructífero es con la inversión privada; con el resto, es decir, con los ‘perros del hortelano’, cree que pierde el tiempo.
Ahora, para justificar lo sucedido ayer, el gobierno acusa a los nativos de “politiquería radicaloide de grupos violentistas vinculados al terrorismo” y de ser “administradores de dinero mal habido” y agentes de “intereses internacionales” vinculados al petróleo que no quieren que se exploten los recursos de la Amazonía ni que el Perú progrese (¿Hugo Chávez?).
Son acusaciones que el gobierno debería probar pues, mientras, la única constatación es su incapacidad notoria para enfrentar un problema complejo como el de la Amazonía. Bloquear carreteras es, sin duda, un delito. Pero también debiera serlo el comportamiento indolente del burócrata de Lima que no hace nada hasta que explota la bomba de tiempo.
Diario La República-Lima 06/06/2009
EN LA SELVA SÍ HAY ESTRELLAS
Por Alberto Adrianzén M. (*)
En nuestro país la política corre el peligro de convertirse en una mofa permanente, en una suerte de mueca burlona, en una gran mecedora. Porque eso es lo que estamos viviendo en estos días cuando se observa lo que sucede con la protesta amazónica.
Cuando las comunidades indígenas de la amazonía le demandaron al Ejecutivo que derogara varios DL, entre los cuales destaca el 1090, así como la Ley Forestal y de Fauna, se les dijo que no se podía porque eso correspondía al Legislativo que era un poder autónomo. Luego, el Ejecutivo los invitó, cosa que accedieron, a participar en una Mesa de Diálogo.
El jueves pasado una mayoría de congresistas, integrada por el APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, decidieron suspender el debate en el Pleno sobre el DL 1090 argumentando que esperaban los resultados de la Mesa de Diálogo integrada por el Ejecutivo y las comunidades nativas. La burla no puede ser más grotesca: cuando los amazónicos le piden al Ejecutivo que derogue dichas normas legales, este les dice que vayan al Congreso, y cuando van al Congreso, este les dice que vayan al Ejecutivo. Lo que queda claro de este juego es que ni el Ejecutivo ni la mayoría en el Congreso, están dispuestos a encontrar una solución pactada a las demandas de los indígenas amazónicos.
Estos hechos, a los que se suman la declaratoria del Estado de Emergencia en varias provincias de nuestra amazonía y las proclamas en algunos medios pidiendo una represión indiscriminada, demuestran que hay conflictos, como el amazónico, cuya solución requiere de un cambio de la correlación de fuerzas. Por lo tanto, no estamos frente a un conflicto “normal” sino más bien frente a otro que tiene como característica principal cambiar el status quo. Por eso, para el gobierno los indígenas amazónicos son enemigos (y no adversarios) y, por ello, deben ser derrotados políticamente.
Ello es así porque las demandas de los pueblos amazónicos afectan el corazón del modelo económico neoliberal al intentar frenar el proceso de desnacionalización de nuestra economía, pero sobre todo la entrega de nuestros recursos naturales a los grandes grupos capitalistas. Es una demanda que si bien parte de la defensa de intereses locales, se convierte, por su contenido, en un conflicto de naturaleza nacional. Dicho de otra manera, hoy los indígenas amazónicos representan a todos aquellos que están en contra de un modelo económico privatizador que beneficia a pocos, pero también en contra de una democracia que ha sido privatizada por unos cuantos.
Ahora bien, si se acepta lo dicho hasta aquí, es decir, si reconocemos que estamos frente a un conflicto atípico, también debemos aceptar que lo más probable es que su solución, sea cual fuere el resultado, implique una gran convulsión social. Por eso no nos debe extrañar que el presidente Alan García haya dicho recientemente que “no cederá más” y que “implantará el orden” en esa zona del país. En este contexto, lo más factible es que el gobierno haya tomado la decisión, luego de pelotear, como se dice comúnmente, a las comunidades amazónicas, de reprimir la protesta social sin importar el costo que ello pueda significar o representar.
Si eso sucede, habremos llegado a un nuevo punto de inflexión que definirá, entre otros temas, el clima político de las próximas elecciones. El anuncio es claro: no se tolerará a todos aquellos que desafíen el modelo económico neoliberal. Es, en última instancia, el despliegue de una política autoritaria que reforzará la alianza con el fujimorismo y con la derecha más reaccionaria de este país. Será el suicidio político del APRA, del gobierno y de la propia democracia.
CODA
Este artículo lo terminé de redactar el jueves en la noche. El viernes, una llamada telefónica muy temprana, me informaba de la gravedad del conflicto y de un número de muertos que, conforme pasan las horas, va en aumento. También ese mismo día, El Comercio tituló en primera plana: “Humalismo incentiva crisis en la selva”. El círculo se ha cerrado. La masacre de Bagua, que es responsabilidad de este gobierno y del Congreso, tiene otros responsables para ese diario: el nacionalismo, el indigenismo y la izquierda. En realidad, lo que hoy se vive en la amazonía es el mensaje más claro de que los opositores al gobierno y al modelo neoliberal serán tratados con la misma dureza como sucede hoy con los pueblos amazónicos. La “guerra civil política” se ha iniciado en el país y el lugar ha sido Bagua.
Finalmente, tiene razón el presidente García cuando dice que “detrás del paro hay intereses extranjeros”. Sin embargo, hay que precisarle que esos intereses no son los de gobiernos extranjeros como pretende hacernos creer, sino más bien los de las grandes compañías transnacionales a las que él representa en este país.
Diario La República-Lima 06/06/2009
“TODA LA NACIÓN” SON ELLOS Y NO NOSOTROS
Por Humberto Campodónico
La violencia y las muertes de ayer en Bagua son el producto de la voluntad del gobierno de Alan García de completar la “reforma incompleta” por la que tanto han clamado los neoliberales. La última vez que un gobierno estuvo a punto de desencadenar similares actos de violencia fue en Arequipa, en junio de 2002, cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra la privatización de Egasa y Egesur.
Entonces, la mesura del gobierno de Toledo, que desistió de las privatizaciones, impidió el enfrentamiento violento. Por ello, la derecha lo acusó de “blandengue”. Dicho esto, ciertamente el gobierno de Toledo no cambió el curso general de la política económica durante el resto de su gestión.
En las elecciones del 2006, la mayoría de la población estaba a favor del “cambio”, lo que no era novedad pues ese es el curso que, en general, estaba recorriendo el conjunto de América Latina. Así, al asumir el poder, el gobierno de García contaba con la legitimidad para buscar un nuevo equilibrio en las relaciones entre mercado y Estado.
Pero eso no sucedió. Por el contrario, el gobierno abrazó por completo el discurso neoliberal. Como dijo ayer en un editorial Fernando Eguren, director de La Revista Agraria de CEPES, “no podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano” de octubre del 2007” (www.cepes.org.pe).
Esto dijo García en ese –hoy tristemente célebre– manifiesto, lo que también nos recuerda Eguren: “Hay millones de hectáreas (has) para madera que están ociosas, otros millones de has que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de has de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”
“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir. Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.
“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200,000 has en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10,000 has y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas. Porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador” (El perro del hortelano, octubre 2007).
Queda claro que para García “poner en valor” esas tierras no puede realizarse por los comuneros o los amazónicos “que no tienen un centavo”. Con el argumento de que esos recursos son “de toda la Nación”, se esconde la intención de entregarlos a grandes inversionistas para que los exploten en beneficio de sus empresas, como viene sucediendo con las concesiones mineras y petroleras, y no de la Nación.
Lo sucedido vuelve a demostrar que la aplicación del modelo neoliberal es indesligable del autoritarismo y la violencia. Recordemos que estos decretos legislativos fueron promulgados en junio pasado para “adecuarse a las condiciones del TLC con EEUU” y no fueron consultados a las comunidades amazónicas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT (ver “El gobierno no cumple la ley”, www.cristaldemira.com, 16/5/09). El derramamiento de sangre dice que el gobierno ha sido incapaz de canalizar el conflicto por la vía pacífica, pues considera a los indígenas amazónicos como “ciudadanos de cuarta categoría”. La defensa de los intereses “de ellos” está llevando a niveles de fractura y polarización que solo pueden ser detenidos con el diálogo. Otro Premier, ya no Yehude Simon, tiene que hacerlo a la brevedad.
Diario La República-Lima 06/06/2009
VACACIONES FORZADAS EN DOE RUN
Empresa suspenderá labores por 90 días. Trabajadores salen en protesta. Medida buscaría presionar al Ejecutivo para ampliar el PAMA, advierten especialistas.
