TENÍA MERCURIO Y PLOMO EN EL ORGANISMO
Los exámenes realizados por el Servicio de Toxicología Forense del Instituto Medicina Legal, señalan que Vicente Zárate Minchán, fallecido alcalde de Choropampa, tenía en su organismo concentraciones de mercurio y plomo.
El dictamen pericial No. 2008-002051715 muestra que Zárate tenía 2,5 de mercurio en el riñón. 1,5 de mercurio en la muestra de cabellos. Además, 2,5 de plomo en la muestra de cabellos. El examen fue realizado el 26 de noviembre del 2008.
Los análisis están firmados por los químicos farmacéuticos forenses Henry Mortellanos Cabrera y Ernesto Ávalos Cordero, visado por la subgerente del Instituto de Medicina Legal, Judith Maguiña Romero.
Estos documentos fueron recibidos por el Ministerio Público de Chiclayo, a través de la División Médico Legal el 19 de diciembre del 2008.
Muchas fuentes buscaron negar la posibilidad de presencia de mercurio en el organismo del alcalde. Ahora se sabe que sí era verdad, que Zárate estaba envenado por metales pesados.
Zárate, de 34 años, falleció intempestivamente el domingo 9 de noviembre del 2009. Refieren sus familiares que presentaba adormecimiento de las extremidades, por lo que acudía constantemente a la posta de Choropampa, pero nada se pudo hacer por recobrar su salud.
El viernes 7 de noviembre fue trasladado a la ciudad de Cajamarca, sus familiares solicitaron el apoyo de PACIFICO SUR, la aseguradora de Minera Yanacocha encargada de atender a los afectados por 151 kilogramos de mercurio derramado el 2 de junio del 2000, PACIFICO se negó apoyar, el ciudadano fue hospitalizado en al área de emergencia del Hospital Regional, donde el parte médico indica Síndrome de Guillain Barré.
Ante este diagnóstico fue evacuado de emergencia al hospital Almanzor Aguinaga del Seguro Social en la ciudad de Chiclayo, donde falleció. La necropsia indica “Congestión y edema encefálico y visceral”.
El miércoles 12 de noviembre del 2008, con la asistencia de aproximadamente 500 personas se realizó la misa de cuerpo presente y sepelio del joven alcalde de Choropampa Vicente Zárate Minchán.
Diario Panorama Cajamarquino-16/06/2009
CHOROPAMPA EXIGE 80% DE INDEMNIZACIÓN OTORGADA POR CORTE DE DENVER
El actual alcalde de Choropampa, Graciano Carbajal Saldaña, ha presentado ante el Concejo Provincial un memorial en el cual pide el 80% de la indemnización otorgada por las cortes de Denver en el caso de derrame de mercurio.
Ese dinero sería destinado, refiere Carvajal Saldaña, a realizar obras para preservar y velar por la salud de la población. Nuestra propuesta es la construcción de un mini hospital en la zona.
Pedimos la implementación de los servicios médicos para atender los casos de personas contaminadas. En Choropampa hay más afectados por el derrame de mercurio que en San Juan y Magdalena, reitera.
Se ha presentado junto con el memorial y las más de doscientas firmas que respaldan este pedido, los documentos que señalan que la contaminación por metales pesados ha causado la muerte del ex alcalde de Choropampa, Vicente Zárate Minchán.
El fallo de los tribunales de Denver implica recibir tres millones de dólares americanos como indemnización por el derrame de mercurio que ocasionara la empresa minera Yanacocha el 2 de junio del 2000 en las jurisdicciones de San Juan, Magdalena y Choropampa.
Este dinero fue aceptado en sesión extraordinaria de Concejo Provincial, el pasado 27 de mayo.
Gabriel Larrieu Bellido, integrante del buffet de abogados PODHURST ORSECK P.A; firma que representa a la MPC en el juicio contra minera Yanacocha por el derrame de mercurio sustento de la decisión de entregar 3 millones de dólares americanos como indemnización por este caso.
Los acuerdos
Después del derrame de mercurio en San Juan, Magdalena y San Sebastián de Choropampa por parte de la empresa minera Yanacocha, los alcaldes de esas jurisdicciones en ese entonces, aceptaron el monto de un millón 200 mil dólares americanos como reparación civil por los daños causados.
La firma de este convenio se realizó el 14 de agosto del 2000. Por parte de los municipios afectados, firmaron los integrantes de los concejos (Parte indemnizada). Por parte de la empresa minera, Carlos Santa Cruz Bendezú, en su condición de representante del Gerente de Minera Yanacocha S.R.L. Newmont Perú Limited, Perú Branch (el indemnizador).
A consecuencia de esta firma de acuerdo extrajudicial, avalado por notario público, es que la demanda interpuesta por la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la Corte de Justicia de Denver (estado de Colorado - Estados Unidos) carece de respaldo, y sólo se ha podido obtener en el mejor de los casos, tres millones de dólares americanos como indemnización.
Primero rechazaron ese dinero
Es bueno recordar que el 17 de marzo del 2009, los pueblos de Choropampa, Magdalena, San Juan expresaron que “esa forma de indemnización aceptada, de ninguna manera cubría los daños humanos y ambientales que se había provocado, no se hizo sobre ninguna base técnica que valorara el real daño ocasionado.
“Además analizando este Acuerdo Extrajudicial nos percatamos que el mismo tiene la intención de provocar engaño e inducir error en la parte indemnizada y que además el fin era transar sobre derechos indisponibles de la población, como es la salud, el derecho a la vida y el daño ecológico, todo lo cual lo hace un acuerdo NULO.
“Rechazamos por ello todo tipo de intento de valorar este acuerdo y tomarlo como referencia para evitar una Indemnización adecuada por el daño causado. Hacemos por ello un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales escuchen el clamor de los pueblos afectados por el derrame de Mercurio y no se reciba una suma de dinero ínfima como reparación del daño causado a cambio; además de asegurar la impunidad de Yanacocha en este terrible desastre ecológico”.
Diario Panorama Cajamarquino-16/06/2009
Preocupado por matanzas de nativos y policías en la selva. Atiende casos de derechos humanos.
