SUSPENDEN SENTENCIA CONTRA DIRIGENTES EN CAJAMARCA
Ante presencia de cientos de campesinos en frontis del juzgado. Protesta contra minera generó el proceso de diez líderes.
Por falta de garantías y medidas de seguridad, la jueza María Castro Chumpitaz, del Juzgado Mixto de San Marcos, suspendió la lectura de sentencia contra diez líderes del Valle de Condebamba en San Marcos, acusados de cometer delitos de entorpecimiento de los servicios públicos.
Ellos participaron de una marcha de protesta el 11 de setiembre del 2008 contra la presencia de la empresa minera Misky Mayo (hoy Vale Perú) en el valle de Condebamba. Durante esta protesta el tránsito quedó interrumpido de manera parcial, según dijo Mirtha Vásquez, asesora legal de los dirigentes. Por este motivo diez campesinos fueron procesados. La Fiscalía pidió para ellos seis y siete años de prisión. El Juzgado debió emitir su sentencia anteayer, pero adujo que solo hubo 13 policías que no iban a poder repeler la posible agresión de los pobladores después de la lectura de la resolución.
Ante presencia de cientos de campesinos en frontis del juzgado. Protesta contra minera generó el proceso de diez líderes.
Por falta de garantías y medidas de seguridad, la jueza María Castro Chumpitaz, del Juzgado Mixto de San Marcos, suspendió la lectura de sentencia contra diez líderes del Valle de Condebamba en San Marcos, acusados de cometer delitos de entorpecimiento de los servicios públicos.
Ellos participaron de una marcha de protesta el 11 de setiembre del 2008 contra la presencia de la empresa minera Misky Mayo (hoy Vale Perú) en el valle de Condebamba. Durante esta protesta el tránsito quedó interrumpido de manera parcial, según dijo Mirtha Vásquez, asesora legal de los dirigentes. Por este motivo diez campesinos fueron procesados. La Fiscalía pidió para ellos seis y siete años de prisión. El Juzgado debió emitir su sentencia anteayer, pero adujo que solo hubo 13 policías que no iban a poder repeler la posible agresión de los pobladores después de la lectura de la resolución.
Diario La República-Lima 11/07/2009
En provincia de San Ignacio
LA COIPA RECHAZA CONCESIONES MINERAS
En el distrito de la Coipa, jurisdicción de la provincia de San Ignacio, la población y las autoridades están preocupadas por la presencia de algunas empresas mineras que iniciarán la fase de exploración y explotación de varios recursos naturales.
Al respecto el alcalde de la Coipa, Samuel Sánchez Rivera, dijo que sólo para este distrito existen doce concesiones mineras. “Durante el Gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, sin consultar al pueblo, se entregaron nuestras tierras para ser explotadas, ahora corremos el riesgo de ser contaminados”, refirió.
Igualmente señaló que de presentarse las empresas mineras en el distrito, el Gobierno Local será el primero en salir al frente en rechazo de la contaminación ambiental y en defensa del ecosistema. “No permitiremos que se exploten nuestros recursos inconsultamente, y sobre todo porque atentarían contra nuestro ecosistema”, puntualizó.
Diario La República-Lima 11/07/2009
Aprodeh y Defensoría del Pueblo evalúan lista. Gobierno se aferra a cifra de 34 muertos.
DENUNCIAN OTROS 16 DESAPARECIDOS
Este diario tuvo acceso ayer a una información que indicaba que el caso de la desaparición del nativo Nelvin Wasum Kasem no es el único y que existen por los menos 16 nativos que están en calidad desaparecidos, a pesar de que el gobierno se aferra a la versión de que sólo hubo 34 muertos como saldo de los hechos trágicos en Bagua y que el premier Yehude Simon insistió en negar ayer que haya desaparecidos basándose en un informe parcial de la Defensoría del Pueblo que ni siquiera esta institución acredita como la última palabra.
El asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, confirmó que su organización está verificando la desaparición forzada de una lista de nombres, cuya cifra se excusó de no precisar, que en un primer momento sumaban 61, pero que en su mayoría fueron descartados de esa condición, pues estaban detenidos por la Policía o retornaron a sus comunidades de donde salieron para participar en las protestas en la Curva del Diablo en la carretera Fernando Belaunde Terry en Bagua Chica.
“Hay personas que tienen todavía la condición de desaparecidas. De una lista de 61 personas se han ido reduciendo tras corroborarse que unos estaban detenidos y otros habían regresado a sus comunidades de origen”, comentó.
Señaló que ha pedido a la Defensoría del Pueblo que confirme también, por su parte, la desaparición de estas personas que “en nuestra lista están como desaparecidas”.