Omar Mariluz
Se agudiza la situación. Al escenario de inestabilidad que se vive en La Oroya a causa de la paralización del 100% de las operaciones de la empresa Doe Run Perú (DRP), ayer se le sumó la suspensión de las labores por 90 días de los más de 3,500 trabajadores con los que cuenta el complejo metalúrgico.
Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, informó a La República que ayer en horas de la mañana funcionarios de Doe Run comunicaron a los trabajadores que desde el viernes 15 de este mes se suspenderán las labores en toda la empresa por tres meses.
Ante ello, las movilizaciones no se hicieron esperar, y al igual que el último jueves, ayer más de cinco mil personas tomaron la Carretera Central de La Oroya para exigir la intervención del gobierno.
Sin embargo, el Ministro de Trabajo, Jorge Villasante, señaló que el gobierno “ya hizo lo que tenía que hacer” y exhortó a DRP a cumplir con los compromisos asumidos.
“PAMA no debe ampliarse”
El ministro Villasante aseguró que su cartera hará un seguimiento al caso Doe Run a fin de que no se afecten los derechos de los trabajadores y, en todo caso, adoptará las medidas preventivas para garantizar esos derechos. “Vamos a ver cómo procurar que el cierre temporal de Doe Run genere el menor daño posible a los trabajadores”, dijo.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Red Muqui, Ana Leyva, no descartó que la paralización de operaciones y suspensión temporal de los trabajadores sea una estrategia de Doe Run para ejercer presión sobre el Ejecutivo y lograr la prórroga del PAMA, que debe cumplir antes del 31 de octubre. Aunque tales presiones no habrían causado efecto en el Ejecutivo, pues según comentó una fuente del Ministerio de Energía y Minas ya se habría descartado totalmente esta posibilidad.
Diario La República-Lima 06/06/2009Nativos y policías mueren en operativo para desbloquear carretera. Miles de nativos mantenían tomado desde hace doce días el tramo de la carretera Fernando Belaunde conocido como la “Curva del Diablo”.
Elízabeth Prado y corresponsales.
Un número no determinado de indígenas muertos, once policías caídos y cientos de heridos fueron el resultado de la intervención policial para despejar el km 202 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua, donde más de tres mil indígenas de las etnias awajún y wampis, así como campesinos, ronderos y ex combatientes del Cenepa, estaban posesionados de la zona denominada ‘Curva del Diablo’.
A las seis de la mañana, tres helicópteros MI-17 de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, salidos de la base El Milagro, sobrevolaron la zona arrojando bombas lacrimógenas sobre la población atrincherada en la vía. Simultáneamente un grueso contingente policial arremetió en tierra haciendo uso de fusiles AKM.
En pocos minutos, la carretera tomada se vio sembrada de cadáveres y heridos que sus propios hermanos trataban de reanimar en medio del ataque policial.
Tan pronto se enteraron de la masacre, la población de Bagua Chica –la ciudad más cercana al lugar del enfrentamiento– entró en rebelión, y grupos enardecidos se lanzaron a prender fuego al local del Partido Aprista, así como también a las instalaciones de organismos estatales como Cofopri, Pronaa y el módulo del Poder Judicial.
BLOQUEAN AYUDA
Otros pobladores procedentes de Bagua Grande que acudieron en apoyo de los nativos sólo llegaron hasta la zona de El Reposo, seis kilómetros antes de la “Curva del Diablo”. Allí, un fuerte contingente policial impidió su paso. Los efectivos no permitieron el ingreso de agua e insumos de primeros auxilios para las víctimas.
A las 10.30 de la mañana, el fiscal superior de Utcubamba, Ventura Loayza, llegó al lugar con la intención de tomar conocimiento de los hechos, pero los indígenas reaccionaron violentamente contra el representante del Ministerio Público. A pesar de la intervención de la Defensoría del Pueblo para retomar la cordura, una camioneta de la fiscalía fue totalmente quemada.
La Policía nuevamente entró en acción. Desde un helicóptero arrojó bombas lacrimógenas y disparó con armas de fuego. Doblegados por el pánico, los manifestantes corrieron despavoridos llevándose consigo a algunos de los heridos, varios de ellos con impactos de bala.
Al mediodía, el tránsito por la carretera Fernando Belaunde Terry fue completamente restablecido, pero los actos de protesta se trasladaron hacia Bagua Grande y Bagua Chica.
El enfrentamiento entre la Policía y los pobladores se prolongó hasta la tarde. La población se enfrentó a las fuerzas del orden lanzándoles una lluvia de piedras. Se observó un grupo de personas que portaba potes de gasolina en las manos.
CAPTURA PARA PIZANGO
En tanto, al mediodía en Lima Alberto Pizango culpó al gobierno por “romper la paz” que acompañaba la protesta amazónica durante 54 días, y rechazó la versión oficial que señala que los nativos usaron armas de fuego para atacar a la Policía durante la protesta. Horas más tarde, la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó al Poder Judicial la captura del dirigente amazónico, quien hasta el cierre de esta edición se encontraba con paradero desconocido.
MÁS MUERTOS EN BAGUA
En Bagua Grande, voceros de las comunidades indígenas reportaron la muerte de dos adolescentes supuestamente victimados cuando la muchedumbre protestaba en la plaza de armas. Asimismo, señalaron que los apus de la etnia awajún Felipe Sabio César y Mateo Inti también habrían fallecido.
Entre las víctimas figura igualmente el conocido dirigente aguaruna huambisa Santiago Manuin Valera, quien fue abaleado mientras participaba en las protestas.
Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), denunció que algunos cadáveres de los indígenas habrían sido quemados por los miembros de la Diroes y arrojados al río Marañón a la altura del caserío El Reposo.
La cantidad de personal médico también resultó insuficiente para atender a los heridos que sumaron más de cien, según reportes de responsables de los nosocomios.
DETENIDOS
Aunque las autoridades del gobierno no han entregado un reporte oficial, se estima en más de cuarenta los detenidos, entre pobladores y nativos. Estas personas estarían confinadas en la base militar El Milagro por determinación del Ministerio Público, debido a que la comisaría de la ciudad no presenta las garantías necesarias dadas la situación de inestabilidad.
Extraoficialmente se sabe que parte de los detenidos en el enfrentamiento ocurrido en la “Curva del Diablo” fueron conducidos hasta Chiclayo y recluidos en los calabozos de la División Contra el Terrorismo de esa ciudad, también por razones de seguridad. Entre los detenidos figuran Dany López Shawi (26), Mariano Mayak Payash (63), Santiago Visalot Isuiza (31), Samuel Sánchez Cotrina (33), Gonzalo Campos Bautista (32) y Alberto Alberca Meléndrez (34).
También Martínez Wampoqkit Akintui (30), Brombel Mendoza Espinoza (30), Joel Nancy Singuani (16), Segundo Raúl Pariatán Jara (35), Lorenzo Castillo Abad (30) y Jorge Maruluz González (61).
Asimismo, Adriana Taysh Ijusam (33), Gamaniel Ángel García Cumbay (38), Benito Soto Ortega (28), José Martín Quiaco Shimpucate (28) y Luis Yagkuug Vílchez (44).
En tanto, el representante de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, Roberto Guevara, informó que médicos legistas y un representante de la fiscalía levantaron los cuerpos de cinco cadáveres. Cuatro serían de indígenas y uno el de un miembro del grupo policial que estuvo en la operación de desbloqueo de la carretera.
En horas de la tarde, el Colegio Médico de Chachapoyas reportaba que la cifra de civiles muertos se elevaba a veinticinco. Al conocer lo sucedido, la población salió a las calles en una multitudinaria marcha para solidarizarse con los indígenas amazónicos, quienes exigen la derogatoria de los decretos legislativos lesivos a sus derechos constitucionales. Hasta el cierre de esta edición, la versión oficial sobre los violentos sucesos es confusa y contradictoria.
DATOS
Toque de queda. El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, anunció el Estado de Emergencia en Bagua y Utcubamba.
Se unen. En solidaridad con los indígenas, ronderos de la zona bloquearon dos tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry en los sectores conocidos como San Luis y Pedro Ruiz.