LLEGA RELATOR DE LA ONU
James J. Lenoir arriba a Lima preocupado por las muertes de la selva.
El anuncio de remitir al Congreso un proyecto para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, formulado por el casi ex premier Yehude Simon, coincide con la llegada prevista para hoy del relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James J. Lenoir Anaya, cuya visita la confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde.
El ilustre visitante expresó la semana pasada su más profunda preocupación por los hechos de sangre y violencia ocurridos en la selva, que trajeron como corolario la muerte de más de 30 personas entre policías y nativos, y manifestó su deseo de visitar el Perú.
El canciller dijo que la presencia en el Perú del profesor Lenoir Anaya es por invitación del gobierno, y que su apreciación sobre el conflicto de la selva será muy importante para el Perú.
“El Ejecutivo ha invitado al relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, profesor James J. Lenoir Anaya”, aseguró el jefe de la diplomacia peruana.
En marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró a Lenoir Anaya como relator especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. Lenoir Anaya es catedrático en la facultad de derecho de la universidad de Arizona, en Estados Unidos.
Diario La Primera-Lima 16/06/2009
SIMON ACEPTÓ DEROGAR LEYES 1064 Y 1090 A PEDIDO DE APUS SELVÁTICOS
Primer ministro suscribió acuerdo con jefes nativos de selva central. Primer ministro demanda al Congreso apoyar la anulación de las conflictivas normas para restablecer la paz en territorio amazónico.
Elízabeth Prado, enviada especial.
San Ramón, Junín. Los Apus, las principales autoridades de las comunidades indígenas de la selva central, lograron que el primer ministro Yehude Simon suscribiera un acta de entendimiento en la que el Ejecutivo se compromete a derogar las “leyes de la selva” 1064 y 1090.
Los doce Apus de las comunidades indígenas de las regiones de Pasco, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios presentaron sus demandas resumidas en seis puntos, empezando por la anulación de los mencionados decretos legislativos.
Una hora después de la exposición de los Apus, el primer ministro Yehude Simon, quien se desplazó hasta esta localidad acompañado de los ministros de Ambiente, Antonio Brack; Salud, Óscar Ugarte; y de Agricultura, Carlos Leyton, solicitó un receso para analizar la solicitud de los indígenas.
Al volver a la reunión, Simon anunció que el pedido de derogatoria se oficializaría hoy martes en la Presidencia del Consejo de Ministros, cuando se eleve la solicitud al Congreso de la República.
Acta de compromiso
“Este es un acuerdo por la paz y por la vida”, dijo Yehude Simon: “Entiendo que los congresistas pueden estar mortificados, pero entiendo que ellos quieren lo mismo que nosotros. Les pido a los señores congresistas que nos entiendan, que nos apoyen, no a nosotros como personas, sino al Perú”.
Aparte de la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090, antes del jueves 18 de junio, el resto del paquete de leyes rechazado por la población nativa se discutirá en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se instalará, por iniciativa del Ejecutivo, hoy martes a las seis de la tarde.
El grupo estará integrado por los representantes de las comunidades indígenas, del Ejecutivo, de los gobiernos regionales amazónicos y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que en un principio no estuvo considerada.
El Ejecutivo afirma, igualmente, que el gobierno está dispuesto a levantar el estado de emergencia en Bagua apenas se deroguen los decretos legislativos cuestionados, y los pueblos indígenas levanten la toma de carreteras.
Otros puntos del Acta de Entendimiento entre los Pueblos Indígenas de la Selva Central y el gobierno se refieren al estudio de los mecanismos de consulta establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este mismo grupo de trabajo se encargará de observar la conveniencia o no de llevar adelante el proyecto Paquizapango, en la Selva Central.
En cuanto a los trabajos que desarrolla Foncodes en las comunidades indígenas, el Ejecutivo se compromete a garantizar que éstos se ejecuten con la participación de las etnias locales.
El grupo de trabajo, asimismo, elaborará una agenda conjunta con los pueblos indígenas para impedir la depredación de la Amazonía.
Lo que pide el ejecutivo
Además, se acordó asumir la atención de los heridos durante los actos de violencia ocurridos en Bagua. Ante la aprobación por el Ejecutivo de todas las demandas presentadas por los Apus de las comunidades indígenas de la Selva Central, Yehude Simon les solicitó que dejen sin efecto la toma de la carretera La Merced-Pedregal, en el puente Bucará, Chanchamayo.
En ese momento se produjo una suerte de negociación, de tira y afloja. Uno de los dirigentes indígenas, Lidia Rengifo, dijo que no podían levantar la medida mientras el Acta de Entendimiento no estuviera encaminada. En tanto, podrían abrir la vía bloqueada durante dos horas al día. El primer ministro propuso seis horas. Rengifo ofertó tres. Finalmente se acordó la apertura de esta importante vía por el lapso de cuatro horas. Dos en la mañana y dos en la tarde.
Rengifo también demandó que en el grupo de trabajo de hoy estén presentes sus dirigentes nacionales de Aidesep. Con este acto, el gobierno retrocedió y se restableció el diálogo.
Claves
Mazamari. En esta localidad de Satipo, el primer ministro Yehude Simon sostuvo otra reunión con los Apus de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). Los dirigentes también exigieron la derogatoria de las “leyes de la selva”. Reclamos. La Conapa reclamó que el Estado asuma el pago a los profesores bilingües, que es costeado por las propias comunidades indígenas.
UN y AF acusan al gobierno de haber sido débil
Las bancadas de Unidad Nacional y Alianza Fujimorista, que secundaron al Apra en su decisión de suspender indefinidamente y no derogar los DL 1090 y 1064, arremetieron contra el gobierno ante el anuncio del premier Yehude Simon de enviar un proyecto para la anulación de las referidas normas.