Quispe se excusó de precisar el número exacto de los desaparecidos porque Aprodeh espera dar a conocer la cifra oficial tan pronto solicite a las organizaciones del Estado que informen sobre el paradero de los no ubicados, pues todavía faltan cumplir con algunos puntos que demanda el protocolo para estos casos.
No hay
LA PRIMERA habló sobre este caso con Gisela Vignolo, defensora adjunta para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien no confirmó ni negó las desapariciones. Dijo que su despacho está haciendo las averiguaciones respectivas.
“La Defensoría continuará verificando denuncias sobre personas ‘no ubicadas’. Nuestro trabajo no ha terminado aún. Lo que dimos a conocer el 2 de julio es el reporte de las acciones humanitarias realizadas entre el 5 y el 30 de junio sobre los hechos ocurridos en las provincias de Utcubamba y Bagua”, subrayó.
Comisiones itinerantes de la Defensoría verificaron que 200 personas resultaron heridas y 83 detenidas. Además constataron que en 39 comunidades nativas ubicadas en Imaza (Bagua), El Cenepa, Nieva y Río Santiago (Condorcanqui), 1,244 personas retornaron a sus tierras de origen.
Wasum
Sobre la desaparición de Wasum, quien apareció fotografiado en un diario de Bagua cuando era detenido por la policía y desde entonces no es ubicado, informó que la próxima semana solicitará información sobre su paradero a la dependencia policial de Bagua y que Aprodeh busca contacto con Lewis Wasum, hijo del desaparecido y denunciante de la grave situación.
Rechazan órdenes de detención de nativos
Aprodeh expresó ayer su rechazo a las órdenes de detención que el Poder Judicial ha emitido contra dirigentes indígenas acusándolos de los delitos contra la tranquilidad pública y apología de sedición y motín, sin tener prueba alguna.
“El último lunes la justicia ordenó la captura de cuatro dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lo que demuestra ante la opinión pública internacional que el gobierno peruano orienta su política de represión a la población indígena en una evidente criminalización de la protesta social”, señaló Aprodeh en un comunicado. El miércoles el gobierno de Nicaragua concedió asilo político a los hermanos Servando y Saúl Peña, dos de los dirigentes con orden de captura y que buscaron refugio el lunes en embajada de la nación centroamericana.
Además, Aprodeh señaló que el caso del líder indígena Alberto Pizango, también asilado en Nicaragua, es un claro ejemplo de presiones políticas, como confirmó el propio presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein. Del mismo modo ocurrió con el dirigente awajún Santiago Manuin, acusado del asesinato de nueve policías en la Estación Nº 6 de Petroperú, pese a que se encontraba en Chiclayo, inconsciente y gravemente herido por varios impactos de bala cuando este crimen se produjo.
Continúen búsqueda de Bazán
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, exigieron ayer al gobierno no cesar la búsqueda del mayor PNP Felipe Bazán Soles, quien también está desaparecido desde el pasado 5 de junio.
“Le hemos escrito una carta a la ministra Mercedes Cabanillas en la que le pedimos que la Policía no detenga la búsqueda del cuerpo del mayor Bazán y que se agoten todas las posibilidades de ubicar el cadáver”, si hubiera muerto, indicó Gamarra.
Por su parte, Merino anotó que la creación de una comisión de la verdad que investigue los sucesos ocurridos en Bagua, es una decisión que compete exclusivamente al Ejecutivo.
Diario La Primera-Lima 11/07/2009
Según anunció Antonio Brack, que criticó la concesión de denuncios mineros “a diestra y siniestra”
MADRE DE DIOS Y AMAZONAS SERÁN LAS DOS PRIMERAS REGIONES EN CONTAR CON ZONAS INTANGIBLES MINERAS
:: Sin embargo no explicó que ocurrirá con las concesiones ya dadas en estos departamentos
Se están creando denuncios mineros a diestra y siniestra sin tener en cuenta que éstos se superpongan a zonas de biodiversidad única o a territorios sagrados para comunidades indígenas, reconoció el ministro de Medio Ambiente Antonio Brack.
“Se ha otorgado denuncios a diestra y siniestra sin tener en cuenta zonas importantes para la población local de carácter tradicional, como la laguna de las Huaringas (Huacabamba. Piura), que sería una blasfemia para la población el poner encima un denuncio minero”, denunció Brack.
Por ello, anunció la creación de un mapa de zonas intangibles para la explotación minera.
Para crear este mapa, el Ministerio ha puesto en funcionamiento un centro de información geográfica que se encargará de estudiar los intereses mineros, ambientales y de comunidades indígenas sobre el territorio nacional.
