ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNEROS Y POLICÍA DEJA UN HERIDO EN CAJAMARCA
Un campesino herido por una bomba lacrimógena es el saldo del enfrentamiento entre comuneros de los caseríos de Totoracocha y Pachachaca (Cajamarca) y efectivos de la PNP que brindan seguridad a la minera Yanacocha.
Los hechos se registraron ayer (miércoles), cuando los efectivos lanzaron abundantes bombas lacrimógenas para dispersar a unos 200 agricultores, que desde hace dos semanas iniciaron un paro exigiendo cumplimiento de compromisos desde el 2006 por parte de la compañía minera.
Los comuneros reclamaban que minera Yanacocha se abstenga de utilizar los recursos hídircos del lugar, en particular las aguas de la laguna Totoracocha. En ese sentido, temen que las operaciones mineras perjudiquen el sistema de cabecera de cuenca que abastece de líquido vital a más de cien canales de riego.
En medio de la trifulca, resultó lesionado en la cabeza Bernardo Ortiz Chávez (26) natural del caserío de El Alumbre. Sus compañeros lo trasladaron a la posta médica de la localidad donde recibió los primeros auxilios.
Posteriormente, por su estado grave de salud, un grupo de periodistas que cubrían los hechos gestionaron que Ortiz fuera derivado al hospital regional de Cajamarca donde quedó internado por algunas horas.
José Inchán, Presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Hualgayoc, invocó a las fuerzas vivas de la zona para sumarse al reclamo de los campesinos pues el territorio en conflicto se encuentra dentro del distrito de Bambamarca.
Un campesino herido por una bomba lacrimógena es el saldo del enfrentamiento entre comuneros de los caseríos de Totoracocha y Pachachaca (Cajamarca) y efectivos de la PNP que brindan seguridad a la minera Yanacocha.
Los hechos se registraron ayer (miércoles), cuando los efectivos lanzaron abundantes bombas lacrimógenas para dispersar a unos 200 agricultores, que desde hace dos semanas iniciaron un paro exigiendo cumplimiento de compromisos desde el 2006 por parte de la compañía minera.
Los comuneros reclamaban que minera Yanacocha se abstenga de utilizar los recursos hídircos del lugar, en particular las aguas de la laguna Totoracocha. En ese sentido, temen que las operaciones mineras perjudiquen el sistema de cabecera de cuenca que abastece de líquido vital a más de cien canales de riego.
En medio de la trifulca, resultó lesionado en la cabeza Bernardo Ortiz Chávez (26) natural del caserío de El Alumbre. Sus compañeros lo trasladaron a la posta médica de la localidad donde recibió los primeros auxilios.
Posteriormente, por su estado grave de salud, un grupo de periodistas que cubrían los hechos gestionaron que Ortiz fuera derivado al hospital regional de Cajamarca donde quedó internado por algunas horas.
José Inchán, Presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Hualgayoc, invocó a las fuerzas vivas de la zona para sumarse al reclamo de los campesinos pues el territorio en conflicto se encuentra dentro del distrito de Bambamarca.
Diario La República-Lima 16/07/2009
:: Campesinos reclaman que minera Yanacocha no agote recursos hídricos
HUALGAYOC: ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNEROS Y POLICÍA DEJA UN HERIDO
Un campesino herido por una bomba lacrimógena es el saldo del enfrentamiento registrado ayer entre comuneros de los caseríos de Totoracocha, El Alumbre y Pachachaca (Hualgayoc, Cajamarca) y efectivos de la Policía Nacional que brindan seguridad a la empresa minera Yanacocha.
Los hechos se registraron pasado el mediodía, cuando los efectivos lanzaron abundantes bombas lacrimógenas para dispersar a unos 200 agricultores, que desde hace dos semanas iniciaron un paro exigiendo cumplimiento de compromisos desde el 2006 por parte de la compañía minera.
Los comuneros reclamaban que minera Yanacocha se abstenga de utilizar los recursos hídricos del lugar, en particular las aguas de la laguna Totoracocha. En ese sentido, temen que las operaciones mineras perjudiquen el sistema de cabecera de cuenca que abastece de líquido vital a más de cien canales de riego.