LA MISIÓN ERA DESALOJAR LA CARRETERA
El director general de la Policía Nacional, teniente general PNP José Sánchez Farfán, admitió desde temprano que la misión era recuperar la carretera Fernando Belaunde Terry bloqueada por los nativos indígenas desde hace 56 días. “Nuestra misión era desalojar a los que estaban obstruyendo el tránsito y eso se logró, obviamente con las bajas lamentables para nuestro personal”, señaló.
El máximo jefe de la institución policial indicó que cuando se inicia la operación los policías fueron atacada con lanzas, y luego los ataques se ampliaron contra objetivos del Estado. “Han incendiado los locales de la gobernación de Bagua, de Cofopri y la fiscalía”. Negó que la policía haya iniciado los hechos de violencia desde el aire como algunas señalaron versiones periodísticas. “El helicóptero policial ha disparado gases lacrimógenos y no disparos. No hemos ido a un enfrentamiento”, aseguró.
El jefe del Estado Mayor, general Miguel Hidalgo, aseguró que hubo un trabajo previó de la policía antes del operativo. “Hubo una planificación previa”, dijo aunque no explicó cómo entonces 12 efectivos fueron asesinados.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, refirió que los efectivos policiales cumplían su deber. “Solo estaban para restablecer el orden interno. Solo lanzaron bombas lacrimógenas”, afirmó la ministra. De acuerdo con la versión de la funcionaria del gobierno, se indicó que antes del operativo los indígenas asaltaron una caseta policial a dos kilómetros de la zona conocida como la “curva del diablo” asesinando a policías y despojándoles de sus fusiles AKM.
Diario La República-Lima 06/06/2009
LA ORDEN VINO DE ARRIBA
Ahora estarán frotándose las manos los que pedían sangre y fuego y restablecimiento del orden.
Para los pobres –incluidos los policías usados como carne de cañón- el “restablecimiento del orden” consiste en plomo a discreción y muerte difusa.
En el Congreso también debiera haber algunos arrepentimientos.
El de Velásquez Quesquén, por ejemplo, operador rastrero de los designios presidenciales dirigidos a imponer los decretos de urgencia que la Defensoría del Pueblo ya había considerado inconstitucionales.
¿Qué interés puede estar tan por encima del diálogo y la paz?
El interés de lo que John Dos Passos llamó “The big money”, título de su inmortal novela sobre ese capitalismo que todo lo devora.
¿Y por qué no funcionó la llamada Mesa de Diálogo presidida por el muy incompetente Yehude Simon?
Porque hubo mala fe de ambas partes. Tanto de Simon, encerrado en la loseta que García le ha puesto como destino y escenario, como de Alberto Pizango, ese misterio pétreo que no sabe de matices sino de victorias maximalistas.
Los irresponsables congresistas nacionalistas, que prefirieron un desayuno lento antes que estar a tiempo a la hora del debate, también han puesto su cuota.
Y el Apra, convertida en maquinaria presidencial y despojada de toda entidad partidaria, ha hecho lo suyo.
Al momento de escribir estas líneas ignoro, como todo el Perú, cuántos civiles han sido asesinados por las fuerzas del orden y cuántos cadáveres han sido ocultados o quemados al amparo del toque de queda.
Lo que sí sé es que once policías han caído cumpliendo la orden de despejar una carretera tomada hace demasiados días.
Y a mí que no me vengan con que hay muertes desdeñables ni cadáveres de segunda clase. Esos once policías son funcionarios públicos que han sido asesinados. Y lo lamento y esas muertes me duelen.
Pero el paro de la selva, desatendido por el gobierno, era y es un paro político. Y en la selva los llamados “indígenas” –los que estuvieron antes que nosotros, cuando el Perú era una inmensa arboleda y algunos puñados de cazadores- están hartos de Lima, del gobierno, del Estado, de la autoridad.
Nada justifica el asesinato de los policías. Pero nada atenúa la responsabilidad de Alan García de haber dado la orden de “limpiar el puente y la carretera” justo 24 horas después de que el Congreso, sometido a sus órdenes, se burlara de la selva postergando el debate del decreto de urgencia 1090.
Quiso el Congreso, en provocación extrema, que el decreto 1090, ya señalado como inconstitucional por la propia Comisión de Constitución, no fuese derogado, como correspondía, sino derivado a la agenda de la Mesa del Diálogo. Y la Mesa del Diálogo había dejado de existir.
De modo que esa burla se convirtió en furia amazónica, en clamor exacerbado y en grito de guerra.
Yehude Simon, a pesar de su aciago papel, no puede cargar con todas las culpas. El responsable de esta tragedia se llama Alan García.
Es el mismo Alan García fuera de sí que alguna vez ordenó la matanza de los penales. El mismo Alan García que traicionó en paquete sus promesas electorales y gobernó sentándose a la diestra de Lourdes Flores.
Pedir la renuncia de Yehude Simon es fácil. Responsabilizar únicamente a Mercedes Cabanillas es un gesto insuficiente y radicalmente injusto.
Quien exigió que la autoridad se impusiese acribillando a quien fuera necesario es Alan García. Y la primicia la dio el diario “Correo” hace unos días. En efecto, en su sección de datos breves “Correo”, informado sin duda desde Palacio, festejó el hecho de que, en una sesión de gabinete, la ministra Cabanillas fuera amonestada “casi a gritos” por su “debilidad” en el caso del paro selvático.
Muy bien. Lo que se llamaba, desde la impaciencia presidencial, “debilidad” era prudencia y humanidad. Lo que García ha vuelto a imponer es su estilo. Su ensangrentado estilo.
La ministra Cabanillas debería renunciar. Yehude Simon debería apartarse. García tendría que quedarse con sus incondicionales.
Azuzar a la población es irresponsable y, en el fondo, criminal. Si la oposición existiese de un modo menos inorgánico, tendría que apostar por la derogatoria inmediata de los decretos venales de García, la restauración del diálogo y la demanda del enjuiciamiento de todos –repito: de todos- los culpables.
En la historia de la injusticia peruana, ¿a cuántos lutos nos someteremos antes de admitir que cuando el orden significa matanza y desvarío es que el orden no vale la pena? ¿No ha escuchado García la frase aquella de que la nobleza consiste en tener la fuerza para no tener que emplearla?
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
MASACRE EN LA AMAZONÍA
El responsable
El presidente Alan García justificó ayer la matanza en la Amazonía. Señaló que los indígenas “no son ciudadanos de primera clase” y que, por lo tanto, no tenían ningún derecho a decirle al resto “tú no tienes derecho de venir aquí”. Incluso García advirtió que en el desbloqueo de las carreteras, cada ministro debe asumir su responsabilidad, pues para eso los nombraron y no para que miren a otro lado mientras el Perú se queda sin gas y sin petróleo.
Terminado el acto en Palacio de Gobierno y pese a que no tenía otra actividad en su agenda, sólo atender en privado a la máxima dirigencia aprista, el mandatario voló inmediatamente a Olmos (Lambayeque), donde se encontraba el premier Yehude Simon. Allí ofreció más declaraciones, pero sólo al canal del Estado, donde deploró y lamentó el fallecimiento de los policías, de quienes dijo: “murieron en el cumplimiento de su deber”.
Represión policial termina en baño de sangre con un saldo de 40 muertos entre nativos, pobladores y policías. Pueblos de la selva se sublevan y gobierno decreta toque de queda.
El nororiente peruano estuvo convulsionado todo el día de ayer luego que la policía antimotines desalojó a balazos a miles de nativos y pobladores de Bagua que permanecían en la carretera Fernando Belaunde Terry en señal de protesta por la terquedad del gobierno y sus aliados políticos, Unidad Nacional y el fujimorismo, de no derogar las leyes antiamazónicas.
Por culpa de este desigual encuentro cayeron abatidos unos 15 nativos awajun y 11 pobladores bagüinos, 3 no identificados y también 11 policías de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). También, según informes de la zona, es posible que el número de muertos entre los awajun-wampis aumente.
La violencia estalló en las ciudades de Jaén (Cajamarca), Bagua Grande y Bagua Chica (Amazonas), con enfrentamientos entre la policía y pobladores.
Mientras tanto, en Tarapoto (San Martín), Yurimaguas (Loreto) y en Lima la población identificada con la lucha amazónica salió a las calles y carreteras a protestar y expresar su indignación.
Pasadas las 8 de la noche llegaron a Lima los cuerpos de los 9 policías que murieron ayer, y el gobierno ordenó el toque de queda en las ciudades estremecidas por los acontecimientos de este inolvidable Día del Medioambiente.