“Debilidad, falta de pantalones, seguirles el juego a sectores radicales, querer lavarse la cara”, fueron algunas interpretaciones que legisladores como Martín Pérez, Raúl Castro o Luis Galarreta (UN) dieron al proceder del premier. Los parlamentarios recordaron que Simon participó en la cita de la semana pasada en la casa de la lideresa de UN Lourdes Flores, en la cual se acordó la suspensión de los DL 1090 y 1064. Aunque indicaron que todavía no habían tomado una decisión de bancada respecto a la propuesta del Ejecutivo, ellos dijeron que votarán en contra.
Los legisladores oficialistas se mostraron esquivos, pero César Zumaeta trató de justificar la marcha atrás del gobierno “porque esta decisión ayuda a la concordia nacional y a tener un diálogo sostenido con los verdaderos líderes indígenas”. ¿Esta medida no significa aceptar que el gobierno se equivocó? se le inquirió, y Zumaeta debió admitir que no podía responder esa pregunta.
Tras la sesión plenaria de ayer, la Célula Parlamentaria Aprista se reunió con el Jefe del Estado en Palacio de Gobierno para discutir el tema.
Diario La República-Lima 16/06/2009
A PESAR DE PROMESA DEL EJECUTIVO PROTESTAS NO SE DETENDRÁN MIENTRAS NO SE DEROGUEN LEYES
Nativos en Bagua y campesinos de Andahuaylas y cusco no dialogarán. Medidas de fuerza se mantendrán en casi todo el país si el gobierno no cumple con hacer efectivos sus anuncios.
Miguel Gutiérrez R.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno y las comunidades nativas de la selva central no ha logrado aplacar las protestas que se han generado en otras zonas del país, principalmente en los departamentos de Apurímac y Amazonas.
Las comunidades nativas indígenas Aguaruna-huambisa y Shuar han manifestado que el diálogo se retomará siempre y cuando el gobierno atienda los pedidos. Igual opinión es compartida por las comunidades campesinas de Andahuaylas, que se sumaron desde el viernes a las protestas en solidaridad con los nativos.
No cederán
Los campesinos de la provincia de Andahuaylas mantienen bloqueadas las vías de acceso a la ciudad así como las instalaciones del aeropuerto.
La dirigencia de las comunidades campesinas, de la que se dice está influenciada por dirigentes del Sutep, fue cambiada ayer por la tarde por un nuevo “Comité de lucha de Andahuaylas” encabezado por el presidente de la comunidad campesina de Huancabamba, Eugenio Allca Díaz.
Según dijeron los propios campesinos, el objetivo era evitar la politización de sus protestas. Aseguraron que no se detendrán mientras el gobierno no cumpla con derogar los decretos, y que seguirán pidiendo la vacancia de la presidencia.
La tensión se siente desde el pasado fin de semana en esta zona.Diariamente se concentran en el campo ferial entre 2 y 3 mil campesinos procedentes de sus comunidades. Dos emisoras radiales fueron apedreadas luego de que propalaron opiniones contrarias a las manifestaciones locales. La policía y el Ejército resguardan las sedes del gobierno regional y del Poder Judicial así como otros locales públicos y privados.
En la provincia de Bagua, los Apus acordaron ayer por la mañana con el presidente regional de Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, que mantendrán su plataforma de lucha hasta que los puntos mencionados en ella sean cumplidos por el gobierno: el levantamiento del toque de queda, el cese a la persecución política de sus dirigentes y la derogación de los decretos legislativos considerados lesivos.
Por otra parte en el Cusco las manifestantes han acordado mantener el paro por tiempo indefinido pese al anuncio del Ejecutivo. Los campesinos reclaman una lista de puntos que incluyen la nulidad de la cesión de la central hidroeléctrica Salqa Pucará, la derogatoria de los DL 1090 y 1064 así como la derogatoria de la ley magisterial. Durante las manifestaciones en la ciudad imperial hubo desmanes.
Cansados de promesas
La presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Daysi Zapata Fasabi, señaló que antes que promesas ellos quieren ver “realidades”.
Daysi Zapata comentó que AIDESEP solicitó al gobierno desde el 12 de marzo mediante una carta al Ejecutivo y Legislativo que se les escuchara.
“Los pueblos ya están cansados de promesas que el propio premier Simon se encargó de hacer pero que en el momento de cumplirlas nunca se dieron”, dijo.
“¿Tantas vidas tenían que perderse para que el gobierno se dé cuenta de que las leyes estaban mal dadas?”, agregó.
Claves
Procesados. 21 pobladores detenidos en los sucesos violentos de Bagua Grande fueron internados el sábado en el penal de Bagua sin un auto de apertura de instrucción, reveló Aprodeh.
Anuncio. El Apu de la provincia de El Dorado, Nerio Tapullima, informó que si no hay nada concreto en el Congreso, los indígenas bloquearán nuevamente la vía Fernando Belaunde en diferentes tramos.
Primer paso positivo
El alcalde de la provincia de Bagua (Amazonas), Luis Núñez Terán, señaló que la derogatoria de los decretos abre el camino a “un mejor diálogo” con los nativos.
Contrario a la opinión de los Apus, el burgomaestre señaló que ahora corresponde un trabajo coordinado con el Ejecutivo, dirigentes nativos y autoridades locales para que se concrete una norma consensuada a favor de la Amazonía. Destacó la predisposición del Ejecutivo de levantar el estado de emergencia que actualmente rige en Amazonas.
Diario La República-Lima 16/06/2009
EL SUSTO DEL HORTELANO
La derogación de las leyes de la selva.
Inusitado impulso de sensatez, o quizá súbito arranque de pánico, lo cierto es que el gobierno del presidente Alan García logró ayer –a través del premier Yehude Simon– un acuerdo con las comunidades selváticas que detiene, al menos temporalmente, la grave crisis en que se metió por una mezcla de arrogancia con impericia.
El acuerdo incluye el ofrecimiento de derogar las normas que produjeron la protesta en la selva, levantar el estado de emergencia en Amazonas, desbloquear las carreteras, e instalar una mesa de diálogo para debatir los temas vinculados al desarrollo de esta inmensa zona del país.
La pregunta que surge ahora es si este acuerdo se pudo conseguir antes. Es decir, antes del tremendo descalabro político y social que se produjo conformado por:
35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.