De esta forma, el Ministerio quiere crear un banco de datos de consulta obligada para el Estado y las empresas, evitando así conflictos por la superposición de denuncios mineros sobre territorios ancestrales o zonas de alta biodiversidad.
Sin embargo, el Ministro no dejó claro que ocurrirá sobre las concesiones ya dadas sobre territorios de riqueza biológica o que se superpongan a territorios indígenas, especialmente no contactados.
Lo que sí adelantó es que los primeros departamentos en ser estudiados serán Madre de Dios y la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
En el caso de Madre de Dios, el ministro de Medio Ambiente informó que de los más de 1545 denuncios, sólo15 tienen licencia ambiental. El 47% del territorio de Madre de Dios es área protegida pero debido que la región es una de las más ricas en biodiversidad del planeta, el Ministerio tiene como meta excluir a un 80% de su territorio.
En Condorcanqui se une la necesidad de proteger el medio ambiente, ya que en la Cordillera del Condor se encuentra uno de los últimos bosques tropicales nubosos del mundo y también es una zona de alta densidad de comunidades awajún.
En la Cordillera del Cóndor la minera peruana Afrodita goza de 6 concesiones mineras en las que ha realizado trabajos de exploración minera ante el rechazo del pueblo awajún. Al respecto, el ministro Brack aseguró que ha pedido al Ministerio de Energía y Minas y al Consejo de Ministros mayor supervisión para asegurar que cumpla con los estándares ambientales.
Convenio con la Defensoría del Pueblo
Precisamente para promover el intercambio de información confiable y oportuna que permita una acción coordinada para el tratamiento de conflictos socio-ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente y la Defensoría del Pueblo han firmado un convenio que permitirá acciones conjuntas,
El Ministro de Medio ambiente elogió la función de la Defensoría del Pueblo en “un país de tantos conflictos sociales”, especialmente en los conflictos socio-ambientales, por lo que consideró muy valioso que el Estado cuente con sus informes e insumos para orientar sus decisiones.
Entre los objetivos de este convenio está “fortalecer las capacidades institucionales de las partes para la prevención, el manejo y la transformación de los conflictos sociales de origen ambiental” y “promover el desarrollo de mecanismos de articulación con las demás entidades de Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, las municipalidades, el sector privado y la sociedad civil”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/07/2009
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEFENSORÍA COOPERARÁN EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIAMBIENTALES
El Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo se comprometieron hoy, con la firma de un convenio, a desarrollar acciones conjuntas para la prevención, el manejo y la transformación de los conflictos socioambientales en todo el país.
Sus titulares, Antonio Brack y Beatriz Merino, respectivamente, suscribieron el acuerdo por el que ambas instituciones compartirán información, asistencia técnica y realizarán un trabajo de campo permanente, a fin de evitar la convulsión social en temas socioambientales.
El ministro Brack informó que pronto se nombrará a los funcionarios técnicos que tendrán la tarea de implementar el convenio en las zonas de alto riesgo; y señaló que su despacho canalizará su colaboración a través de la Oficina de Diálogo Interregional y de Solución de Conflictos.
Además, compartirá con la Defensoría la información recogida por el Centro de Información Geográfica, creado por su despacho, y que concentra datos específicos sobre comunidades nativas, centros mineros, áreas de conversación.
El ministerio trabaja también en un mapa de zonas de exclusión de derechos mineros en Madre de Dios y en la provincia de Concorcanqui, Amazonas, donde predominan las zonas de Selva protegidas, explicó.
Por su parte, la defensora Beatriz Merino informó que en el marco del convenio se realizarán coordinaciones con otras entidades del Poder Ejecutivo, de los diversos gobiernos regionales y municipales, así como con representantes del sector privado y la sociedad civil que muestren su interés en la preservación del medio ambiente nacional.
Asimismo, anunció la realización de una reunión de trabajo con el Ministerio del Ambiente sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, tema sobre el cual presentó al Congreso un proyecto de ley marco.
En julio pasado se registraron 147 conflictos sociales en el país, de los cuales casi la mitad corresponden a temas socioambientales, según el último reporte de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
Del total de conflictos, 75 son de naturaleza socioambiental, 26 por asuntos de gobierno local, 11 por asuntos de Gobierno Nacional, nueve casos comunales y nueve laborales, seis casos electorales, cuatro casos por asuntos de gobierno regional y cuatro de demarcación territorial, y finalmente tres casos por cultivo ilegal de coca.