La masacre
En la zona conocida como “Curva del Diablo” comenzó, aproximadamente a las 5 de la madrugada de ayer, un operativo policial de desbloqueo, con el apoyo de helicópteros que lanzaron bombas lacrimógenas sobre los indígenas (unos 2,000) y pobladores de Bagua Grande y Bagua Chica solidarios con la protesta amazónica.
Según Darío García Bustamante, uno de los heridos de este enfrentamiento, el primer encuentro contra la policía fue en el sector “Siempre Viva”, a pocos kilómetros de la “Curva del Diablo”, cuando efectivos de la Dinoes lanzaron bombas lacrimógenas contra los indígenas apostados en la carretera. Esto motivó la enérgica reacción de los aguarunas que provistos sólo de lanzas, piedras y palos trataban de ponerse a salvo entre la vegetación de la zona y algunos montículos de tierra.
El operativo policial fue realizado por unos 600 policías armados de la Dinoes y de la Dirección Antidrogas (DINANDRO), que dispararon frontalmente al cuerpo de los manifestantes.
Otro testigo, Alexander Sacay, brazo derecho de Santiago Mauig (representante notable del pueblo indígena), dijo que mientras eran bombardeados desde los helicópteros, algunos francotiradores (policías) les disparaban desde los techos de las casas y edificios.
“En un momento, los ex combatientes del Cenepa trataron de impedir la masacre, pero también fueron repelidos por la policía a balazos, resultando heridos y auxiliados por los manifestantes, quienes trataron de ponerlos a buen recaudo en medio de la Plaza de Armas de Bagua y debajo de la tolva de un camión. Sin embargo, allí perecieron varios de los heridos, entre ellos, un rondero”, indicó Sacay.
Bagua Chica
Indignados ante estos acontecimientos, los habitantes de Bagua Chica salieron a las calles a apoyar a los nativos, pero la policía no cesó su ataque hiriendo gravemente a niños, jóvenes y adultos, quienes inmediatamente fueron traslados a los hospitales de EsSalud y del Lanatta Luján del Ministerio de Salud.
Hasta las 2 de la tarde, los fallecidos en Bagua Chica eran cinco policías, siete aguarunas y tres civiles. Entre los muertos fue identificado el policía Julio César Valera Quilcate (26), natural de La Libertad, quien presentó una perforación de bala cerca de la oreja. También murieron Cernia Severo Wawat, Felipe Sabio Wawas y Abel Ticlia Sánchez (27), natural del centro poblado La Peca.
Mario Linares, de la red de Salud de Bagua, confirmó que entre los heridos estaba el director de Radio Fuego, Javier Santa Cruz, con una bala en la pierna. Denunció, asimismo, el colapso de los centros de salud debido a la falta de medicamentos. La enfermera Teresa Romero dijo que todos los heridos eran de bala “en la cabeza, el brazo y abdomen”.
Los manifestantes incendiaron el local del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PRONAMACHS), las instalaciones del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y las instalaciones de la Subprefectura, el Poder Judicial y una unidad móvil de este organismo del Estado.
La caótica situación fue aprovechada por ladrones que cometieron saqueos en la zona comercial.
El alcalde de la provincia de Bagua, Jaime Vílchez Oblitas, condenó al gobierno central por los actos de violencia que se registran en Jaén, Bagua y Utcubamba. “No supieron manejar la situación, ahora huyen y no afrontan las consecuencias”, señaló.
El burgomaestre lamentó la pérdida de vidas humanas. Dijo que si el presidente de la República Alan García y el premier Yehude Simon hubiesen actuado de manera correcta, ahora no estaríamos lamentando las muertes.
“Es lamentable que el jefe de Estado no haya podido manejar el conflicto propiciado por el reclamo de los aguarunas en protección del medio ambiente”, señaló. Asimismo, lamentó la histeria colectiva que se vive en esa provincia y en otras localidades del nororiente del país.
Bagua Grande
Los actos de mayor violencia ocurrieron en Bagua. En esta provincia más de dos mil aguarunas y ronderos tomaron las calles y el parque principal de la ciudad, quemando el local de la Policía Nacional del Perú, el local del Partido Aprista, la Gobernación y otros establecimientos. Conforme pasaban las horas el temor crecía, debido a que para evitar mayores incendios las autoridades de la provincia decidieron cortar el suministro eléctrico.
Los enfrentamientos se registraron en el sector El Reposo, 4 kilómetros antes de llegar a Utcubamba. En este lugar los manifestantes tomaron por asalto el puesto policial, que dejó como saldo cuatro policías muertos.
Por su parte, el doctor Rodas, del hospital de EsSalud “El Buen Samaritano” de Bagua Grande, informó que tenían en el hospital a siete heridos, entre ellos dos niños heridos de bala como Laydi Montes Gonzáles (7) y a un adolescente de 12 años de edad que trató de salvar a sus hermanitos menores; mientras que en el hospital Santiago Apóstol de Utcubamba se atendían 36 heridos de bala, tres de suma gravedad.
Jaén
A un día de su aniversario, la ciudad de Jaén se vio convulsionada por los actos de violencia. Desde las primeras horas los manifestantes tomaron el cruce Chamaya, interrumpiendo así el tránsito de buses interprovinciales al nororiente peruano.
En esta ciudad, los ánimos se caldearon cuando la policía intentó frenar a los manifestantes que procedieron a quemar el local de la Compañía de Bomberos. Los muertos serían cuatro policías. Mientras tanto, otros cuerpos eran trasladados al cuartel “El Milagro” desconociéndose la intención.
Desaparecen los cuerpos
El representante de la Vicaría de Medio Ambiente Apostólico de Jaén, Nicanor Alvarado, exigió a las autoridades que expliquen urgentemente por qué un grupo de heridos y muertos civiles que dejó la intervención policial en la zona denominada la “Curva del Diablo” está siendo trasladado de manera sospechosa al cuartel “El Milagro”, denunció ante Ideeleradio.
“Aún no hay una relación de personas y las cosas son inciertas, lo único que hemos visto es que los heridos están siendo trasladados al cuartel “El Milagro”, mentiría si digo cuántos son, pero eso es lo que hemos visto. Pido a los organismos internacionales que intervengan y que el Congreso forme inmediatamente una Comisión de Alto Nivel para acabar con esta persecución y muerte de nativos”, demandó.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
:: Según denuncia de estudiantes indígenas
CADÁVERES HABRÍAN SIDO ARROJADOS AL RÍO MARAÑÓN
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.
El Movimiento Estudiantil Indígena, que agrupa a los universitarios indígenas en Lima, rechazó el acto de violencia ocurrido esta mañana en Bagua y expresó su profunda preocupación por estos acontecimientos que consideran fueron provocados por el actual gobierno.
Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.
“Este es un acto lesivo que atenta contra los derechos humanos, que atenta además contra el derecho a la libre información”, afirmó el coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena.
Los jóvenes universitarios indígenas, a través de un pronunciamiento, hicieron también un llamado público a a la sociedad civil y a las partes para que de inmediato reanuden el diálogo para alcanzar la justicia requerida.
Finalmente, ante esta situación solicitan la presencia del Relator de los asuntos Indígenas de las Naciones Unidas y la OEA para que realice una investigación exhaustiva sobre la muerte de indígenas en Bagua.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/06/2009
GARCÍA, A SANGRE FRÍA
Alan García ha vuelto a manchar de sangre sus manos, esas manos que ordenaron la matanza de El Frontón y firmaron en su actual período el decreto que permite a las fuerzas del orden abrir fuego contra civiles y les garantiza impunidad.
Yehude Simon, el secuaz, reveló ayer, en conferencia de prensa, el origen de la tragedia: “Teníamos que imponer el orden y la disciplina”, dijo. Mercedes Cabanillas lo confirmó a Canal N: “Era necesario restablecer el orden”.
Periodistas enviados a Bagua establecen este cronograma: primero, algunos policías emboscan y disparan contra rebeldes; luego, algunos nativos arrojan sus lanzas contra aquellos, y los matan. Después se apoderan de las armas de los caídos y con ellas contraatacan.
Es evidente que la orden de emplear la violencia contra el pueblo amazónico provino de Palacio, con la complicidad de Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, y de Mercedes Cabanillas, ministra del Interior.
A Simon, en días en que era propagandista furioso del MRTA, no le tembló la mano cuando, en una sesión documentada, condenó a muerte a un militante que había llegado a la conclusión de que la lucha del pueblo no iba por la ruta de las armas.
Ahora, Simon, convencido de que el poder no nace del fusil, cree que el fusil nace del poder y que el poder lo puede todo.