Ayer les pregunté a varias personas por qué el presidente García cedió, más de dos meses después, a todos los puntos que, al inicio del conflicto, defendió hasta con arrogancia. Las opiniones están divididas entre los que creen que AGP no sabe decidir bajo presión, y entre los que creen que, al final, se rindió por susto, no por las tres docenas de muertes sino porque su propia estabilidad política se empezó a poner en cuestión.
En este sentido, esta crisis política –que no se sabe si en realidad está acabando– ha dejado un efecto muy profundo y con un régimen lamentablemente debilitado pues en la selva o en otras zonas del país podría haber quedado la sensación de que este gobierno no cede ante los argumentos sino ante la presión, lo cual es una pésima señal para una nación que aún debe aprender a resolver sus problemas con diálogo y no con balas.
Diario La República-Lima 16/06/2009
Para la organización la cancelación de la licencia es arbitraria
IPYS APOYARÁ LEGALMENTE A RADIO LA VOZ DE UTCUBAMBA
Es extraña la iniciativa del Ejecutivo en cancelar la licencia de Radio La Voz de Utcubamba en un contexto tan conflictivo como fue el enfrentamiento de Bagua, opinó Adriana León Cantella, responsable del Área de Libertad de Prensa del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
La periodista enfatizó su sorpresa de que el Ministerio de Trasporte y Comunicaciones (MTC) haya cancelado la licencia justo cuando esta emisora se encontraba en pleno proceso de trámite para ponerse en regla ante ese portafolio.
“Es extraño porque no se trata de un medio que trabaja de forma ilegal” dijo León Cantella. “La radio esta acogiéndose a las leyes, está pidiendo la homologación de sus equipos", acotó.
Adriana León aseguró que la radio en cuestión “es un medio de comunicación bastante imparcial” y que lo que le ha molestado al gobierno es que durante los enfrentamientos en Bagua, la referida radio haya abierto “lo micrófonos para que gente busque a los desaparecidos y se expresen en un momento muy difícil”.
Informó que el IPYS ya lanzó una alerta para llamar la atención del caso y que en consecuencia apoyará legalmente a la radio La Voz de Utcubamba para dar trámite jurídico a la acción de amparo que ha elevado la emisora ante la “cancelación arbitraria de su licencia”.
León Cantella indicó que “las organizaciones que defendemos la libertad de expresión debemos actuar rápidamente ante esos hechos e iniciar procesos para exigir justicia”. Finalmente lamentó que hay “Muchos medios y periodistas que están trabajando para intereses de terceros”.
Recalcó en consecuencia, que “el periodísticas trabaja para darle información a la gente y que no se puede mezclar tu cobertura con tu postura política”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/06/2009
Ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
LA VOZ APELA
Carlos Flores, director de emisora de Bagua Grande, dice que documentos de radio están en regla.
DETALLE
El parlamentario Mekler opinó que radio La Voz sirvió mucho a las personas que necesitaban información sobre sus familiares muertos o desaparecidos durante el desbloqueo de la Curva del Diablo el último 5 de junio.
El director de radio La Voz de Bagua Grande, Carlos Flores, informó a LA PRIMERA que mañana presentará ante el Ministerio de Transportes la apelación a la clausura irregular de la emisora.
“Estoy llevando todas las pruebas necesarias que demuestran que la anulación de nuestro permiso de transmisión fue una arbitrariedad. Hemos sido víctimas del gobierno autoritario de Alan García, a quien no le gusta que las personas piensen diferente a él y para cerrarnos se escudan en cuestiones técnicas”, señaló el periodista y luego ratificó que sí cuentan con el certificado que valida sus equipos de transmisión.
Al respecto, el congresista Isaac Mekler indicó que la clausura de esta emisora, como la fracasada intervención en el Canal 5 son acciones del gobierno para instaurar en nuestro país una especie de dictadura.
“Están dando los pasos para que este gobierno termine en una dictadura, si el presidente García cree que dando pequeños pasos nadie se va a dar cuenta, está equivocando. Radio La Voz era una emisora muy querida porque tenía sus micrófonos abiertos todo el día y la gente podía llamar y opinar. Esa era la característica de esta radio, que no es tan grande como otras que operan en la misma zona y reciben bastante publicidad estatal”, indicó Mekler.
Por su parte, la asociación Reporteros Sin Fronteras calificó ayer de engañosas y deshonestas las razones técnicas y administrativas esgrimidas por el gobierno para cerrar la radio. “Si la acusación de que la emisora azuzó al conflicto entre la Policía y los nativos fuese fundada ¿por qué recurrir a otros argumentos para justificar la cancelación de la licencia de radio La Voz?”, cuestiona la referida asociación en un comunicado.
Diario La Primera-Lima 16/06/2009
AMAZON WATCH: “TESTIMONIOS SON BASE DEL INFORME”
Se defiende de críticas. Gonzales Posada pidió que el Estado la enjuicie por sus datos.
Amazon Watch respondió a las acusaciones del legislador aprista Luis Gonzales Posada, argumentando que el informe emitido por ellos fue realizado con base en testimonios recogidos por un encargado en la zona, en coordinación con el Vicariato de Jaén.
Es más, la ONG advirtió que aún hay muchas respuestas sin contestar sobre los eventos del 5 de junio.
“En este momento el testimonio de ningún testigo debe ser ignorado y todas las acusaciones deben ser seguidas en una investigación independiente y transparente”, invocó en un pronunciamiento.
Sugiere que la enjuicien
Más temprano, Gonzales Posada había dicho que, frente a las versiones críticas que califican de genocida al gobierno peruano y que circulan por todo el mundo, como consecuencia de los informes emitidos por diversas ONGs, el Estado debería enjuiciarlas.
“En la propia zona donde funciona Amazon Watch, la Cancillería debería iniciar un juicio por daños y perjuicios al Perú. Es una forma de actuar inmediatamente porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a informes de esta naturaleza que, entre otros efectos, generan terror en el indígena y estimulan a la violencia”, afirmó el congresista aprista.