Andina-Lima 10/07/2009
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, ratificó el apoyo al joven awajún que busca a su padre, desaparecido tras los enfrentamientos en Bagua
PUERTAS DE LA DEFENSORÍA ESTÁN ABIERTAS EN AMAZONAS PARA DENUNCIAS SOBRE DESAPARICIÓN
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, ratificó que la institución que dirige “hará todos los esfuerzos” para apoyar al joven nativo Levis Wasum en la búsqueda de su padre, Nelvin Wasum Kasen, desaparecido tras los violentos sucesos de Bagua el pasado 5 de junio.
Informó que desde ayer el jefe de la oficina defensorial de Amazonas, Roberto Guevara, está indagando el tema y pidió ayuda de los medios de comunicación para localizar al joven de 17 años y transmitirle el mensaje de que se contacte con la institución, ya que ayer partió de Bagua Grande a Jaén en búsqueda de su padre y no ha sido posible comunicarse con él.
Merino reiteró que las puertas de la Defensoría del Pueblo “siempre estarán abiertas” a recibir las denuncias sobre presuntas desapariciones, ya que investigar estos hechos es su mandato constitucional, por lo que emplazó a todas aquellas personas que tengan conocimiento de personas no retornadas desde el 5 de junio a denunciar los hechos ante la oficina defensorial más cercana o llamando al teléfono gratuito 0800 151 70.
Respecto al informe defensorial sobre los hechos de Bagua, que no consigna la existencia de desaparecidos, aclaró que se trata de un compilado de las acciones humanitarias desarrolladas por la defensoría del Pueblo del 5 al 30 de junio y que no está cerrado.
“No es un informe de desaparecidos, sino acciones humanitarias, sobre situación de los detenidos, de los heridos (...)y sobre las visitas itinerantes a las comunidades realizadas por la Defensoría ante la ansiedad y angustia de las familias en relación a familiares que no ubicaban”, declaró Beatriz Merino.
Merino recordó que la defensoría peruana es la única del mundo que tiene el conocimiento de cómo hacer la búsqueda de desaparecidos, ya que se le otorgó esa función en 2004 a través de una ley. También informó que hasta el momento se han expedido 1200 certificados de ausencia por desaparición forzada y ninguno hasta el momento ha sido impugnado.
“Esta es una institución muy sensible al tema”, declaró la Defensora del Pueblo. “Los funcionarios tienen años de experiencia y en el tema de Bagua lo van a hacer con la misma seriedad. En este caso (el de Nelvin Wasum) u otro nuestras puertas siempre van a estar abierta para los familiares que denuncian desaparición”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/07/2009
ANC: EXISTE INTENCIÓN POR ACALLAR VOCES DISTINTAS A LA DEL GOBIERNO
Las modificaciones introducidas a la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) reflejan una clara intencionalidad política por acallar aquellas voces distintas a las que quiere imponer el actual régimen, aseveró Luis Sirumbal, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC).
A través de la CNR, Sirumbal cuestionó la iniciativa legislativa aprobada a fines de junio por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) facultades para disolver a las ONGs que, según el gobierno, “inciten a la violencia”.
Señaló que se trata de un intento cíclico para silenciar las críticas formuladas desde la Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ante los continuos desaciertos del gobierno aprista en materia política y económica.
"Nuestras economías son cíclicas y cuando los gobiernos son incapaces de dar respuestas coherentes a opinión pública sobre la ineficacia de un conjunto de políticas; cuando son incapaces de explicar porque un país que es visto por el mundo como emergente (...) esta riqueza generada no se redistribuye de la mejor manera para atacar de forma seria y directa los preocupantes niveles de pobreza y miseria".
En ese sentido, el titular de la ANC opinó que los representantes del Ejecutivo pretenden desviar la mirada de la opinión pública al acusar a las ONGs como supuestas instigadoras del último conflicto con los pueblos amazónicos.
"O es que piensa el gobierno que pretendiendo responsabilizar a las ONGs del conflicto amazónico va a pasar por alto que ellos tienen experiencia en carne y hueso de cómo se explotó el caucho hace cinco décadas y cómo se viene explotando el petróleo hace cuatro, o los bosques hace tres (...) los pueblos amazónicos no necesitan que nadie vaya a contarles cuentos de lo que ellos vienen viviendo durante décadas".
Por último, recordó que las asociaciones civiles se encuentran doblemente fiscalizados: por órganos del Estado así como por las agencias de cooperación internacionales, "que son más exigentes que la propia Contraloría".
Cabe precisar que la referida norma también faculta a la APCI a fiscalizar el destino que las organizaciones le dan a los ingresos, tanto estatales como privados, que reciben de la cooperación internacional, cosa que actualmente no es una obligación.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/07/2009
Ante presencia de cientos de campesinos en frontis del juzgado. Protesta contra minera generó el proceso de diez líderes.