En el conflicto hay un problema de fondo: los Decretos Legislativos que, con el fin de aplicar el TLC con Estados Unidos, pisotean intereses del país y de los nativos de la selva.
El ministro del Medio Ambiente se desgañita repitiendo que los nativos pueden ser dueños de tierra superficial, pero no del subsuelo, que es de todos los peruanos.
Pero es evidente que la actividad petrolera puede afectar la propiedad y la vida de los nativos, sobre todo si envenena ríos y arrasa suelos.
Puede, decimos, en un régimen entreguista y corrupto como el actual, bajo el cual se concede todo, sin condiciones, a las transnacionales.
Sabido es que la gran minería y las empresas de hidrocarburos aplican en sus países de origen tecnologías que preservan al máximo el medio ambiente y la biodiversidad. Acá, algunas empresas concesionarias de la selva se declaran dispuestas a negociar con los nativos.
Frente a la matanza desatada por orden de Alan García hay que decir con claridad: estamos gobernados por políticos que no calculan las consecuencias de sus actos.
La selva no es un pueblo joven indefenso. Tampoco es el campo de maniobra de un manípulo de agitadores. Es una región abandonada por siglos, despreciada por las maniobras criollas del Congreso y que no se va a rendir mediante balazos, represión de sus líderes o prisión de Alberto Pizango, dirigente reconocido y admirado por los amazónicos y todo el pueblo.
La selva es inmensa y allí todas las armas resultan cortas.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
Sostiene líder de Aidesep, Alberto Pizango, cuya libertad se ve amenazada por una detención.
EL RESPONSABLE ES EL GOBIERNO
Líder amazónico hace evaluación luego de matanza de nativos y policías.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, responsabilizó ayer al gobierno por las muertes de nativos amazónicos y los policías en Bagua Chica.
Pizango a mediodía de ayer acusó directamente a los efectivos de la Policía y del Ejército de haber asesinado a 25 amazónicos. “Esto es un genocidio. El señor Javier Velásquez (presidente del Congreso) es el culpable por no solucionar ni escuchar las demandas de los pueblos indígenas que salieron a protestar desde el 9 de abril en defensa de la soberanía nacional”, afirmó.
Responsabilizó también al Ejecutivo, principalmente a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por haber ordenado el ataque a los pobladores manifestantes de Bagua. “Las protestas son justas y en 54 días habían sido pacíficas. Ordenaron por la madrugada asesinar vía aérea a los hermanos indígenas”, observó.
“Nosotros hemos sido claros desde un principio: no mandamos, sólo hemos cumplido con el mandato de nuestro pueblo. Los territorios son de la nación”, precisó en relación a los cuestionamientos de liderar las protestas.
Amenazado
Congresistas del Partido Nacionalista informaron ayer que existe una orden de captura contra el líder amazónico Alberto Pizango por supuestamente ser el responsable de las muertes en Bagua.
El abogado Antonio Salazar, del Instituto de Defensa Legal, asumió la defensa de Pizango. “La Fiscalía está en proceso de investigación para determinar si procede la denuncia penal, pero el señor Pizango teme que la presión política acelere ese proceso. En ese caso la orden de captura podría hacerse efectiva en cualquier momento”, afirmó Salazar.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
GENOCIDIO
El día de la matanza de los penales en El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, Alan García salió a las calles a decirle a la gente que no pasaba nada y que no se preocupara. Horas después se conocería que el saldo de la operación tuvo un saldo de 300 muertos.
Tras la indignación por la masacre, dijo: “O se van ellos, o me voy yo”. No se fueron ni los marinos encabezados por Giampietri ni los ministros que lo acompañaron en el genocidio. Salieron apenas algunos oficiales de La Republicana, que pagaron los costos de haber cumplido la orden palaciega.
Meses antes, García había destituido al comandante general de la FAP, César Enrico Praeli, que también fungía de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tras responsabilizarlo de la masacre de Accomarca. Lo cierto era que el general se oponía a su negociado con los aviones Mirage. El principal responsable de la ejecución, Telmo Hurtado, nunca fue separado del Ejército.
En 1988, tras la masacre de Cayara, los principales ministros de García, entre ellos Armando Villanueva, salieron a negar los hechos, pero el fiscal Carlos Escobar logró rescatar unos cuantos testigos, que luego serían ejecutados para no cuestionar la versión oficial. En esas operaciones anduvo Vladimiro Montesinos.
En 1989, tras la masacre de emerretistas en el poblado de Los Molinos, García llegó para respaldar los hechos, en momentos que decenas de pobladores eran detenidos y desaparecidos por miembros del Ejército. Él, no se dio por enterado.
Alan García, pues, tiene amplia experiencia en genocidios. “Ya llegó el momento de abrir las carreteras, de abrir los ríos, y asumir las responsabilidades. Para eso se ha nombrado a los ministros, no para lavarnos las manos", afirmó ayer tras la matanza de los nativos, sin importarle las vidas humanas.
El asesinato de indígenas lo cubre una vez más con sangre peruana, pero esta debe ser su última hazaña. Sus negociados con la selva, el último pulmón de la humanidad, deben terminar con una acusación por delito de genocidio. Y con su destitución del cargo.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
Defensora del Pueblo, Iglesia y defensores de derechos humanos exigen respeto al diálogo y rechazan la violencia.
VOCES DE INDIGNACIÓN
Defensora llama a resolver conflicto de manera pacífica.
DETALLE
El secretario general del Sutep, Hamer Villena, condenó la represión brutal por parte del gobierno contra los pobladores y dirigentes nativos que se encuentran en huelga pidiendo la nulidad de 8 decretos legislativos que atentan contra los derechos del pueblo indígena. Informó que entre los fallecidos se encuentra el dirigente del Sutep Utcubamba, Eleodoro Gonzales.
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y el Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, lamentaron ayer el desenlace violento ocurrido en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande que ocasionó la muerte de civiles y policías.
“La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como las de quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden”, dijo Merino en un pronunciamiento y luego demandó el retorno del diálogo.
“Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo, que nunca debió ser interrumpido, y que debe ser utilizado como la única vía para resolver pacíficamente los conflictos. Invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz”, señaló.
A su vez, Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), envió una carta al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Canto, solicitándole la intervención de este organismo ante las autoridades peruanas a fin de que dispongan medidas inmediatas que permitan el cese de la violencia y restablecer el orden público.
La CNDDHH expresó su preocupación por los sucesos violentos y criticó el uso desproporcionado de la fuerza. “Expresamos nuestra profunda consternación por el número de víctimas. Asimismo, preocupación por la presunta detención de civiles que estarían siendo remitidos a la Base Militar El Milagro”, sostuvo Gamarra.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
REACCIONES
JUICIO PARA GARCÍA
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas informó que impulsará el juzgamiento internacional de García por la represión sangrienta en la Amazonía peruana como respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena.
CRUZ ROJA
La bancada nacionalista presentó una solicitud ante la Comisión Internacional de la Cruz Roja para que intervenga y se eviten mayor caos y vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades nativas.
CONTRA EL GENOCIDIO
La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) condenó enérgicamente el genocidio contra las comunidades nativas y deploró el toque de queda en la selva.
Diario La Primera-Lima 06/06/2009
ANTE DESBORDE DE LA CRISIS, GOBIERNO ENDURECE SU POSICIÓN
BAGUA SE DESANGRA
Autoridades del Gobierno hablan de 14 muertos: 11 policías y 3 nativos. Extraoficialmente se dice que son 25 los lugareños fallecidos. Hospitales no se dieron abasto para atender a más de un centenar de heridos hicieron colapsar varios. Indígenas secuestran a 38 policías que vigilaban la Estación 6 de Petro-Perú. Gobierno declara estado de emergencia y toque de queda en la zona. Presentan denuncia penal contra Alberto Pizango, líder de los nativos
Ver la semana pasada al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y al titular de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, sentados en una mesa instalando una comisión multisectorial que buscaba poner fin a la huelga amazónica parecía indicar que la apuesta por el diálogo favorecería el término de la protesta nativa que ya llevaba casi dos meses.
La jornada de ayer, sin embargo, no solo echó por tierra todo viso de solución al problema, sino que lo agravó más. El desalojo de varios tramos de la carretera Fernando Belaunde que permanecían bloqueados por unos 3.000 nativos, en Amazonas, desató un feroz enfrentamiento entre policías y manifestantes, dejando varios muertos y heridos de los dos grupos. Ello sin contar los saqueos y disturbios producidos en la ciudad de Bagua.