Diario La República-Lima 16/06/2009
Los exámenes realizados por el Servicio de Toxicología Forense del Instituto Medicina Legal, señalan que Vicente Zárate Minchán, fallecido alcalde de Choropampa, tenía en su organismo concentraciones de mercurio y plomo.
El dictamen pericial No. 2008-002051715 muestra que Zárate tenía 2,5 de mercurio en el riñón. 1,5 de mercurio en la muestra de cabellos. Además, 2,5 de plomo en la muestra de cabellos. El examen fue realizado el 26 de noviembre del 2008.
Los análisis están firmados por los químicos farmacéuticos forenses Henry Mortellanos Cabrera y Ernesto Ávalos Cordero, visado por la subgerente del Instituto de Medicina Legal, Judith Maguiña Romero.
Estos documentos fueron recibidos por el Ministerio Público de Chiclayo, a través de la División Médico Legal el 19 de diciembre del 2008.
Muchas fuentes buscaron negar la posibilidad de presencia de mercurio en el organismo del alcalde. Ahora se sabe que sí era verdad, que Zárate estaba envenado por metales pesados.
Zárate, de 34 años, falleció intempestivamente el domingo 9 de noviembre del 2009. Refieren sus familiares que presentaba adormecimiento de las extremidades, por lo que acudía constantemente a la posta de Choropampa, pero nada se pudo hacer por recobrar su salud.
El viernes 7 de noviembre fue trasladado a la ciudad de Cajamarca, sus familiares solicitaron el apoyo de PACIFICO SUR, la aseguradora de Minera Yanacocha encargada de atender a los afectados por 151 kilogramos de mercurio derramado el 2 de junio del 2000, PACIFICO se negó apoyar, el ciudadano fue hospitalizado en al área de emergencia del Hospital Regional, donde el parte médico indica Síndrome de Guillain Barré.
Ante este diagnóstico fue evacuado de emergencia al hospital Almanzor Aguinaga del Seguro Social en la ciudad de Chiclayo, donde falleció. La necropsia indica “Congestión y edema encefálico y visceral”.
El miércoles 12 de noviembre del 2008, con la asistencia de aproximadamente 500 personas se realizó la misa de cuerpo presente y sepelio del joven alcalde de Choropampa Vicente Zárate Minchán.
Diario Panorama Cajamarquino-16/06/2009
CHOROPAMPA EXIGE 80% DE INDEMNIZACIÓN OTORGADA POR CORTE DE DENVER
El actual alcalde de Choropampa, Graciano Carbajal Saldaña, ha presentado ante el Concejo Provincial un memorial en el cual pide el 80% de la indemnización otorgada por las cortes de Denver en el caso de derrame de mercurio.
Ese dinero sería destinado, refiere Carvajal Saldaña, a realizar obras para preservar y velar por la salud de la población. Nuestra propuesta es la construcción de un mini hospital en la zona.
Pedimos la implementación de los servicios médicos para atender los casos de personas contaminadas. En Choropampa hay más afectados por el derrame de mercurio que en San Juan y Magdalena, reitera.
Se ha presentado junto con el memorial y las más de doscientas firmas que respaldan este pedido, los documentos que señalan que la contaminación por metales pesados ha causado la muerte del ex alcalde de Choropampa, Vicente Zárate Minchán.
El fallo de los tribunales de Denver implica recibir tres millones de dólares americanos como indemnización por el derrame de mercurio que ocasionara la empresa minera Yanacocha el 2 de junio del 2000 en las jurisdicciones de San Juan, Magdalena y Choropampa.
Este dinero fue aceptado en sesión extraordinaria de Concejo Provincial, el pasado 27 de mayo.
Gabriel Larrieu Bellido, integrante del buffet de abogados PODHURST ORSECK P.A; firma que representa a la MPC en el juicio contra minera Yanacocha por el derrame de mercurio sustento de la decisión de entregar 3 millones de dólares americanos como indemnización por este caso.
Los acuerdos
Después del derrame de mercurio en San Juan, Magdalena y San Sebastián de Choropampa por parte de la empresa minera Yanacocha, los alcaldes de esas jurisdicciones en ese entonces, aceptaron el monto de un millón 200 mil dólares americanos como reparación civil por los daños causados.
La firma de este convenio se realizó el 14 de agosto del 2000. Por parte de los municipios afectados, firmaron los integrantes de los concejos (Parte indemnizada). Por parte de la empresa minera, Carlos Santa Cruz Bendezú, en su condición de representante del Gerente de Minera Yanacocha S.R.L. Newmont Perú Limited, Perú Branch (el indemnizador).
A consecuencia de esta firma de acuerdo extrajudicial, avalado por notario público, es que la demanda interpuesta por la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la Corte de Justicia de Denver (estado de Colorado - Estados Unidos) carece de respaldo, y sólo se ha podido obtener en el mejor de los casos, tres millones de dólares americanos como indemnización.
Primero rechazaron ese dinero
Es bueno recordar que el 17 de marzo del 2009, los pueblos de Choropampa, Magdalena, San Juan expresaron que “esa forma de indemnización aceptada, de ninguna manera cubría los daños humanos y ambientales que se había provocado, no se hizo sobre ninguna base técnica que valorara el real daño ocasionado.
“Además analizando este Acuerdo Extrajudicial nos percatamos que el mismo tiene la intención de provocar engaño e inducir error en la parte indemnizada y que además el fin era transar sobre derechos indisponibles de la población, como es la salud, el derecho a la vida y el daño ecológico, todo lo cual lo hace un acuerdo NULO.
“Rechazamos por ello todo tipo de intento de valorar este acuerdo y tomarlo como referencia para evitar una Indemnización adecuada por el daño causado. Hacemos por ello un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales escuchen el clamor de los pueblos afectados por el derrame de Mercurio y no se reciba una suma de dinero ínfima como reparación del daño causado a cambio; además de asegurar la impunidad de Yanacocha en este terrible desastre ecológico”.
Diario Panorama Cajamarquino-16/06/2009
Preocupado por matanzas de nativos y policías en la selva. Atiende casos de derechos humanos.