Por falta de garantías y medidas de seguridad, la jueza María Castro Chumpitaz, del Juzgado Mixto de San Marcos, suspendió la lectura de sentencia contra diez líderes del Valle de Condebamba en San Marcos, acusados de cometer delitos de entorpecimiento de los servicios públicos.
Ellos participaron de una marcha de protesta el 11 de setiembre del 2008 contra la presencia de la empresa minera Misky Mayo (hoy Vale Perú) en el valle de Condebamba. Durante esta protesta el tránsito quedó interrumpido de manera parcial, según dijo Mirtha Vásquez, asesora legal de los dirigentes. Por este motivo diez campesinos fueron procesados. La Fiscalía pidió para ellos seis y siete años de prisión. El Juzgado debió emitir su sentencia anteayer, pero adujo que solo hubo 13 policías que no iban a poder repeler la posible agresión de los pobladores después de la lectura de la resolución.
Ante presencia de cientos de campesinos en frontis del juzgado. Protesta contra minera generó el proceso de diez líderes.
Por falta de garantías y medidas de seguridad, la jueza María Castro Chumpitaz, del Juzgado Mixto de San Marcos, suspendió la lectura de sentencia contra diez líderes del Valle de Condebamba en San Marcos, acusados de cometer delitos de entorpecimiento de los servicios públicos.
Ellos participaron de una marcha de protesta el 11 de setiembre del 2008 contra la presencia de la empresa minera Misky Mayo (hoy Vale Perú) en el valle de Condebamba. Durante esta protesta el tránsito quedó interrumpido de manera parcial, según dijo Mirtha Vásquez, asesora legal de los dirigentes. Por este motivo diez campesinos fueron procesados. La Fiscalía pidió para ellos seis y siete años de prisión. El Juzgado debió emitir su sentencia anteayer, pero adujo que solo hubo 13 policías que no iban a poder repeler la posible agresión de los pobladores después de la lectura de la resolución.
Diario La República-Lima 11/07/2009
En provincia de San Ignacio
LA COIPA RECHAZA CONCESIONES MINERAS
En el distrito de la Coipa, jurisdicción de la provincia de San Ignacio, la población y las autoridades están preocupadas por la presencia de algunas empresas mineras que iniciarán la fase de exploración y explotación de varios recursos naturales.
Al respecto el alcalde de la Coipa, Samuel Sánchez Rivera, dijo que sólo para este distrito existen doce concesiones mineras. “Durante el Gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, sin consultar al pueblo, se entregaron nuestras tierras para ser explotadas, ahora corremos el riesgo de ser contaminados”, refirió.
Igualmente señaló que de presentarse las empresas mineras en el distrito, el Gobierno Local será el primero en salir al frente en rechazo de la contaminación ambiental y en defensa del ecosistema. “No permitiremos que se exploten nuestros recursos inconsultamente, y sobre todo porque atentarían contra nuestro ecosistema”, puntualizó.
Diario La República-Lima 11/07/2009
Aprodeh y Defensoría del Pueblo evalúan lista. Gobierno se aferra a cifra de 34 muertos.
DENUNCIAN OTROS 16 DESAPARECIDOS
Este diario tuvo acceso ayer a una información que indicaba que el caso de la desaparición del nativo Nelvin Wasum Kasem no es el único y que existen por los menos 16 nativos que están en calidad desaparecidos, a pesar de que el gobierno se aferra a la versión de que sólo hubo 34 muertos como saldo de los hechos trágicos en Bagua y que el premier Yehude Simon insistió en negar ayer que haya desaparecidos basándose en un informe parcial de la Defensoría del Pueblo que ni siquiera esta institución acredita como la última palabra.
El asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, confirmó que su organización está verificando la desaparición forzada de una lista de nombres, cuya cifra se excusó de no precisar, que en un primer momento sumaban 61, pero que en su mayoría fueron descartados de esa condición, pues estaban detenidos por la Policía o retornaron a sus comunidades de donde salieron para participar en las protestas en la Curva del Diablo en la carretera Fernando Belaunde Terry en Bagua Chica.
“Hay personas que tienen todavía la condición de desaparecidas. De una lista de 61 personas se han ido reduciendo tras corroborarse que unos estaban detenidos y otros habían regresado a sus comunidades de origen”, comentó.
Señaló que ha pedido a la Defensoría del Pueblo que confirme también, por su parte, la desaparición de estas personas que “en nuestra lista están como desaparecidas”.