Las operaciones en los sectores de Corral Quemado, Curva del Diablo y Reposo, ubicados en los kilómetros 180, 201 y 207 de la vía Fernando Belaunde, respectivamente, se iniciaron cerca de las 6:30 a.m. En estas participaron 639 agentes, indicaría después desde Lima el director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán. Estos fueron apoyados por miembros del Ejército.
Al ver el accionar de los agentes del orden en Curva del Diablo, manifestantes que se hallaban en cerros aledaños desde la noche anterior comenzaron a arrojarles piedras y objetos contundentes. De pronto, un grupo comenzó a disparar con escopetas y armas de guerra e hirió a numerosos policías, lo que motivó que estos últimos subieran a las lomas para enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Una vez allí, estos fueron atacados por otra agrupación de indígenas que llegó por la parte de abajo. Al tratar de defenderse, los policías también habrían disparado, por lo que el tiroteo produjo una cantidad de heridos que luego fueron trasladados a los hospitales de Bagua y Utcubamba, varios de los cuales no se dieron abasto para atenderlos.
En ese enfrentamiento murieron cinco agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), todos degollados y por heridas causadas con lanzas y disparos de escopeta de calibre 12. Sus cuerpos fueron lanzados al precipicio, de donde luego serían recuperados.
En tanto, en Reposo, murieron dos indígenas. En este lugar también se quemó un vehículo de los bomberos, una ambulancia y la camioneta de la fiscalía de Utcubamba.
Según la Aidesep, los indígenas fueron atacados inopinadamente por los policías, que les dispararon ráfagas incluso desde cuatro helicópteros.
Fue al mediodía que se logró despejar por completo la mencionada vía. Otros cuatro policías perdieron la vida en diferentes tramos de la carretera con ese cometido. Al cierre de esta edición, dos agentes se encontraban desaparecidos.
Desde Lambayeque, el presidente de la República, Alan García, responsabilizó de lo sucedido a “los seudodirigentes” de las comunidades nativas que incentivan la violencia. En el Congreso, en Lima, la oposición pedía una sesión plenaria para tratar la derogatoria de los decretos legislativos por los que protestan los nativos. Pizango, por su parte, daba conferencias de prensa en Lima.
A ello se suma que mientras decenas de heridos eran atendidos en hospitales de Utcubamba y Bagua, en esta última ciudad turbas de manifestantes atacaron y saquearon diversos locales públicos como el Módulo Básico de Justicia, la Gobernación, la oficina del Ministerio Público, así como los locales del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entre otros. Para repeler los ataques, policías lanzaron bombas lacrimógenas en varias zonas de esa urbe.
Varios pobladores fueron detenidos. Aunque no se sabe con precisión cuántos se hallan en Bagua, se conoce que 19 fueron llevados a Chiclayo.
CIFRAS ENCONTRADAS
Al llegar la noche, el primer ministro dio las lamentables primeras cifras oficiales de la jornada: 11 policías muertos (dos de ellos desaparecidos), 3 nativos fallecidos, 109 heridos — entre ellos cinco agentes del orden en estado de gravedad—- y 36 detenidos.
La cifra de muertos, anunciada en una conferencia de prensa a la que asistieron casi todos los ministros, contradice las versiones de indígenas que afirman que más de 20 nativos fallecieron. Y también la de los heridos, pues desde Bagua se informa que son más de 140.
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, anunció la implantación del toque de queda en varias localidades de Amazonas en las que hay tensión. Al cierre de esta edición, se conoció que patrullas del Ejército rondaban Bagua.
Diario El Comercio-Lima 06/06/2009
MINISTROS DESLINDAN RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Premier Yehude Simon y ministra cabanillas descartan renunciar a sus cargos. Titular de Justicia Rosario Fernández pide al Poder Judicial que ordene captura de Alberto Pizango.
Francesca García.
El primer ministro, Yehude Simon, acompañado de la mayor parte de su gabinete, deslindó cualquier responsabilidad del gobierno en los hechos de violencia acontecidos en la provincia de Bagua, pues aseguró que se insistió ‘hasta la saciedad’ en el diálogo con los nativos.
En ese sentido, Simon responsabilizó al líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, de incitar la violencia, de haber engañado al gobierno y a los pueblos amazónicos.
“El gobierno ha actuado como tenía que actuar un gobierno democrático, con respeto a la Constitución y para poner orden y disciplina en este país”, argumentó.
Por lo cual el titular de la PCM dijo que según cifras oficiales el saldo es de 11 efectivos policiales y 3 nativos muertos y una cantidad aproximada de 116 heridos.
Reiteró que la respuesta del gobierno pretendió hacer frente a las acciones de “un grupo de malos peruanos que estaban complotando contra la democracia y el país”.
“Estaban utilizando la causa de los nativos, que es una causa que a todos nos interesa, tratando de confundir a la opinión pública”, agregó Simon, quien no descartó que Alberto Pizango tenga el soporte de grupos políticos dentro y fuera del país.
Asimismo, Simon rechazó las declaraciones del ex presidente Alejandro Toledo, al considerar que este actúa ‘oportunistamente’; mientras la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo que antes de criticar, primero debería ‘limpiar su conciencia’.
NO RENUNCIARÁN
Consultados al respecto, tanto el presidente del Consejo de Ministros, como la ministra Mercedes Cabanillas descartaron la renuncia a sus respectivos cargos.
“¿A título de qué voy a renunciar?, indicó Cabanillas. “No se renuncia en momentos difíciles, eso sería cobarde”, dijo Simon.
Por su parte, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, exhortó al Poder Judicial a actuar ‘a la altura de las circunstancias’ y acelerar la orden de captura de Pizango.
“La sensación de impunidad nos hace mal a todos”, dijo.
Diario La República-Lima 06/06/2009
UN GOBIERNO EN LA CURVA DEL DIABLO
La más grave crisis social de Alan García.
Los que empujaron al gobierno a ‘resolver’ la crisis amazónica con un acto de fuerza que fuera ‘ejercicio de autoridad’, ya deben estar satisfechos por el desenlace sangriento en Bagua, pero la verdad es que ayer fue un día lamentable para el país que, además, significó la crisis social más grave del gobierno de Alan García y que, sin duda, perfilará los dos años que le quedan.
Las tres decenas de muertes contadas al cierre de esta columna, entre policías y pobladores, significan el fracaso de la política, de la sensatez, del diálogo y de la negociación como mecanismos de solución de las diferencias; y el triunfo de la intolerancia, de la prepotencia, de las balas y de la muerte.
Ambos lados del conflicto carecieron de prudencia para manejar el conflicto: las comunidades nativas radicalizándose peligrosamente a medida que el Ejecutivo y el Legislativo se peloteaban el problema con irresponsabilidad criminal.
El país ha estado sometido a una tensión creciente por una movilización social en la Amazonía debido a unos decretos bien intencionados pero que nacieron heridos de muerte, pues se promulgaron sin ningún tipo de consulta o acercamiento con las organizaciones que representan a sus comunidades.
La otra tensión estuvo en el presidente García. Unos reclamaban “resolver” este problema de chunchos, curas rojimios y ONG perversas con balas para que el gobierno no pareciera un timorato. Otros, sugerían que tantos años de desconfianza acumulada por un sentimiento profundo de desprecio ancestral no se podían solucionar con una cowboyada sangrienta.
El gobierno manejó el problema con dualidad: establecía mesas de diálogo pero abría juicios a los dirigentes y enviaba a APCI a perseguirlos. Al final, ganó la opción violenta, enfatizando de ese modo la arrogancia con que se conduce el gobierno y su convicción errada de que el único diálogo fructífero es con la inversión privada; con el resto, es decir, con los ‘perros del hortelano’, cree que pierde el tiempo.
Ahora, para justificar lo sucedido ayer, el gobierno acusa a los nativos de “politiquería radicaloide de grupos violentistas vinculados al terrorismo” y de ser “administradores de dinero mal habido” y agentes de “intereses internacionales” vinculados al petróleo que no quieren que se exploten los recursos de la Amazonía ni que el Perú progrese (¿Hugo Chávez?).
Son acusaciones que el gobierno debería probar pues, mientras, la única constatación es su incapacidad notoria para enfrentar un problema complejo como el de la Amazonía. Bloquear carreteras es, sin duda, un delito. Pero también debiera serlo el comportamiento indolente del burócrata de Lima que no hace nada hasta que explota la bomba de tiempo.