En medio de la trifulca, resultó lesionado en la cabeza Bernardo Ortiz Chávez (26) natural del caserío de El Alumbre. Sus compañeros lo trasladaron a la posta médica de la localidad donde recibió los primeros auxilios.
Posteriormente, por su estado grave de salud, un grupo de periodistas que cubrían los hechos gestionaron que Ortiz fuera derivado al hospital regional de Cajamarca donde quedó internado por algunas horas.
José Inchán, Presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Hualgayoc, invocó a las fuerzas vivas de la zona para sumarse al reclamo de los campesinos pues el territorio en conflicto se encuentra dentro del distrito de Bambamarca.
Coordinadora Nacional-Lima 16/07/2009
Especialistas de organizaciones ambientalistas denuncian aumento de cifra de conflictos mineros en el 2009, en comparación con el año pasado.
CONFLICTOS MINEROS TOMAN MÁS FUERZA
Concesiones mineras crecen junto a los conflictos socio ambiental.
DETALLE
En conferencia de prensa, las ONG integrantes de la Red Muqui presentaron ayer el informe sobre el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, que es presentado en cada semestre del año para analizar la cifra de conflictos socio ambientales.
Los especialistas de las organizaciones ambientalistas pertenecientes a la Red Muqui denunciaron ayer el aumento de la intensidad de los conflictos socio ambiental entre comunidades campesinas y empresas mineras durante el 2009.
El responsable del Programa de Minería y Comunidades de CooperAcción, José De Echave, explicó que la cantidad de concesiones mineras aumentaron, de 17 millones de hectáreas, correspondientes al último semestre del año pasado, a más de 19 millones de hectáreas en el primer semestre de este año.
“Si uno compara el número de conflictos que ocurrieron en el primer semestre del año pasado con el actual, se han duplicado. No sólo están aumentando en número sino en intensidad. Los conflictos como el de Canchis, Chumbivilcas y Andahuaylas, plantean con mucha claridad un cuestionamiento al crecimiento desordenado de las concesiones mineras que está habiendo en el país”, refirió.
El especialista Javier Jahncke defendió a la Red Muqui de la campaña de “estigmatización” que algunas mineras realizan en su contra para desacreditarla, y aseguró que esta red ambientalista no sólo cuestiona la explotación minera en zonas intangibles sino que promueve un desarrollo viable de esta actividad.
“La estigmatización es una estrategia para hacer ver a Red Muqui como una entidad que afecta el desarrollo nacional. Pero no dicen nada del trabajo que realizamos en Tintaya y Las Bambas, donde promovemos un desarrollo minero de la mejor manera”, dijo.
Diario La Primera-Lima 16/07/2009
REFORMA DE INVERSIONES MINERAS EVITARÍA CONFLICTOS SOCIALES, ASEGURAN
Los conflictos socioambientales registrados en el primer semestre del año coinciden en la defensa de zonas ambientales frágiles y de recursos estratégicos.
El Gobierno debe realizar "cambios sustantivos" a su política de promoción de las inversiones mineras para evitar que sigan aumentando los conflictos sociales en número e intensidad, según el IV informe del Observatorio de Conflictos Mineros.
"Los conflictos mineros siguen aumentando en número y sobre todo en intensidad, lejos de haber encontrado canales de solución en los que se logren acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas mineras", señala el informe.
La investigación se efectuó en las regiones de Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cuzco durante el primer semestre de 2009.
El reporte señala que se ha entregado en concesión a las mineras el 53,68 por ciento del territorio de Apurímac, región surandina donde opera Xstrata en el proyecto "Las Bambas", así como el 44,67 por cien de la superficie de Cajamarca.
Asimismo, el 26,16 por ciento del territorio de la norteña Piura se ha dado en concesión a las mineras, como al grupo Ziyin responsable del proyecto Río Blanco, el 15,8 por ciento del de Cuzco.
En Junín, el 22,8 por cien del territorio fue dado en concesión a mineras, y en esa región se ubica el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la ciudad más contaminada de América, a cargo de la empresa Doe Run, que afronta una crisis financiera y es cuestionada por el incumplimiento de un programa ambiental.