LLEGA RELATOR DE LA ONU
James J. Lenoir arriba a Lima preocupado por las muertes de la selva.
El anuncio de remitir al Congreso un proyecto para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, formulado por el casi ex premier Yehude Simon, coincide con la llegada prevista para hoy del relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James J. Lenoir Anaya, cuya visita la confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde.
El ilustre visitante expresó la semana pasada su más profunda preocupación por los hechos de sangre y violencia ocurridos en la selva, que trajeron como corolario la muerte de más de 30 personas entre policías y nativos, y manifestó su deseo de visitar el Perú.
El canciller dijo que la presencia en el Perú del profesor Lenoir Anaya es por invitación del gobierno, y que su apreciación sobre el conflicto de la selva será muy importante para el Perú.
“El Ejecutivo ha invitado al relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, profesor James J. Lenoir Anaya”, aseguró el jefe de la diplomacia peruana.
En marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró a Lenoir Anaya como relator especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. Lenoir Anaya es catedrático en la facultad de derecho de la universidad de Arizona, en Estados Unidos.
Diario La Primera-Lima 16/06/2009
SIMON ACEPTÓ DEROGAR LEYES 1064 Y 1090 A PEDIDO DE APUS SELVÁTICOS
Primer ministro suscribió acuerdo con jefes nativos de selva central. Primer ministro demanda al Congreso apoyar la anulación de las conflictivas normas para restablecer la paz en territorio amazónico.
Elízabeth Prado, enviada especial.
San Ramón, Junín. Los Apus, las principales autoridades de las comunidades indígenas de la selva central, lograron que el primer ministro Yehude Simon suscribiera un acta de entendimiento en la que el Ejecutivo se compromete a derogar las “leyes de la selva” 1064 y 1090.
Los doce Apus de las comunidades indígenas de las regiones de Pasco, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios presentaron sus demandas resumidas en seis puntos, empezando por la anulación de los mencionados decretos legislativos.
Una hora después de la exposición de los Apus, el primer ministro Yehude Simon, quien se desplazó hasta esta localidad acompañado de los ministros de Ambiente, Antonio Brack; Salud, Óscar Ugarte; y de Agricultura, Carlos Leyton, solicitó un receso para analizar la solicitud de los indígenas.
Al volver a la reunión, Simon anunció que el pedido de derogatoria se oficializaría hoy martes en la Presidencia del Consejo de Ministros, cuando se eleve la solicitud al Congreso de la República.
Acta de compromiso
“Este es un acuerdo por la paz y por la vida”, dijo Yehude Simon: “Entiendo que los congresistas pueden estar mortificados, pero entiendo que ellos quieren lo mismo que nosotros. Les pido a los señores congresistas que nos entiendan, que nos apoyen, no a nosotros como personas, sino al Perú”.
Aparte de la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090, antes del jueves 18 de junio, el resto del paquete de leyes rechazado por la población nativa se discutirá en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se instalará, por iniciativa del Ejecutivo, hoy martes a las seis de la tarde.
El grupo estará integrado por los representantes de las comunidades indígenas, del Ejecutivo, de los gobiernos regionales amazónicos y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que en un principio no estuvo considerada.
El Ejecutivo afirma, igualmente, que el gobierno está dispuesto a levantar el estado de emergencia en Bagua apenas se deroguen los decretos legislativos cuestionados, y los pueblos indígenas levanten la toma de carreteras.
Otros puntos del Acta de Entendimiento entre los Pueblos Indígenas de la Selva Central y el gobierno se refieren al estudio de los mecanismos de consulta establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este mismo grupo de trabajo se encargará de observar la conveniencia o no de llevar adelante el proyecto Paquizapango, en la Selva Central.
En cuanto a los trabajos que desarrolla Foncodes en las comunidades indígenas, el Ejecutivo se compromete a garantizar que éstos se ejecuten con la participación de las etnias locales.
El grupo de trabajo, asimismo, elaborará una agenda conjunta con los pueblos indígenas para impedir la depredación de la Amazonía.
Lo que pide el ejecutivo
Además, se acordó asumir la atención de los heridos durante los actos de violencia ocurridos en Bagua. Ante la aprobación por el Ejecutivo de todas las demandas presentadas por los Apus de las comunidades indígenas de la Selva Central, Yehude Simon les solicitó que dejen sin efecto la toma de la carretera La Merced-Pedregal, en el puente Bucará, Chanchamayo.
En ese momento se produjo una suerte de negociación, de tira y afloja. Uno de los dirigentes indígenas, Lidia Rengifo, dijo que no podían levantar la medida mientras el Acta de Entendimiento no estuviera encaminada. En tanto, podrían abrir la vía bloqueada durante dos horas al día. El primer ministro propuso seis horas. Rengifo ofertó tres. Finalmente se acordó la apertura de esta importante vía por el lapso de cuatro horas. Dos en la mañana y dos en la tarde.
Rengifo también demandó que en el grupo de trabajo de hoy estén presentes sus dirigentes nacionales de Aidesep. Con este acto, el gobierno retrocedió y se restableció el diálogo.
Claves
Mazamari. En esta localidad de Satipo, el primer ministro Yehude Simon sostuvo otra reunión con los Apus de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). Los dirigentes también exigieron la derogatoria de las “leyes de la selva”. Reclamos. La Conapa reclamó que el Estado asuma el pago a los profesores bilingües, que es costeado por las propias comunidades indígenas.
UN y AF acusan al gobierno de haber sido débil
Las bancadas de Unidad Nacional y Alianza Fujimorista, que secundaron al Apra en su decisión de suspender indefinidamente y no derogar los DL 1090 y 1064, arremetieron contra el gobierno ante el anuncio del premier Yehude Simon de enviar un proyecto para la anulación de las referidas normas.