Quispe se excusó de precisar el número exacto de los desaparecidos porque Aprodeh espera dar a conocer la cifra oficial tan pronto solicite a las organizaciones del Estado que informen sobre el paradero de los no ubicados, pues todavía faltan cumplir con algunos puntos que demanda el protocolo para estos casos.
No hay
LA PRIMERA habló sobre este caso con Gisela Vignolo, defensora adjunta para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien no confirmó ni negó las desapariciones. Dijo que su despacho está haciendo las averiguaciones respectivas.
“La Defensoría continuará verificando denuncias sobre personas ‘no ubicadas’. Nuestro trabajo no ha terminado aún. Lo que dimos a conocer el 2 de julio es el reporte de las acciones humanitarias realizadas entre el 5 y el 30 de junio sobre los hechos ocurridos en las provincias de Utcubamba y Bagua”, subrayó.
Comisiones itinerantes de la Defensoría verificaron que 200 personas resultaron heridas y 83 detenidas. Además constataron que en 39 comunidades nativas ubicadas en Imaza (Bagua), El Cenepa, Nieva y Río Santiago (Condorcanqui), 1,244 personas retornaron a sus tierras de origen.
Wasum
Sobre la desaparición de Wasum, quien apareció fotografiado en un diario de Bagua cuando era detenido por la policía y desde entonces no es ubicado, informó que la próxima semana solicitará información sobre su paradero a la dependencia policial de Bagua y que Aprodeh busca contacto con Lewis Wasum, hijo del desaparecido y denunciante de la grave situación.
Rechazan órdenes de detención de nativos
Aprodeh expresó ayer su rechazo a las órdenes de detención que el Poder Judicial ha emitido contra dirigentes indígenas acusándolos de los delitos contra la tranquilidad pública y apología de sedición y motín, sin tener prueba alguna.
“El último lunes la justicia ordenó la captura de cuatro dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lo que demuestra ante la opinión pública internacional que el gobierno peruano orienta su política de represión a la población indígena en una evidente criminalización de la protesta social”, señaló Aprodeh en un comunicado. El miércoles el gobierno de Nicaragua concedió asilo político a los hermanos Servando y Saúl Peña, dos de los dirigentes con orden de captura y que buscaron refugio el lunes en embajada de la nación centroamericana.
Además, Aprodeh señaló que el caso del líder indígena Alberto Pizango, también asilado en Nicaragua, es un claro ejemplo de presiones políticas, como confirmó el propio presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein. Del mismo modo ocurrió con el dirigente awajún Santiago Manuin, acusado del asesinato de nueve policías en la Estación Nº 6 de Petroperú, pese a que se encontraba en Chiclayo, inconsciente y gravemente herido por varios impactos de bala cuando este crimen se produjo.
Continúen búsqueda de Bazán
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, exigieron ayer al gobierno no cesar la búsqueda del mayor PNP Felipe Bazán Soles, quien también está desaparecido desde el pasado 5 de junio.
“Le hemos escrito una carta a la ministra Mercedes Cabanillas en la que le pedimos que la Policía no detenga la búsqueda del cuerpo del mayor Bazán y que se agoten todas las posibilidades de ubicar el cadáver”, si hubiera muerto, indicó Gamarra.
Por su parte, Merino anotó que la creación de una comisión de la verdad que investigue los sucesos ocurridos en Bagua, es una decisión que compete exclusivamente al Ejecutivo.
Diario La Primera-Lima 11/07/2009
Según anunció Antonio Brack, que criticó la concesión de denuncios mineros “a diestra y siniestra”
MADRE DE DIOS Y AMAZONAS SERÁN LAS DOS PRIMERAS REGIONES EN CONTAR CON ZONAS INTANGIBLES MINERAS
:: Sin embargo no explicó que ocurrirá con las concesiones ya dadas en estos departamentos
Se están creando denuncios mineros a diestra y siniestra sin tener en cuenta que éstos se superpongan a zonas de biodiversidad única o a territorios sagrados para comunidades indígenas, reconoció el ministro de Medio Ambiente Antonio Brack.
“Se ha otorgado denuncios a diestra y siniestra sin tener en cuenta zonas importantes para la población local de carácter tradicional, como la laguna de las Huaringas (Huacabamba. Piura), que sería una blasfemia para la población el poner encima un denuncio minero”, denunció Brack.
Por ello, anunció la creación de un mapa de zonas intangibles para la explotación minera.
Para crear este mapa, el Ministerio ha puesto en funcionamiento un centro de información geográfica que se encargará de estudiar los intereses mineros, ambientales y de comunidades indígenas sobre el territorio nacional.