RPP Noticias-Lima 16/07/2009
MINERÍA SIGUE SIENDO CAUSANTE DE LOS MAYORES CONFLICTOS
Advierten carencia de política gubernamental que controle esta actividad. Y los derechos de comunidades se debilitan cada vez más.
El cuarto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú indica que el crecimiento de la inversión minera en el país ha ocasionado también el aumento de los conflictos con las comunidades nativas y campesinas.
La falta de una política gubernamental que controle esta actividad se manifiesta en la poca rigurosidad para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como en la inacción frente a los problemas ambientales, y en el poco respeto a los derechos de las comunidades.
El Observatorio recomienda implementar políticas de transparencia, mayor participación y consulta ciudadana, ejecución de un ordenamiento del territorio y la zonificación ecológica. Además, pone énfasis en la supervisión y fiscalización de la actividad minera por parte del Estado.
Diario La República-Lima 16/07/2009
ADVIERTEN QUE CONFLICTOS MINEROS SE AGUDIZAN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISMINUYE
Los conflictos sociales derivados de las concesiones mineras se intensifican en el país, mientras que las políticas de protección ambiental, de equidad y de participación ciudadana disminuyen vertiginosamente.
Esa es una de las conclusiones del IV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, presentado hoy en Lima. El estudio refiere que las poblaciones afectadas por la minería tienen cada vez menos acceso a los canales institucionales de reclamo. Por ello, recomienda “establecer nuevas reglas de juego, por las cuales se respeten los derechos de las comunidades nativas y campesinas”.
Así mismo, se ha consignado que el 50% de los conflictos suscitados en Perú son de orden socioambiental; es decir, que de 257 casos registrados por la Defensoría del Pueblo, 133 casos son de la referida índole.
De igual modo, se señala que el 53% del territorio de Apurímac está concesionada a empresas mineras, siendo la comunidad de Fuerabamba, en la provincia de Cotabambas, una de las áreas de mayor afectación, pues sus habitantes están divididos por la actividad extractiva.
En Cajamarca, la concesión minera abarca el 44. 67% del territorio de este departamento. Otros problemas son la contaminación del río Hualgayoc-Arascorgue por los relaves mineros; el tráfico de tierras relacionado a la minería; la criminalización de las protestas sociales y la persecución a los dirigentes y comuneros.
En tanto, el 26% del territorio de Piura está concesionado; además, continúan las acciones en contra de los ambientalistas y opositores a una minería responsable. Los hostigamientos provienen del personal de la minera Río Blanco Copper, la cual se resiste a cumplir los estándares legales, ambientales y sociales del país.
José de Echave, especialista en temas mineros consideró que la propuesta del premier, Javier Velásquez, para descentralizar la resolución de conflictos a los diferentes sectores, no es optimista debido a la manera cómo se ha conformado el gabinete ministerial.
El especialista refirió que sería propicio que los gobiernos regionales y locales sean los llamados para prevenir y resolver los conflictos socioambientales; empero, admitió que eso no es posible porque dichas instancias carecen de facultades e injerencia en temas que conciernen a la gran minería.
En ese sentido, De Echave opinó que el tema debe ser materia de debate para empoderar el rol de los gobiernos regionales y locales, y así descentralizar en forma efectiva la resolución de los conflictos socioambientales.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2009
HUALGAYOC: ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNEROS Y POLICÍA DEJA UN HERIDO
Un campesino herido por una bomba lacrimógena es el saldo del enfrentamiento registrado ayer entre comuneros de los caseríos de Totoracocha, El Alumbre y Pachachaca (Hualgayoc, Cajamarca) y efectivos de la Policía Nacional que brindan seguridad a la empresa minera Yanacocha.
Los hechos se registraron pasado el mediodía, cuando los efectivos lanzaron abundantes bombas lacrimógenas para dispersar a unos 200 agricultores, que desde hace dos semanas iniciaron un paro exigiendo cumplimiento de compromisos desde el 2006 por parte de la compañía minera.