Diario La República-Lima 06/06/2009
EN LA SELVA SÍ HAY ESTRELLAS
Por Alberto Adrianzén M. (*)
En nuestro país la política corre el peligro de convertirse en una mofa permanente, en una suerte de mueca burlona, en una gran mecedora. Porque eso es lo que estamos viviendo en estos días cuando se observa lo que sucede con la protesta amazónica.
Cuando las comunidades indígenas de la amazonía le demandaron al Ejecutivo que derogara varios DL, entre los cuales destaca el 1090, así como la Ley Forestal y de Fauna, se les dijo que no se podía porque eso correspondía al Legislativo que era un poder autónomo. Luego, el Ejecutivo los invitó, cosa que accedieron, a participar en una Mesa de Diálogo.
El jueves pasado una mayoría de congresistas, integrada por el APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, decidieron suspender el debate en el Pleno sobre el DL 1090 argumentando que esperaban los resultados de la Mesa de Diálogo integrada por el Ejecutivo y las comunidades nativas. La burla no puede ser más grotesca: cuando los amazónicos le piden al Ejecutivo que derogue dichas normas legales, este les dice que vayan al Congreso, y cuando van al Congreso, este les dice que vayan al Ejecutivo. Lo que queda claro de este juego es que ni el Ejecutivo ni la mayoría en el Congreso, están dispuestos a encontrar una solución pactada a las demandas de los indígenas amazónicos.
Estos hechos, a los que se suman la declaratoria del Estado de Emergencia en varias provincias de nuestra amazonía y las proclamas en algunos medios pidiendo una represión indiscriminada, demuestran que hay conflictos, como el amazónico, cuya solución requiere de un cambio de la correlación de fuerzas. Por lo tanto, no estamos frente a un conflicto “normal” sino más bien frente a otro que tiene como característica principal cambiar el status quo. Por eso, para el gobierno los indígenas amazónicos son enemigos (y no adversarios) y, por ello, deben ser derrotados políticamente.
Ello es así porque las demandas de los pueblos amazónicos afectan el corazón del modelo económico neoliberal al intentar frenar el proceso de desnacionalización de nuestra economía, pero sobre todo la entrega de nuestros recursos naturales a los grandes grupos capitalistas. Es una demanda que si bien parte de la defensa de intereses locales, se convierte, por su contenido, en un conflicto de naturaleza nacional. Dicho de otra manera, hoy los indígenas amazónicos representan a todos aquellos que están en contra de un modelo económico privatizador que beneficia a pocos, pero también en contra de una democracia que ha sido privatizada por unos cuantos.
Ahora bien, si se acepta lo dicho hasta aquí, es decir, si reconocemos que estamos frente a un conflicto atípico, también debemos aceptar que lo más probable es que su solución, sea cual fuere el resultado, implique una gran convulsión social. Por eso no nos debe extrañar que el presidente Alan García haya dicho recientemente que “no cederá más” y que “implantará el orden” en esa zona del país. En este contexto, lo más factible es que el gobierno haya tomado la decisión, luego de pelotear, como se dice comúnmente, a las comunidades amazónicas, de reprimir la protesta social sin importar el costo que ello pueda significar o representar.
Si eso sucede, habremos llegado a un nuevo punto de inflexión que definirá, entre otros temas, el clima político de las próximas elecciones. El anuncio es claro: no se tolerará a todos aquellos que desafíen el modelo económico neoliberal. Es, en última instancia, el despliegue de una política autoritaria que reforzará la alianza con el fujimorismo y con la derecha más reaccionaria de este país. Será el suicidio político del APRA, del gobierno y de la propia democracia.
CODA
Este artículo lo terminé de redactar el jueves en la noche. El viernes, una llamada telefónica muy temprana, me informaba de la gravedad del conflicto y de un número de muertos que, conforme pasan las horas, va en aumento. También ese mismo día, El Comercio tituló en primera plana: “Humalismo incentiva crisis en la selva”. El círculo se ha cerrado. La masacre de Bagua, que es responsabilidad de este gobierno y del Congreso, tiene otros responsables para ese diario: el nacionalismo, el indigenismo y la izquierda. En realidad, lo que hoy se vive en la amazonía es el mensaje más claro de que los opositores al gobierno y al modelo neoliberal serán tratados con la misma dureza como sucede hoy con los pueblos amazónicos. La “guerra civil política” se ha iniciado en el país y el lugar ha sido Bagua.
Finalmente, tiene razón el presidente García cuando dice que “detrás del paro hay intereses extranjeros”. Sin embargo, hay que precisarle que esos intereses no son los de gobiernos extranjeros como pretende hacernos creer, sino más bien los de las grandes compañías transnacionales a las que él representa en este país.
Diario La República-Lima 06/06/2009
“TODA LA NACIÓN” SON ELLOS Y NO NOSOTROS
Por Humberto Campodónico
La violencia y las muertes de ayer en Bagua son el producto de la voluntad del gobierno de Alan García de completar la “reforma incompleta” por la que tanto han clamado los neoliberales. La última vez que un gobierno estuvo a punto de desencadenar similares actos de violencia fue en Arequipa, en junio de 2002, cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra la privatización de Egasa y Egesur.
Entonces, la mesura del gobierno de Toledo, que desistió de las privatizaciones, impidió el enfrentamiento violento. Por ello, la derecha lo acusó de “blandengue”. Dicho esto, ciertamente el gobierno de Toledo no cambió el curso general de la política económica durante el resto de su gestión.
En las elecciones del 2006, la mayoría de la población estaba a favor del “cambio”, lo que no era novedad pues ese es el curso que, en general, estaba recorriendo el conjunto de América Latina. Así, al asumir el poder, el gobierno de García contaba con la legitimidad para buscar un nuevo equilibrio en las relaciones entre mercado y Estado.
Pero eso no sucedió. Por el contrario, el gobierno abrazó por completo el discurso neoliberal. Como dijo ayer en un editorial Fernando Eguren, director de La Revista Agraria de CEPES, “no podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano” de octubre del 2007” (www.cepes.org.pe).
Esto dijo García en ese –hoy tristemente célebre– manifiesto, lo que también nos recuerda Eguren: “Hay millones de hectáreas (has) para madera que están ociosas, otros millones de has que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de has de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”
“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir. Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.
“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200,000 has en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10,000 has y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas. Porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador” (El perro del hortelano, octubre 2007).
Queda claro que para García “poner en valor” esas tierras no puede realizarse por los comuneros o los amazónicos “que no tienen un centavo”. Con el argumento de que esos recursos son “de toda la Nación”, se esconde la intención de entregarlos a grandes inversionistas para que los exploten en beneficio de sus empresas, como viene sucediendo con las concesiones mineras y petroleras, y no de la Nación.
Lo sucedido vuelve a demostrar que la aplicación del modelo neoliberal es indesligable del autoritarismo y la violencia. Recordemos que estos decretos legislativos fueron promulgados en junio pasado para “adecuarse a las condiciones del TLC con EEUU” y no fueron consultados a las comunidades amazónicas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT (ver “El gobierno no cumple la ley”, www.cristaldemira.com, 16/5/09). El derramamiento de sangre dice que el gobierno ha sido incapaz de canalizar el conflicto por la vía pacífica, pues considera a los indígenas amazónicos como “ciudadanos de cuarta categoría”. La defensa de los intereses “de ellos” está llevando a niveles de fractura y polarización que solo pueden ser detenidos con el diálogo. Otro Premier, ya no Yehude Simon, tiene que hacerlo a la brevedad.
Diario La República-Lima 06/06/2009
VACACIONES FORZADAS EN DOE RUN
Empresa suspenderá labores por 90 días. Trabajadores salen en protesta. Medida buscaría presionar al Ejecutivo para ampliar el PAMA, advierten especialistas.
Omar Mariluz
Se agudiza la situación. Al escenario de inestabilidad que se vive en La Oroya a causa de la paralización del 100% de las operaciones de la empresa Doe Run Perú (DRP), ayer se le sumó la suspensión de las labores por 90 días de los más de 3,500 trabajadores con los que cuenta el complejo metalúrgico.
Luis Castillo, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, informó a La República que ayer en horas de la mañana funcionarios de Doe Run comunicaron a los trabajadores que desde el viernes 15 de este mes se suspenderán las labores en toda la empresa por tres meses.
Ante ello, las movilizaciones no se hicieron esperar, y al igual que el último jueves, ayer más de cinco mil personas tomaron la Carretera Central de La Oroya para exigir la intervención del gobierno.