De esta forma, el Ministerio quiere crear un banco de datos de consulta obligada para el Estado y las empresas, evitando así conflictos por la superposición de denuncios mineros sobre territorios ancestrales o zonas de alta biodiversidad.
Sin embargo, el Ministro no dejó claro que ocurrirá sobre las concesiones ya dadas sobre territorios de riqueza biológica o que se superpongan a territorios indígenas, especialmente no contactados.
Lo que sí adelantó es que los primeros departamentos en ser estudiados serán Madre de Dios y la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
En el caso de Madre de Dios, el ministro de Medio Ambiente informó que de los más de 1545 denuncios, sólo15 tienen licencia ambiental. El 47% del territorio de Madre de Dios es área protegida pero debido que la región es una de las más ricas en biodiversidad del planeta, el Ministerio tiene como meta excluir a un 80% de su territorio.
En Condorcanqui se une la necesidad de proteger el medio ambiente, ya que en la Cordillera del Condor se encuentra uno de los últimos bosques tropicales nubosos del mundo y también es una zona de alta densidad de comunidades awajún.
En la Cordillera del Cóndor la minera peruana Afrodita goza de 6 concesiones mineras en las que ha realizado trabajos de exploración minera ante el rechazo del pueblo awajún. Al respecto, el ministro Brack aseguró que ha pedido al Ministerio de Energía y Minas y al Consejo de Ministros mayor supervisión para asegurar que cumpla con los estándares ambientales.
Convenio con la Defensoría del Pueblo
Precisamente para promover el intercambio de información confiable y oportuna que permita una acción coordinada para el tratamiento de conflictos socio-ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente y la Defensoría del Pueblo han firmado un convenio que permitirá acciones conjuntas,
El Ministro de Medio ambiente elogió la función de la Defensoría del Pueblo en “un país de tantos conflictos sociales”, especialmente en los conflictos socio-ambientales, por lo que consideró muy valioso que el Estado cuente con sus informes e insumos para orientar sus decisiones.
Entre los objetivos de este convenio está “fortalecer las capacidades institucionales de las partes para la prevención, el manejo y la transformación de los conflictos sociales de origen ambiental” y “promover el desarrollo de mecanismos de articulación con las demás entidades de Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, las municipalidades, el sector privado y la sociedad civil”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/07/2009
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEFENSORÍA COOPERARÁN EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIAMBIENTALES
El Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo se comprometieron hoy, con la firma de un convenio, a desarrollar acciones conjuntas para la prevención, el manejo y la transformación de los conflictos socioambientales en todo el país.
Sus titulares, Antonio Brack y Beatriz Merino, respectivamente, suscribieron el acuerdo por el que ambas instituciones compartirán información, asistencia técnica y realizarán un trabajo de campo permanente, a fin de evitar la convulsión social en temas socioambientales.
El ministro Brack informó que pronto se nombrará a los funcionarios técnicos que tendrán la tarea de implementar el convenio en las zonas de alto riesgo; y señaló que su despacho canalizará su colaboración a través de la Oficina de Diálogo Interregional y de Solución de Conflictos.
Además, compartirá con la Defensoría la información recogida por el Centro de Información Geográfica, creado por su despacho, y que concentra datos específicos sobre comunidades nativas, centros mineros, áreas de conversación.
El ministerio trabaja también en un mapa de zonas de exclusión de derechos mineros en Madre de Dios y en la provincia de Concorcanqui, Amazonas, donde predominan las zonas de Selva protegidas, explicó.
Por su parte, la defensora Beatriz Merino informó que en el marco del convenio se realizarán coordinaciones con otras entidades del Poder Ejecutivo, de los diversos gobiernos regionales y municipales, así como con representantes del sector privado y la sociedad civil que muestren su interés en la preservación del medio ambiente nacional.
Asimismo, anunció la realización de una reunión de trabajo con el Ministerio del Ambiente sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, tema sobre el cual presentó al Congreso un proyecto de ley marco.
En julio pasado se registraron 147 conflictos sociales en el país, de los cuales casi la mitad corresponden a temas socioambientales, según el último reporte de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
Del total de conflictos, 75 son de naturaleza socioambiental, 26 por asuntos de gobierno local, 11 por asuntos de Gobierno Nacional, nueve casos comunales y nueve laborales, seis casos electorales, cuatro casos por asuntos de gobierno regional y cuatro de demarcación territorial, y finalmente tres casos por cultivo ilegal de coca.