Los comuneros reclamaban que minera Yanacocha se abstenga de utilizar los recursos hídricos del lugar, en particular las aguas de la laguna Totoracocha. En ese sentido, temen que las operaciones mineras perjudiquen el sistema de cabecera de cuenca que abastece de líquido vital a más de cien canales de riego.
En medio de la trifulca, resultó lesionado en la cabeza Bernardo Ortiz Chávez (26) natural del caserío de El Alumbre. Sus compañeros lo trasladaron a la posta médica de la localidad donde recibió los primeros auxilios.
Posteriormente, por su estado grave de salud, un grupo de periodistas que cubrían los hechos gestionaron que Ortiz fuera derivado al hospital regional de Cajamarca donde quedó internado por algunas horas.
José Inchán, Presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Hualgayoc, invocó a las fuerzas vivas de la zona para sumarse al reclamo de los campesinos pues el territorio en conflicto se encuentra dentro del distrito de Bambamarca.
Coordinadora Nacional-Lima 16/07/2009
Especialistas de organizaciones ambientalistas denuncian aumento de cifra de conflictos mineros en el 2009, en comparación con el año pasado.
CONFLICTOS MINEROS TOMAN MÁS FUERZA
Concesiones mineras crecen junto a los conflictos socio ambiental.
DETALLE
En conferencia de prensa, las ONG integrantes de la Red Muqui presentaron ayer el informe sobre el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, que es presentado en cada semestre del año para analizar la cifra de conflictos socio ambientales.
Los especialistas de las organizaciones ambientalistas pertenecientes a la Red Muqui denunciaron ayer el aumento de la intensidad de los conflictos socio ambiental entre comunidades campesinas y empresas mineras durante el 2009.
El responsable del Programa de Minería y Comunidades de CooperAcción, José De Echave, explicó que la cantidad de concesiones mineras aumentaron, de 17 millones de hectáreas, correspondientes al último semestre del año pasado, a más de 19 millones de hectáreas en el primer semestre de este año.
“Si uno compara el número de conflictos que ocurrieron en el primer semestre del año pasado con el actual, se han duplicado. No sólo están aumentando en número sino en intensidad. Los conflictos como el de Canchis, Chumbivilcas y Andahuaylas, plantean con mucha claridad un cuestionamiento al crecimiento desordenado de las concesiones mineras que está habiendo en el país”, refirió.
El especialista Javier Jahncke defendió a la Red Muqui de la campaña de “estigmatización” que algunas mineras realizan en su contra para desacreditarla, y aseguró que esta red ambientalista no sólo cuestiona la explotación minera en zonas intangibles sino que promueve un desarrollo viable de esta actividad.
“La estigmatización es una estrategia para hacer ver a Red Muqui como una entidad que afecta el desarrollo nacional. Pero no dicen nada del trabajo que realizamos en Tintaya y Las Bambas, donde promovemos un desarrollo minero de la mejor manera”, dijo.
Diario La Primera-Lima 16/07/2009
REFORMA DE INVERSIONES MINERAS EVITARÍA CONFLICTOS SOCIALES, ASEGURAN
Los conflictos socioambientales registrados en el primer semestre del año coinciden en la defensa de zonas ambientales frágiles y de recursos estratégicos.
El Gobierno debe realizar "cambios sustantivos" a su política de promoción de las inversiones mineras para evitar que sigan aumentando los conflictos sociales en número e intensidad, según el IV informe del Observatorio de Conflictos Mineros.
"Los conflictos mineros siguen aumentando en número y sobre todo en intensidad, lejos de haber encontrado canales de solución en los que se logren acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas mineras", señala el informe.
La investigación se efectuó en las regiones de Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cuzco durante el primer semestre de 2009.
El reporte señala que se ha entregado en concesión a las mineras el 53,68 por ciento del territorio de Apurímac, región surandina donde opera Xstrata en el proyecto "Las Bambas", así como el 44,67 por cien de la superficie de Cajamarca.
Asimismo, el 26,16 por ciento del territorio de la norteña Piura se ha dado en concesión a las mineras, como al grupo Ziyin responsable del proyecto Río Blanco, el 15,8 por ciento del de Cuzco.