“Debilidad, falta de pantalones, seguirles el juego a sectores radicales, querer lavarse la cara”, fueron algunas interpretaciones que legisladores como Martín Pérez, Raúl Castro o Luis Galarreta (UN) dieron al proceder del premier. Los parlamentarios recordaron que Simon participó en la cita de la semana pasada en la casa de la lideresa de UN Lourdes Flores, en la cual se acordó la suspensión de los DL 1090 y 1064. Aunque indicaron que todavía no habían tomado una decisión de bancada respecto a la propuesta del Ejecutivo, ellos dijeron que votarán en contra.
Los legisladores oficialistas se mostraron esquivos, pero César Zumaeta trató de justificar la marcha atrás del gobierno “porque esta decisión ayuda a la concordia nacional y a tener un diálogo sostenido con los verdaderos líderes indígenas”. ¿Esta medida no significa aceptar que el gobierno se equivocó? se le inquirió, y Zumaeta debió admitir que no podía responder esa pregunta.
Tras la sesión plenaria de ayer, la Célula Parlamentaria Aprista se reunió con el Jefe del Estado en Palacio de Gobierno para discutir el tema.
Diario La República-Lima 16/06/2009
A PESAR DE PROMESA DEL EJECUTIVO PROTESTAS NO SE DETENDRÁN MIENTRAS NO SE DEROGUEN LEYES
Nativos en Bagua y campesinos de Andahuaylas y cusco no dialogarán. Medidas de fuerza se mantendrán en casi todo el país si el gobierno no cumple con hacer efectivos sus anuncios.
Miguel Gutiérrez R.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno y las comunidades nativas de la selva central no ha logrado aplacar las protestas que se han generado en otras zonas del país, principalmente en los departamentos de Apurímac y Amazonas.
Las comunidades nativas indígenas Aguaruna-huambisa y Shuar han manifestado que el diálogo se retomará siempre y cuando el gobierno atienda los pedidos. Igual opinión es compartida por las comunidades campesinas de Andahuaylas, que se sumaron desde el viernes a las protestas en solidaridad con los nativos.
No cederán
Los campesinos de la provincia de Andahuaylas mantienen bloqueadas las vías de acceso a la ciudad así como las instalaciones del aeropuerto.
La dirigencia de las comunidades campesinas, de la que se dice está influenciada por dirigentes del Sutep, fue cambiada ayer por la tarde por un nuevo “Comité de lucha de Andahuaylas” encabezado por el presidente de la comunidad campesina de Huancabamba, Eugenio Allca Díaz.
Según dijeron los propios campesinos, el objetivo era evitar la politización de sus protestas. Aseguraron que no se detendrán mientras el gobierno no cumpla con derogar los decretos, y que seguirán pidiendo la vacancia de la presidencia.
La tensión se siente desde el pasado fin de semana en esta zona.Diariamente se concentran en el campo ferial entre 2 y 3 mil campesinos procedentes de sus comunidades. Dos emisoras radiales fueron apedreadas luego de que propalaron opiniones contrarias a las manifestaciones locales. La policía y el Ejército resguardan las sedes del gobierno regional y del Poder Judicial así como otros locales públicos y privados.
En la provincia de Bagua, los Apus acordaron ayer por la mañana con el presidente regional de Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, que mantendrán su plataforma de lucha hasta que los puntos mencionados en ella sean cumplidos por el gobierno: el levantamiento del toque de queda, el cese a la persecución política de sus dirigentes y la derogación de los decretos legislativos considerados lesivos.
Por otra parte en el Cusco las manifestantes han acordado mantener el paro por tiempo indefinido pese al anuncio del Ejecutivo. Los campesinos reclaman una lista de puntos que incluyen la nulidad de la cesión de la central hidroeléctrica Salqa Pucará, la derogatoria de los DL 1090 y 1064 así como la derogatoria de la ley magisterial. Durante las manifestaciones en la ciudad imperial hubo desmanes.
Cansados de promesas
La presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Daysi Zapata Fasabi, señaló que antes que promesas ellos quieren ver “realidades”.
Daysi Zapata comentó que AIDESEP solicitó al gobierno desde el 12 de marzo mediante una carta al Ejecutivo y Legislativo que se les escuchara.
“Los pueblos ya están cansados de promesas que el propio premier Simon se encargó de hacer pero que en el momento de cumplirlas nunca se dieron”, dijo.
“¿Tantas vidas tenían que perderse para que el gobierno se dé cuenta de que las leyes estaban mal dadas?”, agregó.
Claves
Procesados. 21 pobladores detenidos en los sucesos violentos de Bagua Grande fueron internados el sábado en el penal de Bagua sin un auto de apertura de instrucción, reveló Aprodeh.
Anuncio. El Apu de la provincia de El Dorado, Nerio Tapullima, informó que si no hay nada concreto en el Congreso, los indígenas bloquearán nuevamente la vía Fernando Belaunde en diferentes tramos.
Primer paso positivo
El alcalde de la provincia de Bagua (Amazonas), Luis Núñez Terán, señaló que la derogatoria de los decretos abre el camino a “un mejor diálogo” con los nativos.
Contrario a la opinión de los Apus, el burgomaestre señaló que ahora corresponde un trabajo coordinado con el Ejecutivo, dirigentes nativos y autoridades locales para que se concrete una norma consensuada a favor de la Amazonía. Destacó la predisposición del Ejecutivo de levantar el estado de emergencia que actualmente rige en Amazonas.
Diario La República-Lima 16/06/2009
EL SUSTO DEL HORTELANO
La derogación de las leyes de la selva.
Inusitado impulso de sensatez, o quizá súbito arranque de pánico, lo cierto es que el gobierno del presidente Alan García logró ayer –a través del premier Yehude Simon– un acuerdo con las comunidades selváticas que detiene, al menos temporalmente, la grave crisis en que se metió por una mezcla de arrogancia con impericia.
El acuerdo incluye el ofrecimiento de derogar las normas que produjeron la protesta en la selva, levantar el estado de emergencia en Amazonas, desbloquear las carreteras, e instalar una mesa de diálogo para debatir los temas vinculados al desarrollo de esta inmensa zona del país.
La pregunta que surge ahora es si este acuerdo se pudo conseguir antes. Es decir, antes del tremendo descalabro político y social que se produjo conformado por:
35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.