Andina-Lima 10/07/2009
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, ratificó el apoyo al joven awajún que busca a su padre, desaparecido tras los enfrentamientos en Bagua
PUERTAS DE LA DEFENSORÍA ESTÁN ABIERTAS EN AMAZONAS PARA DENUNCIAS SOBRE DESAPARICIÓN
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, ratificó que la institución que dirige “hará todos los esfuerzos” para apoyar al joven nativo Levis Wasum en la búsqueda de su padre, Nelvin Wasum Kasen, desaparecido tras los violentos sucesos de Bagua el pasado 5 de junio.
Informó que desde ayer el jefe de la oficina defensorial de Amazonas, Roberto Guevara, está indagando el tema y pidió ayuda de los medios de comunicación para localizar al joven de 17 años y transmitirle el mensaje de que se contacte con la institución, ya que ayer partió de Bagua Grande a Jaén en búsqueda de su padre y no ha sido posible comunicarse con él.
Merino reiteró que las puertas de la Defensoría del Pueblo “siempre estarán abiertas” a recibir las denuncias sobre presuntas desapariciones, ya que investigar estos hechos es su mandato constitucional, por lo que emplazó a todas aquellas personas que tengan conocimiento de personas no retornadas desde el 5 de junio a denunciar los hechos ante la oficina defensorial más cercana o llamando al teléfono gratuito 0800 151 70.
Respecto al informe defensorial sobre los hechos de Bagua, que no consigna la existencia de desaparecidos, aclaró que se trata de un compilado de las acciones humanitarias desarrolladas por la defensoría del Pueblo del 5 al 30 de junio y que no está cerrado.
“No es un informe de desaparecidos, sino acciones humanitarias, sobre situación de los detenidos, de los heridos (...)y sobre las visitas itinerantes a las comunidades realizadas por la Defensoría ante la ansiedad y angustia de las familias en relación a familiares que no ubicaban”, declaró Beatriz Merino.
Merino recordó que la defensoría peruana es la única del mundo que tiene el conocimiento de cómo hacer la búsqueda de desaparecidos, ya que se le otorgó esa función en 2004 a través de una ley. También informó que hasta el momento se han expedido 1200 certificados de ausencia por desaparición forzada y ninguno hasta el momento ha sido impugnado.
“Esta es una institución muy sensible al tema”, declaró la Defensora del Pueblo. “Los funcionarios tienen años de experiencia y en el tema de Bagua lo van a hacer con la misma seriedad. En este caso (el de Nelvin Wasum) u otro nuestras puertas siempre van a estar abierta para los familiares que denuncian desaparición”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/07/2009
ANC: EXISTE INTENCIÓN POR ACALLAR VOCES DISTINTAS A LA DEL GOBIERNO
Las modificaciones introducidas a la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) reflejan una clara intencionalidad política por acallar aquellas voces distintas a las que quiere imponer el actual régimen, aseveró Luis Sirumbal, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC).
A través de la CNR, Sirumbal cuestionó la iniciativa legislativa aprobada a fines de junio por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) facultades para disolver a las ONGs que, según el gobierno, “inciten a la violencia”.
Señaló que se trata de un intento cíclico para silenciar las críticas formuladas desde la Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ante los continuos desaciertos del gobierno aprista en materia política y económica.
"Nuestras economías son cíclicas y cuando los gobiernos son incapaces de dar respuestas coherentes a opinión pública sobre la ineficacia de un conjunto de políticas; cuando son incapaces de explicar porque un país que es visto por el mundo como emergente (...) esta riqueza generada no se redistribuye de la mejor manera para atacar de forma seria y directa los preocupantes niveles de pobreza y miseria".
En ese sentido, el titular de la ANC opinó que los representantes del Ejecutivo pretenden desviar la mirada de la opinión pública al acusar a las ONGs como supuestas instigadoras del último conflicto con los pueblos amazónicos.
"O es que piensa el gobierno que pretendiendo responsabilizar a las ONGs del conflicto amazónico va a pasar por alto que ellos tienen experiencia en carne y hueso de cómo se explotó el caucho hace cinco décadas y cómo se viene explotando el petróleo hace cuatro, o los bosques hace tres (...) los pueblos amazónicos no necesitan que nadie vaya a contarles cuentos de lo que ellos vienen viviendo durante décadas".
Por último, recordó que las asociaciones civiles se encuentran doblemente fiscalizados: por órganos del Estado así como por las agencias de cooperación internacionales, "que son más exigentes que la propia Contraloría".
Cabe precisar que la referida norma también faculta a la APCI a fiscalizar el destino que las organizaciones le dan a los ingresos, tanto estatales como privados, que reciben de la cooperación internacional, cosa que actualmente no es una obligación.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/07/2009