En Junín, el 22,8 por cien del territorio fue dado en concesión a mineras, y en esa región se ubica el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la ciudad más contaminada de América, a cargo de la empresa Doe Run, que afronta una crisis financiera y es cuestionada por el incumplimiento de un programa ambiental.
RPP Noticias-Lima 16/07/2009
MINERÍA SIGUE SIENDO CAUSANTE DE LOS MAYORES CONFLICTOS
Advierten carencia de política gubernamental que controle esta actividad. Y los derechos de comunidades se debilitan cada vez más.
El cuarto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú indica que el crecimiento de la inversión minera en el país ha ocasionado también el aumento de los conflictos con las comunidades nativas y campesinas.
La falta de una política gubernamental que controle esta actividad se manifiesta en la poca rigurosidad para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como en la inacción frente a los problemas ambientales, y en el poco respeto a los derechos de las comunidades.
El Observatorio recomienda implementar políticas de transparencia, mayor participación y consulta ciudadana, ejecución de un ordenamiento del territorio y la zonificación ecológica. Además, pone énfasis en la supervisión y fiscalización de la actividad minera por parte del Estado.
Diario La República-Lima 16/07/2009
ADVIERTEN QUE CONFLICTOS MINEROS SE AGUDIZAN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISMINUYE
Los conflictos sociales derivados de las concesiones mineras se intensifican en el país, mientras que las políticas de protección ambiental, de equidad y de participación ciudadana disminuyen vertiginosamente.
Esa es una de las conclusiones del IV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, presentado hoy en Lima. El estudio refiere que las poblaciones afectadas por la minería tienen cada vez menos acceso a los canales institucionales de reclamo. Por ello, recomienda “establecer nuevas reglas de juego, por las cuales se respeten los derechos de las comunidades nativas y campesinas”.
Así mismo, se ha consignado que el 50% de los conflictos suscitados en Perú son de orden socioambiental; es decir, que de 257 casos registrados por la Defensoría del Pueblo, 133 casos son de la referida índole.
De igual modo, se señala que el 53% del territorio de Apurímac está concesionada a empresas mineras, siendo la comunidad de Fuerabamba, en la provincia de Cotabambas, una de las áreas de mayor afectación, pues sus habitantes están divididos por la actividad extractiva.
En Cajamarca, la concesión minera abarca el 44. 67% del territorio de este departamento. Otros problemas son la contaminación del río Hualgayoc-Arascorgue por los relaves mineros; el tráfico de tierras relacionado a la minería; la criminalización de las protestas sociales y la persecución a los dirigentes y comuneros.
En tanto, el 26% del territorio de Piura está concesionado; además, continúan las acciones en contra de los ambientalistas y opositores a una minería responsable. Los hostigamientos provienen del personal de la minera Río Blanco Copper, la cual se resiste a cumplir los estándares legales, ambientales y sociales del país.
José de Echave, especialista en temas mineros consideró que la propuesta del premier, Javier Velásquez, para descentralizar la resolución de conflictos a los diferentes sectores, no es optimista debido a la manera cómo se ha conformado el gabinete ministerial.
El especialista refirió que sería propicio que los gobiernos regionales y locales sean los llamados para prevenir y resolver los conflictos socioambientales; empero, admitió que eso no es posible porque dichas instancias carecen de facultades e injerencia en temas que conciernen a la gran minería.
En ese sentido, De Echave opinó que el tema debe ser materia de debate para empoderar el rol de los gobiernos regionales y locales, y así descentralizar en forma efectiva la resolución de los conflictos socioambientales.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2009
PIDEN A DOE RUN PROPUESTA FINANCIERA PARA NO PERJUDICAR A TRABAJADORES
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó en la víspera a la empresa minera Doe Run Perú presentar una propuesta seria y viable, que implicaría aumentar el aporte de capital fresco en por lo menos 100 millones de dólares y poner en garantía el 100 por ciento de sus acciones, a fin de no perjudicar a sus trabajadores.
El Estado está dispuesto a escuchar una propuesta, pero que sea seria y viable, indicó el viceministro de Minas, Fernando Gala.
Comentó que el último ofrecimiento de la empresa ha sido considerado inviable por el MEM puesto que Doe Run sólo ha prometido 38 millones de dólares que no son aporte fresco sino que provienen de cartas de garantía del Estado (18 millones de dólares) y devolución del Impuesto a la Renta (20 millones).