Ayer les pregunté a varias personas por qué el presidente García cedió, más de dos meses después, a todos los puntos que, al inicio del conflicto, defendió hasta con arrogancia. Las opiniones están divididas entre los que creen que AGP no sabe decidir bajo presión, y entre los que creen que, al final, se rindió por susto, no por las tres docenas de muertes sino porque su propia estabilidad política se empezó a poner en cuestión.
En este sentido, esta crisis política –que no se sabe si en realidad está acabando– ha dejado un efecto muy profundo y con un régimen lamentablemente debilitado pues en la selva o en otras zonas del país podría haber quedado la sensación de que este gobierno no cede ante los argumentos sino ante la presión, lo cual es una pésima señal para una nación que aún debe aprender a resolver sus problemas con diálogo y no con balas.
Diario La República-Lima 16/06/2009
Para la organización la cancelación de la licencia es arbitraria
IPYS APOYARÁ LEGALMENTE A RADIO LA VOZ DE UTCUBAMBA
Es extraña la iniciativa del Ejecutivo en cancelar la licencia de Radio La Voz de Utcubamba en un contexto tan conflictivo como fue el enfrentamiento de Bagua, opinó Adriana León Cantella, responsable del Área de Libertad de Prensa del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
La periodista enfatizó su sorpresa de que el Ministerio de Trasporte y Comunicaciones (MTC) haya cancelado la licencia justo cuando esta emisora se encontraba en pleno proceso de trámite para ponerse en regla ante ese portafolio.
“Es extraño porque no se trata de un medio que trabaja de forma ilegal” dijo León Cantella. “La radio esta acogiéndose a las leyes, está pidiendo la homologación de sus equipos", acotó.
Adriana León aseguró que la radio en cuestión “es un medio de comunicación bastante imparcial” y que lo que le ha molestado al gobierno es que durante los enfrentamientos en Bagua, la referida radio haya abierto “lo micrófonos para que gente busque a los desaparecidos y se expresen en un momento muy difícil”.
Informó que el IPYS ya lanzó una alerta para llamar la atención del caso y que en consecuencia apoyará legalmente a la radio La Voz de Utcubamba para dar trámite jurídico a la acción de amparo que ha elevado la emisora ante la “cancelación arbitraria de su licencia”.
León Cantella indicó que “las organizaciones que defendemos la libertad de expresión debemos actuar rápidamente ante esos hechos e iniciar procesos para exigir justicia”. Finalmente lamentó que hay “Muchos medios y periodistas que están trabajando para intereses de terceros”.
Recalcó en consecuencia, que “el periodísticas trabaja para darle información a la gente y que no se puede mezclar tu cobertura con tu postura política”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/06/2009
Ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
LA VOZ APELA
Carlos Flores, director de emisora de Bagua Grande, dice que documentos de radio están en regla.
DETALLE
El parlamentario Mekler opinó que radio La Voz sirvió mucho a las personas que necesitaban información sobre sus familiares muertos o desaparecidos durante el desbloqueo de la Curva del Diablo el último 5 de junio.
El director de radio La Voz de Bagua Grande, Carlos Flores, informó a LA PRIMERA que mañana presentará ante el Ministerio de Transportes la apelación a la clausura irregular de la emisora.
“Estoy llevando todas las pruebas necesarias que demuestran que la anulación de nuestro permiso de transmisión fue una arbitrariedad. Hemos sido víctimas del gobierno autoritario de Alan García, a quien no le gusta que las personas piensen diferente a él y para cerrarnos se escudan en cuestiones técnicas”, señaló el periodista y luego ratificó que sí cuentan con el certificado que valida sus equipos de transmisión.
Al respecto, el congresista Isaac Mekler indicó que la clausura de esta emisora, como la fracasada intervención en el Canal 5 son acciones del gobierno para instaurar en nuestro país una especie de dictadura.
“Están dando los pasos para que este gobierno termine en una dictadura, si el presidente García cree que dando pequeños pasos nadie se va a dar cuenta, está equivocando. Radio La Voz era una emisora muy querida porque tenía sus micrófonos abiertos todo el día y la gente podía llamar y opinar. Esa era la característica de esta radio, que no es tan grande como otras que operan en la misma zona y reciben bastante publicidad estatal”, indicó Mekler.
Por su parte, la asociación Reporteros Sin Fronteras calificó ayer de engañosas y deshonestas las razones técnicas y administrativas esgrimidas por el gobierno para cerrar la radio. “Si la acusación de que la emisora azuzó al conflicto entre la Policía y los nativos fuese fundada ¿por qué recurrir a otros argumentos para justificar la cancelación de la licencia de radio La Voz?”, cuestiona la referida asociación en un comunicado.
Diario La Primera-Lima 16/06/2009
AMAZON WATCH: “TESTIMONIOS SON BASE DEL INFORME”
Se defiende de críticas. Gonzales Posada pidió que el Estado la enjuicie por sus datos.
Amazon Watch respondió a las acusaciones del legislador aprista Luis Gonzales Posada, argumentando que el informe emitido por ellos fue realizado con base en testimonios recogidos por un encargado en la zona, en coordinación con el Vicariato de Jaén.
Es más, la ONG advirtió que aún hay muchas respuestas sin contestar sobre los eventos del 5 de junio.
“En este momento el testimonio de ningún testigo debe ser ignorado y todas las acusaciones deben ser seguidas en una investigación independiente y transparente”, invocó en un pronunciamiento.
Sugiere que la enjuicien
Más temprano, Gonzales Posada había dicho que, frente a las versiones críticas que califican de genocida al gobierno peruano y que circulan por todo el mundo, como consecuencia de los informes emitidos por diversas ONGs, el Estado debería enjuiciarlas.
“En la propia zona donde funciona Amazon Watch, la Cancillería debería iniciar un juicio por daños y perjuicios al Perú. Es una forma de actuar inmediatamente porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a informes de esta naturaleza que, entre otros efectos, generan terror en el indígena y estimulan a la violencia”, afirmó el congresista aprista.
Diario La República-Lima 16/06/2009