Sin embargo, el Ministro de Trabajo, Jorge Villasante, señaló que el gobierno “ya hizo lo que tenía que hacer” y exhortó a DRP a cumplir con los compromisos asumidos.
“PAMA no debe ampliarse”
El ministro Villasante aseguró que su cartera hará un seguimiento al caso Doe Run a fin de que no se afecten los derechos de los trabajadores y, en todo caso, adoptará las medidas preventivas para garantizar esos derechos. “Vamos a ver cómo procurar que el cierre temporal de Doe Run genere el menor daño posible a los trabajadores”, dijo.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Red Muqui, Ana Leyva, no descartó que la paralización de operaciones y suspensión temporal de los trabajadores sea una estrategia de Doe Run para ejercer presión sobre el Ejecutivo y lograr la prórroga del PAMA, que debe cumplir antes del 31 de octubre. Aunque tales presiones no habrían causado efecto en el Ejecutivo, pues según comentó una fuente del Ministerio de Energía y Minas ya se habría descartado totalmente esta posibilidad.
:: Denuncian que policía tiene detenidas a 35 personas en la carretera y están impedidas de recibir agua y alimentos
ALCALDES, DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PARROQUIAS DE JAÉN VIAJAN A LA ZONA DEL CONFLICTO
El alcalde de la provincia cajamarquina de Jaén, Jaime Vílchez, así como los representantes de la Defensoría del Pueblo y los párrocos, se trasladaron hasta el sector de Siempre Viva para seguir apoyando a la población indígena, informó el director de Radio Visión, de Jaén, Ismael Burga.
Burga detalló que en medio de las refriegas con la policía, varios nativos fueron violentamente golpeados y trasladados con marrocas hasta Jaén, y que incluso vieron a un policía muerto por herida de bala.
Se recuerda que desde que se inició el paro, las parroquias de Bagua, Utcubamba y Jaen se pusieron de pie para apoyar el diálogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas. Entre tanto, el párroco de Jaén está intermediando con las autoridades policiales para que se abra el paso en la carretera bloqueada.
El sacerdote explicó, sin embargo, que un coronel de la policía en la zona explicó que él cumplía órdenes, y que las autoridades habían ordenado el desalojo total de los nativos.
El periodista de Radio Visión precisó, en diálogo con la CNR, que hasta el momento los nativos siguen siendo perseguidos por la policía en los cerros, y los párrocos siguen atendiendo los heridos. Lo propio hace el alcalde de Jaén.
Por otro lado, Edgar Calle, del Vicariato de San Francisco Javier, quien presenció los hechos desde un cerro cercano, informó a la CNR que la policía tiene al menos 35 detenidos. Estos indígenas se encuentran, según describe el religioso, tumbados boca a abajo en la carretera y las fuerzas policiales han impedido a los eclesiásticos poder darles agua.
Edgar Calle informó que una comisión integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, de autoridades locales y de la Iglesia quiso viajar a la zona desde El Reposo, a 4 km. de la Curva del Diablo, pero la policía no les permitió el paso y les amenazó con "meterles bala".
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 05/06/2009
:: Sin embargo denunció presiones por parte del Poder Ejecutivo
VILLA STEIN CONFIRMA ORDEN DE ARRESTO CONTRA PIZANGO
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein confirmó la orden de arresto emitida esta mañana, contra Alberto Pizango presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), por su supuesta responsabilidad en los hechos producidas en la víspera en Bagua.
Sin embargo, Villa Stein denunció que existieron presiones por parte del ministerio de Justicia, para que en un tiempo récord se estableciera la orden de detención sin que existiera un expediente consistente que amerite la detención.
En declaraciones a una emisora local, el titular del Poder Judicial, aseguró que "hemos actuado en el marco del debido proceso (...) la denuncia de la procuraduría del ministerio de Justicia, llegó al Ministerio Público el 15 de mayo y hasta ayer a las 4 y 30 de la tarde, no teníamos ningún conocimiento de la misma".
Villa Stein manifestó que según la denuncia del ministerio de Justicia, fechada el 15 de mayo, no se le podía atribuir a Pizango Chota la responsabilidad por hechos producidos ayer.
Así mismo el magistrado aseguró que nadie puede presionar a su institución para que actúe en cuestión de minutos, sin un legajo adecuado, con pruebas suficientes y más aun "no podíamos arrestar de manera autoritaria a una persona que supuestamente era reconocida como un interlocutor válido en un diálogo con el gobierno".
Villa Stein rechazó las declaraciones de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien en conferencia de prensa, denunció que "el señor Pizango debe tener muchas influencias en el Poder Judicial para que no lo hayan arrestado ya".
Ante esto, el máximo representante del Poder Judicial, rechazó estas declaraciones de Cabanillas y señaló que su institución no es influenciable ni mucho menos actuará en contra de la ley.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 05/06/2009ALCALDES, DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PARROQUIAS DE JAÉN VIAJAN A LA ZONA DEL CONFLICTO
El alcalde de la provincia cajamarquina de Jaén, Jaime Vílchez, así como los representantes de la Defensoría del Pueblo y los párrocos, se trasladaron hasta el sector de Siempre Viva para seguir apoyando a la población indígena, informó el director de Radio Visión, de Jaén, Ismael Burga.
Burga detalló que en medio de las refriegas con la policía, varios nativos fueron violentamente golpeados y trasladados con marrocas hasta Jaén, y que incluso vieron a un policía muerto por herida de bala.
Se recuerda que desde que se inició el paro, las parroquias de Bagua, Utcubamba y Jaen se pusieron de pie para apoyar el diálogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas. Entre tanto, el párroco de Jaén está intermediando con las autoridades policiales para que se abra el paso en la carretera bloqueada.
El sacerdote explicó, sin embargo, que un coronel de la policía en la zona explicó que él cumplía órdenes, y que las autoridades habían ordenado el desalojo total de los nativos.
El periodista de Radio Visión precisó, en diálogo con la CNR, que hasta el momento los nativos siguen siendo perseguidos por la policía en los cerros, y los párrocos siguen atendiendo los heridos. Lo propio hace el alcalde de Jaén.
Por otro lado, Edgar Calle, del Vicariato de San Francisco Javier, quien presenció los hechos desde un cerro cercano, informó a la CNR que la policía tiene al menos 35 detenidos. Estos indígenas se encuentran, según describe el religioso, tumbados boca a abajo en la carretera y las fuerzas policiales han impedido a los eclesiásticos poder darles agua.
Edgar Calle informó que una comisión integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, de autoridades locales y de la Iglesia quiso viajar a la zona desde El Reposo, a 4 km. de la Curva del Diablo, pero la policía no les permitió el paso y les amenazó con "meterles bala".
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 05/06/2009
:: Sin embargo denunció presiones por parte del Poder Ejecutivo
VILLA STEIN CONFIRMA ORDEN DE ARRESTO CONTRA PIZANGO
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein confirmó la orden de arresto emitida esta mañana, contra Alberto Pizango presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), por su supuesta responsabilidad en los hechos producidas en la víspera en Bagua.
Sin embargo, Villa Stein denunció que existieron presiones por parte del ministerio de Justicia, para que en un tiempo récord se estableciera la orden de detención sin que existiera un expediente consistente que amerite la detención.
En declaraciones a una emisora local, el titular del Poder Judicial, aseguró que "hemos actuado en el marco del debido proceso (...) la denuncia de la procuraduría del ministerio de Justicia, llegó al Ministerio Público el 15 de mayo y hasta ayer a las 4 y 30 de la tarde, no teníamos ningún conocimiento de la misma".
Villa Stein manifestó que según la denuncia del ministerio de Justicia, fechada el 15 de mayo, no se le podía atribuir a Pizango Chota la responsabilidad por hechos producidos ayer.
Así mismo el magistrado aseguró que nadie puede presionar a su institución para que actúe en cuestión de minutos, sin un legajo adecuado, con pruebas suficientes y más aun "no podíamos arrestar de manera autoritaria a una persona que supuestamente era reconocida como un interlocutor válido en un diálogo con el gobierno".
Villa Stein rechazó las declaraciones de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien en conferencia de prensa, denunció que "el señor Pizango debe tener muchas influencias en el Poder Judicial para que no lo hayan arrestado ya".
Ante esto, el máximo representante del Poder Judicial, rechazó estas declaraciones de Cabanillas y señaló que su institución no es influenciable ni mucho menos actuará en contra de la ley.