Precisó que si la empresa aporta por lo menos 100 millones de los 150 millones de dólares que se necesitan para cumplir el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), se garantizará el 60 por ciento del total y sería mucho más viable una posible solución porque el flujo de caja a corto plazo permitiría completar el proyecto.
"El PAMA no se va a cumplir en octubre, eso es definitivo. Estamos a tres meses y esto no se va a cumplir. Si hay una propuesta viable financieramente y con garantías suficientes y arreglo con los proveedores, entonces el Estado estaría dispuesto a evaluar una posible ampliación del PAMA", dijo.
En ese sentido, el viceministro detalló que el tiempo necesario para que puedan completar el PAMA es de 11 meses siempre y cuando haya recursos, y no de 30 meses como lo ha solicitado la empresa lo cual es excesivo.
Indicó que el PAMA a todo costo es de 150 millones de dólares, pero la empresa pretende una tercera ampliación y cuando se hace una propuesta de este tipo, lo mínimo que se le puede pedir es la garantía.
Por ello, el Estado ha pedido que Doe Run proporcione el 100 por ciento de las acciones en garantía, a lo cual la empresa no ha respondido favorablemente.
"Un proyecto que no tiene financiamiento y que no tiene garantías no camina en ningún momento, pero el accionista principal de Doe Run, Ira Rennert, tiene recursos para poder aportar a la empresa", manifestó.
Finalmente, Gala señaló que pese a esta situación, el MEM no ha cerrado las puertas a la empresa sino que continúa reuniéndose junto a los proveedores a quienes Doe Run les adeuda 100 millones de dólares.
RPP Noticias-Lima 15/07/2009
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó en la víspera a la empresa minera Doe Run Perú presentar una propuesta seria y viable, que implicaría aumentar el aporte de capital fresco en por lo menos 100 millones de dólares y poner en garantía el 100 por ciento de sus acciones, a fin de no perjudicar a sus trabajadores.
El Estado está dispuesto a escuchar una propuesta, pero que sea seria y viable, indicó el viceministro de Minas, Fernando Gala.
Comentó que el último ofrecimiento de la empresa ha sido considerado inviable por el MEM puesto que Doe Run sólo ha prometido 38 millones de dólares que no son aporte fresco sino que provienen de cartas de garantía del Estado (18 millones de dólares) y devolución del Impuesto a la Renta (20 millones).
Precisó que si la empresa aporta por lo menos 100 millones de los 150 millones de dólares que se necesitan para cumplir el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), se garantizará el 60 por ciento del total y sería mucho más viable una posible solución porque el flujo de caja a corto plazo permitiría completar el proyecto.
"El PAMA no se va a cumplir en octubre, eso es definitivo. Estamos a tres meses y esto no se va a cumplir. Si hay una propuesta viable financieramente y con garantías suficientes y arreglo con los proveedores, entonces el Estado estaría dispuesto a evaluar una posible ampliación del PAMA", dijo.
En ese sentido, el viceministro detalló que el tiempo necesario para que puedan completar el PAMA es de 11 meses siempre y cuando haya recursos, y no de 30 meses como lo ha solicitado la empresa lo cual es excesivo.
Indicó que el PAMA a todo costo es de 150 millones de dólares, pero la empresa pretende una tercera ampliación y cuando se hace una propuesta de este tipo, lo mínimo que se le puede pedir es la garantía.
Por ello, el Estado ha pedido que Doe Run proporcione el 100 por ciento de las acciones en garantía, a lo cual la empresa no ha respondido favorablemente.
"Un proyecto que no tiene financiamiento y que no tiene garantías no camina en ningún momento, pero el accionista principal de Doe Run, Ira Rennert, tiene recursos para poder aportar a la empresa", manifestó.
Finalmente, Gala señaló que pese a esta situación, el MEM no ha cerrado las puertas a la empresa sino que continúa reuniéndose junto a los proveedores a quienes Doe Run les adeuda 100 millones de dólares.
RPP Noticias-Lima 15/07/2009